Carlos Alejandro Juárez Ortiz
Expediente 1768/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de diciembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1768/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 06/12/2023
Partes del expediente
- Carlos Alejandro Juárez Ortiz
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, seis de diciembre de dos mil veintitrés Agréguese a los autos el escrito enviado por el promovente ********************por medio del cual desahoga el requerimiento formulado en auto de veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés y al respecto señala correo electrónico a efecto de comparecer vía electrónica en términos de lo dispuesto por el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, para ratificar el escrito identificado con folio ********************ingresado a este juzgado para desahogar la prevención formulada el seis de noviembre del año en cita, por tanto se deja sin efectos el apercibimiento ahí decretado y al respecto se provee: Se requiere al promovente ********************para que comparezca vía electrónica mediante un único usuario, vía remota mediante videoconferencia a través de la aplicación "Cisco Webex", a las once horas del dieciocho de diciembre de dos mil veintitrés Por tanto, remítase la invitación al correo electrónico ******, para que asista vía remota a la videoconferencia a través de la aplicación "Cisco Webex", en términos de los artículos 27 y 28 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal Una vez enviada la invitación, ésta tendrá el carácter de citatorio y será remitido desde el correo institucional ********************, de la licenciada ********************, coordinadora Técnica Administrativa adscrita a este juzgado de Distrito Además las partes que intervengan en la diligencia, deberán estar disponibles quince minutos antes de la hora programada, a fin de preparar al interviniente en la implementación de la logística operacional de la diligencia de reconocimiento y ratificación del contenido del escrito identificado con folio ********************presentado en este órgano jurisdiccional en el que desea desahogar la prevención formulada el seis de noviembre del año en cita, hágase del su conocimiento que está a su disposición el correo institucional ********************para atender cualquier asunto relacionado con la diligencia señalada en párrafos precedentes Bajo el apercibimiento que en el caso de no comparecer vía videoconferencia para los efectos indicados se tendrá por no presentado el escrito identificado con folio ********************presentado en este órgano jurisdiccional y se continuará con la secuela procesal correspondiente De la misma manera, se dejan a salvo los derechos del promovente para hacer del conocimiento, la imposibilidad que tenga para comparecer en la fecha y hora señalada, por lo que se sugiere hacerse con la debida oportunidad para realizar las modificaciones que al caso correspondan Finalmente, con el fin de llevar la diligencia ordenada en párrafos que anteceden, por ésta ocasión, se ordena notificar personalmente al promovente en el domicilio señalado en el escrito presentado en acuerdo veintiocho de noviembre pasado Notifíquese y personalmente al promovente
- Principal
***EN DIECISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN PROVEÍDO DE DIECISÉIS DEL MES Y AÑO EN CURSO, SE NOTIFICA A **********, PARTE QUEJOSA EN EL JUICIO DE AMPARO EN QUE SE ACTÚA, EL ACUERDO DE DIEZ DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS Y LA RESOLUCIÓN DICTADA POR EL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA REGIÓN CON SEDE EN LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE A LA LETRA DICEN: "Ciudad de México, diez de noviembre de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México con el que remite el testimonio de la resolución del amparo en revisión 669/2022 de su estadística y el expediente citado al rubro, sin que sea el caso acusar recibo, en razón de que así lo precisa el citado tribunal colegiado. Comuníquese a las partes que el tribunal colegiado resolvió: "[.] PRIMERO. Se desecha el recurso de revisión adhesivo interpuesto por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, en términos del tercer considerando de esta ejecutoria. SEGUNDO. En la materia de la revisión, se revoca la sentencia recurrida. TERCERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, por los motivos y para los efectos precisados en los considerandos octavo y décimo de esta sentencia. [.]" De lo anterior, se toma conocimiento para los efectos legales conducentes, háganse las anotaciones en el libro electrónico. Glósense solamente las