Carlos Alexis Gómez Bravo

Expediente 1038/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1038/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
14/11/2023

Partes del expediente

  • Carlos Alexis Gómez Bravo

Actuaciones

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de cinco días concedido a Carlos Alexis Gómez Bravo, a fin de que cumpliera con la prevención efectuada mediante proveído de diez de octubre del año en curso, sin que así lo hiciera, toda vez que se le notificó previo citatorio, por lista de diecisiete de octubre del año en curso, surtió efectos el treinta de octubre siguiente, y trascurrió del treinta y uno de octubre al nueve de noviembre del presente año, descontándose los días cuatro y cinco de noviembre de la presente anualidad, por ser sábado y domingo de conformidad con el numeral 19 de la Ley de Amparo, así como los días uno, dos y tres de este mes y año, por ser inhábiles como se estableció mediante circular 12/2023 de ocho de marzo de dos mil veintitrés, además de que con motivo del paro nacional de labores efectuado por los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, fueron declarados inhábiles los días del dieciséis al veintinueve de octubre de esta anualidad, de conformidad con las circulares 28/2023 y 29/2023 firmadas por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y con el aviso de veinticinco de octubre de este año, signado por el Coordinador de Magistradas y Magistrados del Séptimo Circuito, y el Coordinador Suplente de Juezas y Jueces de Distrito en el Estado de Veracruz, todos con sede en Boca del Río; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento ahí contenido y con fundamento en el artículo 114, párrafo segundo, de La Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de protección de derechos fundamentales. Notifíquese personalmente al promovente.

  2. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS Y VÍA ELECTRÓNICA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE 14/11/2023, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN II, INCISO B... Boca del Río, Veracruz, catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de cinco días concedido a Carlos Alexis Gómez Bravo, a fin de que cumpliera con la prevención efectuada mediante proveído de diez de octubre del año en curso, sin que así lo hiciera, toda vez que se le notificó previo citatorio, por lista de diecisiete de octubre del año en curso, surtió efectos el treinta de octubre siguiente, y trascurrió del treinta y uno de octubre al nueve de noviembre del presente año, descontándose los días cuatro y cinco de noviembre de la presente anualidad, por ser sábado y domingo de conformidad con el numeral 19 de la Ley de Amparo, así como los días uno, dos y tres de este mes y año, por ser inhábiles como se estableció mediante circular 12/2023 de ocho de marzo de dos mil veintitrés, además de que con motivo del paro nacional de labores efectuado por los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, fueron declarados inhábiles los días del dieciséis al veintinueve de octubre de esta anualidad, de conformidad con las circulares 28/2023 y 29/2023 firmadas por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y con el aviso de veinticinco de octubre de este año, signado por el Coordinador de Magistradas y Magistrados del Séptimo Circuito, y el Coordinador Suplente de Juezas y Jueces de Distrito en el Estado de Veracruz, todos con sede en Boca del Río; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento ahí contenido y con fundamento en el artículo 114, párrafo segundo, de La Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de protección de derechos fundamentales. Notifíquese personalmente al promovente...

