Carlos Alejandro Montaño Tirado
Expediente 991/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 16 actuaciones registradas, la última del 29 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 991/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 29/10/2018
Partes del expediente
- Carlos Alejandro Montaño Tirado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio, se advierte que mediante oficio y anexo recibido en este Juzgado Federal el ocho de octubre del presente año (fojas 101 y 102), la Delegada de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación a lo anterior, por auto de nueve de octubre del año en curso (foja 103), se dio vista a la parte quejosa con el referido comunicado y anexo, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado de Distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. La citada determinación, se notificó a la parte quejosa, el dieciséis de octubre del propio año (foja 106); por tanto, el plazo de tres días otorgado transcurrió para la parte agraviada del dieciocho al veintidós de octubre actual, sin que se realizara manifestación respecto al cumplimiento, como se aprecia de la certificación que antecede. Luego, con fundamento en el artículo 196 segundo párrafo, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Por sentencia terminada de engrosar el veintitrés de agosto de este año, dentro del presente sumario constitucional (fojas 53 a 76), se determinó conceder a ****, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para tal efecto de que: "(.) a) Los artículos 23, fracción VII, así como 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, que prevén, respectivamente, el refrendo alcoholes y los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, así como el numeral 33, fracción II, de la Ley que regula los establecimientos dedicados, a la producción, almacenamiento, distribución y enajenación de bebidas alcohólicas en el Estado de Nayarit, sean desincorporados de la esfera jurídica del amparista, tanto en el presente como en el futuro. b) En consecuencia, el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit devuelva las contribuciones erogadas por el amparista con fundamento en las disposiciones anteriores, las cantidades que correspondan a la aplicación de los preceptos legales aquí declarados inconstitucionales, inclusive, la "multa por pago extemporáneo", exceptuando algún descuento o estímulo que respecto de tal pago que se haya hecho al quejoso; de igual modo, tampoco serán objeto de devolución las cantidades erogadas que se refieran a ejercicios fiscales anteriores a dos mil dieciocho, dado que ello no resulta consecuencia de las disposiciones legales declaradas inconstitucionales; asimismo, a la cantidad que deba entregarse se incluirá la actualización fiscal correspondiente." Es decir, los actos que debía realizar la responsable para acatar el fallo protector consisten en desincorporar en la esfera jurídica de la parte quejosa de los preceptos legales declarados inconstitucionales y devolver al peticionario de amparo la cantidad precisada en la ejecutoria de mérito, la cual debería estar debidamente actualizada. Luego, en diverso proveído de diecisiete de septiembre de la presente anualidad (fojas 93 y 94), causó ejecutoria la resolución de mérito se requirió al Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado, a efecto de que dentro del término de diez días la acatara y remitiera las constancias que lo acreditaran. En atención a ello, mediante oficio y anexo presentado en la oficialía de partes de este juzgado el ocho de octubre de dos mil dieciocho (fojas 101 y 102), la Delegada de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con el fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en autos, informó que había realizado la transferencia bancaria en favor del quejoso (foja 102), por la cantidad de****); situación que acreditó con el anexo antes indicado. En ese tenor, si tenemos que al monto total de ****), cantidad que pagó al quejoso derivado de los preceptos declarados inconstitucionales, numerario que debía ser actualizado conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización), para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el trece de abril de dos mil dieciocho y el cuatro de octubre de este año, se efectuó la transferencia electrónica correspondiente; por el cual la autoridad responsable pretendió dar cumplimiento a la ejecutoria en análisis, por lo que, el periodo de actualización comprende del mes de marzo a septiembre de esta anualidad (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones del mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de marzo de dos mil dieciocho fue 132.436 y para el mes de septiembre de esta anualidad fue 100.917 De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 0.7620057990274548; sin embargo, cuando el resultado de la operación es menor a uno, el factor de actualización que se aplicará al monto de las contribuciones será 1 de conformidad al último párrafo del citado numeral. Por tanto, resulta evidente que al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, a saber: ***, se obtiene el mismo monto de dicha contribución. En consecuencia, se aprecia que la responsable de que se trata devolvió a la promovente del amparo *** sin embargo, éste debía reintegrarle la diversa de ***, es decir, tiene un excedente de ***, pero dicho monto no tiene relevancia económica para considerar que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, pues dada la mínima diferencia, a nada práctico conduciría reintegrarla. Lo anterior, en razón de que los gastos administrativos que realizarían tanto las autoridades responsables a fin de obtenerla, así como los que efectúe la quejosa, a fin de devolver dicho monto, serían mayores al beneficio de reintegrar el numerario referido. Por tanto, es evidente que con ello se le ha restituido en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías, se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; además, que no se tramitó incidente de suspensión; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio, se advierte que mediante oficio y anexo recibido en este Juzgado Federal el ocho de octubre del presente año (fojas 101 y 102), la Delegada de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación a lo anterior, por auto de nueve de octubre del año en curso (foja 103), se dio vista a la parte quejosa con el referido comunicado y anexo, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado de Distrito, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. La citada determinación, se notificó