Carlos Alejandro Martínez Rocha
Expediente 1480/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1480/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 13/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Carlos Alejandro Martínez Rocha
Actuaciones
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos en los que se actúa, así como el contenido de la certificación que antecede, se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo vigente, sin que la parte quejosa Carlos Alejandro Martínez Rocha, haya interpuesto recurso alguno en contra del auto de veintiséis de agosto de dos mil veintidós, mediante el cual se desechó de plano la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara firme el citado auto para todos los efectos legales procedentes. En tales condiciones, hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y de conformidad con lo estipulado en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, se archiva el expediente como asunto total y definitivamente concluido. Tómese nota que el presente asunto no es considerado de relevancia documental, razón por la que se determina que es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos del artículo 21, inciso b) del Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; entonces, una vez que trascurran tres años contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, hágase lo conducente. Como lo establece el artículo 35 del citado Acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Notifíquese.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que las partes no interpusieron recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de garantías, mediante la cual se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, dentro del término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, comuníquese lo anterior a las partes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, en el fallo protector se determinó conceder la protección constitucional solicitada a la parte quejosa en los siguientes términos: ''La Junta Especial Número Treinta y Siete de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, dicte la resolución relativa al incidente de sustitución procesal y dependencia económica de Paulino Alcaraz Samudio dentro del expediente 841/2010, de lo cual deberá dar noticia a este Juzgado.'' En tales condiciones, con fundamento en los artículos 192, 193 y 195 de la vigente Ley de Amparo, requiérase a la Junta Especial Número 37 de la Federal de Conciliación y Arbitraje con residencia en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, cumpla con la sentencia ejecutoria; lo anterior, bajo el apercibimiento de que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá a su titular una multa equivalente a cien días de salario mínimo, vigente en el Distrito Federal, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 258, en relación con el diverso arábigo 238 de la ley invocada, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sin que haya lugar a proceder en términos del artículo 192, párrafo tercero, en relación con el diverso 194, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que los organismos jurisdiccionales son plenamente autónomos en el ámbito jurídico y no tienen superiores. Ilustrativo a lo anterior, resulta la tesis 2a./J. 36/2011 (10a.), Décima Época, publicada en la página 3515, Tomo IV, del mes de enero de 2012, de la Segunda Sala del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo". Finalmente, téngase por recibido el escrito enviado a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes por el apoderado legal de la parte quejosa, y en atención a su contenido, dígasele que se esté a lo acordado en el presente proveído. Notifíquese.
- Principal
VISTO el estado que guardan los presentes autos; de los que se advierte que mediante proveído de veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, se dio vista a las partes con el oficio signado por el Juez de Control del Primer Distrito Judicial de la Primera Región del Poder Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, por el cual manifiesta que dentro de la Carpeta Procesal CP/0211/2019 se acreditó la defensa técnica del defensor particular del aquí quejoso y se revocó la medida cautelar consistente en la prisión preventiva, imponiendo diversas medidas. Tal acuerdo se notificó al tercero interesado Evelin Yanet Torres Días Agente del Ministerio Público de Procedimiento Penal Acusatorio Adscrito a Unidad General de Investigación Número 1, por oficio 11440/2021, el veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, sin que hubiese desahogado la vista concedida. Consecuentemente, en términos del párrafo segundo del artículo 196 de la Ley de Amparo, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver, si de acuerdo a las constancias de autos, el fallo protector se encuentra cumplido. Al respecto, debe decirse lo siguiente: El Juzgado Octavo de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Mazatlán Sinaloa, por sentencia de siete de octubre de dos mil diecinueve, concedió la protección constitucional a la parte quejosa. Inconforme con esa resolución, el licenciado Bladimir Pedraza Tello autorizado del quejoso Saturnino Portales Verdines, y el Fiscal de la Federación Titular de la Agencia adscrita a este Juzgado, interpusieron recurso de revisión, el cual fue resuelto por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltillo Coahuila, el once de marzo de dos mil veinte, en el que resolvió: "PRIMERO. Se modifica la sentencia recurrida. SEGUNDO. Para los efectos precisados en esta ejecutoria, la Justicia de la Unión ampara y protege a Cristian Alan Andrade Hernández, contra las resoluciones dictadas por el Juez de Control del Primer Distrito Judicial de la Primera Región del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas en la audiencia inicial, dentro de la carpeta procesal CP/0211/2019.". Dentro de la ejecutoria de meritó, la Superioridad estableció que la responsable debe realizar lo siguiente: ". 1.- Requiera al que dijo ser defensor particular, Bladimir Pedraza Tello; para que en audiencia exhiba su cédula profesional o título que lo acredite como licenciado en derecho. 2.- En caso de que exista imposibilidad para exhibir cualquiera de los documentos indicados, la autoridad responsable deberá indagar ante las autoridades competentes sobre su existencia. 