Carlos Alberto Vázquez Gutíerrez
Expediente 249/2015 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 16 actuaciones registradas, la última del 1 de diciembre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 249/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 01/12/2015
Partes del expediente
- Carlos Alberto Vázquez Gutíerrez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se aprecia que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días establecido en el primer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes manifestaran su inconformidad contra el proveído de veintisiete de octubre de dos mil quince, en el cual se declaró cumplido el fallo protector. En consecuencia, se tiene por consentido dicho acuerdo, considerando que ninguna de las partes hizo alguna manifestación al respecto. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio que concedió el amparo a la parte quejosa, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Depurar el cuaderno original del incidente de suspensión, derivado del presente juicio de amparo, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción III del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse concedido la suspensión definitiva del acto reclamado. 3. Destruir el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 4. Transferir el expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo.
- Principal
Se notifica por lista a la parte tercero interesada: Juan Siordio Venegas, Antonio Siordia Venegas y Julia Siordia Venegas, el auto de veintisiete de octubre de dos mil quince, que dice: "Visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los que se advierte que mediante oficios registrados con los folios 26774 y 26775 (fojas 103 a 182), la autoridad responsable Juez Primero de lo Penal del Partido Judicial de esta ciudad, manifestó haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo; ahora bien, tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias de los procedimientos de amparo es de orden público, este órgano jurisdiccional se encuentra obligado a determinar si tal ejecutoria está cumplimentada o no, aun cuando las partes no hayan desahogado la vista ordenada sobre el particular, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Apoya la anterior determinación, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 243, tomo XI-marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación, novena época, cuya sinopsis es: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Igualmente resulta aplicable, en términos del transitorio sexto de la Ley de Amparo, la tesis IX.1o.6 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, consultable en la página 883, tomo III-marzo de 1996, del Semanario Judicial de la Federación, novena época, que dice: "AMPARO, EJECUTORIAS DE. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER INMEDIATO. Los artículos 104, 105, 106 y 107 de la Ley de Amparo, que se refieren a la ejecución de las sentencias dictadas en los juicios de garantías, no prevén ningún caso de excepción. Por el contrario, se advierte que el espíritu de estas disposiciones legales, es el de que las ejecutorias de amparo deben ser cumplimentadas sin demora por las autoridades responsables, pues el restablecimiento de la garantía o garantías violadas, mediante la ejecución de la sentencia de amparo, es una cuestión legal de orden público, que no puede ser aplazada o condicionada a procedimientos ordinarios; estimarlo de otra forma es contrario a los fines del juicio de garantías y altera la jerarquía de las normas jurídicas." EFECTOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO En la demanda de amparo la parte quejosa señaló como autoridad responsable, en lo que interesa, a la Juez Primero de lo Penal del Partido Judicial de esta ciudad, de quien reclamó el auto de término constitucional de veinte de abril de dos mil quince, pronunciado en la causa penal 172/2015 de su índice. Ahora bien, mediante resolución firmada el siete de septiembre de dos mil quince, este órgano jurisdiccional concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, la cual causó ejecutoria mediante proveído de cinco de octubre de la presente anualidad. Los efectos de la concesión de amparo fueron precisados en la referida ejecutoria, por lo que la autoridad responsable quedó constreñida a cumplir con lo siguiente: "[.] lo procedente es conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la autoridad responsable Juez Primero Penal de Primera Instancia, con residencia en esta ciudad: a) Declare insubsistente el auto de formal prisión de fecha veinte de abril de dos mil quince, dictado dentro de la causa penal 172/2015, únicamente por lo que hace al quejoso Carlos Alberto Vázquez Gutiérrez y con plenitud de jurisdicción, purgando el vicio formal detectado, pronuncie la resolución que conforme a derecho corresponda, la cual podrá ser en el mismo sentido o en otro diverso, pero fundando y motivando debidamente su determinación. [.]" ACTOS DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Por oficios registrados con los folios 26774 y 26775 (fojas 103 a 182), la autoridad responsable Juez Primero de lo Penal del Partido Judicial de esta ciudad, informó que dejó insubsistente la resolución del auto de término constitucional pronunciado el veinte de abril del año en curso, dentro de la causa penal 172/2015 y acompañó copia certificada de la resolución de nueve de octubre de la presente anualidad, emitida en cumplimiento a la ejecutoria de amparo; documentales que tienen pleno valor probatorio en términos de lo preceptuado en los artículos 197 y 202 del Código de Procedimientos Civiles, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. ANÁLISIS EVALUATIVO Lo anterior evidencia que la autoridad responsable acató el fallo protector, pues en principio, mediante acuerdo de nueve de octubre del año en curso, dictado en la causa penal 172/2015, dejó sin efecto el acto reclamado consistente en el auto de término constitucional de veinte de abril del actual; luego, con plenitud de jurisdicción emitió la resolución de nueve de octubre de dos mil quince, de la que se advierte que fundó y motivó su determinación. Por su parte, la tercera interesada Agente del Ministerio Público adscrita al Juzgado Primero de lo Penal del Partido Judicial de esta ciudad, manifestó que el juez de la causa había cumplido con la ejecutoria que ahora se analiza. Así, con apegó a los lineamientos establecidos en la ejecutoria motivo de análisis, la autoridad responsable argumentó sólidamente el por qué se acredita la comisión del delito que se le imputa, es decir, analizó las circunstancias de tiempo, modo y lugar para acreditar la tipicidad con la reunión de sus elementos objetivos y normativos, dando seguridad jurídica al inculpado, a fin de que conozca que el proceso iniciado en su contra tiene una fundamentación y motivación concreta, circunstancia que aseveró a través de los indicios que obran en la causa penal de origen. Lo anterior conllevó a determinar -previo análisis de las pruebas- a tener por acreditado los elementos del cuerpo del delito que se le atribuye, y su probable responsabilidad en la comisión del ilícito que se le imputa; máxime que analizó detalladamente los elementos objetivos que constituyen la materialidad de los hechos que constituyen el ilícito, al otorgar valor probatorio a cada una de las pruebas examinadas, tanto en lo individual como en conjunto. En las relatadas circunstancias y una vez analizada la ejecutoria de mérito, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, SE TIENE POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DICTADA EN EL PRESENTE ASUNTO, sin exceso ni defecto, pues es inconcuso que la autoridad responsable, acató el núcleo de la ejecutoria. VISTA A LAS PARTES Se da vista a las partes para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo".
- Principal
Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el oficio signado por la tercero interesada agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Primero Penal, de esta ciudad, mediante el cual informa que ya dio cumplimiento al fallo protector que se concedió a la parte quejosa en el presente juicio; sin embargo, una vez que se emita el pronunciamiento correspondiente, se acordará lo conducente.
- Principal
Se notifica por lista a la parte tercero interesada el auto de catorce de octubre de dos mil quince, que dice: "Se ordena agregar a los autos los oficios de cuenta, suscritos por la 1. Juez Primero de lo Penal, de esta ciudad y anexo, los cuales se relacionan con el cumplimiento a la ejecutoria que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se da vista a las partes con el oficio de cuenta por el plazo de tres días a efecto que manifiesten lo que a su interés convenga; apercibidas que de no hacerlo, considerando los elementos que obren en el expediente, así como los datos aportados por la autoridad responsable se resolverá respecto de dicho cumplimiento".
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