  3. Principal

    Boca del Río, Veracruz, diez de octubre de dos mil veintitrés. Vista la demanda de protección de derechos fundamentales y las copias que acompaña; fórmese expediente; regístrese en el libro de gobierno con el juicio 1038/2023 y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Negativa de la suspensión de plano Este Juzgador precisa que no resulta procedente conceder la suspensión de oficio y de plano solicitada, pues conforme lo previsto en los artículos 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 126 de la Ley de Amparo, esa medida cautelar procede únicamente cuando se actualizan los requisitos que son del tenor: Ley de Amparo "126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En este caso, la suspensión se decretará en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento. La suspensión también se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal.". Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos "22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado. [.]." Del contenido de las normas transcritas se desprenden los supuestos en los cuales el órgano jurisdiccional debe conceder la suspensión de oficio y de plano, a saber, cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida; ataques a la libertad personal fuera de procedimiento; incomunicación; deportación o expulsión; proscripción o destierro; extradición; desaparición forzada de personas; alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales; la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y los que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. La diversidad de los supuestos indicados guardan relación con actos de autoridad, cuyos efectos no sólo son de imposible o difícil reparación sino que, además, se encuentran expresamente prohibidos por el orden jurídico nacional y, por tanto, su reclamo amerita la inmediata intervención del juzgador de amparo para que ordene su suspensión, a fin de evitar que se ejecuten o se sigan ejecutando -de ahí que en esos supuestos sea innecesaria la solicitud del interesado- para que se otorgue la indicada medida cautelar, o bien, que se condicione su disfrute. En tal virtud, considerando la información con la que a la fecha se cuenta, no ha lugar a conceder la suspensión de plano solicitada, pues no se desprende acto alguno de los previstos en los artículos 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 15 de la Ley de Amparo, que se encuentre ejecutando. Ilustra lo anterior la Tesis aislada publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta en el Tomo XX, Diciembre de 2014, página 1458, Novena Época, bajo el rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN DE PLANO. DERIVA DIRECTAMENTE DE LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO, NO DE LAS RAZONES QUE AL EFECTO ADUZCA EL QUEJOSO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley de Amparo, la suspensión de oficio de los actos reclamados en el juicio de garantías procede cuando se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o cuando se trata de actos que, si llegaren a consumarse, harían físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, de lo que se sigue que esta clase de suspensión deriva directamente de la naturaleza del acto reclamado, esto es, que para concederla es necesario atender al origen mismo del acto tildado de inconstitucional, ello en atención a que acorde con lo establecido en el precepto legal en comento, cuando se trate de un acto que importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 citado, que invariablemente sería de restitución físicamente imposible, o de un acto diverso que de consumarse igualmente haría físicamente imposible la restitución de la garantía violada en perjuicio del quejoso, la suspensión debe concederse de plano, es decir, sin que tengan que tomarse en consideración los requisitos previstos en el artículo 124 de la ley de la materia, en particular que la solicite el quejoso, motivo por el cual lo que éste manifieste al respecto no determina la procedencia o no de la suspensión de oficio, sino que ello es una atribución exclusiva del Juez de Distrito, quien atendiendo a la naturaleza del acto y no a enfoques subjetivos de las partes, es el único facultado para decidir si se está o no en presencia de un acto que lo obligue a decretar la suspensión de oficio". Así como en la jurisprudencia P./J. 4/2019 (10ª), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que a la letra dice: "SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA. De los artículos 124, último párrafo, de la Ley de Amparo abrogada y 147, primer párrafo, de la vigente, se advierte que en los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, lo cual significa que el juzgador está legalmente facultado para precisar, conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar las cosas a partir de que conceda la medida cautelar, sin importar que para ello se aparte de los efectos propuestos por el quejoso en su escrito inicial, ya sea para maximizarlos o ajustarlos a las necesidades del caso concreto, pues se trata de conservar la materia del juicio de amparo y no de limitarse mecánicamente a proveer la suspensión en los términos estrictos planteados por el quejoso, sobre todo en los casos en que sea evidente que si se atendiera en forma puntual a su solicitud, no se lograría el objetivo integral de la suspensión. Ahora bien, la atribución depositada en el órgano de amparo para modular fundada y motivadamente las implicaciones futuras del otorgamiento de la suspensión no llega al extremo de poder ordenar la paralización de actos no reclamados en la demanda, porque si no se cuestionó su constitucionalidad, es obvio que no constituyen la materia del juicio, la cual debe mantenerse intacta, a fin de preservar los bienes o derechos cuya tutela se demande en el juicio de amparo". PREVENCIÓN Fundamento de la prevención. Artículo 114, fracciones I y II en relación el diverso 108, fracciones I, IV y V, de la Ley de Amparo. Motivos de la prevención. 