Carlos Alejandro Arias Rivera
Expediente 352/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 7 actuaciones registradas, la última del 11 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 352/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 11/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Carlos Alejandro Arias Rivera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, ONCE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la c uenta que antecede, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio de cuenta signado por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, mediante el cual adjunta el oficio suscrito por el Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, de lo que se toma conocimiento. Por ello, se tiene a la autoridad laboral responsable remitiendo copia certificada del acuerdo de cuatro de agosto de dos mil veintidós, emitido en autos del expediente laboral 249/20085 y acumulado de su índice, del cual se desprende que dejó insubsistente el acuerdo de catorce de febrero de dos mil veintidós, en lo relativo a las cuantificaciones de la planilla de actualización presentadas por el apoderado legal del actor aquí quejoso CARLOS ALEJANDRO ARIAS RIVERA, y en su lugar se pronunció de nueva cuenta para determinar conforme la actualización que comprende el período del ocho de mayo de dos mil diecinueve al diecisiete de agosto de dos mil veintiuno; con lo cual pretende dar cumplimiento al fallo protector concedido a la parte quejosa. En consecuencia, con fundamento en lo previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes, por el término de tres días hábiles para que manifiesten lo que a su derecho convenga en relación a la constancia que se recibió en el presente auto; y una vez que transcurra el mismo, este Juzgador efectuará el análisis respectivo del cumplimiento al fallo, con base en los elementos que obren en el expediente en que se actúa. Notifíquese personalmente.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTIOCHO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto el estado de autos, se desprende que mediante acuerdo de quince de junio de dos mil veintidós, se requirió al Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, a fin de que en el término de tres días hábiles, diera cumplimiento al fallo protector concedido a la parte quejosa CARLOS ALEJANDRO ARIAS RIVERA, esto es que dejara insubsistente la resolución incidental de liquidación de laudo de catorce de febrero de dos mil veintidós, emitida dentro del juicio laboral 249/2008 y acumulado 37/2011, de su índice, y en su lugar dictara una nueva determinación fundada y motivada en la que deberá realizar las operaciones aritméticas tomando en consideración el correcto porcentaje de incremento anual del salario mínimo en los años 2019, 2020 y 2021, así como realizar las operaciones aritméticas correspondientes; sin que a la fecha hubiese cumplido con dicha solicitud. En consecuencia, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase al Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de tres días hábiles, contado a partir de la fecha en que se le notifique el presente acuerdo, de cumplimiento al fallo protector, reiterándole los lineamientos que deberá seguir para ello: [.] 1. Deje insubsistente la resolución incidental de liquidación de laudo de catorce de febrero de dos mil veintidós, emitida dentro del juicio laboral 249/2008 y acumulado 37/2011, de su índice. 2. Siguiendo los lineamientos del presente fallo, dicte una nueva resolución fundada y motivada en la que deberá realizar las operaciones aritméticas tomando en consideración el correcto porcentaje de incremento anual del salario mínimo en los años 2019, 2020 y 2021, así como realizar las operaciones aritméticas correspondientes; hecho lo anterior, determine lo que en derecho proceda. [.] En el entendido que de no cumplir con ello, se hará acreedor a una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de siete de enero de dos mil veintidós, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día hábil siguiente, vigente a partir del uno de febrero del dos mil veintidós. Asimismo, con apoyo en el Acuerdo General 5/2013, de trece de mayo dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se procederá de oficio a iniciar el incidente de inejecución de sentencia, y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, en turno, con sede en esta ciudad, para los efectos previstos en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que puede culminar con la separación del cargo y consignación ante el Juez de Procesos Federales por el delito previsto en el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo. Notifíquese.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, QUINCE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista, la certificación secretarial que antecede de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, el tres de mayo de dos mil veintidós, en la que en su primer punto resolutivo se le CONCEDIÓ el amparo y la protección de la Justicia Federal al quejoso CARLOS ALEJANDRO ARIAS RIVERA; por lo que, con fundamento en el artículo 2o. de la Ley invocada, en relación con los numerales 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para los efectos legales procedentes; consecuentemente, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente. Con fundamento en el artículo 192, último párrafo de la Ley de Amparo, requiérase al TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE TABASCO, para que dentro del término de tres días hábiles, al en que quede notificado del presente acuerdo, cumpla con el fallo protector concedido a la parte quejosa, consistente en: 1. Deje insubsistente la resolución incidental de liquidación de laudo de catorce de febrero de dos mil veintidós, emitida dentro del juicio laboral 249/2008 y acumulado 37/2011, de su índice. 