constancias que en original obran en el cuaderno de antecedentes formado con motivo del medio de impugnación. Efectos de la resolución Ahora, del análisis de la ejecutoria de amparo emitida por el órgano colegiado, se desprende que se concedió el amparo para los siguientes efectos: "[.] De acuerdo con las consideraciones expuestas, lo procedente es conceder la protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa para los efectos siguientes: a) Las autoridades fiscales competentes del Gobierno de la Ciudad de México ubiquen a la parte quejosa en el rango que le corresponde de la tabla establecida en la fracción I, del artículo 130 del Código Fiscal de la Ciudad de México, con base en el valor catastral del inmueble precisado en la demanda de amparo, siguiendo la mecánica del tributo, obtengan el impuesto a cargo del ejercicio fiscal dos mil veinte y, del resultado del monto a pagar, se le deberá descontar el 25% -veinticinco por ciento- correspondiente al subsidio previsto para el rengo "G" del inciso b) del artículo segundo del acuerdo reclamado; y, b) La cantidad obtenida se restará al monto del tributo que pagó del ejercicio Fiscal dos mil veinte y el resultado será la cantidad a devolver, debidamente actualizada. [.] Por tanto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 192, párrafo segundo, 193 y 194 de la Ley de Amparo, requiérase a la Dirección de Atención y Procesos Referentes a Servicios Tributarios de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, como autoridad vinculada al cumplimiento, así como a la mencionada secretaría en su carácter de superior jerárquico, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, acrediten con documentos fehacientes haber cumplido con los extremos del fallo protector que fueron precisados con antelación. Asimismo, se requiere a la Dirección de Atención y Procesos Referentes a Servicios Tributarios para que dentro de ese plazo y bajo el mismo apercibimiento, informe qué Administración Tributaria, será la encargada de realizar la devolución de la cantidad que resulte con motivo de la mecánica establecida en los efectos de la ejecutoria relativo al inmueble en que tributa el quejoso en la cuenta predial ********************. A efecto de que las autoridades requeridas se impongan del contenido de dicha determinación, remítasele copia de la ejecutoria emitida en el amparo en revisión 669/2022 del índice del tribunal colegiado precisado. Apercibimientos por incumplir la sentencia de amparo En caso de no cumplir con la sentencia de amparo, se realizará lo siguiente: a) Se impondrá a cada una de las autoridades una multa de cien a mil veces el valor de la unidad de medida de actualización vigente, de conformidad con lo previsto en los artículos 192, párrafo segundo y tercero, y 193, en relación con los diversos 238 y 258, todos de la Ley de Amparo. b) Se emitirá el pronunciamiento en el que se determinará por qué a juicio de esta juzgadora no se encuentra cumplida, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero del artículo 193 de la ley de la materia. c) Se remitirán los autos al tribunal colegiado, en turno, para seguir con el trámite de inejecución a que se hace referencia en la fracción XVI, del artículo 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los que en su caso, podría culminar en la separación inmediata del cargo por contumacia y su consignación penal ante el juez de Distrito por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo. Con independencia de lo anterior, se les hace del conocimiento que aun cuando dejen su puesto seguirán siendo responsables del desacato al fallo constitucional durante el tiempo que duró su encargo y, por tal razón, podrán ser consignadas en términos del artículo 198 de la Ley de Amparo. En el entendido de que: 1. Las autoridades vinculadas al cumplimiento deben cumplir la totalidad de lo requerido en la ejecutoria de amparo en el plazo fijado, pues en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo el cumplimiento extemporáneo injustificado no las exime de responsabilidad. Es aplicable la jurisprudencia del Pleno de nuestro más Alto Tribunal: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN LOS CASOS EN QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y/O VINCULADAS AL CUMPLIMIENTO LO REALICEN DE MANERA EXTEMPORÁNEA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En caso de que el órgano de amparo que conozca del procedimiento para el cumplimiento de una sentencia concesoria estime que las autoridades responsables y/o vinculadas a su cumplimiento han incurrido en una actitud evasiva o el uso de procedimientos ilegales que propicien el retardo