1. Del estudio efectuado a la demanda de amparo que nos ocupa, se advierte que en un inicio se señaló como quejoso a Carlos Alexis Gómez Bravo, mientras que en las exigencias del numeral 108 de la Ley de Amparo, en específico en la fracción I, se señaló como quejoso a Edgar Montero Mojica; sin embargo, solamente cuenta con una firma autógrafa. En tal virtud, si la voluntad de las partes se manifiesta a través de la firma, es evidente que se desconoce si fue voluntad de uno de citados quejosos el interponer el presente juicio de amparo, ello en atención al principio de instancia de parte agraviada. Por ello, se deberá precisar cuál de los citados quejosos suscribió la demanda de amparo. 2. Por otra parte, la parte quejosa señaló como actos reclamados la orden de detención y su ejecución. Sin embargo, señaló como autoridades ordenadoras (jurisdiccionales) al: JUEZ DE CONTROL DEL JUZGADO DE PROCESO Y PROCEDIMIENTO PENAL ORAL DISTRITO JUDICIAL DE VERACRUZ (SALA A). JUEZ DE CONTROL DEL JUZGADO DE PROCESO Y PROCEDIMIENTO PENAL ORAL DISTRITO JUDICIAL DE VERACRUZ (SALA B). JUEZ DE CONTROL DEL JUZGADO DE PROCESO Y PROCEDIMIENTO PENAL ORAL DISTRITO JUDICIAL DE VERACRUZ (SALA C). JUEZ DE CONTROL DEL JUZGADO DE PROCESO Y PROCEDIMIENTO PENAL ORAL DISTRITO JUDICIAL DE VERACRUZ (SALA D). JUEZ DE CONTROL DEL JUZGADO DE PROCESO Y PROCEDIMIENTO PENAL ORAL DISTRITO JUDICIAL DE VERACRUZ (SALA E). En otro sentido, indicó: ". ya que nunca me mostraron orden por escrito emitida por autoridad competente para privarme de mi propiedad". Además: "tengo el temor fundado de que se me prive de la libertad personal por algo que ignoro". Lo anterior genera incertidumbre a este órgano jurisdiccional, pues la parte quejosa deberá de aclarar tal situación y no dejarse a la interpretación de este órgano jurisdiccional, dado que con tal información se fijará la litis constitucional en el presente asunto, a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 108, fracciones I, IV y V, de la ley de la materia; en la inteligencia de que la parte promovente tiene la obligación no sólo de señalar cuáles son las autoridades que deberán ser emplazadas con el carácter de responsables, sino también de atribuirles los actos reclamados de una manera directa y exacta. Por tanto, con fundamento en los arábigos 110 y 114 de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del término de cinco días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído y bajo protesta de decir verdad, cumpla con lo siguiente: a) Especifique el nombre del quejoso que presentó la demanda de amparo. b) Señale claramente los actos reclamados. c) Bajo protesta de decir verdad, deberá manifestar, los antecedentes del acto reclamado, para lo cual deberá realizar la narrativa de los hechos del acto o actos reclamados de manera cronológica, ordenada, clara y simplificada. Lo anterior, bajo el apercibimiento que de no cumplir con la prevención efectuada: En la inciso a), se le tendrá por no presentada la demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114, penúltimo y último párrafo de la Ley de Amparo. En los incisos b) y c) que se realizan en este acto en el término concedido, se acordará respecto a la admisión de la demanda de amparo en los términos planteados inicialmente en la misma. Se destaca que la prevención es con el objeto de fijar correctamente la litis constitucional, requisito que a la postre representa un beneficio para el solicitante de la protección federal al momento de realizar el estudio de la constitucionalidad del acto y una posible restitución en el goce del derecho humano violentado; además de que contribuye al adecuado trámite del juicio de amparo. Ello, pues el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial; de lo que se obtiene la tutela al derecho de acceso a la justicia, entendido como un valor social que debe ser realizado. Por otro lado, es menester puntualizar que si de autos se advierte que la parte promovente del amparo, su abogado autorizado o a ambos, con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda o en su escrito aclaratorio afirman hechos falsos u omiten los que le consten en relación con el acto reclamado, el que suscribe dará vista al Ministerio Público de la Federación adscrito, ante la posible comisión de hechos constitutivos del delito previsto en el artículo 261 de la Ley de Amparo que es del tenor siguiente: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos". (Lo destacado y subrayado es propio). Cobra aplicación a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 13/2017 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, página 5 del Libro 45, Tomo I, agosto de dos mil diecisiete, de rubro: "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA." Lo anterior, pues el artículo 17, párrafos segundo y tercero, de la Constitución Federal, consagra diversos principios que regulan la administración de justicia a favor de los gobernados, entre los que se encuentran los consistentes en que la justicia debe impartirse de manera pronta, completa e imparcial y que ha de garantizarse la plena ejecución de las resoluciones de los tribunales; por lo que es inconcuso que debe garantizarse en todo momento e instancia que la administración de justicia se ajuste a esas notas fundamentales, en salvaguarda de las cuales no puede permitirse que el juicio de amparo se promueva con el propósito de entorpecer la pronta solución de los juicios o la ejecución de las resoluciones respectivas. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Con fundamento en el artículo 27 de la ley reglamentaria de esta instancia, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir toda clase de notificaciones el indicado en la demanda de amparo; como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a las personas que menciona, por no encontrarse registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales y/o ante la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. DESIGNACIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO TELEFÓNICO Ahora, respecto al correo electrónico y teléfono celular que proporciona, serán utilizados únicamente como medios de contacto tratándose de comunicaciones no procesales. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Así también, con fundamento en el numeral 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye a los Secretarios supervisen que se incorporen al expediente electrónico todas las promociones, documentos y determinaciones relacionadas con este controvertido, a fin de que concuerde en su totalidad con el expediente impreso. AUTORIZACIÓN PARA EXPEDIR COPIAS Y UTILIZAR MEDIOS ELECTRÓNICOS Ya que no existe impedimento legal para que las partes por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen, puedan utilizar el escáner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso, previo apersonamiento de la persona que recepcione la información debidamente identificada ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de 18 de marzo de 2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles. AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN AL ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO Al surtirse uno de los supuestos a que se refiere el artículo 20 de la Ley de Amparo, conforme con el diverso numeral 21 de la misma legislación, se habilitan días y horas inhábiles para que en su caso los actuarios judiciales comisionados realicen las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio, y entreguen los oficios que del mismo deriven; ya que en el propio auto se indica la urgencia y además para obviar trámites innecesarios que sólo retrasarían el procedimiento del juicio de amparo que se provee. Lo anterior, sin perjuicio de que los oficios dirigidos a la autoridad responsable como tal o en su carácter de terceros interesados se hagan por los medios a su alcance, como fax o correo electrónico, según su practicidad, levantando la constancia correspondiente en la que se asiente la hora y fecha de la recepción del oficio relativo y los anexos en el caso de que los tuviere; el órgano que los remite; el servidor público adscrito de la autoridad responsable que la o los recibe, además de su nombre y cargo. Lo ordenado, para obviar trámites innecesarios y dar a la ley un alcance acorde a la realidad actual, evitar el desgaste innecesario a quienes se les encomienda la tarea de notificar; todo ello en estricto apego a lo dispuesto por el artículo 17 constitucional, 24 de la Ley de Amparo y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. No se opone dicha determinación con lo dispuesto en el numeral 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en el sentido de que los oficios y anexos dirigidos a la responsable o a las autoridades que tengan el carácter de terceros interesados, serán entregados en el domicilio de su oficina principal por el funcionario del juzgado, quien recabará la constancia de recibo correspondiente; toda vez que el dispositivo en comento no establece que dicho diligenciario deba constituirse físicamente en la oficina principal de la autoridad a notificar, sino que bastará que el empleado entregue a la autoridad y recabe el acuse de recibo, lo cual se cumple con la constancia actuarial que al respecto se ordena levantar en cada caso, bastando ello para que surta efectos la notificación, solicitud o requerimiento respectivo. Por otra parte, con fundamento en el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se apercibe a la autoridad responsable que de no recibir el oficio o telegrama, la notificación se tendrá por hecha, previo conocimiento que de tal circunstancia haga el fedatario a la encargada de la oficina correspondiente; de igual forma, se apercibe al encargado de la oficina pública de comunicaciones, que si no envía el oficio librado en el presente juicio, de conformidad con el numeral 237, fracción I, 238 y 243 de la ley de la materia, se le impondrá una multa de cien veces el valor de la unidad de medida y actualización vigente al momento de realizarse la conducta sancionada. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma electrónicamente el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, Luis Rafael Bautista Cruz, asistido de Fernando Cobos González, secretario con quien actúa y da fe.

