Carlos Alejandro Frías Rojas
Expediente 201/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 201/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 29/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Carlos Alejandro Frías Rojas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
agréguese el oficio de cuenta signado por la actuaria judicial del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, mediante el cual, solicita se le acuse recibo del juicio D.C. 7/2021, el expediente 905/2017, los tocas 556/2020 y 587/2018 en tres tomos, una bolsa de documentos, así como seis copias de traslado. En tal virtud, acúsese recibo vía interconexión al tribunal oficiante. Notifíquese por lista en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación.
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agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la secretaria de acuerdos de la Octava Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, mediante el cual, solicita se le envíe el expediente 905/2017 y los documentos base de la acción. En tal virtud, dígase a la autoridad oficiante que dichas constancias fueron remitidas al Juez Décimo de lo Civil de esta Ciudad, en cumplimiento a lo ordenado en proveído de veintinueve de abril del año en curso, como se advierte del acuse de recibo, el cual se le envía para los efectos legales conducentes. Notifíquese por lista en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación.
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."Vista las certificaciones de cuenta, se advierte que transcurrió el término de cinco días a que se refiere el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el auto de trece de los cursantes, en el que se desechó de plano la demanda de amparo; sin que se hiciera valer, en consecuencia, el proveído de mérito ha quedado firme. Por tanto, archívese este expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones respectivas que se hagan en el libro de registro de juicios de amparo de este juzgado. Devolución de constancias. Devuélvanse a la Octava Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia y el Juez Décimo de lo Civil, ambos de la Ciudad de México, las constancias que remitieron en apoyo a su informe justificado, sin que sea necesario solicitar el acuse correspondiente, en virtud de que el sello de recibo asentado por las citadas autoridades hace las veces de éste. Devolución de documentos. Finalmente, se hace constar que en el presente asunto, no obran documentos originales que deban ser devueltos a las partes. Notifíquese por lista en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
agréguese el oficio firmado por el actuario del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, mediante el cual, remite la demanda de amparo firmada por Carlos Alejandro Frías Rojas, por propio derecho, la cual dio origen al juicio D.C. 7/2021, el expediente 905/2017, los tocas 556/2020 y 587/2018 en tres tomos, una bolsa de documentos, así como seis copias de traslado. Asimismo, el tribunal oficiante informa que declaró carecer de competencia legal para conocer de la demanda ante él planteada. En tales condiciones, este Juzgado de Distrito se avoca al conocimiento de la demanda en cuestión; por tanto, con copia de este acuerdo acúsese recibo vía interconexión al tribunal mencionado y dese curso a la mencionada demanda... el juez de Distrito está obligado a examinar la demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, si toma como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. El primero de los preceptos legales referidos, indica que el juicio de amparo indirecto es improcedente, cuando la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución General o de la ley de la materia. Por su parte, el segundo de los preceptos transcritos, dispone que para la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio, éstos deben afectar materialmente derechos sustantivos. Debe señalarse, que un acto de imposible reparación, es aquél que afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal, y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte; lo que excluye de considerar a los actos formales o adjetivos como de imposible reparación. Cabe señalar que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General, el amparo indirecto procede "contra actos cuya ejecución sea de imposible reparación". Lo que obliga a precisar, que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los mencionados derechos sustantivos, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Así del contenido del artículo constitucional transcrito, en relación con los preceptos citados de la Ley de Amparo, se advierte que el amparo directo procede contra sentencias o resoluciones que pongan fin al juicio, donde podrán reclamarse no sólo las violaciones cometidas al dictar la sentencia, sino también las violaciones suscitadas en la secuela procesal. En ese orden de ideas, la afectación debe ser actual, debe recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, que lesione bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas, o lo que es igual, que la afectación no dependa de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el que sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva, como sucede con los actos procesales. En ese sentido, podemos decir que no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo. Por tanto, si el acto reclamado puede trastocar alguno de esos derechos fundamentales, el juicio en la vía indirecta es procedente, aun cuando esté emitido dentro de juicio, pues en caso de que el acto se