2. Siguiendo los lineamientos del presente fallo, dicte una nueva resolución fundada y motivada en la que deberá realizar las operaciones aritméticas tomando en consideración el correcto porcentaje de incremento anual del salario mínimo en los años 2019, 2020 y 2021, así como realizar las operaciones aritméticas correspondientes; hecho lo anterior, determine lo que en derecho proceda. [.] Debiendo remitir las constancias certificadas relativas por duplicado a efecto de correrle traslado con una de ellas a la parte quejosa, con el apercibimiento que de no hacerlo así dentro del plazo señalado, con fundamento en el artículo 258, de la Ley de Amparo, se hará acreedor a una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $96.22 (noventa y seis pesos con veintidós centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de siete de enero de dos mil veintidós, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día hábil siguiente, vigente a partir del uno de febrero del dos mil veintidós. Asimismo, con apoyo en el Acuerdo General 5/2013, de trece de mayo dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se procederá de oficio a iniciar el incidente de inejecución de sentencia, y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, en turno, con sede en esta ciudad, para los efectos previstos en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que puede culminar con la separación del cargo y consignación ante el Juez de Procesos Federales por el delito previsto en el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo. Finalmente, devuélvase al TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE TABASCO, con residencia en esta ciudad, la copia certificada del expediente laboral 249/2008 acumulado al 37/2011, a partir del laudo, de su índice, que adjuntó al informe justificado que rindió y que se manejó por cuerda separada constante de un tomo. Notifíquese.
- Principal
VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 352/2022-4, promovido por *********, contra el acto que reclama del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, por estimarlo violatorio de los artículos 8, 9, 14, 16, 17 y 123 apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el once de marzo de dos mil veintidós, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, misma que fue recepcionado el dieciséis de marzo del presente año, en la Oficina de Correspondencia Común y turnado a éste órgano jurisdiccional el diecisiete siguiente, Carlos Alejandro Arias Rivera solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridad que a continuación se detallan: ACTO RECLAMADO La resolución de actualización del incidente de liquidación emitida el catorce de febrero de dos mil veintidós en el expediente laboral 249/2008 y acumulado 37/2011, del índice del tribunal responsable. AUTORIDAD RESPONSABLE Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. En proveído de dieciocho de marzo de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo, quedando registrada con el expediente 352/2022-4; se solicitó a la autoridad responsable rindiera informe justificado; se ordenó dar la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la adscripción; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en los términos del acta que antecede. TERCERO. EMPLAZAMIENTO DEL TERCERO INTERESADO. El veintitrés de marzo de dos mil veintidós se tuvo por emplazada a la entidad pública denominada Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, en términos de la constancia de emplazamiento que obra en autos (foja 21). Por otra parte, el treinta de marzo de la presente anualidad se tuvo por emplazada a la entidad pública denominada Ayuntamiento Constitucional de Cunduacán, Tabasco, en términos de la constancia de emplazamiento que obra en autos (foja 45). CUARTO. CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Al respecto, la celebración de la audiencia constitucional tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y, CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque la autoridad responsable tiene su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, es necesario precisar cuál es éste, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917- Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD".2 Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado; Esta tesis y las subsecuentes que se citen en el presente fallo, que se hayan formulado antes de la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, se aplican con base en el artículo Sexto transitorio del Decreto de creación de ésta, mismo que prevé que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga al nuevo ordenamiento jurídico. En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa señaló sustancialmente como acto reclamado: La resolución de actualización del incidente de liquidación emitida el catorce de febrero de dos mil veintidós en el expediente laboral 249/2008 y acumulado 37/2011, del índice del tribunal responsable. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado señalado en el considerando precedente, aun cuando lo haya negado el presidente del tribunal responsable, al rendir el informe justificado, ya que a continuación hace manifestaciones que evidencian su existencia, lo que se corrobora con las constancias que anexó a su referido informe, consistente en copia certificada de la resolución de catorce de febrero de dos mil veintidós dictado en el expediente laboral 249/2008 de su índice, lo cual constituye la fuente del reclamo en la presente controversia constitucional. Sustenta lo anterior, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 391, del tomo XIV, correspondiente a julio de 1994, de la Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A 3 Documentales que tienen pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2°, ya que fueron expedidos por servidor público en ejercicio de las atribuciones que legalmente le competen. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Quinta Época, del rubro "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." También resulta aplicable la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 11, del tomo 97-102 Primera Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro ACTO RECLAMADO, NEGATIVA DEL. CUANDO QUEDA DESVIRTUADA". En ese tenor, se colige que la existencia del citado acto reclamado por la parte quejosa, se encuentra plenamente probado. CUARTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Previo al estudio del fondo del asunto procede analizar las causas de improcedencia por ser una cuestión de orden público sea que las partes las hagan valer o se adviertan de oficio, de acuerdo con lo dispuesto por el arábigo 624 de la Ley de Amparo. Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. En el caso, el Magistrado Presidente del tribunal responsable manifestó que debe decretarse el sobreseimiento en el presente juicio con fundamento en los artículos 61 fracción XXI, 62 y 63 fracción IV, de la ley de la materia; sin embargo, no expresó argumentos tendentes a justificar cuál hipótesis normativa se actualizaba y las razones que sustentan su afirmación. Sobre el particular, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 142/2006, definió criterio en el sentido de que, si bien el estudio de las causas de improcedencia es oficioso, cuando una de las partes invoca alguna sin exponer razones para sustentar su afirmación, el juzgador de amparo no está obligado, por regla general, a analizarlo, salvo que se trate de una cuestión de obvia y objetiva constatación, lo que no ocurre en la especie, por tanto, no se impone su análisis. El aludido criterio fue sintetizado en la jurisprudencia 2a./J. 137/2006, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIV, de octubre de 2006, página 365, de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE INVOCA COMO CAUSAL ALGUNA DE LAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, SIN EXPRESAR LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN SU ACTUALIZACIÓN, EL JUZGADOR DEBERÁ ANALIZARLA SÓLO CUANDO SEA DE OBVIA Y OBJETIVA CONSTATACIÓN". QUINTO. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO. Para una mejor comprensión del presente asunto, conviene relatar, en lo que interesa, los antecedentes del acto que se reclama en esta vía, a saber: 1. El nueve de enero de dos mil dieciocho, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, residente en esta ciudad, dictó laudo en el juicio laboral 249/2008 y acumulado al 37/2011, de su índice, promovido por Carlos Alejandro Arias Rivera en contra de las entidades públicas denominas Ayuntamiento Constitucional del municipio de Cunduacán, Tabasco; Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco (juicio 37/2011) y Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco, en los términos siguientes: PRIMERO: El actor probó parcialmente su acción laboral y la Entidad Pública demandada no justificó sus excepciones y defensas laborales opuestas oportunamente. SEGUNDO.-Se CONDENA a la demandada H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO, de REINSTALAR Y CUBRIR EL PAGO DE SALARIOS CAÍDOS AL C. CARLOS ALEJANDRO ARIAS RIVERA, que reclama en su demanda inicial, lo anterior tal y como se encuentra establecido en el considerando Quinto de esta resolución. TERCERO.- Se CONDENA al H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO a lo siguiente en favor del trabajador CARLOS ALEJANDRO ARIAS RIVERA; AL AUMENTO SALARIAL DEL AÑO 2008; PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO por el tiempo del juicio y hasta que sea reinstalado el actor, SALARIOS DEVENGADOS; RECONOCIMIENTO DE ANTIGÜEDAD; por los motivos expuestos en el Considerando Sexto de este fallo, numeral 1, 2 y 6. CUARTO.- Se ABSUELVE a la demandada H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO." (fojas 449 a 470 del tomo de pruebas). 2. inconforme con el laudo condenatorio, el ayuntamiento demandado promovió juicio de amparo directo el cual le correspondió conocer al entonces Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Circuito, bajo el amparo directo 206/2018 de su índice, en el cual el veinticinco de octubre de dos mil dieciocho dictó sentencia en la que negó el amparo solicitado (fojas 486 a 528 del tomo de pruebas). 3. Mediante escrito de veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, la parte actora promovió incidente de liquidación de laudo en términos de la planilla que exhibió en su referido ocurso (fojas 526 a 528 del tomo de pruebas). 4. En auto de once de febrero de dos mil diecinueve, el tribunal responsable admitió a trámite el incidente de liquidación de laudo promovido por la parte actora, por lo que ordenó dar vista a la entidad pública demandada y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental (fojas 538 a 541 del tomo de pruebas). 