  4. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS Y VÍA ELECTRÓNICA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE 11/10/2023, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN II, INCISO B... Boca del Río, Veracruz, diez de octubre de dos mil veintitrés. Vista la demanda de protección de derechos fundamentales y las copias que acompaña; fórmese expediente; regístrese en el libro de gobierno con el juicio 1038/2023 y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Negativa de la suspensión de plano Este Juzgador precisa que no resulta procedente conceder la suspensión de oficio y de plano solicitada, pues conforme lo previsto en los artículos 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 126 de la Ley de Amparo, esa medida cautelar procede únicamente cuando se actualizan los requisitos que son del tenor: Ley de Amparo "126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En este caso, la suspensión se decretará en el auto de admisión de la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable, por cualquier medio que permita lograr su inmediato cumplimiento. La suspensión también se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal.". Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos "22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado. [.]." Del contenido de las normas transcritas se desprenden los supuestos en los cuales el órgano jurisdiccional debe conceder la suspensión de oficio y de plano, a saber, cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida; ataques a la libertad personal fuera de procedimiento; incomunicación; deportación o expulsión; proscripción o destierro; extradición; desaparición forzada de personas; alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales; la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y los que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. La diversidad de los supuestos indicados guardan relación con actos de autoridad, cuyos efectos no sólo son de imposible o difícil reparación sino que, además, se encuentran expresamente prohibidos por el orden jurídico nacional y, por tanto, su reclamo amerita la inmediata intervención del juzgador de amparo para que ordene su suspensión, a fin de evitar que se ejecuten o se sigan ejecutando -de ahí que en esos supuestos sea innecesaria la solicitud del interesado- para que se otorgue la indicada medida cautelar, o bien, que se condicione su disfrute. En tal virtud, considerando la información con la que a la fecha se cuenta, no ha lugar a conceder la suspensión de plano solicitada, pues no se desprende acto alguno de los previstos en los artículos 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 15 de la Ley de Amparo, que se encuentre ejecutando. Ilustra lo anterior la Tesis aislada publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta en el Tomo XX, Diciembre de 2014, página 1458, Novena Época, bajo el rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN DE PLANO. DERIVA DIRECTAMENTE DE LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO, NO DE LAS RAZONES QUE AL EFECTO ADUZCA EL QUEJOSO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley de Amparo, la suspensión de oficio de los actos reclamados en el juicio de garantías procede cuando se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o cuando se trata de actos que, si llegaren a consumarse, harían físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, de lo que se sigue que esta clase de suspensión deriva directamente de la naturaleza del acto reclamado, esto es, que para concederla es necesario atender al origen mismo del acto tildado de inconstitucional, ello en atención a que acorde con lo establecido en el precepto legal en comento, cuando se trate de un acto que importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 citado, que invariablemente sería de restitución físicamente imposible, o de un acto diverso que de consumarse igualmente haría físicamente imposible la restitución de la garantía violada en perjuicio del quejoso, la suspensión debe concederse de plano, es decir, sin que tengan que tomarse en consideración los requisitos previstos en el artículo 124 de la ley de la materia, en particular que la solicite el quejoso, motivo por el cual lo que éste manifieste al respecto no determina la procedencia o no de la suspensión de oficio, sino que ello es una atribución exclusiva del Juez de Distrito, quien atendiendo a la naturaleza del acto y no a enfoques subjetivos de las partes, es el único facultado para decidir si se está o no en presencia de un acto que lo obligue a decretar la suspensión de oficio". Así como en la jurisprudencia P./J. 4/2019 (10ª), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que a la letra dice: "SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA. De los artículos 124, último párrafo, de la Ley de Amparo abrogada y 147, primer párrafo, de la vigente, se advierte que en los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, lo cual significa que el juzgador está legalmente facultado para precisar, conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar las cosas a partir de que conceda la medida cautelar, sin importar que para ello se aparte de los efectos propuestos por el quejoso en su escrito inicial, ya sea para maximizarlos o ajustarlos a las necesidades del caso concreto, pues se trata de conservar la materia del juicio de amparo y no de limitarse mecánicamente a proveer la suspensión en los términos estrictos planteados por el quejoso, sobre todo en los casos en que sea evidente que si se atendiera en forma puntual a su solicitud, no se lograría el objetivo integral de la suspensión. Ahora bien, la atribución depositada en el órgano de amparo para modular fundada y motivadamente las implicaciones futuras del otorgamiento de la suspensión no llega al extremo de poder ordenar la paralización de actos no reclamados en la demanda, porque si no se cuestionó su constitucionalidad, es obvio que no constituyen la materia del juicio, la cual debe mantenerse intacta, a fin de preservar los bienes o derechos cuya tutela se demande en el juicio de amparo". PREVENCIÓN Fundamento de la prevención. Artículo 114, fracciones I y II en relación el diverso 108, fracciones I, IV y V, de la Ley de Amparo. Motivos de la prevención. 