en su acatamiento y, en consecuencia, remita los autos al órgano correspondiente, Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según sea el caso, debe estimarse que estos órganos están en aptitud de determinar si las autoridades actuaron o no de manera evasiva o a través del uso de procedimientos ilegales que hubieren generado el retardo en el cumplimiento de la sentencia de amparo, o que el cumplimiento se llevó a cabo fuera de los plazos establecidos para tal efecto en la Ley de Amparo, incluso, podrán verificar la legalidad de las multas que se hubieren impuesto, tomando en cuenta si la autoridad responsable y/o vinculada han cumplido con los plazos previstos en la Ley de Amparo o bien adviertan la existencia de una causa justificada para no cumplir en esos términos. Ahora bien, si una vez concluido el plazo otorgado para el cumplimiento de la sentencia de amparo y antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva sobre la aplicación de las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se presenta el cumplimiento de la sentencia de amparo, dando lugar a que el órgano que concedió el amparo determine que éste se ha acatado, ello no dará lugar a que por ese hecho el asunto quede sin materia, pues de lo contrario se haría nugatorio lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley de Amparo, en cuanto a que el incumplimiento extemporáneo no exime de responsabilidad cuando sea injustificado. De este modo, deberá ser valorado por el órgano que corresponda Juez de Distrito, Tribunal Colegiado de Circuito o incluso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando los autos estén radicados en ésta, si en el caso existe justificación para el cumplimiento extemporáneo, pues de considerar lo contrario, deben aplicarse las sanciones previstas en el artículo 107, fracción XVI constitucional. Cabe agregar que en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la determinación sobre la justificación del cumplimiento extemporáneo corresponde, en principio, al Ministro Ponente, el cual con base en la resolución que hubiere causado estado en el sentido de que el fallo constitucional ha quedado cumplido, sin excesos ni defectos, podrá valorar en el dictamen en el que se proponga declarar sin materia el incidente respectivo las causas de justificación de la extemporaneidad. Lo anterior, sin menoscabo de que cuando se estime necesario revocar las multas impuestas en el respectivo procedimiento de ejecución o se considere dudosa la justificación del cumplimiento extemporáneo, la competencia para resolver lo conducente corresponda a las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación." 2. Se considerará incumplimiento: a) el retraso por medio de evasivas, lo cual se actualizará cuando la autoridad lleve a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo, b) los procedimientos ilegales de la autoridad responsable o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo, entendidos por éstos cuando se lleven a cabo, -so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo-, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo, lo anterior, tiene fundamento en el artículo 193, párrafo segundo, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE APARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En términos del citado precepto legal, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En atención a lo anterior, en los casos en que las autoridades pretendan acreditar el cumplimiento de la sentencia de amparo -pero no cuando han sido omisas al respecto-, el Juez de Distrito o el Tribunal Colegiado de Circuito, según sea el caso, deberá considerar si la actuación de la autoridad responsable o vinculada al cumplimiento implica un actuar evasivo respecto del incumplimiento de la sentencia de amparo o si se han efectuado procedimientos ilegales que retarden su cumplimiento, cuyo objetivo consista en no cumplir con el mandato federal, pues sólo en esos supuestos deberá imponerse la multa correspondiente y continuar con el procedimiento de inejecución, mediante el envío de los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, para que en el momento procesal oportuno, en caso de que proceda, se determine la destitución del cargo y, posteriormente, la consignación de las autoridades contumaces. Así, el incumplimiento por medio de evasivas se actualizará cuando las autoridades responsables o vinculadas lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo, lo que, en todo momento, deberá analizarse en función tanto de los efectos plasmados en la sentencia de amparo, como, y especialmente, del requerimiento de su cumplimiento, pues en la medida