5. El siete de mayo de dos mil diecinueve el tribunal responsable resolvió el incidente de liquidación planteado, en contra de la cual el ayuntamiento demandado promovió juicio de amparo indirecto el cual le correspondió conocer al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco, bajo el expediente 865/2019-VI, de su índice, en el cual el veinticinco de julio de dos mil diecinueve dictó sentencia definitiva en la que negó el amparo solicitado (fojas 560 a 566 y 584 a 587 del tomo de pruebas). 6. El siete de noviembre de dos mil diecinueve, el tribunal responsable a petición de la parte actora señaló fecha y hora para el desahogo de la diligencia de requerimiento de pago de las cantidades a liquidar determinada en la resolución incidental de liquidación de siete de mayo de dos mil diecinueve (fojas 596 y 597 del tomo de pruebas). 7. En auto de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, el tribunal responsable admitió a trámite la actualización de la resolución incidental de liquidación de laudo promovido por la parte actora, por lo que ordenó dar vista a la entidad pública demandada y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental (fojas 612 a 619 del tomo de pruebas). 8. El diecisiete de enero de dos mil veintidós (fojas 644 a 647 del tomo de pruebas), se celebró la audiencia incidental correspondiente y el catorce de febrero de dos mil veintidós, el tribunal responsable dictó dentro del expediente laboral 249/2008 de su índice, la resolución relativa a la actualización de la resolución incidental del liquidación del laudo, promovido por la parte actora en los siguientes términos: Así las cosas, la entidad pública demandada deberá cubrir a la actora CARLOS ALEJANDRO ARIAS RIVERA la cantidad de 405,358.63 (CUATROCIENTOS CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 63/100 MONEDA NACIONAL) salvo error u omisión de carácter aritmético; más la cantidad que aún se le adeuda a la actora de $1,503,593.32 ( UN MILLÓN QUINIENTOS TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 32/100 MONEDA NACIONAL) salvo error u omisión de carácter aritmético, haciendo un total de $1,908,951.95 (UN MILLÓN NOVECIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 95/100 M.N.) salvo error de carácter aritmético, la cual queda establecida conforme a las condenas establecidas en la resolución de liquidación de 09 de mayo de 2014 y que la entidad demandada H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO, deberá pagar al actor toda vez que este H. Tribunal en el momento de elaborar las cuantificaciones se basa en el laudo y la resolución incidental de liquidación." (Fojas 657 a 662 del tomo de pruebas) La anterior resolución constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. SEXTO. ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Es sustancialmente fundado el concepto de violación esgrimido por la parte quejosa, como se expone a continuación. a) La quejosa alega, en esencia, que se violan en su perjuicio los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque la resolución interlocutoria emitida el catorce de febrero de dos mil veintidós por el tribunal responsable en el expediente 249/2008 y acumulado 37/2011, no fue debidamente fundada ni motivada porque no realizó las cuantificaciones en forma correcta. b). Señala que el acto reclamado viola el principio de legalidad y seguridad jurídica ya que en su emisión el tribunal responsable sostuvo que tomó en cuenta el porcentaje anual al incremento de los salarios mínimos conforme al tabulador que establece la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos que para el año 2019 consideró que fue del 5%, para el 2020 consideró que fue de 5% y para el año 2021, consideró que dicho incremento fue de 6%; lo cual el quejoso estima incorrecto, en virtud de que refiere que contrario a lo establecido por la responsable los incrementos establecidos por la referida Comisión Nacional para el año 2019 fue de 16.20%, para el año 2020, fue de 20% y para el año 2021, fue de 15%, respectivamente. Tales argumentos se advierten esencialmente fundados, como a continuación se estudiará, de ahí que para proceder a su análisis es necesario señalar, en principio, que el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo que interesa, establece lo siguiente: Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento." Del precepto constitucional antes reproducido, se aprecia que todo acto de molestia, debe ser dictado por autoridad competente, constar por escrito y contener la motivación y fundamentación adecuada; debiendo entenderse por motivación, la obligación que tiene toda autoridad de expresar en forma precisa, las circunstancias especiales, razones particulares y causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; y por fundamentación, el señalamiento exacto del precepto legal aplicable al caso, debiendo existir una adecuación entre los motivos aducidos y la aplicación de la hipótesis normativa. Si se toma en consideración que el derecho humano a la legalidad tiene como objeto que las autoridades no emitan determinaciones en forma arbitraria, sino que deben estar ajustadas a un determinado ordenamiento legal, a efecto de que el gobernado pueda establecer si se respetaron de manera cabal las normas que la autoridad responsable consideró para emitir la resolución correspondiente. Además, debe señalarse de manera razonada, es decir, es necesario que la autoridad exponga los motivos o causas inmediatas por las que determinó que existe concordancia entre el supuesto legal normativo y los hechos o antecedentes propuestos por los gobernados. Es aplicable la jurisprudencia 204 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se consulta en la