Carlos Alejandro Gómez Martínez

Expediente 692/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
692/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
22/11/2023

Partes del expediente

  • Carlos Alejandro Gómez Martínez

Actuaciones

  1. Incidental

    R E S U E L V E: ÚNICO. Se CONCEDE la suspensión definitiva solicitada por********************, en contra de la autoridad y por el acto precisado en el resultando primero, en términos del considerando tercero de la presente interlocutoria.

  2. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a catorce de noviembre de dos mil veintitrés. RADICACIÓNVista la demanda de amparo promovida por CARLOS ALEJANDRO GÓMEZ MARTÍNEZ y JOSUÉ DILIEGROS PÉREZ, por propio derecho, contra actos de la Jueza de Control adscrita al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal oral de esta ciudad (Ángela Peralta Meza), por violación a los artículos 14, 16 y 19 Constitucionales. Fórmese expediente, anótese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 692/2023, que le correspondió y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). REPRESENTANTE COMÚNCon fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se designa como representante común a CARLOS ALEJANDRO GÓMEZ MARTÍNEZ, sin perjuicio de que los quejosos puedan designar uno diverso con posterioridad. ADMISIÓN DE LA DEMANDAToda vez que se encuentra ajustada a derecho, con apoyo en lo dispuesto por los numerales 103, fracción I y 107 de la Constitución General de la República, 108, 110, 112 y 115 de la Ley de Amparo, SE ADMITE LA DEMANDA. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN De conformidad con lo dispuesto por los artículos 128 de la ley de la materia y 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo; con copia del escrito de demanda y por separado, tramítese el incidente de suspensión, sin necesidad de formar duplicado. REQUERIMIENTO DE INFORME JUSTIFICADO De conformidad con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad responsable su informe justificado que deberá rendir dentro del plazo de QUINCE DÍAS legalmente computado; bajo el apercibimiento que de no hacerlo así o de hacerlo fuera del plazo que se concede o sin remitir las copias certificadas en forma completa, legibles y ordenadas de las constancias necesarias u originales en caso de asuntos concluidos, para apoyar su informe, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo de la parte quejosa acreditar su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1° de la ley de la materia. Además, se le impondrá una multa por el equivalente a cien días de acuerdo al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de conformidad con los numerales 260, fracción II y 238 de la legislación invocada. Cabe precisar que aun cuando existan días inhábiles que no se encuentren previstos en la Ley de Amparo, se debe rendir el informe justificado en el lapso concedido, debiendo tomar en cuenta que no puede justificarse en el plano constitucional que deban descontarse dentro del cómputo de los plazos en el juicio de amparo, días que no se encuentren previstos expresamente en las normas que lo rigen; pues el legislador, en ejercicio de sus facultades de configuración normativa, los estableció orgánicamente para darle funcionalidad al juicio de amparo como un medio de control constitucional idóneo, eficaz, accesible y breve para analizar violaciones a derechos humanos, y así salvaguardar otros, entre ellos el de seguridad jurídica. De igual forma, es importante destacar que los periodos vacacionales no serán motivo de justificación para la interrupción del plazo concedido para rendir el informe de ley; en razón de que no están contemplados como inhábiles en la Ley de Amparo; ni es atribuible a los particulares, aunado que las autoridades al contar con los recursos físicos y materiales pueden hacer frente a sus deberes procesales dentro de los juicios de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1/2022 (10ª), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 12, del Tomo I, Undécima Época, abril de 2022, registro digital 2024510, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "PLAZOS PARA QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES JURISDICCIONALES ACTÚEN DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. EN SU CÓMPUTO NO DEBEN DESCONTARSE LOS DÍAS QUE CONFORME A SU NORMATIVA HAYAN SIDO DECLARADOS INHÁBILES, CUANDO NO ESTÉN PREVISTOS EN LA LEGISLACIÓN DE AMPARO APLICABLE." AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTIUNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la audiencia