en que éstos se encuentren claramente determinados, podrán imponerse las sanciones aplicables por el incumplimiento del fallo protector. Debe entenderse que se retrasa el cumplimiento de la sentencia de amparo por medio de procedimientos ilegales, cuando se lleven a cabo, so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. En términos de lo anterior, debe considerarse que si una autoridad responsable o vinculada, según sea el caso, propone el cumplimiento de la sentencia de amparo y ello no satisface al órgano jurisdiccional -pero éste no advierte una actitud evasiva o la práctica de procedimientos ilegales que generen retraso en el cumplimiento de la sentencia-, se deberá requerir de nueva cuenta el cumplimiento de la sentencia de amparo especificando qué debe realizar la autoridad responsable y/o vinculada al cumplimiento y las razones por las que el acto con el que la autoridad pretendía cumplir no satisfacen esta condición, sin que ello dé lugar a la imposición de una multa o al envío de los autos al órgano jurisdiccional competente (Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda) para continuar el trámite respectivo, pues esto último sólo ocurrirá cuando se advierta que se actualiza alguna o ambas de las condiciones apuntadas -actos evasivos o la práctica de procedimientos ilegales- que retardan el cumplimiento de la sentencia de amparo, tal y como se establece en el artículo 196 de la ley de la materia. De igual manera, cuando las autoridades judiciales de amparo adviertan que existe exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia de amparo y que por ello no puede tenerse como cumplida tal y como lo ordena el artículo 196 de la Ley de Amparo, ello tampoco da lugar a que se continúe con el trámite de inejecución que eventualmente puede concluir con la aplicación de las sanciones (pecuniaria, separación del cargo y consignación ante un Juez penal), sino que se deberá requerir a la autoridad para que subsane dicha deficiencia (exceso y defecto) y exprese con claridad la razón por la que se considera que existe un cumplimiento excesivo o defectuoso." 3. No basta que el superior jerárquico emita un oficio en el que indique que giró una orden a la autoridad directamente obligada al cumplimiento del fallo protector, para que se consideren colmadas sus obligaciones en la etapa de ejecución de una sentencia protectora de derechos humanos, sino que debe demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones, que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer, a fin de constreñirla al debido cumplimiento de las ejecutorias de amparo, pues de lo contrario se le impondrán las sanciones previstas en la propia ley, esto es, una multa y, en su caso, la separación del cargo y su consignación ante un juez de Distrito. Notifíquese y personalmente al quejoso." Y "PRIMERO. Se desecha el recurso de revisión adhesivo interpuesto por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, en términos del tercer considerando de esta ejecutoria. SEGUNDO. En la materia de la revisión, se revoca la sentencia recurrida. TERCERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, por los motivos y para los efectos precisados en los considerandos octavo y décimo de esta sentencia. [.]". NOTIFÍQUESE.***
- Principal
Ciudad de México, seis de noviembre de dos mil veintitrés. Ténganse por recibidos los oficios suscritos por ******************** en su carácter de delegado de Programas para el Desarrollo en el Estado de Guanajuato y por ********************, titular de la Unidad del Abogado General y Comisionado para la Transparencia de la Secretaría de Bienestar por sí y en representación de la citada Secretaría, por los que realizan manifestaciones relativas al cumplimiento de la ejecutoria emitida en autos. Por lo que en relación a las manifestaciones de cumplimiento vertidas, primeramente debe precisarse que la concesión del amparo fue para el efecto siguiente: "[.] Una vez que las quejosas ******************** entreguen a la Delegación de la Secretaría de Bienestar en el Estado de Guanajuato, las listas de registro de asistencia de los menores que durante los meses de enero y febrero de dos mil diecinueve se encontraban registrados para acudir a las estancias infantiles de las que son responsables, se realice el pago correspondiente a dichos meses a cada una de ellas, conforme se venía haciendo, acorde con el Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras para el Ejercicio Fiscal 2018; pues aun cuando dicho acuerdo fue abrogado por el diverso Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras para el Ejercicio Fiscal 2019, que entró en vigor a partir