página 166, Tomo VI, Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, novena época, La jurisprudencia 204, con registro 917738, del rubro y texto siguientes: FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." También la jurisprudencia 139/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 162, tomo XXII, diciembre de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, con número de registro 176546, que se cita en seguida: FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso." El derecho humano establecido en el referido precepto constitucional tiene su fundamento en el principio de legalidad, conforme al cual, las autoridades del Estado sólo pueden actuar cuando la ley se los permite, en la forma y en los términos precisados en aquélla; luego, de acuerdo con el texto constitucional, las autoridades únicamente pueden ejercer las facultades y atribuciones previstas en la ley que regula sus actos y consecuencias, es decir, la eficacia de la actuación de las autoridades está subordinada a que se ubiquen en el ámbito de facultades contenidas en el marco legal que rige su funcionamiento. En otro aspecto, se tiene obligación relativa a la debida fundamentación y motivación del acto, y para que se estime cumplida, es necesario constatar lo siguiente: a) La existencia de una norma legal que atribuya a favor de la autoridad, de manera nítida, la facultad para actuar en determinado sentido y, asimismo que el despliegue de la actuación de esa misma autoridad se constriña en la forma precisa y exacta en que lo disponga la ley, es decir, ajustándose escrupulosa y cuidadosamente a la norma legal en la cual encuentra su fundamento la conducta desarrollada; y, b) La existencia de los hechos o antecedentes fácticos o circunstancias que permitan colegir con claridad que sí procedía aplicar la norma correspondiente y, consecuentemente, que justifique con plenitud el que la autoridad haya actuado en determinado sentido y no en otro. A través de la primera premisa, se dará cumplimiento a la debida fundamentación y, mediante la observancia de la segunda, a la motivación. En efecto, el artículo constitucional que se examina contiene uno de los derechos humanos que mayor protección otorgan al gobernado dentro del orden constitucional, el de legalidad, cuya eficacia jurídica reside en el hecho de que, dada su extensión y efectividad, protege al gobernado de todo acto de autoridad que le provoque afectación a su esfera de derecho, ya porque sea arbitrario, es decir, que no esté basado en alguna norma legal, o por que sea contrario a cualquier precepto, independientemente de la jerarquía o naturaleza del ordenamiento a que éste pertenezca; o bien porque no contenga las razones de hecho y de derecho que le den sustento. Por su parte, la motivación de los actos de autoridad es una exigencia esencial para tratar de establecer, sobre bases objetivas, la racionalidad y la legalidad de aquéllos, para procurar eliminar, en la medida de lo posible, la subjetividad y la arbitrariedad de las decisiones de autoridad, pues permite a los afectados impugnar los razonamientos de éstas y, al órgano que debe resolver la impugnación, determinar si son fundados o no los motivos de inconformidad que se formulan en ese sentido, al contar con todos los elementos para llevar a cabo el estudio relativo a la materia de la impugnación ya sea ésta ordinaria o extraordinaria como lo es el juicio de amparo. Ambos requisitos se suponen mutuamente, ya que no es dable citar disposiciones aplicables sin relacionarlas con los hechos de que se trate, y sin exponer las razones por las que dichas disposiciones son relevantes para esos hechos; dicha correlación entre los fundamentos jurídicos y los motivos de hecho supone un razonamiento de la autoridad para demostrar la aplicabilidad de los preceptos legales invocados a los hechos de que se trate. Para llevar a cabo esta adecuación, la autoridad respectiva debe aducir los motivos que justifiquen la aplicación correspondiente, los cuales deben manifestarse en base a los hechos probados y las circunstancias y modalidades objetivas del caso, que permiten encuadrarlos dentro de los supuestos abstractos previstos normativamente Ahora bien, conviene tener presente los artículos 841, 842, 843 y 946 de la Ley Federal del Trabajo aplicables supletoriamente a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco, en el momento de los hechos: Artículo 841. Los laudos se dictarán a verdad sabida, y buena fe guardada y apreciando los hechos en conciencia, sin necesidad de sujetarse a reglas o formulismos sobre estimación de las pruebas, pero expresarán los motivos y fundamentos legales en que se apoyen." Artículo 842. Los laudos deben ser claros, precisos y congruentes con la demanda, contestación, y demás pretensiones deducidas en el juicio oportunamente." "Artículo 843.- En los laudos, cuando se trate de prestaciones económicas, se determinará el salario que sirva de base a la condena; cuantificándose el importe de la prestación se señalarán las medidas con arreglo a las cuales deberá cumplirse con la resolución. Sólo por excepción, podrá ordenarse que se abra incidente de liquidación." Artículo 946.