constitucional. CAUSAS DE SOBRESEIMIENTO Se previene a las partes que de conocer alguna causa de sobreseimiento están obligadas a informarlo de inmediato a este órgano jurisdiccional, de conformidad con el artículo 64, de la Ley de Amparo; y, en caso de no hacerlo así, se le impondrá una multa por el equivalente a treinta días de acuerdo al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), con fundamento en el diverso 251 de la propia legislación. VISTA A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITA Dese vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, para los efectos de su representación social, en términos de lo dispuesto por el artículo 5°, fracción IV, de la ley de la materia. FISCAL TERCERO INTERESADO Ahora bien, del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa refiere que el Fiscal Tercero de la Unidad Integral de Procuración de Justicia del Séptimo Distrito Judicial con residencia en esta ciudad (Cesar G. Martínez Sampeiro), intervino en el desarrollo de la audiencia de vinculación a proceso, al ser quien realizó la imputación directa a los quejosos, en virtud de lo anterior se advierte que al mismo le reviste el carácter de tercero interesado, no así de autoridad responsable como lo precisa el quejoso en su escrito de demanda. Por tanto, con fundamento en el artículo 5° de la Ley de Amparo, téngase como tercero interesado al referido fiscal, quien deberá ser emplazado a juicio mediante atento oficio que al efecto se le gire, en términos de los artículos 26, fracción II, inciso b) y 116 párrafo segundo, de la Ley de Amparo; a quien se le correrá traslado con copia simple de la demanda que para tal efecto se acompaña, haciéndole saber la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, a efecto de que pueda comparecer al procedimiento constitucional si a su interés conviene; en la inteligencia que al no tener calidad de responsable no tiene que rendir ningún tipo de informe. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia siguiente: Época: Décima Época Registro: 2002386 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 1 Materia(s): Común, Penal Tesis: 1a./J. 87/2012 (10a.) Página: 464 REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. LA OMISIÓN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 155 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE VIOLACIÓN A LAS REGLAS ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO QUE LA PROVOCA. De la interpretación sistemática de los artículos 5o., fracción IV, 155, último párrafo y 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, se llega a la conclusión de que la omisión de notificar al Ministerio Público que actúe en el proceso penal sobre la presentación de la demanda en que se impugna la resolución jurisdiccional reclamada en el juicio de amparo, para que pueda formular alegatos por escrito, constituye una violación a las reglas esenciales del procedimiento, porque puede influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva, motivo por el cual ante esa circunstancia procede que la autoridad revisora ordene la reposición del procedimiento. Lo anterior, porque el Ministerio Público de referencia fue incorporado a la sustanciación del juicio de garantías, con la finalidad de garantizar su intervención, en vista de que dicha institución es la que puede manifestar con mayor claridad el interés que representa en relación con los juicios en que interviene, es decir, se integró sólo en la fase de tramitación de la audiencia constitucional, con derecho a ser oída en el juicio de amparo. En virtud de lo expuesto, se comisiona a la oficial judicial "A", que capture al mencionado fiscal como tercero interesado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. REQUERIMIENTO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES EN TORNO A LA PARTE TERCERA INTERESADA Toda vez que el quejoso manifiesta que desconoce de la existencia de algún tercero interesado en el presente asunto; sin embargo, se estima que por lo que respecta al que pudiera surgir en este juicio, con tal carácter, conforme a lo que dispone el artículo 5, fracción III, incisos c) y e), de la Ley de Amparo, para el caso de que el acto reclamado sea cierto, requiérase al juez responsable, para que al momento de rendir su informe justificado, indique lo siguiente: * La Fiscalía a la que se encuentra adscrito el Agente del Ministerio Público que haya intervenido en el procedimiento penal del cual deriva el acto aquí reclamado; y * El nombre y domicilio completo del ofendido o víctima en el proceso penal seguido en contra del peticionario del amparo. Lo