del uno de marzo de dos mil diecinueve (un día después de su publicación), en las disposiciones transitorias de éste, se ordenó entregar los apoyos correspondientes a los meses de enero y febrero de ese año conforme a lo ahí previsto. [.]" De lo trascrito, se advierte que el efecto protector consiste en que se realice el pago a las quejosas conforme se venía haciendo, correspondiente a los meses de enero y febrero de dos mil diecinueve, acorde con el Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras para el Ejercicio Fiscal dos mil dieciocho. En ese sentido, en los oficios del delegado de Programas para el Desarrollo en el Estado de Guanajuato, así como del abogado general y comisionado para la Transparencia y en representación de la titular, todos de la Secretaría de Bienestar, señalan y reiteran nuevamente: 1) Que de acuerdo a lo ordenado en la sentencia por el tribunal colegiado, era necesario que la quejosa exhibiera las listas de asistencia de los meses de enero y febrero de dos mil diecinueve, ante la delegación de la Secretaría de Bienestar de Guanajuato, lo cual no aconteció, por lo que este juzgado por acuerdo de ocho de marzo de este año, le requirió el cumplimiento con las listas que le envió y que obran en el tomo de pruebas. 2) Que los pagos correspondientes a los meses de enero y febrero de dos mil diecinueve, se efectuaron durante el mes de marzo de dos mil diecinueve a los beneficiarios (madres, padres y tutores) que se encontraban dados de alta en el padrón de beneficiarios del extinto Programa de Estancias Infantiles a diciembre de dos mil dieciocho, de acuerdo al artículo tercero transitorio de la reglas de operación vigentes para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, y que las quejosas continuaron prestando los servicios de estancias infantiles en los meses de enero y febrero de dos mil diecinueve, aun cuando no existía un convenio de concertación vigente, por lo que al otorgar pago alguno a éstas, se estaría reconociendo un derecho que ya fue ejercido por los derechohabientes legítimos de conformidad con las reglas de operación. 3) Que dados los pagos realizados a las personas contempladas en las Reglas de Operación como beneficiarias directas y que obran en copia certificada, se encuentran materialmente imposibilitados para emitir un doble pago a las personas responsables de las estancias infantiles. 4) Que en el ejercicio dos mil diecinueve no existió ninguna relación contractual entre esa Secretaría y las personas a cargo de alguna estancia infantil, por lo que se está materialmente y jurídicamente imposibilitada en cumplir la ejecutoria. 5) Por último, manifiestan como hecho notorio que en diversos órganos jurisdiccionales, en relación con el cumplimiento, sólo se han reconocido el pago a las madres, padres o tutores, haciendo énfasis que no sólo las reglas de operación señalan a quienes corresponde el pago, por lo que solicitan se realice la vinculación y notificación como autoridades responsables para dar cumplimiento al fallo protector a las madres, padres o tutores que indican. Al respecto, dígase a las autoridades que, en un primer aspecto, el tribunal colegiado resolvió que las quejosas ******************** debían entregar a la Delegación de la Secretaría de Bienestar en el Estado de Guanajuato, las listas de registro de asistencia de los menores que durante los meses de enero y febrero de dos mil diecinueve, que se encontraban registrados para acudir a las estancias infantiles de las que son responsables, lo cual ya aconteció. En consecuencia, las autoridades responsables deben realizar el pago correspondiente a dichos meses a cada una de las quejosas, conforme se venía haciendo, acorde con el Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras para el Ejercicio Fiscal dos mil dieciocho. Así, este juzgado solicitó el cumplimiento consistente en realizar el pago correspondiente a dichos meses (enero y febrero de dos mil diecinueve) a cada una de ellas, conforme se venía haciendo (del ejercicio fiscal dos mil dieciocho) el cual no se ha efectuado. Requerimiento a la autoridad responsable y vinculada al cumplimiento. En consecuencia, con fundamento en lo que se establece en el artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se requiere nuevamente a ******************** en su carácter de delegado de la Secretaría de Bienestar en el Estado de Guanajuato, como autoridad obligada al cumplimiento del fallo protector y a ******************** abogado general y comisionado para la Transparencia de dicha secretaría, como autoridad vinculada al cumplimiento, para que en el plazo de diez días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, cumplan