Carlos Alejandro Zapata Medina

Expediente 140/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de marzo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
140/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
15/03/2017

Partes del expediente

  • Carlos Alejandro Zapata Medina

Actuaciones

  1. Principal

    Con sustento en los numerales 62 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, glósese a los autos para que obre como legalmente corresponda el oficio remitido por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Celaya, Guanajuato, por el que acusa recibo del oficio número ****, al que se anexó en dos tomos el expediente laboral ****

  2. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ya trascurrió el término para interponer recurso de queja contra el auto de veinticuatro de febrero dos mil diecisiete, en el que este juzgado desechó la demanda de amparo intentada por *********, sin que haya hecho uso de tal derecho; en consecuencia con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 97, fracción I, inciso a) y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicable supletoriamente a la ley reglamentaria en cita se declara que ha quedado firme el auto en mención. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el expediente como totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que, sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión. Finalmente, devuélvase el expediente número 381/2006/L1/CA/IND en dos tomos del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Celaya, Guanajuato a dicha autoridad, el que fue remitido por el Tribunal Colegiado declinante conjuntamente con la demanda de garantías; solicítese acuse de recibo.

  3. Principal

    Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo concedido al quejoso ************ para desahogar la prevención formulada en auto de veintiséis de enero del actual año, a efecto de que manifestara si deseaba señalar como autoridades responsables al presidente y actuario adscritos a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de León, Guanajuato, en razón de que del análisis de las constancias que integran el juicio laboral subyacente aparece la participación de dichas autoridades en los actos reclamados, sin que hubiera realizado manifestación alguna, no obstante encontrarse debidamente notificado para ello, según se advierte de la constancia de notificación que obra a foja 36 de autos. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el supracitado proveído, por ende, provéase sobre el ocurso de demanda constitucional tomando en consideración solo las autoridades ahí señaladas responsables. En principio, es menester establecer que de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juzgado de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tal norma, impone la obligación al Juzgado de Distrito de examinar con todo detenimiento el escrito inicial de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que se acompañen. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable, aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por los promoventes o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". Proceder que tiene como base constitucional lo contenido en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Ahora bien, del análisis integral del ocurso de demanda, acorde a lo dispuesto por la fracción I, del artículo 74 de la Ley de la materia -aplicable también a este tipo de resoluciones-, emerge que la parte impetrante reclama: i).- El embargo de doce de julio de dos mil trece (foja 540 tomo I cuaderno de pruebas), trabado sobre el bien inmueble que aduce es de su propiedad, identificado como lote de terreno ubicado en fraccionamiento *** metros cuadrados, en León, Guanajuato, del que se precisaron medidas y colindancias en el citado escrito inicial de demanda; y, ii).- Los actos tendentes al remate del referido bien raíz; todos acaecidos en el juicio subyacente, es decir, el ordinario laboral 381/2006/L1/CA/IND del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en esta ciudad de Celaya. Al respecto, quien esto despacha advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 5º, fracción II, y 108, fracción III, todos de la Ley de Amparo, en virtud de que el actuario y presidente ambos adscritos a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en León, Guanajuato, no fueron señalados como autoridades responsables, no obstante que mediante auto de veintiséis de enero pasado (folio 32), se le requirió a la parte quejosa para dicho fin, sin que al efecto lo hubiera realizado. Los numerales y fracciones en cita, literalmente estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; (.)". De los dispositivos legales transcritos se desprende que es obligación del quejoso señalar las autoridades que considere responsables en la emisión del acto reclamado; asimismo, se considera como responsable a aquélla que ejecuta un determinado acto. De igual manera, se desprende que si no se señalan las autoridades que intervinieron en el acto cuestionado, no se cumplirá con lo previsto por el citado artículo 108, de la ley de la materia y consecuentemente, no