anterior, a fin de que este Juzgado Federal esté en aptitud de decretar las medidas pertinentes para proveer sobre su carácter de tercero interesado y estar en posibilidad de emplazarlo a la presente instancia judicial. Bajo el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, o de no manifestar el impedimento legal que tengan para hacerlo, con fundamento en los artículos 237, fracción I y 244, de la Ley de Amparo, se les impondrá una medida de apremio consistente en una multa por el equivalente a cien días de acuerdo al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado por las promovente en su escrito de demanda y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Marcos García Olmedo y Joaquín García Salazar, toda vez que tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y los Juzgados de Distrito, tal como se advierte de la certificación secretarial de cuenta. NOTIFICACIONES DE LOS POSIBLES DIFERIMIENTOS Por otro lado, se instruye a los actuarios judiciales para que los posibles diferimientos de la audiencia constitucional, se realicen a las partes en el presente asunto, por medio de lista que se fije y publique en los estrados de este órgano jurisdiccional, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, incluida la autoridad responsable, toda vez que el artículo 26, fracción I de la Ley de Amparo, prevé expresamente los supuestos en que el juzgador está obligado a comunicarles personalmente las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción; de ahí que resulte suficiente que ese tipo de acuerdos se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 de la ley de la materia. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se le informa en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores. Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente jurisprudencia: Época: Décima Época Registro: 2002576 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 176/2012 (10a.) Página: 1253 NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar. Por tanto, en caso de que se difiera la audiencia constitucional, la notificación de dicho acuerdo, se realizará únicamente a través de lista; lo anterior con independencia de que si dicho proveído contuviera algún aspecto que, por su trascendencia, deba ser plenamente conocido por las partes, se ordenará la notificación correspondiente. NOTIFICACIÓN Y HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con el propósito de evitar dilaciones en el presente asunto, se indica a los actuarios que conforme lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Amparo, las resoluciones que se dicten deben notificarse a más tardar dentro del tercer día hábil siguiente, salvo en materia penal, dentro o fuera del procedimiento, en que se notificará inmediatamente en que sean pronunciadas. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución; con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio deban realizarse notificaciones personales a las partes que intervengan en este, se habilitan días y horas que resulten necesarios para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción puedan efectuar tales diligencias. DIGITALIZACIÓN Y EXPEDIENTE ELECTRÓNICO En observancia al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, y al artículo 3 de la Ley de Amparo, se ordena la creación del expediente electrónico, asimismo, que todas las constancias y documentos del expediente físico deberán digitalizarse e incorporarse al expediente electrónico; en cambio, las constancias y documentos electrónicos no se incorporarán al expediente físico, por lo cual, éste únicamente contendrá las promociones físicamente recibidas y las constancias de notificación que se generen de la misma manera. RESERVA DE INFORMACIÓN Este órgano jurisdiccional como parte del Poder Judicial de la Federación, debe garantizar el derecho de acceso a la información, pero siendo responsable de los datos personales y sensibles, contenidos en los acuerdos y resoluciones que se dicten y cumplir con las obligaciones establecidas en las leyes de la materia. EXHORTO A LAS PARTES PARA LA TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA DEL JUICIO EN LÍNEA De conformidad con el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que, cuando sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. Notifíquese; y emplácese por oficio al fiscal tercero interesado. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la Jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, Titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el secretario Bruno Aníbal Rivera García, que autoriza y da fe.

