Carlos Alejandro Fiuentes Vega

Expediente 153/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 8 actuaciones registradas, la última del 11 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
153/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
11/04/2022

Partes del expediente

  • Carlos Alejandro Fiuentes Vega

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a once de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de diez días que el artículo 86 de la Ley de Amparo, concede para interponer recurso de revisión contra del auto de dieciséis de marzo de dos mil veintidós, mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio, sin que se haya interpuesto dicho medio de impugnación; en consecuencia, con apoyo en los numerales 356, fracción II y 357, del Código Federal JUAN CARLOS HERNANDEZ TREJO 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.37.34.31.38.31.33.31 17/05/25 14:35:11 2 de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia por disposición expresa de su ordinal 2°, se declara que causó estado el auto de dieciséis de marzo de dos mil veintidós, mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio; por tanto, comuníquese lo anterior a las autoridades señaladas como responsables, para los efectos legales procedentes. En razón a que el presente asunto se encuentra concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, se ordena su archivo; por lo tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales; publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente es susceptible de depuración, al actualizarse la hipótesis prevista por el artículo 21, inciso a), del citado Acuerdo General, en relación con el capítulo 7, punto 7.4 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, en el que prevé que en aquellos asuntos en los que se acordó sobre la suspensión de plano tendrán ese destino, con independencia que en el presente asunto se haya decretado el sobreseimiento fuera de audiencia; por lo que, hágase constar lo anterior en la caratula de este expediente, para los efectos legales procedentes. JUAN CARLOS HERNANDEZ TREJO 30.30.30.30.31.30.30.30.30.30.30.35.30.37.34.31.38.31.33.31 17/05/25 14:35:11 3 Consecuentemente, una vez que transcurran tres años, el órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá depurarse este expediente y transferirse el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Oswaldo Alejandro López Arellanos, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Chiapas, residente en esta ciudad, quien actúa ante Juan Carlos Hernández Trejo, secretario que autoriza y da fe. Doy fe. Dulce En esta

  2. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a veintiocho de marzo de dos mil veintidós. Vista la cuenta, téngase por recibido y agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda el oficio signado por el Subdirector de Área Responsable de la Dirección de la Estación Migratoria Siglo XXI Adscrito a la Oficina de Representación del Instituto Nacional de migración en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, mediante el cual rinde su informe justificado, esto tomando en consideración que en auto de dieciséis de marzo del año en curso, el presente juicio se sobreseyó fuera de audiencia. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Oswaldo Alejandro López

  3. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a veintidós de marzo de dos mil veintidós. Vista la cuenta, téngase por recibido y agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda el oficio signado por el Subdirector de Área Responsable de la Dirección de la Estación Migratoria Siglo XXI Adscrito a la Oficina de Representación del Instituto Nacional de migración en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, mediante el cual rinde su informe justificado, esto tomando en consideración que en auto de dieciséis de marzo del año en curso, el presente juicio se sobreseyó fuera de audiencia. Notifíquese.