se podrá analizar el acto que se le imputa, por lo que en términos del artículo 61, fracción XXIII, el amparo será improcedente. En este contexto, como se indicó, el quejoso señala como actos reclamados el embargo del bien raíz que defiende -así como los demás actos tendente al remate-, realizados en el juicio ordinario laboral 381/2006/L1/CA/IND del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en esta ciudad de Celaya, al que refiere ser tercero extraño, toda vez que dicho asunto fue iniciado por ************* contra ************** y otras personas jurídico colectivas, así como contra el Instituto Mexicano del Seguro Social. Sin embargo, el amparista omitió señalar con carácter de autoridades responsables al presidente y actuario de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en León -pese a que fue legalmente requerido para dicho fin-, quienes participaron materialmente en el embargo del referido inmueble, virtud a la diligenciación de un exhorto librado por el tribunal obrero del conocimiento del juicio laboral de origen. Por ende, se hace patente la actualización de la causal de referencia y, consecuentemente, este Juzgado Federal se encuentra imposibilitado para en su momento realizar el análisis de los actos reclamados al no haber sido señalado el actuario y el presidente de la junta laboral exhortada como autoridades responsables. Es así porque de admitir la demanda y en su caso analizar el fondo del asunto, a dichas autoridades no se les daría la oportunidad de exponer sus razones en las que eventualmente tiendan a justificar su actuación. Es aplicable la jurisprudencia V.2o. J/96, sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, de la Octava Época, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 80, de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, página cincuenta y cinco, que establece: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente, no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se le llamó a juicio ni fue oída." En este sentido, al no haber designado como autoridades responsables al actuario y presidente exhortados de referencia, quienes efectivamente llevaron a cabo el embargo cuestionado, es evidente que no están en posibilidad de exponer las razones y fundamentos para sostener la constitucionalidad de sus actos, de tal manera que no es jurídicamente factible analizar la constitucionalidad de los mismos, si no se les ha respetado su derecho de audiencia, en virtud de la omisión de la quejosa de señalarlas como autoridades responsables en este asunto. Así lo establece la jurisprudencia número VI.2o. J/205, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de la Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo II, de octubre de mil novecientos noventa y cinco página cuatrocientos sesenta y ocho, que establece: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se llamó a juicio ni fue oída; por lo tanto, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 73 fracción XVIII de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 5o., fracción II y 116, fracción III del mismo ordenamiento legal." De la misma manera, tiene aplicación la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Quinta Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XLVIII, página doscientos seis, que literalmente establece: "AUTORIDADES RESPONSABLES, FALTA DE SEÑALAMIENTO DE LAS EN EL AMPARO. El juicio de amparo es una controversia que se suscita ente el quejoso y la autoridad responsable y, por lo mismo, tiene que se ésta designada exactamente, para que sea oída y darle oportunidad a que justifique o intente justificar sus actos, para que el juez federal decida sobre si se ha violado alguna garantía constitucional, y como esto no puede resolverse fundadamente y con conocimiento de causa, si no se designa a la autoridad de quien realmente ha emanado el acto que se reclama, puede resolverse sobre la constitucionalidad de él, si se señalan como responsables a otras que tendrán que limitarse a decir que son ajenas a esa cuestión, o que no han ejecutado actos de la autoridad que ha intervenido en el hecho que se reclama de determinado funcionario, debiendo sobreseerse en el amparo cuando se incurra en tal omisión." Así las cosas, al actualizarse la invocada causal de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 5º, fracción II, y 108, fracción III, de la Ley de Amparo y conforme lo dispuesto en el ordinal 113 del mismo ordenamiento, se desecha de plano la demanda planteada por *************.

  4. Principal

    Por recibido el oficio signado por el Juez Primero Civil de Partido de Acámbaro, Guanajuato; téngasele remitiendo copia certificada del auto dictado el diecinueve de enero pasado, del que se desprende que el trece de diciembre de dos mil dieciséis, la parte demandada hizo entrega del predio en conflicto en el juicio de origen (que aquí defiende la quejosa), a la parte actora ********** lo cual será tomada en consideración al resolver en definitiva el presente juicio de amparo, asimismo, dese vista a las partes para los efectos legales correspondientes.

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