  3. Incidental

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a quince de noviembre de dos mil veintitrés. FORMACIÓN DEL INCIDENTEComo está ordenado en esta fecha en el cuaderno principal, con fundamento en los artículos 128 de la Ley de Amparo y 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, con copia de la demanda de amparo, fórmese y tramítese por separado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 692/2023, promovido por ****************************************, por propio derecho, contra actos de la Jueza de Control adscrita al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal oral de esta ciudad (********************), por violación a los artículos 14, 16 y 19 Constitucionales. REQUERIMIENTO DE INFORME PREVIO Con apoyo en los artículos 138, fracción III y 140 de la Ley de Amparo, por oficio, con copia simple de la demanda, pídase a la autoridad responsable su informe previo que deberá rendir dentro del término de CUARENTA Y OCHO HORAS; con el apercibimiento que de omitir rendirlo dentro del término señalado, se presumirá cierto el acto reclamado y con fundamento en el artículo 260, fracción I y 238 de la ley de la materia, se le impondrá una multa por el equivalente a cien días de acuerdo al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). AUDIENCIA INCIDENTAL Se señalan las DOCE HORAS CON CINCO MINUTOS DEL VEINTIDOS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia incidental. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO De la integralidad de la demanda de amparo, en un sentido congruente con todos sus elementos, y atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión, se advierte que los quejosos reclaman el acto siguiente: El auto de vinculación a proceso de once de octubre de la presente anualidad, dictado en el proceso penal ******************** del índice del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral con sede en esta ciudad. Se precisa de tal modo, en virtud de que en el juicio de amparo del que deriva la presente incidencia se señaló que la fiscalía a quien la parte quejosa señaló como autoridad responsable, tiene el carácter de tercera interesada, pues es quien realizó la imputación a los quejosos, lo que se precisa para los efectos correspondientes. CONCESIÓN DE LA SUSPENSIÓN Toda vez que, en la especie, se colman los extremos previstos por los numerales 128 y 138 de la Ley de Amparo; se CONCEDE la suspensión provisional del acto reclamado consistente en el auto de vinculación a proceso dictado en contra de la parte quejosa, dentro del proceso penal ******************** del índice del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral con residencia en esta ciudad, para que el juez de control responsable realice lo siguiente: 1. Suspenda el procedimiento en lo que corresponda a la parte aquí quejosa, una vez concluida la etapa intermedia el Juez de Control responsable debe suspenderlo hasta en tanto se resuelva el juicio de amparo principal. 2. En caso de que ya se haya formulado el auto de apertura de juicio oral, se deberá comunicar la presente determinación al juez oral que conozca del asunto, para que suspenda la celebración de la audiencia del juicio oral; y, 3. En el supuesto de que ya se hubiese iniciado la audiencia oral penal, se suspenda su continuación en lo que corresponda a los inculpados, hoy quejosos, lo anterior una vez desahogadas las pruebas, por lo que debe abstenerse de dictar sentencia hasta que reciba la ejecutoria que se dicte en el juicio de amparo principal del que derivó el presente cuaderno incidental. Cobra sustento la tesis jurisprudencial 25/2023 que dice: "SUSPENSIÓN DEL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE SU CONCESIÓN EN RESPETO AL DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. HECHOS: Un Tribunal Colegiado y un Pleno de Circuito se pronunciaron respecto a la procedencia de la suspensión; provisional en el caso del primer órgano jurisdiccional y definitiva respecto del segundo, cuando el acto reclamado en el amparo indirecto consistía en el auto de vinculación a proceso. Y en sus respectivas resoluciones, sobre la base de las consideraciones que emitió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 414/2011, que dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 101/2012 (10a.), el primero de ellos sostuvo que no era procedente conceder la suspensión provisional porque se trataba de un acto que no generaba en automático la privación total de la libertad personal del imputado; mientras que el segundo consideró que el auto de vinculación a proceso generaba una perturbación que, aunque indirecta, incidía en la libertad personal del imputado y, por ello, era susceptible de otorgarse la suspensión definitiva. CRITERIO JURÍDICO: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el auto de vinculación a proceso no genera efecto alguno sobre la libertad de la persona imputada. Sin embargo, en respeto al derecho fundamental a un recurso judicial efectivo, una vez reunidos los requisitos establecidos en los artículos 128 y 138 de la Ley de Amparo, procede su suspensión, ya sea provisional y/o definitiva, en términos y para los efectos del segundo párrafo de la fracción XVII del artículo 61 de la propia ley, cuando la parte quejosa solicita esa medida cautelar en el juicio de amparo indirecto que promueve contra esa determinación procesal que define su situación jurídica. JUSTIFICACIÓN: El criterio reflejado en la jurisprudencia 1a./J. 101/2012 (10a.), de rubro: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. AL AFECTAR TEMPORALMENTE LA LIBERTAD DEL INCULPADO SE ACTUALI********************A UNA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD Y, POR TANTO, EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.", con relación a los alcances y efectos del auto de vinculación a proceso sobre el derecho fundamental a la libertad personal de los imputados, no resulta acorde con las disposiciones de la Ley de Amparo en vigor, a partir del tres de abril de dos mil trece; y en consecuencia, no