Carlos Alejandro Coronado Romero

Expediente 882/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 7 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
882/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
26/09/2022

Partes del expediente

  • Carlos Alejandro Coronado Romero

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, veintiséis de septiembre de dos mil veintidós. I. Estado de autos. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que por auto de veintitrés de los presentes, se agregó a la boleta de turno con folio electrónico 4062176, de la que se advirtió que en atención a que no se admitió a trámite la ampliación de demanda intentada por los motivos expuestos, mediante auto de treinta de agosto de dos mil veintidós, por razón de turno le correspondió a este órgano jurisdiccional proveer lo conducente, consecuentemente, una vez que al citado asunto se le asignara número de registro correspondiente, se remitirían las constancias originales relativas, a fin de que se integre la declaratoria general de inconstitucionalidad planteada por *******. II. Hecho notorio. Así también, que por razón de turno de este órgano jurisdiccional, correspondió el número de registro 16/2022 a la denuncia de incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad. Lo que constituye un hecho notorio para este órgano jurisdiccional de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su numeral 2°. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia visible en la página 295, Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Enero de 1997, del rubro siguiente: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE EL SE TRAMITAN." III. Se remiten constancias. En consecuencia, para evitar dilaciones procesales innecesarias, se ordena remitir las constancias originales a la mesa encargada de la declaratoria general de inconstitucionalidad 16/2022-6 del índice de este órgano jurisdiccional, previa copia certificada que se deje en autos, a fin de integrar la declaratoria citada. Notifíquese; y remítanse las constancias de referencia a la declaratoria general de inconstitucionalidad 16/2022-6 del índice de este órgano jurisdiccional.

  2. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, veintitrés de septiembre de dos mil veintidós. I. Estado de autos. Vista la certificación que antecede, se advierte que la parte legitimada no interpuso recurso de revisión, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. II. Archivo del expediente. Ahora, en razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el artículo 21 del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de tres años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. III. Boleta de turno. Finalmente, agréguese a los autos la boleta de turno con folio electrónico, de la que se advierte que en atención a que no se admitió a trámite la ampliación de demanda intentada por los motivos expuestos, mediante auto de treinta de agosto de dos mil veintidós, por razón de turno le corresponde a este órgano jurisdiccional proveer lo conducente, de lo que se toma nota para los efectos legales conducentes. . IV. Cambio de denominación. Finalmente, la denominación de este órgano jurisdiccional es Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro, y conserva la residencia y jurisdicción territorial actual; se informa a las partes que el trámite del presente asunto continúa en este órgano jurisdiccional hasta su total conclusión.

