Carlos Alexis Rivera Alcaraz

Expediente 1293/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1293/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
26/10/2022

Partes del expediente

  • Carlos Alexis Rivera Alcaraz

Actuaciones

  1. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, veintiséis de septiembre de dos mil veintidós. 1. Radicación. Fórmese el expediente respectivo, regístrese en el libro uno de Juzgado, correspondiente al registro de juicios de amparo con el número que le corresponda; y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). 2. Desechamiento. Vista la demanda presentada por Carlos Alexis Rivera Alcaraz, en contra de los actos reclamados al Juez Oral de lo Penal de Hermosillo, con residencia en esta ciudad y otra autoridad, se advierte que es improcedente y, por ello, deberá desecharse de plano. Lo anterior, en virtud de que, del estudio integral del escrito de demanda, se advierte que el quejoso reclama, la posible imposición y solicitud de una medida cautelar de prisión preventiva en su contra. Asimismo, en el apartado de hechos y antecedentes, bajo protesta de decir verdad refiere que el cinco de septiembre de dos mil veintidós, recibió citatorio para que acudiera el próximo veintiséis de septiembre del año actual al Juzgado Oral Penal de Hermosillo, a comparecer a la audiencia inicial de formulación de imputación, relativo a la causa 4513/2022. Al respecto, se considera que, en el caso concreto, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 5, fracción I y 6 de la Ley de Amparo. El artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que tiene el carácter de quejoso en el juicio de amparo, quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 12 de dicho cuerpo normativo y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En relación con el numeral 63 de la Ley de Amparo, se dispone que el juicio de amparo solo puede promoverlo la parte a quien perjudique la norma general o el acto reclamado, empero puede hacerlo por sí, a través de su representante legal o su apoderado, y en materia penal por conducto de su defensor en los casos previstos por la ley. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 62/2002-PS, estableció, en primer término, que son futuros aquellos actos en que sea remota la ejecución de los hechos que se previenen, y que no encajan en esa categoría los actos respecto de los que se tiene certidumbre de que se ejecutarán de no cumplirse determinado mandato de la autoridad que lo condiciona; es decir, que no pueden estimarse como tales aquellos en los que existe la inminencia de la ejecución del acto, los que aun cuando no se han ejecutado, se tiene la certidumbre de que se ejecutarán, por demostrarlo así los actos previos relacionados con su ejecución, y que respecto de los actos futuros, el juicio constitucional solo es procedente cuando son de inminente realización. Asimismo, estableció que el agravio que da derecho a la promoción del juicio de amparo debe ser directo, o sea, de realización presente, pasada, o bien, inminente futura -muy cercana a ocurrir-. En dicha resolución, el Máximo Tribunal precisó que un agravio presente es cuando sus efectos operan al promoverse el amparo; pasado, cuando su finalidad ya ha concluido; e inminente futuro cuando sus resultados aún no se inician, pero existen datos suficientes que hacen presumir una proximidad temporal en la producción de consecuencias del acto reclamado. En ese sentido, concluyó que las posibilidades de que alguna autoridad cause un daño o perjuicio que no sea inminente no puede reputarse propiamente un agravio que haga procedente el juicio de amparo, pues el artículo 6 de la ley de la materia condiciona su promoción a que el acto reclamado perjudique a la parte quejosa. La anterior consideración quedó plasmada en la jurisprudencia con registro electrónico 184156, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. LA RECLAMACIÓN DE UN ACTO FUTURO O INCIERTO, DEL CUAL NO PUEDA SABERSE CON EXACTITUD SI ES INMINENTE O SI LLEGARÁ O NO A MATERIALIZARSE, NO CONSTITUYE UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, POR LO QUE EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE. El artículo 145 de la Ley de Amparo faculta al Juez de Distrito para desechar la demanda de amparo indirecto cuando al examinarla aparezca un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; sin embargo, esa potestad del Juez no es ilimitada, ni depende de un criterio puramente subjetivo, pues tal motivo debe estar plenamente demostrado, y advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexen a esas promociones. De ahí que cuando se reclame un acto futuro e incierto y no pueda saberse con exactitud si es inminente, o bien, si llegará o no a materializarse, sino que es necesario contar con elementos de prueba que permitan una correcta conclusión, no debe considerarse que existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia que amerite aplicar el indicado artículo 145 para desechar de plano la demanda, por lo que el Juez de Distrito deberá admitirla a trámite. Lo anterior obedece a que para que el juzgador se encuentre en condiciones de saber si el acto reclamado, considerado como futuro, se realizará por parte de la autoridad, debe analizar los elementos probatorios existentes, y si estimara racionalmente que la responsable ya ordenó la realización del acto reclamado o que está a punto de hacerlo, deberá admitir la demanda, sin perjuicio de que durante la sustanciación del juicio quede plenamente probado que efectivamente se trata de un acto de ese tipo, o se tenga la certeza de la existencia de alguna otra causa de improcedencia regulada en el artículo 73 de la citada ley, u otra prevista en diverso precepto legal relacionado con la fracción XVIII de este numeral." Ahora, en el caso, el promovente reclama de la autoridad responsable, el acto futuro de que tiene el temor fundado que en la audiencia inicial de formulación de imputación del próximo veintiséis de septiembre del año actual, ante el Juzgado Oral Penal de Hermosillo, dentro de la causa 4513/2022, a la que fue citado, se solicite o imponga una medida cautelar de prisión preventiva arbitraria en su contra. Lo anterior, se considera actos de realización futura e incierta. Ello, en virtud de que, el posible perjuicio que pudieran deparar los actos que reclama, sería hasta en tanto tuviera conocimiento de una determinación de autoridad en la que así se haya decretado, o bien, en un hipotético caso, cuando determine de manera anticipada que así lo decretará. Circunstancias que en la especie no