1. Del estudio efectuado a la demanda de amparo que nos ocupa, se advierte que en un inicio se señaló como quejoso a Carlos Alexis Gómez Bravo, mientras que en las exigencias del numeral 108 de la Ley de Amparo, en específico en la fracción I, se señaló como quejoso a Edgar Montero Mojica; sin embargo, solamente cuenta con una firma autógrafa. En tal virtud, si la voluntad de las partes se manifiesta a través de la firma, es evidente que se desconoce si fue voluntad de uno de citados quejosos el interponer el presente juicio de amparo, ello en atención al principio de instancia de parte agraviada. Por ello, se deberá precisar cuál de los citados quejosos suscribió la demanda de amparo. 2. Por otra parte, la parte quejosa señaló como actos reclamados la orden de detención y su ejecución. Sin embargo, señaló como autoridades ordenadoras (jurisdiccionales) al: JUEZ DE CONTROL DEL JUZGADO DE PROCESO Y PROCEDIMIENTO PENAL ORAL DISTRITO JUDICIAL DE VERACRUZ (SALA A). JUEZ DE CONTROL DEL JUZGADO DE PROCESO Y PROCEDIMIENTO PENAL ORAL DISTRITO JUDICIAL DE VERACRUZ (SALA B). JUEZ DE CONTROL DEL JUZGADO DE PROCESO Y PROCEDIMIENTO PENAL ORAL DISTRITO JUDICIAL DE VERACRUZ (SALA C). JUEZ DE CONTROL DEL JUZGADO DE PROCESO Y PROCEDIMIENTO PENAL ORAL DISTRITO JUDICIAL DE VERACRUZ (SALA D). JUEZ DE CONTROL DEL JUZGADO DE PROCESO Y PROCEDIMIENTO PENAL ORAL DISTRITO JUDICIAL DE VERACRUZ (SALA E). En otro sentido, indicó: ". ya que nunca me mostraron orden por escrito emitida por autoridad competente para privarme de mi propiedad". Además: "tengo el temor fundado de que se me prive de la libertad personal por algo que ignoro". Lo anterior genera incertidumbre a este órgano jurisdiccional, pues la parte quejosa deberá de aclarar tal situación y no dejarse a la interpretación de este órgano jurisdiccional, dado que con tal información se fijará la litis constitucional en el presente asunto, a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 108, fracciones I, IV y V, de la ley de la materia; en la inteligencia de que la parte promovente tiene la obligación no sólo de señalar cuáles son las autoridades que deberán ser emplazadas con el carácter de responsables, sino también de atribuirles los actos reclamados de una manera directa y exacta. Por tanto, con fundamento en los arábigos 110 y 114 de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del término de cinco días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído y bajo protesta de decir verdad, cumpla con lo siguiente: a) Especifique el nombre del quejoso que presentó la demanda de amparo. b) Señale claramente los actos reclamados. c) Bajo protesta de decir verdad, deberá manifestar, los antecedentes del acto reclamado, para lo cual deberá realizar la narrativa de los hechos del acto o actos reclamados de manera cronológica, ordenada, clara y simplificada. Lo anterior, bajo el apercibimiento que de no cumplir con la prevención efectuada: En la inciso a), se le tendrá por no presentada la demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114, penúltimo y último párrafo de la Ley de Amparo. En los incisos b) y c) que se realizan en este acto en el término concedido, se acordará respecto a la admisión de la demanda de amparo en los términos planteados inicialmente en la misma. Se destaca que la prevención es con el objeto de fijar correctamente la litis constitucional, requisito que a la postre representa un beneficio para el solicitante de la protección federal al momento de realizar el estudio de la constitucionalidad del acto y una posible restitución en el goce del derecho humano violentado; además de que contribuye al adecuado trámite del juicio de amparo. Ello, pues el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial; de lo que se obtiene la tutela al derecho de acceso a la justicia, entendido como un valor social que debe ser realizado. Por otro lado, es menester puntualizar que si de autos se advierte que la parte promovente del amparo, su abogado autorizado o a ambos, con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda o en su escrito aclaratorio afirman hechos falsos u omiten los que le consten en relación con el acto reclamado, el que suscribe dará vista al Ministerio Público de la Federación adscrito, ante la posible comisión de hechos constitutivos del delito previsto en el artículo 261 de la Ley de Amparo que es del tenor siguiente: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos". (Lo destacado y subrayado es propio). Cobra aplicación a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 13/2017 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, página 5 del Libro 45, Tomo I, agosto de dos mil diecisiete, de rubro: "VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA." Lo anterior, pues el artículo 17, párrafos segundo y tercero, de la Constitución Federal, consagra diversos principios que regulan la administración de justicia a favor de los gobernados, entre los que se encuentran los consistentes en que la justicia debe impartirse de manera pronta, completa e imparcial y que ha de garantizarse la plena ejecución de las resoluciones de los tribunales; por lo que es inconcuso que debe garantizarse en todo momento e instancia que la administración de justicia se ajuste a esas notas fundamentales, en salvaguarda de las cuales no puede permitirse que el juicio de amparo se promueva con el propósito de entorpecer la pronta solución de los juicios o la ejecución de las resoluciones respectivas. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Con fundamento en el artículo 27 de la ley reglamentaria de esta instancia, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir toda clase de notificaciones el indicado en la demanda de amparo; como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a las personas que menciona, por no encontrarse registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales y/o ante la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública. DESIGNACIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO TELEFÓNICO Ahora, respecto al correo electrónico y teléfono celular que proporciona, serán utilizados únicamente como medios de contacto tratándose de comunicaciones no procesales. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Así también, con fundamento en el numeral 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se instruye a los Secretarios supervisen que se incorporen al expediente electrónico todas las promociones, documentos y determinaciones relacionadas con este controvertido, a fin de que concuerde en su totalidad con el expediente impreso. AUTORIZACIÓN PARA EXPEDIR COPIAS Y UTILIZAR MEDIOS ELECTRÓNICOS Ya que no existe impedimento legal para que las partes por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen, puedan utilizar el escáner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso, previo apersonamiento de la persona que recepcione la información debidamente identificada ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de 18 de marzo de 2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles. AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN AL ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO Al surtirse uno de los supuestos a que se refiere el artículo 20 de la Ley de Amparo, conforme con el diverso numeral 21 de la misma legislación, se habilitan días y horas inhábiles para que en su caso los actuarios judiciales comisionados realicen las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio, y entreguen los oficios que del mismo deriven; ya que en el propio auto se indica la urgencia y además para obviar trámites innecesarios que sólo retrasarían el procedimiento del juicio de amparo que se provee. Lo anterior, sin perjuicio de que los oficios dirigidos a la autoridad responsable como tal o en su carácter de terceros interesados se hagan por los medios a su alcance, como fax o correo electrónico, según su practicidad, levantando la constancia correspondiente en la que se asiente la hora y fecha de la recepción del oficio relativo y los anexos en el caso de que los tuviere; el órgano que los remite; el servidor público adscrito de la autoridad responsable que la o los recibe, además de su nombre y cargo. Lo ordenado, para obviar trámites innecesarios y dar a la ley un alcance acorde a la realidad actual, evitar el desgaste innecesario a quienes se les encomienda la tarea de notificar; todo ello en estricto apego a lo dispuesto por el artículo 17 constitucional, 24 de la Ley de Amparo y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. No se opone dicha determinación con lo dispuesto en el numeral 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en el sentido de que los oficios y anexos dirigidos a la responsable o a las autoridades que tengan el carácter de terceros interesados, serán entregados en el domicilio de su oficina principal por el funcionario del juzgado, quien recabará la constancia de recibo correspondiente; toda vez que el dispositivo en comento no establece que dicho diligenciario deba constituirse físicamente en la oficina principal de la autoridad a notificar, sino que bastará que el empleado entregue a la autoridad y recabe el acuse de recibo, lo cual se cumple con la constancia actuarial que al respecto se ordena levantar en cada caso, bastando ello para que surta efectos la notificación, solicitud o requerimiento respectivo. Por otra parte, con fundamento en el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se apercibe a la autoridad responsable que de no recibir el oficio o telegrama, la notificación se tendrá por hecha, previo conocimiento que de tal circunstancia haga el fedatario a la encargada de la oficina correspondiente; de igual forma, se apercibe al encargado de la oficina pública de comunicaciones, que si no envía el oficio librado en el presente juicio, de conformidad con el numeral 237, fracción I, 238 y 243 de la ley de la materia, se le impondrá una multa de cien veces el valor de la unidad de medida y actualización vigente al momento de realizarse la conducta sancionada. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma electrónicamente el Juez Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz, Luis Rafael Bautista Cruz, asistido de Fernando Cobos González, secretario con quien actúa y da fe.

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