la ejecutoria de amparo en los términos señalados por el tribunal de colegiado, esto es, realicen lo siguiente: Con las listas de registro de asistencia de los menores que durante los meses de enero y febrero de dos mil diecinueve se encontraban registrados para acudir a las estancias infantiles de las que son responsables, realice el pago correspondiente a dichos meses a cada una de las quejosas ********************, conforme se venía haciendo, acorde con el Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Estancias Infantiles para Apoyar a Madres Trabajadoras para el Ejercicio Fiscal dos mil dieciocho, pues aun cuando dicho acuerdo fue abrogado por el diverso Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras para el Ejercicio Fiscal dos mil diecinueve, que entró en vigor a partir del uno de marzo de dos mil diecinueve (un día después de su publicación), en las disposiciones transitorias de éste, se ordenó entregar los apoyos correspondientes a los meses de enero y febrero de ese año conforme a lo ahí previsto. Una vez hecho lo anterior, remita copian certificada de las constancias que así lo acrediten. Lo anterior, bajo el apercibimiento que de no desahogar este requerimiento o manifestar la imposibilidad para hacerlo: Se hará del conocimiento al Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, en el incidente de inejecución de sentencia 788/2023, para los efectos legales procedentes. Con independencia de lo anterior, se hace del conocimiento a las responsables que aun cuando dejen de ostentar el cargo que desempeñan seguirán siendo responsables del desacato al fallo constitucional durante el tiempo que duró su encargo y, por tal razón, podrán ser consignadas en términos de lo establecido en la fracción XVI del precepto 107 constitucional y 198 de la mencionada ley. Requerimiento al superior jerárquico. Con fundamento en lo establecido en el artículo 192, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se requiere nuevamente a ********************, en su carácter de titular de la Secretaría de Bienestar, en su calidad de superior jerárquico de las autoridades responsables obligadas al cumplimiento del fallo, para que dentro del mismo plazo de diez días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, ordene a sus subordinados cumplir la ejecutoria de amparo. Lo anterior, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden en dicho plazo, se le impondrá una multa de cien a mil unidades de medida de actualización, en términos de lo que se establece en el artículo 258, de la Ley de Amparo, además que incurrirá en las mismas responsabilidades de las autoridades obligadas al cumplimiento. En el entendido que: 1. Las autoridades responsables y su superior jerárquico deben cumplir la totalidad de lo requerido en la ejecutoria de amparo en el plazo fijado, pues en términos de los que se establece en el artículo 195, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 60/2014 (10a.) el cumplimiento extemporáneo injustificado no las exime de responsabilidad. 2. Se considerará incumplimiento: a) el retraso por medio de evasivas, lo cual se actualizará cuando las autoridades lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo; b) los procedimientos ilegales de las autoridades responsables o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo, entendidos por éstos cuando se lleven a cabo, -so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo-, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. Lo anterior, en términos de lo dispuesto en el artículo 193, párrafo segundo, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 58/2014 (10a.). 3. No basta que el superior jerárquico emita un oficio en el que indique que giró una orden a la autoridad directamente obligada al cumplimiento del fallo protector, para que se consideren colmadas sus obligaciones en la etapa de ejecución de una sentencia protectora de derechos humanos, sino que debe demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones, que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer, a fin de constreñirla al debido cumplimiento de las ejecutorias de amparo, pues de lo contrario se hace acreedor a las sanciones previstas en la propia ley, esto es, la imposición de una multa y, en su caso, a la separación del cargo y su consignación ante un juez de Distrito. Se informa a tribunal colegiado Se ordena hacer del conocimiento del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, en el incidente de inejecución de sentencia 788/2023 esta determinación, para los efectos legales procedentes. Notifíquese.
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