ejecute, la violación a esos derechos fundamentales quedará irreparablemente consumada, a pesar de obtener fallo favorable, pues el análisis constitucional de esa violación carecerá de objeto en ese momento. De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso reclama la resolución de cinco de noviembre de dos mil veinte, dictada por la Octava Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en el toca 556/2020, en la que, dejó insubsistente la sentencia definitiva de primera instancia, así como todo lo actuado en el juicio ordinario civil 905/2017 y ordenó reponer el procedimiento para el efecto de llamar a juicio a María Teresa Domínguez González como litisconsorte pasivo necesario. De anterior se tiene que, el acto reclamado no cumple con los requisitos de procedibilidad de la acción constitucional a que se contrae el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que no afecta materialmente derechos sustantivos; sino únicamente procesales, que se traducen en la continuación del procedimiento y que se otorgue al litisconsorte pasivo necesario, la intervención legal que le corresponde para rendir pruebas y alegar. Además, las consecuencias del fallo reclamado, no le impiden el ejercicio de algún derecho, sino que la afectación es de naturaleza formal, que no necesariamente puede trascender al resultado de la sentencia que se emita, máxime, que se dejó insubsistente todo lo actuado por las partes. Aunado a que, en la sentencia dictada en el juicio de origen se condenó al aquí quejoso respecto de las prestaciones reclamadas, por lo cual, ningún perjuicio le depara dicha reposición, por el contrario el ahora peticionario puede obtener un fallo favorable a sus intereses. Por tanto, es dable concluir que el fallo reclamado no es de imposible reparación, como sí lo sería por ejemplo, la privación de la libertad, de bienes u otros análogos, pues se insiste, tiene efectos meramente procesales. En última instancia, la resolución combatida, puede ser impugnada como violación procesal mediante el amparo que en su caso y oportunidad se promueva contra la sentencia definitiva, pues en esa hipótesis se patentizaría la trascendencia de la consabida violación procesal. Sin embargo, dicho criterio se considera inaplicable al caso en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, ya que se integró conforme a la legislación de la materia anterior y, su contenido se opone a lo dispuesto en la ley vigente. En efecto, la jurisprudencia transcrita se integró conforme a la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, en la que el artículo 114, fracción IV, disponía: "Artículo 114. El amparo se pedirá ante el juez de distrito: [.] IV. Contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación." De dicha transcripción, se advierte que la Ley de Amparo abrogada no establecía lo que debía entenderse como un acto de ejecución de imposible reparación, siendo el caso que fue la labor jurisprudencial la que definió los alcances de este concepto. Sin embargo, del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente, se advierte que el legislador decidió establecer claramente los alcances del término "actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación", entendiéndose por ellos los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano es parte. En conclusión, el acto que aquí se reclama no produce de manera directa e inmediata afectación material alguna a los derechos sustantivos del quejoso, sino que solamente trasciende al ámbito procesal, ya que incluso la sentencia definitiva que se llegue a dictar, puede favorecer sus intereses, con lo cual se repararían las violaciones y posibles perjuicios que se le hubiesen causado con ese acto y, de esta manera, no dejaría huella en su esfera jurídica. En consecuencia, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo que se analiza. Criterios similares sostuvieron el Décimo Tercer, Décimo, Noveno y Quinto Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver los recursos de queja Q.C. 298/2019, Q.C. 180/2019, Q.C. 163/2020 y Q.C. 102/2020. Domicilio y autorizados para oír y recibir notificaciones. Con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en: Departamento doce, edificio cincuenta y cuatro, calle de Amado Nervo, colonia Santa María la Rivera, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Asimismo, se autoriza a José Mata Diosdado, en términos del primer párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que cuenta con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales en Derecho de los Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito. Autorización para obtener imágenes. Hágase de su conocimiento que, en términos de la circular 12/2009, emitida por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quedan a la vista los presentes autos, a fin de obtener imágenes digitalizadas de los acuerdos, y en general del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita. Exhortación. En términos del artículo 22 del acuerdo general 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, para mejorar la comunicación con las partes, se les exhorta a que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido será registrado y, de ser necesario, incorporado al expediente previa la certificación correspondiente. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan horas y días inhábiles, para que el actuario notifique al ocursante todos los proveídos y resoluciones que se emitan en este juicio y que ameriten notificación personal. Notifíquese personalmente al quejoso.
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