3.- En el supuesto de que no logre la referida acreditación, deberá dejar insubsistente la audiencia de veinticuatro de agosto de dos mil diecinueve relativa a la carpeta procesal CP/0211/2019, con sus consecuencias legales, debiendo señalar nueva fecha para su desahogo, con plena observancia de los derechos humanos del imputado, incluido el de adecuada defensa, de lo que deberá dejar constancia fehaciente. 4.- Si se logra la acreditación del abogado, se continuará con la secuela procesal. 5.- En su oportunidad, con libertad de jurisdicción, resuelva de manera fundada y motivada sobre la imposición de la medida cautelar solicitada, tomando en cuenta lo expuesto por la representación social y por la defensa del quejoso; y acorde al principio de mínima intervención.". Por auto de veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, se solicitó el cumplimiento de la ejecutoria. En atención a dicho requerimiento, por oficio número 1905/2021, la Jefa de la Unidad de Seguimiento de Causa de la Sala de Audiencias Victoria, remitió copia de auto emitido el dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, donde cito a las partes a audiencia. En vista a lo anterior, previa prorroga otorgada por auto de diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, mediante oficio 2104/2021, la Jefa de la Unidad de Seguimiento de Causa, de la Sala de Audiencias Ciudad Victoria, informó y allego videograbación de la audiencia llevada a cabo el veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, por lo que por auto de veintiséis siguiente, se dio vista a la parte quejosa quien quedo notificado del mismo y no formuló manifestación al respecto. Ahora bien, de la copia autentica del DVD remitido por la autoridad responsable se desprende que el Juez del Procedimiento Penal Acusatorio, requirió al abogado defensor a efecto de que se identificara, a lo cual, este último exhibió cedula profesional a través de la cual acredito su calidad; por lo anterior, el Juez solicito a la auxiliar de la Sala de Audiencia que verificara dicha información, realizando lo anterior la funcionario judicial en la página oficial del Registro Nacional de Cedulas Profesionales, refiriendo que efectivamente la defensa cuenta con su cedula profesional debidamente registrada. A continuación, el Juez y siguiendo con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, el Juez Penal procedió a emitir determinación sobre la imposición de medida cautelar, siguiendo el principio de mínima intervención, estableciendo la imposición cautelar de acudir el imputado a firmar de manera periódica ante la autoridad de supervisión de medidas cautelares (minuto quince con cincuenta y cinco segundos 15:55); todo lo anterior, dentro de la carpeta de procesal CP/0211/2019. Por consiguiente, quien ahora resuelve considera que con el actuar de la autoridad responsable se ha restituido a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales violados, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo; en tal virtud, se declara cumplida la sentencia protectora de garantías. Asimismo, se determina que no existió exceso o defecto en el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, pues por lo que hace a lo primero, la responsable no se extralimitó en su cumplimiento, al ir más allá del alcance de la ejecutoria que concedió el amparo, sino que dictó el laudo correspondiente al expediente de origen, cuya omisión se le reclamó en esta vía, tal como se le indicó en el fallo protector dictado por este Juzgado; tampoco se aprecia defecto, porque la responsable cumplió cabalmente con lo ordenado en la ejecutoria, esto es, no dejó de hacer algo que se le haya impuesto en la resolución de amparo. Lo anterior se ilustra con la tesis de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Primera Parte, julio a diciembre de 1988, Octava Época, Materia Común, página 217, que dice: "EJECUCIÓN, DEFECTO DE. NATURALEZA. El defecto de ejecución consiste en dejar de hacer algo de lo que la resolución de cuya ejecución se trate, disponga que se lleve al cabo o se realice, y no en efectuar una ejecución que por cualquier motivo, sea irregular, pues el vocablo "defecto", no está empleado en este segundo sentido por la Ley de Amparo, sino en el primero, ya que dicho ordenamiento, al hablar de exceso o defecto en la ejecución, emplea el segundo de esos términos, en contraposición al primero, queriendo significar con el vocablo "exceso" sobrepasar lo que mande la sentencia de amparo, extralimitar su ejecución y con el vocablo "defecto", realizar una ejecución incompleta, que no comprenda todo lo dispuesto en el fallo". En consecuencia, previa las anotaciones en el libro de gobierno, y una vez que obran glosadas las constancias de notificación a las partes, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese este expediente como asunto concluido, junto con los cuadernos incidentales correspondientes. Tómese nota que el presente asunto es susceptible de DEPURACIÓN, debiendo destruirse las constancias respectivas, con excepción de la demanda, sentencia constitucional y el cuaderno original del incidente de suspensión, dado que en la especie se concedió la medida cautelar solicitada por la parte quejosa. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; por lo que una vez que transcurran tres años contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, hágase lo conducente. Por lo que hace a los incidentes de suspensión, atendiendo a la fracción I, inciso a), del mismo numeral, el original de este es depurable, pues se concedió la medida cautelar solicitada; en tanto que el duplicado es destruible en un plazo de seis meses, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del aludido Acuerdo General. Con copia certificada de la presente determinación, dese cuenta dentro del cuaderno incidental derivado del expediente en que se actúa, sin mayor proveído, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, como lo establece el artículo 35 del citado Acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO: Se tiene por cumplida la sentencia de amparo dictada en el presente juicio. SEGUNDO: Se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese.
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