- La ejecución deberá despacharse para el cumplimiento de un derecho o el pago de cantidad líquida, expresamente señalados en el laudo, entendiéndose por ésta, la cuantificada en el mismo." Los preceptos legales transcritos establecen el principio de congruencia que rige el dictado de las resoluciones en materia laboral. Cabe señalar que aunque dichos artículos facultan a los tribunales obreros a estimar las pruebas sin sujetarse a reglas abstractamente preestablecidas y a apreciar los hechos en conciencia, sí les impone la obligación de fundar y motivar sus resoluciones. Dichas reglas procesales son aplicables, por analogía, respecto de los incidentes tramitados por las partes en el juicio principal y de las que se advierte la existencia de dos principios fundamentales o requisitos que deben observarse en toda resolución: el de congruencia y el de exhaustividad. El primero, en su esencia, está referido a que el laudo o resolución, debe ser congruente no sólo consigo mismo, sino también con la litis, tal como haya quedado establecida en la etapa oportuna; de ahí que se hable, por un lado, de congruencia interna, entendida como aquella característica de que el laudo no contenga resoluciones o afirmaciones que se contradigan entre sí y, por otro lado, de congruencia externa, que en sí, atañe a la concordancia que debe haber con la demanda y contestación formuladas por las partes, esto es, que el laudo o interlocutoria, no distorsione o altere lo pedido o lo alegado en la defensa, sino que sólo se ocupe de las pretensiones de las partes y de éstas, sin introducir alguna que no se hubiera reclamado, ni de condenar o de absolver a alguien que no fuera parte en el juicio laboral. A su vez, el principio de exhaustividad está relacionado con el examen que debe efectuar la autoridad respecto de todas las cuestiones o puntos litigiosos que le son sometidos a su consideración, sin omitir uno o algunos de ellos, es decir, dicho principio implica la obligación del órgano jurisdiccional de decidir las controversias que se sometan a su conocimiento, tomando en cuenta los argumentos aducidos tanto en la demanda como en aquellos en que se sustenta la contestación y demás pretensiones hechas valer oportunamente en el juicio, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, o se diriman las inconformidades planteadas, resolviendo sobre todos y cada uno de los puntos litigiosos que hubieran sido materia del debate. En el caso, en el laudo firme de nueve de enero de dos mi dieciocho, el tribunal responsable condenó al Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Cunduacán, Tabasco a reinstalar y cubrir el pago de salario caídos al actor Carlos Alejandro Arias Rivera, así como al aumento salarial del año dos mil ocho, prima vacacional y aguinaldo por el tiempo del juicio y hasta que sea reinstalado el actor, salarios devengado y reconocimiento de antigüedad. Ahora, se destaca que en la resolución reclamada, el tribunal responsable al realizar la cuantificación correspondiente a la cantidad liquida correspondiente a las prestaciones a las que fue condenado el Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Cunduacán, Tabasco, al establecer el porcentaje correspondiente al incremento anual del salario correspondiente al año 2019, 2020 y 2021, determinó: "TERCERO.- Con base en las disposiciones legales referidas, y atendiendo a la carga probatoria que manda el artículo 784, fracción XII de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, esta autoridad tiene a bien determinar que los incrementos y mejoras salariales materia de la presente actualización de salarios, se cuantificará de conformidad con los incrementos que establece la Comisión nacional de los Salarios Mínimos en el TABULADOR de la citada Comisión Nacional, pues como ya se explicó la carga de la prueba la tiene la demandada H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO el cual no aportó ningún elemento en su escrito de contestación respecto de los incrementos y mejoras salariales que ha venido obteniendo el actor en su categoría. Cabe señalar, que los porcentajes fueron consultados en las páginas oficiales de internet de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social www.stps.gob.mx y de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos www.conasami.gob.mx. En apoyo a lo anterior se invoca el siguiente criterio jurisprudencial: SALARIO MINIMO. LOS INCREMENTOS QUE ESTABLECE LA COMISION NACIONAL DE LOS SALARIOS MINIMOS DEBE APLICARLOS LA JUNTA, Y NO ARROJAR LA CARGA DE LA PRUEBA AL TRABAJADOR. Las publicaciones periódicas que realiza la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos en el Diario Oficial de la Federación, en cuanto a la fijación de los incrementos del salario mínimo, son disposiciones generales y obligatorias que debe atender la Junta para establecer la condena respectiva, cuando ésta es procedente, y no arrojar la carga de la prueba al trabajador. Novena Época.Tesis Aislada." Por lo anterior, se procede a realizar la cuantificación tomando como referencia que los porcentajes publicado en el TABULADOR de la Comisión de los Salarios Mínimos que servirán como se ha dicho para resolver la actualización de salarios que nos ocupa, se multiplicaran por el salario base y el resultado se le adiciona y el mismo sirve de base para el siguiente año y así sucesivamente, por lo que los porcentajes que se consideran en la cuantificación en la presente resolución incidental de liquidación, son los siguientes: PERIODO INCREMENTO% 2019 5% 2020 5% 2021 Del 01 de enero al 16 de agosto de 2021 6% En consecuencia, las prestaciones que salió condenado la H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO, mediante Laudo de fecha NUEVE DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO, con fundamento en el artículo 843 de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria, se procede a realizar la cuantificación quedando de la siguiente manera: CALCULO 1.