se actualizan, pues se insiste, la inminencia del acto reclamado que alega la parte quejosa deviene de meras suposiciones, es decir, en ningún momento aduce que exista un acto de autoridad que así lo haya determinado, con el cual pudiera dar elementos para analizar un posible acto inminente; máxime, que incluso existe la posibilidad de que la fiscalía, al momento de desahogarse la referida audiencia inicial, se abstenga de formular imputación en su contra, con lo cual, no llegarían a materializarse en modo alguno los actos que refiere el impetrante como de naturaleza inminente. En ese sentido, se concluye que dadas las particularidades del caso, no se actualiza el extremo previsto por el artículo 6° de la multicitada legislación, que indica que el juicio de amparo se promueve por la persona física o moral, a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I, del artículo 5° de ese ordenamiento, el cual a su vez, refiere que tiene el carácter de quejoso quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la citada ley, y con ello se produzca una afectación real y actual en su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; afectación que, como se ha expuesto, no se actualiza en la especie, por tratarse de actos futuros e inciertos los que alude el promovente en su demanda de amparo. Sustenta lo anterior, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 78/2018 (10a.), de registro digital 2018828, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, diciembre de 2018, libro 61, tomo I, página 239, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo." En ese contexto, se considera que en el caso se actualiza de forma notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 5°, fracción I, y 6° de la Ley de Amparo, por lo que se desecha de plano la demanda de derechos, con fundamento en el numeral 113 de la propia legislación. 4. Herramientas de comunicación. Se pone a disposición del justiciable para entablar comunicación sobre cuestiones no procesales -sólo se atenderán consultas relativas a organización, horarios, lineamientos de trabajo y temas análogos, esto es, no se brindará información sobre el estado procesal de los asuntos- con el órgano en el teléfono institucional (662) 108 21 00, extensión 1018. 5. Información de contacto. En apego al artículo 23, fracción I y III, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazo y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se requiere al promovente para que proporcione una dirección de correo electrónico y número telefónico. En ese sentido, se tiene a la parte quejosa proporcionando el correo electrónico que señala en su demanda, para cuestiones no procesales. 6. Domicilio. Téngase al quejoso señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de cuenta. 7. Autorizados. En cuanto a las personas que menciona en su demanda, se autorizan en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; en caso contrario, se autorizan sólo para el efecto de recibir notificaciones e imponerse de los autos, atento a lo que se prevé en el segundo párrafo del precepto legal citado. 8. Autorización a los actuarios adscritos. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen para el adecuado despacho de los asuntos, incluyendo emplazamientos a cualquiera de las partes en el presente juicio de amparo y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. 9. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con apoyo en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes al respecto. 10. Expediente electrónico. Con fundamento en el artículo 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye al secretario encargado del expediente, para efectos de que, en términos de la normativa establecida por el Consejo de la Judicatura Federal1 , se digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones y toda información relacionada con el presente asunto; asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica se proceda a su impresión para ser incorporada al expediente físico. 11. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se ordena a la secretaría que, en su oportunidad, capture la sentencia que se dicte en el presente juicio y, a fin de corroborar que se llevó a cabo lo anterior, agregue la constancia que así lo acredite al expediente en que se actúa. 12. Exhortación a las partes. Se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, lo anterior, en cumplimiento al artículo 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARSCoV2. Notifíquese; y personalmente al promovente. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Cleotilde Jáuregui Enríquez, secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, catorce de octubre de dos mil veintidós. Manifestaciones parte quejosa. Agréguese a los autos el escrito de cuenta firmado electrónicamente por el autorizado legal de la parte quejosa y, conforme a lo establecido en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por hechas las manifestaciones que vierte en su ocurso y por formulados los alegatos a que hace alusión y tómense en consideración al momento de resolver la audiencia constitucional en el presente juicio de derechos. Sin que pase inadvertido que en los puntos segundo y tercero petitorios, el promovente hace alusión a un "Recurso de Revisión" y a los "agravios que se hicieron valer"; así como, que se provea en términos del artículo 75 de la Ley de Amparo, a fin de recabar material probatorio en beneficio de la parte quejosa; al respecto, dígasele que de la lectura íntegra de dicho libelo se advierte que sus manifestaciones corresponden a los alegatos relativos a la acreditación del interés jurídico de la parte quejosa; además, en relación al punto tercero petitorio, deberá estarse al informe justificado rendido por la autoridad responsable, así como a las constancias que remitió en complemento al mismo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Audiencia y resolución constitucional Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R e s u e l v e: 92. Único. Se sobresee en el presente juicio de derechos, promovido por Raúl Oswaldo Fonseca Picos, por su propio derecho y en representación de sus menores hijos E.F.C. y O.F.C., respecto de los actos precisados en el considerando II, por las razones y fundamentos expuestos en el diverso apartado IV, de esta sentencia. 93. Notifíquese; por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. 94. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario de Juzgado con quien legalmente actúa, que autoriza y da fe. Doy fe.

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