Carlos Alberto Vázquez Chavez
Expediente 1995/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 5 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1995/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 29/03/2023
Partes del expediente
- Carlos Alberto Vázquez Chavez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Notifíquese personalmente.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, se advierte que el término que establece la Ley de Amparo en vigor, transcurrió sin que las partes hubiesen interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia en la que se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal; por tanto, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos de ley. En virtud de lo anterior, requiérase a la autoridad responsable, para que dentro del término de tres días, contados a partir de la notificación de este proveído, remita a este juzgado constancia fehaciente del cumplimiento que haya dado a la resolución de que se trata, bajo apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá una multa y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, para los efectos consistentes en su separación del cargo y consignación ante autoridad competente. para acreditar el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, bastará que se compruebe la notificación y emplazamiento, con la limitante de que, en el supuesto de que no puedan emplazarse a ésta por ser incorrecto el domicilio proporcionado, para efectos de la cumplimentación de la sentencia amparadora, la Junta responsable deberá comprobar que proveyó lo conducente respecto de la razón actuarial que se elabore con motivo de la búsqueda por parte del fedatario adscrito a dicho órgano de impartición de justicia, así como que notificó dicho acuerdo. De igual forma, requiérase al Presidente Especial de la Décimo Tercera Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, para que, en su carácter de superior jerárquico de la autoridad responsable, ordene a éste el cumplimiento de la ejecutoria de mérito, dentro del referido término, bajo apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá una multa y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, para los efectos consistentes en su separación del cargo y consignación ante autoridad competente. Asimismo, se hace del conocimiento del Presidente Especial de la Décimo Tercera Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, que en su carácter de superior jerárquico de la autoridad responsable encargada del cumplimento, incurre en responsabilidad por falta de cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en los mismos términos que las autoridades en contra de cuyos actos se concedió la protección constitucional, por lo que no deberá limitarse a únicamente emitir un requerimiento sino que deberá acreditar que le dio seguimiento para lograr el cometido.
- Principal
Visto el oficio de cuenta que suscribe la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, adjunto al cual remite los autos del juicio de garantías número 297/2021, y remite testimonio emitido en sesión de once de noviembre de dos mil veintiuno, en el toca de amparo en revisión 266/2021, cuyos puntos resolutivos dicen: "PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida. --- SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Bansí, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Departamento Fiduciario; ténganse por recibido el oficio y anexos de cuenta, acúsese el recibo de estilo, háganse las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y glósese a los autos el cuaderno de antecedentes que se formó para la substanciación de dicho recurso. En la última parte de la resolución dictada por la superioridad, se precisaron los siguientes efectos de la concesión del amparo: ".A fin de asegurar el estricto cumplimiento al fallo protector y la restitución en el goce de sus derechos humanos que se consideraron transgredidos, se deberá desincorporar de la esfera jurídica de la persona moral quejosa, la obligación de calcular el impuesto predial conforme a la porción normativa reclamada, esto es, el artículo 45, fracción I, de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, para el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno, "en específico referente a la sobretasa 100% impuesta a propietarios de predios baldíos"; sin que lo anterior implique desincorporar totalmente la obligación de pagar la contribución de referencia, en virtud de que ello implicaría poner a la promovente en un estado privilegiado, desatendiendo el mandato constitucional previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Carta Magna, respecto a la obligación de contribuir al gasto público en forma proporcional y equitativa, aunado a que la concesión del amparo no recayó sobre los elementos esenciales del impuesto; por tanto, no existe obstáculo alguno que impida ser posterior aplicación, a condición de que se le brinde el mismo trato que a aquellos sujetos a los que la ley situó en una posición más favorable que a otros." Ahora bien, tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias, si bien es cierto, corresponde a las autoridades que intervinieron en la realización de los actos reclamados, también lo es, que en tratándose de amparo contra leyes y en atención a que en nuestro régimen constitucional la creación de normas jurídicas puede provenir principalmente de los órganos legislativos, las normas y principios rectores del juicio de amparo son igualmente aplicables en ambos casos, independientemente de la denominación que se les dé, tales como acuerdos o decretos, si cumplen el requisito de ser de carácter general y reúnen los demás atributos materiales configuradores de la ley, tales como la abstracción e impersonalidad. En tal virtud, en aplicación del principio de relatividad de las sentencias de amparo, contenido en el artículo 107, fracción II, de la Constitución Federal, que señala que los efectos de las mismas sólo pueden comprender a individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley que motivó el juicio, resulta ocioso pretender el cumplimiento de la sentencia por parte de las autoridades que participaron en el proceso de creación de la ley, reglamento o decreto, hasta su entrada en vigor (refrendo y publicación), porque el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a dichas autoridades a derogar o dejar sin efectos sus actos, aun parcialmente. Por otra parte, toda vez que las ejecutorias deben ser cumplidas por toda autoridad que tenga conocimiento de ellas y que, por razón de sus funciones deba intervenir en su ejecución, máxime que no solamente la autoridad que haya figurado con el carácter de responsable en el juicio de garantías, está obligada a cumplir la sentencia de amparo, si no cualquier otra autoridad que con motivo de sus funciones tenga que participar en la ejecución de ese fallo, en virtud de ello, requiérase a la autoridad responsable, Tesorero Municipal de Zapopan, Jalisco, para que dentro del término de tres días, contados a partir de la notificación de este proveído, remita a este juzgado constancia fehaciente del cumplimiento que haya dado a la resolución de que se trata, bajo apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá una multa. De igual forma, requiérase al Presidente Municipal de Zapopan, Jalisco, para que, en su carácter de superior jerárquico de la responsable, ordene a ésta el cumplimiento de la ejecutoria de mérito, dentro del referido término, bajo apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá una multa. Asimismo, se hace del conocimiento del Presidente Municipal de Zapopan, Jalisco, que en su carácter de superior jerárquico de la autoridad responsable, incurre en responsabilidad por falta de cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en los mismos términos que la autoridad en contra de cuyos actos se concedió la protección constitucional, según lo dispone el segundo párrafo del artículo 194 de la Ley de Amparo.
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