- ACTOR: CARLOS ALEJANDRO ARIAS RIVERA. FECHA DEL DESPIDO INJUSTIFICADO: 04 DE JULIO DE 2008 CATEGORÍA: AUXILIAR CONTABLE "A" DE BASE. AÑO DIAS TRANSCU RRIDOS EN EL AÑO SALARIO DIARIO INCREME NTO AL SALARIO DIARIO EN PORCEN TAJE INCREMENT O AL SALARIO DIARIO EN PESOS SALARIO DIARIO CON INCREMEN TO TOTAL 2019 283 $372.76 5% $18.63 $391.39 $110,763.37 2020 365 $391.39 5% $19.56 $410.95 $149,996.75 2021 228 $410.95 6% $24.65 $435.6 $99,316.8 TOTAL: $360,076.92 Nota: la columna de días transcurridos en la anualidad que corresponde, se multiplica por el salario diario que resultó después de habérsele sumado el incremento en pesos que tuvo el salario mínimo en ese periodo, lo que da como resultado la cantidad de pago por concepto de salarios caídos por cada año. B).- Respecto al pago de PRIMA VACACIONAL generados durante el presente juicio, tomando en cuenta el numeral 34 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco, resultan ser 10 días de aguinaldo por año que multiplicados por el salario diario da el resultado siguiente: AÑO DIAS TRANSCU RRIDOS EN EL AÑO DIAS A QUE TIENE DEREC HO S. D. INCREME NTO AL SALARIO DIARIO EN PORCEN TAJE INCREMENT O AL SALARIO DIARIO EN PESOS SALARIO DIARIO CON INCREMEN TO TOTAL 2019 283 5.66 $372.76 5% $18.63 $391.39 $2,215.26 2020 365 10 $391.39 5% $19.56 $410.95 $4,100.00 2021 (16 de agosto) 228 4.56 $410.95 6% $24.65 $435.6 $1,986.33 TOTAL: $8,302.59 Nota: Los días a que tiene derecho por prima vacacional, se obtiene de dividir 10 que es el número de días a que se tiene derecho por cada anualidad, por concepto de vacaciones, ente 365 que corresponden a los días de un año de lo que se obtiene el factor que corresponde por cada día laborado, y este a su vez se multiplica por los días laborados en cada anualidad. La columna de días por concepto de prima vacacional a que tiene derecho en la anualidad que corresponde, se multiplica por el salario diario que resultó después de habérsele sumado el incremento en pesos que tuvo el salario mínimo en ese periodo, lo que da como resultado la cantidad de pago por concepto de prima vacacional por cada año. C).- En cuanto al pago de AGUINALDO, que se generaron durante la tramitación del juicio, tomando en cuenta el numeral 44 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco, resultan ser 40 días por año, por el salario mismo que es considerado con los incrementos salariales, por lo que le corresponde la cantidad de: AÑO DIAS TRANSCU RRIDOS EN EL AÑO DIAS A QUE TIENE DEREC HO S. D. INCREME NTO AL SALARIO DIARIO EN PORCEN TAJE INCREMENT O AL SALARIO DIARIO EN PESOS SALARIO DIARIO CON INCREME NTO TOTAL 2019 283 5.66 $372.76 5% $18.63 $391.39 $10,958.92 2020 365 10 $391.39 5% $19.56 $410.95 $16,438.00 2021 (16 de agosto) 228 4.56 $410.95 6% $24.65 $435.6 $9,583.20 TOTAL: $36,980.12 Nota: Los días a que tiene derecho por aguinaldo, se obtuvo de dividir 40 que es el número de días a que se tiene derecho por cada anualidad por concepto de aguinaldo, entre 365 que corresponden a los días de un año, de lo que se obtiene el factor que corresponde para cada día laborado y este a su vez se multiplica por los días laborados en cada anualidad. La columna de días por concepto de aguinaldo a que tiene derecho en la anualidad que corresponde, se multiplica por el salario diario que resultó después de habérsele sumado el incremento en pesos que tuvo el salario mínimo en ese periodo, lo que da como resultado la cantidad de pago por concepto de aguinaldo por cada año. Así las cosas, la entidad pública demandada deberá cubrir a la actora CARLOS ALEJANDRO ARIAS RIVERA la cantidad de 405,358.63 (CUATROCIEN TOS CINCO MIL TRTESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 63/100 MONEDA NACIONAL) salvo error u omisión de carácter aritmético; más la cantidad que aún se le adeuda a la actora de $1,503,593.32 ( UN MILLÓN QUINIENTOS TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 32/100 MONEDA NACIONAL) salvo error u omisión de carácter aritmético, haciendo un total de $1,908,951.95 (UN MILLÓN NOVECIENTOS OCHO MIL NOVECINTOS CINCUENTA Y UN PESOS 95/100 M.N.) salvo error de carácter aritmético, la cual queda establecida conforme a las condenas establecidas en la resolución de liquidación de 09 de mayo de 2014 y que la entidad demandada H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE CUNDUACAN, TABASCO, deberá pagar al actor toda vez que este H. Tribunal en el momento de elaborar las cuantificaciones se basa en el laudo y la resolución incidental de liquidación." Del análisis minucioso de la resolución interlocutoria reclamada, se advierte que el tribunal responsable no es congruente con la condena firme establecida en el laudo, ya que al determinar el porcentaje del incremento anual del salario mínimo que tomaría como base para realizar la actualización de los salarios correspondientes año 2019, 2020 y 2021, consideró que dichos porcentajes en los periodo antes señalados fueron los siguientes: PERIODO INCREMENTO% 2019 5% 2020 5% 2021 Del 01 de enero al 16 de agosto de 2021 6% Sin embargo, en los tabuladores correspondientes publicados por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, consultable en su página electrónica oficial www.conasami.gob.mx, se advierten que los porcentajes respecto a los referidos periodos son distintos; para corroborar lo expuesto a continuación se inserta la porción correspondiente de los mismos. En efecto, del contenido de los citados tabuladores, los cuales el tribunal responsable adujo que tomo en consideración para establecer el incremento anual del salario mínimo general vigente para los años 2019, 2020 y 2021 se advierte que los porcentajes de incremento