  4. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a dieciséis de marzo de dos mil veintidós. Vista la cuenta téngase por recibido y agréguese a los autos el oficio signado por la Jefa de Departamento de Asuntos Jurídicos Adscrita a la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Chiapas, quien firma por ausencia de la Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Chiapas, con residencia en esta ciudad, mediante el cual rinde su informe justificado. Ahora bien, del análisis del oficio de cuenta se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "." "XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica.". El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando se promueve contra un acto de autoridad que con posterioridad se consuma de un modo irreparable, esto, por haber operado un cambio de situación jurídica. La fracción en estudio contempla un supuesto de irreparabilidad del acto reclamado, pero se refiere a la jurídica, no a la física, que hace imposible la restauración de las cosas al estado en que se encontraban con anterioridad a la consumación de tal acto. Lo anterior es así, debido a que en realidad no existiría imposibilidad física alguna para reparar las violaciones que hubiera ocasionado un acto de autoridad por la circunstancia de que la situación jurídica hubiese cambiado, pues el amparo que contra aquél se concediera, bien podría alcanzar en sus efectos a esta nueva situación y aún invalidarla, pero permitir tales efectos haría factible que se destruyeran actos de autoridad que quizá tuvieran un fundamento y una motivación que al no formar parte o ya no poder ser parte de la litis constitucional, no serían valorados en el juicio en que la sentencia de amparo fuese pronunciada y que posiblemente fueran justificados. A esta breve conclusión se debe agregar que el cambio de situación jurídica también resulta del avance que ha tenido un juicio o procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, compuesto por diversas etapas procesales que guardan relación entre sí. Esto es, el cambio de situación jurídica a que se hace referencia se presenta cuando habiéndose complementado una etapa procesal en todas sus partes, queda superada, dando pauta a que se inicie el siguiente conjunto de actos que conforman una nueva etapa o situación jurídica, o bien, cuando concluye definitivamente el juicio o procedimiento relativo. Entonces, la sana intelección del precepto normativo en estudio, permite concluir que los elementos con los que se integra la causa de improcedencia que regula, son los siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento jurisdiccional, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba la parte quejosa por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica y, por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Mediante la concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia en estudio, que de cobrar aplicación en un caso específico, evidentemente el juicio de amparo resultaría improcedente. Sirve de apoyo, la tesis 2ª.CXI/96, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 219, Tomo IV, Diciembre de 1996 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro electrónico 199808, que lleva por rubro y texto los siguientes: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." Así, de las constancias que remitió la autoridad oficiante se obtiene que el quejoso fue puesto a disposición de la Estación Migratoria Siglo XXI, por no haber acreditado su legal estancia en el país y, posteriormente, fue resuelta su situación migratoria, pues se le otorgó documento provisional para realizar actividades remuneradas con una temporalidad de quince días, por lo cual ya no se encuentra alojado actualmente en la Estación Migratoria Siglo XXI (fojas 42 y 43). Advirtiéndose de dicho informe que el veintiocho de febrero del año en curso, al ser analizada su situación migratoria, se le otorgó su salida de la Estación Migratoria Siglo XXI, con documento provisional de visitante con permiso para realizar actividades remuneradas, mediante oficio INM/ORCHIS/JUR/3165/2022. En otras palabras la situación jurídica de la parte quejosa cambió porque fue privada se su libertad por encontrarse irregularmente en el país y recobró su libertad al haberse regularizado su situación migratoria. En ese contexto, resulta indudable que los actos reclamados consistentes en: la deportación, retorno asistido y/o voluntario, la prolongación de detención, alojamiento, presentación, incomunicación y privación de la libertad, entendidas estas como una restricción a la libertad de movimiento o libertad deambulatoria, con esa nueva condición, es decir, con el documento para que el quejoso realice actividades remuneradas, implicó, un cambio de situación jurídica. Por ello, la nueva situación jurídica del quejoso quedó definida con la resolución del procedimiento administrativo migratorio, en el cual se definió su situación migratoria y se le otorgo salida de la estación migratoria, lo que significa que ya no podrá analizarse en el amparo la constitucionalidad de los actos reclamados, sin afectar la nueva situación jurídica generada por el otorgamiento del documento provisional con permiso para realizar actividades remuneradas. En ese orden de ideas, se sostiene la actualización de la causa de sobreseimiento invocada, ya que en el caso, se reclama al Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración; Director de la Estación Migratoria Siglo XXI, adscrito a la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chiapas y Subdirector de la Estación Migratoria Siglo XXI del Instituto nacional de Migración, la deportación, retorno asistido y/o voluntario, la prolongación de detención, alojamiento, presentación, incomunicación y privación de la libertad, resulta inconcuso que con motivo de la emisión del documento con permiso de realizar actividades renumeradas, cambia la situación jurídica de la parte quejosa. Sin que sea óbice a lo anterior, el hecho que el permiso para realizar actividades remuneradas fue por quince días, los cuales se advierte ya transcurrieron si se toma en cuenta la fecha en que se ordenó su salida (veintiocho de febrero del año en curso), a la fecha en que se emite la presente resolución; sin embargo, tampoco puede estimarse que por ese lapso que ya feneció, el quejoso, ahora se encuentre nuevamente alojado en la Estación Migratoria descrita, pues no existen pruebas en contrario que adviertan tales circunstancias. Por los razonamientos antes anotados, de conformidad con los artículos 61 fracción XVII, se SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de garantías. En consecuencia, se deja de celebrar la audiencia constitucional que se fijó para DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables y, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Notifíquese personalmente.

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