es aplicable a supuestos regidos por ésta. Ello, porque tanto del Código Nacional de Procedimientos Penales como de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se desprende que el auto de vinculación a proceso no tiene incidencia alguna sobre el derecho fundamental a la libertad de la persona imputada; pues del código mencionado se colige que sus efectos se limitan a establecer el hecho o los hechos delictivos sobre los que se continuará el proceso, o bien, respecto de los que se determinarán las formas anticipadas de su terminación, la apertura al juicio o el sobreseimiento, lo que pone en evidencia que su objetivo se constriñe a definir la situación jurídica de la persona imputada y no privarla de su libertad para asegurar su presencia en el procedimiento, ya que para tales efectos se prevén otras medidas legales; y en la Ley de Amparo, a pesar de que el auto de vinculación a proceso constituye una resolución que para los efectos de la procedencia del juicio constitucional, excepciona el principio de definitividad, se le desvincula por completo de aquellos actos que afectan la libertad personal. Y precisamente porque el auto de vinculación a proceso no afecta ese derecho fundamental de los imputados de un delito, es por lo que no figura en la parte especial dedicada a la procedencia y efectos de la suspensión de actos en materia penal, que se regula en los artículos 159 a 169 de la Ley de Amparo. Sin embargo, ello no implica que dicha medida cautelar no proceda respecto de esa resolución procesal porque la Primera Sala, en la contradicción de tesis 397/2016, estableció que el hecho de que un acto de la materia penal no se encuentre contemplado dentro de los supuestos de procedencia de la suspensión del acto reclamado que precisó el legislador en la parte especial de la Ley de Amparo, no es suficiente para determinar que la medida cautelar sea improcedente porque, en principio, todo acto reclamable es susceptible de ser suspendido, como consecuencia directa del derecho fundamental a la tutela jurisdiccional efectiva. En ese orden de ideas, tratándose de la suspensión del auto de vinculación a proceso, se debe atender a las reglas generales que regulan los tipos de suspensión de oficio y a petición de parte, aplicables a todas las materias, previstas en la Ley de Amparo; y una vez constatado que se reúnen los requisitos establecidos en los artículos 128 y 138 de ese ordenamiento legal, procederá la medida cautelar, ya sea provisional y/o definitiva, en términos y para los efectos del segundo párrafo de la fracción XVII del artículo 61 de la misma ley, es decir, para que la autoridad jurisdiccional de control suspenda el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente." REQUISITO DE EFECTIVIDAD Esta medida cautelar surte sus efectos de inmediato y sin necesidad de otorgar garantía alguna dada la naturaleza del acto que en la especie se reclama. APERCIBIMIENTO EN CASO DE NO CUMPLIR CON LA SUSPENSIÓN Esta suspensión debe ser acatada por las autoridades responsables, apercibidas que en caso de desobediencia se procederá conforme a lo dispuesto por el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo. NOTIFICACIÓN AL TERCERO INTERESADO Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 5° de la Ley de Amparo, notifíquese por oficio el presente acuerdo al fiscal tercero interesado. Es aplicable al caso por su contenido jurídico la jurisprudencia siguiente: Época: Novena Época Registro: 190667 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XII, Diciembre de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 143/2000 Página: 23 SUSPENSIÓN PROVISIONAL. DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE AL TERCERO PERJUDICADO EL PROVEÍDO QUE LA CONCEDE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia número 309, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo III, página 223, de rubro: "NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. CRITERIO EN VIGOR.", estableció que la facultad que se confiere al juzgador en el primer párrafo del artículo 30 de la Ley de Amparo, para ordenar, cuando lo estime conveniente, que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes en el juicio de amparo, no puede quedar sujeta únicamente a la discreción de aquél, sino que debe ejercerse atendiendo a la trascendencia del acto, acuerdo o resolución a notificar, a su naturaleza, a las circunstancias de tiempo y lugar, así como a los casos especiales, a efecto de que todas aquellas resoluciones de importancia para las partes lleguen a su conocimiento oportunamente. En congruencia con tal criterio, debe decirse que cuando en la demanda de garantías el quejoso solicita la suspensión provisional del acto reclamado y el Juez de Distrito la concede, debe ordenar que dicho proveído se notifique personalmente al tercero perjudicado, a efecto de que tenga oportunidad de interponer en su contra el recurso de queja, ya que de acuerdo con lo establecido en los artículos 95, fracción XI, 97, fracción IV y 99, último párrafo, de la Ley de Amparo, el plazo de veinticuatro horas para que recurra se computa tomando como base la notificación de la resolución provisional; de lo que se infiere la importancia que adquiere dicha notificación, pues si ésta se hace por medio de lista y el tercero perjudicado todavía no se notifica del principal, se corre el riesgo de que transcurra el plazo que tiene para recurrir en queja. No obstante lo anterior, en el supuesto excepcional de que llegue el día señalado para la audiencia incidental sin haber podido notificar personalmente al tercero perjudicado, el Juez de Distrito debe decidir sobre la suspensión definitiva, en contra de la cual procede, en su caso, el recurso de revisión. Notifíquese; y por oficio al fiscal tercero interesado. Así, lo proveyó y firma electrónicamente la jueza Natividad Regina Martínez Ramírez, titular del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el secretario Bruno Aníbal Rivera García, que autoriza y da fe.

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