a la parte quejosa, el dieciséis de octubre del propio año (foja 106); por tanto, el plazo de tres días otorgado transcurrió para la parte agraviada del dieciocho al veintidós de octubre actual, sin que se realizara manifestación respecto al cumplimiento, como se aprecia de la certificación que antecede. Luego, con fundamento en el artículo 196 segundo párrafo, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Por sentencia terminada de engrosar el veintitrés de agosto de este año, dentro del presente sumario constitucional (fojas 53 a 76), se determinó conceder a ****, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para tal efecto de que: "(.) a) Los artículos 23, fracción VII, así como 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, que prevén, respectivamente, el refrendo alcoholes y los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, así como el numeral 33, fracción II, de la Ley que regula los establecimientos dedicados, a la producción, almacenamiento, distribución y enajenación de bebidas alcohólicas en el Estado de Nayarit, sean desincorporados de la esfera jurídica del amparista, tanto en el presente como en el futuro. b) En consecuencia, el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit devuelva las contribuciones erogadas por el amparista con fundamento en las disposiciones anteriores, las cantidades que correspondan a la aplicación de los preceptos legales aquí declarados inconstitucionales, inclusive, la "multa por pago extemporáneo", exceptuando algún descuento o estímulo que respecto de tal pago que se haya hecho al quejoso; de igual modo, tampoco serán objeto de devolución las cantidades erogadas que se refieran a ejercicios fiscales anteriores a dos mil dieciocho, dado que ello no resulta consecuencia de las disposiciones legales declaradas inconstitucionales; asimismo, a la cantidad que deba entregarse se incluirá la actualización fiscal correspondiente." Es decir, los actos que debía realizar la responsable para acatar el fallo protector consisten en desincorporar en la esfera jurídica de la parte quejosa de los preceptos legales declarados inconstitucionales y devolver al peticionario de amparo la cantidad precisada en la ejecutoria de mérito, la cual debería estar debidamente actualizada. Luego, en diverso proveído de diecisiete de septiembre de la presente anualidad (fojas 93 y 94), causó ejecutoria la resolución de mérito se requirió al Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado, a efecto de que dentro del término de diez días la acatara y remitiera las constancias que lo acreditaran. En atención a ello, mediante oficio y anexo presentado en la oficialía de partes de este juzgado el ocho de octubre de dos mil dieciocho (fojas 101 y 102), la Delegada de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con el fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en autos, informó que había realizado la transferencia bancaria en favor del quejoso (foja 102), por la cantidad de****); situación que acreditó con el anexo antes indicado. En ese tenor, si tenemos que al monto total de ****), cantidad que pagó al quejoso derivado de los preceptos declarados inconstitucionales, numerario que debía ser actualizado conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización), para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el trece de abril de dos mil dieciocho y el cuatro de octubre de este año, se efectuó la transferencia electrónica correspondiente; por el cual la autoridad responsable pretendió dar cumplimiento a la ejecutoria en análisis, por lo que, el periodo de actualización comprende del mes de marzo a septiembre de esta anualidad (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones del mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de marzo de dos mil dieciocho fue 132.436 y para el mes de septiembre de esta anualidad fue 100.917 De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 0.7620057990274548; sin embargo, cuando el resultado de la operación es menor a uno, el factor de actualización que se aplicará al monto de las contribuciones será 1 de conformidad al último párrafo del citado numeral. Por tanto, resulta evidente que al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto del derecho en comento, a saber: ***, se obtiene el mismo monto de dicha contribución. En consecuencia, se aprecia que la responsable de que se trata devolvió a la promovente del amparo *** sin embargo, éste debía reintegrarle la diversa de ***, es decir, tiene un excedente de ***, pero dicho monto no tiene relevancia económica para considerar que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, pues dada la mínima diferencia, a nada práctico conduciría reintegrarla. Lo anterior, en razón de que los gastos administrativos que realizarían tanto las autoridades responsables a fin de obtenerla, así como los que efectúe la quejosa, a fin de devolver dicho monto, serían mayores al beneficio de reintegrar el numerario referido. Por tanto, es evidente que con ello se le ha restituido en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías, se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; además, que no se tramitó incidente de suspensión; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, NUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Por recibido el libelo de cuenta, signado por el Subsecretario de Asuntos Jurídicos, en representación legal del Titular del Poder Ejecutivo, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que acató la resolución dictada; en consecuencia, téngasele dando cumpliendo a la ejecutoria de amparo; en la inteligencia, que éste juzgado federal quedará a la espera de lo que informen el resto de las responsables.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, NUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el libelo de cuenta, suscrito por la Delegada de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa en cumplimento a la sentencia de amparo, remite copia de la transferencia efectuada a la parte quejosa, misma que ampara la cantidad condenada en autos; luego, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa, con el libelo de cuenta y anexo, para que dentro del término de TRES DÍAS contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, apercibida que de no hacer pronunciamiento alguno, con apoyo en la ejecutoria de amparo y demás actuaciones que obran en el sumario, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector, sin tomar en cuenta las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea.
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