anual fueron los siguientes: PERIODO INCREMENTO% 2019 5% 2020 15% 2021 20% Por tanto, resulta ilegal e incongruente, que el tribunal responsable haya considerado que el porcentaje incremento anual del salario mínimo general vigente en el año 2019, 2020 y 2021 haya sido del 5%, 5%, y 6%, cuando en los referidos tabuladores se advierte que fueron de 5%, 15, y 20% respectivamente. En este contexto, es palpable que el tribunal responsable incumplió con el normativo 842 de la ley de la materia, afectando las defensas del impetrante del amparo con trascendencia dicha violación al sentido del fallo, al desconocer el impetrante los razonamientos lógico-jurídicos, así como las operaciones aritméticas conforme al porcentaje del correcto incremento anual del salario mínimo general vigente correspondiente a los periodos cuantificables y, por ende, transgredió en su perjuicio las garantías individuales de legalidad y seguridad jurídica consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es aplicable a las anteriores consideraciones la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible con el número 204 en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, página 166, que a la letra dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.-De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." De igual forma, es aplicable a contrario sensu, la jurisprudencia I.2o.T. J/3, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, consultable en la página 479, Tomo VII, Junio de 1998 del Semanario Judicial y su Gaceta, Novena Época, Materia Laboral, de rubro y texto: INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN, SALARIO QUE DEBE CONSIDERARSE EN EL. El objeto de este incidente es tan solo cuantificar la condena impuesta en el laudo dictado en el juicio laboral, por lo que si en éste se fijó el salario base de la misma, no es procedente que en la resolución incidental se tome en cuenta un salario diferente, aunque el que se precisó en dicho laudo no haya sido correcto, si no se promovió amparo directo en contra del propio laudo." Así como por identidad jurídica, la jurisprudencia V.1º.C.T. J/63, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Quinto Circuito, consultable en la página 988, Tomo XXIV, Julio de 2006, del Semanario Judicial y su Gaceta, Novena Época, Materia Laboral, de rubro y texto: LAUDO. EL HECHO DE QUE LA JUNTA CONDENE A UNA CANTIDAD DE DINERO DETERMINADA PERO OMITA PRECISAR LAS OPERACIONES ARITMÉTICAS QUE SIRVIERON DE BASE PARA CUANTIFICARLA, CONTRAVIENE EL ARTÍCULO 842 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. Si la Junta al emitir el laudo condena al pago de una cantidad de dinero determinada y omite precisar las operaciones aritméticas que sirvieron de base para cuantificarla, tal actuación contraviene el artículo 842 de la Ley Federal del Trabajo, afectando las defensas del quejoso y trascendiendo al resultado del fallo, toda vez que se desconocen los razonamientos lógicojurídicos por los que la responsable llegó a dicha conclusión." En consecuencia, al resultar fundado el concepto de violación alegado por el quejoso, lo procedente es conceder la protección constitucional que solicita contra del actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco. Al efecto, al haber resultado fundado y suficiente para otorgar el amparo solicitado el concepto de violación relativo a la violación procesal reclamada, resulta innecesario el estudio de los restantes motivos de inconformidad vertidos en la demanda de amparo, aunado a que, a ningún fin práctico conduciría, pues en nada variaría el sentido de la presente resolución. Sustenta lo anterior la jurisprudencia emitida por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 85, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917- 2000, de rubro y texto siguientes: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ESTUDIO INNECESARIO DE LOS. Si al examinar los conceptos de violación invocados en la demanda de amparo resulta fundado uno de éstos y el mismo es suficiente para otorgar al peticionario de garantías la protección y el amparo de la Justicia Federal, resulta innecesario el estudio de los demás motivos de queja." SEPTIMO. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO. En términos del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, la protección constitucional concedida es para efecto que, una vez que cause ejecutoria esta sentencia, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco: 1. Deje insubsistente la resolución incidental de liquidación de laudo de catorce de febrero de dos mil veintidós, emitida dentro del juicio laboral 249/2008 y acumulado 37/2011, de su índice. 2. Siguiendo los lineamientos del presente fallo, dicte una nueva resolución fundada y motivada en la que deberá realizar las operaciones aritméticas tomando en consideración el correcto porcentaje de incremento anual del salario mínimo en los años 2019, 2020 y 2021, así como realizar las operaciones aritméticas correspondientes; hecho lo anterior, determine lo que en derecho proceda. OCTAVO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de dieciocho de marzo de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. La justicia de la unión AMPARA Y PROTEGE a ********** en contra del acto reclamado al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, por las razones y para los efectos establecidos en los considerandos sexto y séptimo de la presente resolución. SEGUNDO. En atención a lo señalado en el último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.
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