  3. Principal

    ntiago de Querétaro, Querétaro, treinta y uno de agosto de dos mil veintidós. I. Sobreseimiento fuera de audiencia. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que por auto de veintitrés de agosto actual, se tuvo por rendido el informe justificado del Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la protección de Riesgos Sanitarios, rindió informe justificado y allegó diversas constancias en fotocopia certificada, de las que se advierte que el dieciocho de mayo actual, se emitido el oficio *, en el que la responsable da contestación a la solicitud del quejoso presentada el trece de abril de dos mil veintidós, de lo que fue notificado el quejoso el veintiocho de agosto siguiente, tal y como lo afirmó bajo protesta de decir verdad en el escrito recibido en este órgano jurisdiccional el veintinueve de agosto actual, identificado con número de promoción 13595 del sumario. Constancias que merecen valor probatorio pleno, al tenor de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por ser documentos públicos expedidos por funcionario público en ejercicio de sus funciones y el último escrito al obrar una manifestación que se equipara a una confesional judicial expresa. Cobra sustento la Jurisprudencia 226, visible en la página 153, del Tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que indica: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Ahora, vistas las constancias de mérito, como lo impone el precepto 62 de la Ley de Amparo, se advierte la improcedencia del juicio constitucional al haber cesado los efectos del acto reclamado que hizo consistir en: "IV. ACTOS RECLAMADOS. Del Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, psicotrópicos y sustancias químicas de la Comisión Federal (COFEPRIS), de igual forma de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios de los Servicios de Salud del Estado de Querétaro, se reclama la OMISIÓN DE CONTESTACIÓN A MI PETICIÓN DE AUTORIZACIÓN SANITARIA PARA CONSUMO PERSONAL DE CANNABIS SATIVA (índica y americana o mariguana, su resina, preparados y semillas) así como del psicotrópico THC (Tretahidrocanabidol), los isómeros A6a (10a), A6a (7), A7, A8, A9, A10, A9 (11) y sus variantes estereoquímicas (conjuntamente "marihuana" o "cannabis'), además de los actos necesarios a esos efectos, tales como la adquisición, posesión y transporte. Esta omisión está fundamentada en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." La disposición jurídica que prevé la causa de improcedencia de que se habla, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" La cesación de efectos del acto reclamado se traduce en que el acto reclamado deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa al cesar su actuación, es decir, ello implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto. La causal de improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin del juicio de amparo, que es restituir a la parte agraviada en el pleno goce de la garantía individual violada restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Luego, de la interpretación de los artículos 61, fracción XXI y 77, fracción II, de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio constitucional consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando las cosas han vuelto al estado que tenían hasta antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular o, habiéndola irrumpido, no deja huella alguna. Ahora bien, la quejosa reclama la omisión de dar contestación a la petición formulada por el quejoso el trece de abril de dos mil veintidós, relativa a la autorización sanitaria para consumo personal de cannabis sativa. Empero, de las constancias que la autoridad responsable allegó a su informe justificado, se desprende que mediante oficio * de dieciocho de mayo de dos mil veintidós, la Directora Ejecutiva de Regulación de Estupefacientes, psicotrópicos y sustancias químicas de la Comisión Federal para la Protección contra riesgos sanitarios, dio respuesta a la solicitud de autorización formulada por el quejoso, oficio que fue recibido por la parte quejosa el veintiocho de agosto de dos mil veintidós, tal y como lo manifiesta bajo protesta de decir verdad en el escrito recibido en este órgano jurisdiccional el veintinueve de agosto actual. Constancias que merecen valor probatorio pleno, al tenor de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por ser documentos públicos expedidos por funcionario público en ejercicio de sus funciones y al contener una confesión judicial expresa. Resulta aplicable al caso, la tesis de Jurisprudencia número 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." De ahí que ello permita concluir que en el caso a la fecha no existe la omisión que el promovente del amparo alegó en su escrito de demanda, puesto que con posterioridad a la presentación de la demanda que dio origen al presente juicio, las responsables, en el ámbito de su competencia realizaron lo conducente para formular la contestación a la petición del quejoso. Por ende, es claro que en la especie, han cesado los efectos del acto reclamado, por haberse extinguido la omisión combatida, toda vez que al ser así, las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa, siendo ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que merezca ser suprimida por el otorgamiento del amparo solicitado. Apoya lo anterior la jurisprudencia 9/98 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 210, del tomo VII de febrero de mil novecientos noventa y ocho, de la novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Asimismo el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Tesis listada con el número 2a./J. 59/99, página 38, del Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, cuyo rubro y texto dicen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Sin que obste a lo anterior, que en el informe justificado Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la protección de Riesgos Sanitarios, no haya allegado la constancia que acredite que la parte quejosa fue notificada del oficio por el cual le dio respuesta a su solicitud, en virtud de que se estima innecesario su requerimiento, al obrar en autos el acuse de recibo que acredita que el quejoso recibió la respuesta el veintiocho de agosto actual, además de la manifestación que realiza el mismo impetrante bajo protesta de decir verdad, lo que hace inconcuso que ha conocido de la respuesta dada a su solicitud. Tampoco es obstáculo a lo anterior, que a la fecha se encuentre transcurriendo la vista concedida a la parte quejosa para que se imponga del contenido del informe justificado y la documental allegada; sin embargo, en aras de garantizar la impartición de justifica pronta y expedita conforme al artículo 17 de la Constitución y al no poderse llegar a determinación distinta a la aquí adoptada, es que procede emitir el presente pronunciamiento, pues si bien la parte quejosa mediante escrito presentado el veintinueve de agosto actual, manifestó su deseo de ampliar la demanda de amparo relativo a la respuesta dada por la responsable, aludiendo el incumplimiento a la decretoria de inconstitucionalidad 1/2018 dictada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ésta fue remitida a la oficina de correspondencia común, por los motivos expuestos en el auto de treinta de agosto actual, al tratarse de un trámite previsto en el artículo 210 de la Ley de Amparo, que implica una trámite distinto al juicio de amparo. Por ello, se considera se actualiza de forma indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, pues en este asunto, han cesado los efectos del acto reclamado a las responsables, la haberse dado respuesta la petición formulada por el quejoso. Sirve de puntual apoyo a lo anterior el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Tesis listada con el número 2a./J. 59/99, página 38, del Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, cuyo rubro y texto dicen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De tal manera, al actualizarse la causal de improcedencia aludida, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la multicitada ley, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo, incluso sin esperar la celebración de la audiencia. Lo anterior, atendiendo a que el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, prevé que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando durante el juicio se materialice un supuesto de improcedencia, y conforme a la postura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que puede sobreseerse en el juicio fuera de audiencia cuando la causa de improcedencia sea manifiesta (cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara, de forma que con alguna prueba se desvirtúe) e indudable (cuando existe la certidumbre y la plena convicción de que la hipótesis de improcedencia analizada opera en el caso a estudio). Al respecto, resulta ilustrativa la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVII, marzo de 2003, página 386, que establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En las relatadas consideraciones, al haberse actualizado en la especie la causa de improcedencia en el presente juicio, se impone necesario sobreseer fuera de audiencia en el juicio de amparo con fundamento en los artículos 61, fracción XXI y 63 fracción V de la Ley de Amparo. Por tanto, se deja sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y comuníquese lo anterior a la Analista Jurídico SISE. En ese sentido, de conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y las atribuciones de los Órganos Jurisdiccionales en materia de transparencia, así como con los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, captúrese el día de su publicación la presente determinación, con la correspondiente sustitución de datos personales para la generación automática de la versión pública, a través del sistema establecido para tal efecto, y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio a la autoridad responsa

  4. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, treinta de agosto de dos mil veintidós. I. Agrega escrito. Agréguese a los autos el escrito suscrito por *********** parte quejosa, mediante el cual, pretende ampliar su demanda de amparo, en tal virtud se provee: II. No ha lugar, a ampliar demanda. Ahora bien, de un análisis del escrito por el cual la parte quejosa pretende ampliar la demanda de amparo, se advierte que el promovente ********* denuncia por incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018, dictada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el quince de julio de dos mil veintiuno, en la que declaró la inconstitucionalidad del sistema de prohibiciones administrativas previsto en diversas porciones de los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo y 248 de la Ley General de Salud, que prohíbe absolutamente a la Secretaría de Salud emitir autorizaciones para realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo de cannabis y tetrahidrocannabinol (THC) con fines recreativos, por considerarlo violatorio del derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad reconocido por el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior, ante la imposibilidad para evaluar su petición para obtener una autorización por parte de la autoridad denunciada Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios de Servicios de Salud del Estado de Querétaro de conceder al promovente la autorización sanitaria para el consumo personal y directo del estupefaciente "cannabis" (sativa, índica y americana o mariguana, su resina, preparados y semillas) y del psicotrópico "THC" (tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros: ?6a (10a), ?6a (7), ?7, ?8, ?9, ?10, ?9 (11) y sus variantes estereoquímicas), así como la autorización para ejercer los derechos correlativos al autoconsumo, siembra, cultivo, cosecha, preparación, acondicionamiento, posesión, transporte de cualquier forma, empleo, uso, consumo y en general, todo acto relacionado con el consumo lúdico y personal de marihuana. En las relatadas condiciones, resulta patente que el promovente presenta ampliación de demanda de amparo, sin embargo, los actos de los que se duele derivan del incumplimiento de una declaratoria general de inconstitucionalidad, lo que no es procedente de pronunciación en el trámite deñ presente juicio de amparo. Se afirma lo anterior, pues como se advierte de su escrito de ampliación, la parte quejosa refiere: "[.] Que AMPLIO DEMANDA DE GARANTÍAS y DENUNCIO EL INCUMPLIMIENTO DE LA DECLARATORIA DE INCONSTITUIONALIDAD 1/2018, atendiendo al informe justificado [.]" "III. ACTOS RECLAMADOS. Del Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal de la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) y de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios de Servicios de Salud del Estado de Querétaro se reclama incumplimiento de la declaratoria de inconstitucionalidad 1/2018. [.]" Efectivamente, la intención del promovente es promover un procedimiento distinto al juicio de amparo indirecto, esto es, denuncia por incumplimiento de una declaratoria general de inconstitucionalidad, cuyo trámite se encuentra previsto en el ordinal 210 de la Ley de Amparo y, es diverso al del juicio constitucional, situación por la cual, se estima que el presente asunto debe turnarse conforme al rubro que le corresponde y no como ampliación de demanda de amparo indirecto. III. Se ordena turnar a la Oficina de Correspondencia Común. Por lo anterior, con fundamento en los artículos 37, 39 y 44 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Actividad Administrativa de los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, mediante oficio que derive del presente proveído, remítase a la Jefa de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Querétaro, el escrito de ampliación de demanda que nos ocupa y anexo original, previa copia certificada que del mismo obre en autos, a efecto de que turne el escrito en estudio, conforme al rubro y turno respectivo. No resulta obstáculo para lo anterior, la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado catorce de febrero de dos mil veintidós del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Actividad Administrativa de los Órganos Jurisdiccionales, en razón de que en nada se contrapone con las disposiciones reformadas y en consecuencia con lo anteriormente resuelto. Notifíquese; y electrónicamente a la parte quejosa.

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