Carlos Alberto Vargas López

Expediente 713/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
713/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
15/08/2022

Partes del expediente

  • Carlos Alberto Vargas López

Actuaciones

  1. Principal

    León, Guanajuato, dieciocho de agosto de dos mil veintidós. I. Autoridad cumple requerimiento. Agréguese a los autos el oficio remitido por el el apoderado legal de la autoridad responsable secretario de Salud del Estado de Guanajuato, con sede en la capital, a través del cual informa la data y hora señaladas para que le sea aplicada la segunda dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech, al menor de edad quejoso. II. Se da vista a la parte quejosa y se le requiere. Ahora bien, toda vez que del oficio de cuenta, se desprende que el menor de edad quejoso debe presentarse a las nueve horas del diecinueve de agosto del año en curso, en el Hospital de Especialidades Pediátricas de León, a efecto de que le sea aplicada la vacuna correspondiente. Con copia del referido oficio, notifíquese personalmente a la parte quejosa para que tenga conocimiento de ello. Asimismo, requiérasele para que dentro del término de tres días, contado a partir de la inoculación del menor quejoso, remita a este Juzgado Federal la constancia atinente a la aplicación de dicha vacuna, en el entendido que de no hacerlo así, se le tendrá por desinteresada en la prosecución del juicio de amparo en que se actúa, por lo que se decretará el sobreseimiento del mismo. III. Se instruye a fedatario público adscrito. Ahora bien, para el debido cumplimiento de lo antes acordado, tomando en consideración la proximidad de la fecha en la que deberá acudir el menor de edad quejoso a su cita, se instruye al actuario adscrito para que de inmediato proceda a realizar las notificaciones correspondientes, así como a entablar comunicación vía telefónica y/o correo electrónico con la parte quejosa, a fin de hacerle del conocimiento lo determinado en este proveído, debiéndose asentar la razón correspondiente en autos. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Gabriela Elizeth Almazán Hernández, jueza Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, quien actúa asistida de Carla Adriana Gallardo Rojas, secretaria del juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE 25 DE JULIO DE 2022, EL CUAL, EN LO CONDUCENTE DICE: I. Oficina de Correspondencia Común informa. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Jefa de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad, a través del cual en atención a lo solicitado mediante proveído de veinte de julio del año en curso, hace del conocimiento que el ocurso que fue registrado con la etiqueta con folio 2357730, dirigido a este órgano jurisdiccional, relativo al juicio de amparo en que se actúa, se extrajo del buzón judicial a primera hora del dieciocho de julio de la presente anualidad, en razón de que fue depositado en el mismo el quince de julio de dos mil veintidós. En atención a lo anterior, se tiene por recibida la información proporcionada por la autoridad oficiante, para los efectos legales a que haya lugar. II. Se levanta reserva y quejoso desahoga prevención. Ahora bien, visto el estado procesal de autos, se advierte que el veinte de julio del año en curso, se reservó proveer el escrito aclaratorio por el quejoso Carlos Alberto Vargas López, hasta en tanto se rindiera la información solicitada en dicho proveído, lo que ya aconteció, por lo que se provee: Se tiene a la vista el ocurso presentado por el impetrante, a través del cual desahoga la prevención formulada mediante proveído de treinta de junio de la presente anualidad; en atención a ello se acuerda: III. Desechamiento. Del contenido de la demanda de amparo se obtiene que el impetrante señala como acto reclamado la resolución de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, emitida por la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, con sede en Guanajuato capital, en el toca 257/2022, que confirmó la resolución incidental de dieciséis de marzo del año en curso, dictada por la Jueza Segundo Civil de Partido de esta ciudad, que resolvió el incidente de autorización de venta de bien, dentro del juicio sucesorio testamentario C537/2015. Ahora bien, se determina que la demanda de amparo es notoriamente improcedente y, por tanto, debe desecharse, como se verá a continuación. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que: "(.) el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano (...)". De la lectura del artículo transcrito, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causa de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Ello obedece a que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver el fondo de la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. En el caso, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)" Del citado numeral se desprende que es improcedente el juicio de amparo contra actos consentidos tácitamente, esto es, en contra de aquellos en que no se promueva el juicio dentro de los plazos previstos. Por su parte, el artículo 17 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Siendo que el acto que se tilda de inconstitucional, no se encuentra en ninguno de los casos de excepción al plazo general que menciona el numeral 17 de la Ley de Amparo, en sus fracciones I, II, III y IV, pues no se reclama una norma general autoaplicativa o el proceso de extradición, la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, actos que pudieran afectar derechos agrarios representando a una población ejidal o comunal, o actos que impliquen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Luego, el diverso artículo 18 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Como se advierte de los preceptos legales antes transcritos, el término genérico de quince días para la presentación de la demanda correrá a partir del día siguiente de que se actualice cualquiera de los tres supuestos siguientes: a. Que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; b. Que el agraviado haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o, c. Que el afectado se hubiera ostentado sabedor de los mismos. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis de jurisprudencia P./J. 115/2010, emitida por la Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 5, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ." Ahora bien, el acto reclamado ante esta instancia constitucional se hace consistir en la resolución de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, emitida por la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, con sede en Guanajuato capital, en el toca 257/2022, que confirmó la resolución incidental de dieciséis de marzo del año en curso, dictada por la Jueza Segundo Civil de Partido de esta ciudad, que resolvió el incidente de autorización de venta de bien, dentro del juicio sucesorio testamentario C537/2015. Empero, de las constancias que le fueron requeridas a la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, con sede en Guanajuato capital, y que allegó en copia certificada, a las cuales se les concede pleno valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, por tratarse en la especie de actuaciones llevadas a cabo por funcionario público en ejercicio de sus atribuciones, con apoyo en la jurisprudencia número 226 publicada en la página 153 del Tomo VI, materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de título siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO"; es posible advertir que la resolución reclamada (treinta y uno de mayo de la presente anualidad), le fue notificada al aquí quejoso electrónicamente el mismo día en que se dictó, es decir, el treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. Por tanto, de la fecha en que surtió efectos la notificación del acto reclamado, a la data en que presentó su demanda de amparo (veintisiete de junio del año en curso), ya había transcurrido el plazo legalmente previsto para impugnar mediante juicio de amparo el acto que reclama, como se aprecia a continuación: Fecha en que le fue notificado al quejoso. Cómputo del plazo de quince días: Fecha de la presentación de la demanda de amparo: Días inhábiles: 31 de mayo de 2022. 2 al 22 de junio de 2022. 27 de junio de 2022. 4, 5, 11, 12, 18 y 19, todos de junio de 2022. Por ende, es evidente que dada la naturaleza del acto, la parte quejosa debió sujetarse al plazo genérico que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo para promover la demanda, esto es, al de quince días, contado a partir del día siguiente al en que surtió efectos la notificación del acto reclamado. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 30/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 24/2006-PS, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero, Quinto, Sexto y Décimo Primero, todos en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 286, del Tomo XXV, Mayo de 2007, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA PROMOVERLA EN LAS DISTINTAS HIPÓTESIS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO DEL CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO." De ahí que si presentó la demanda que se analiza hasta el veintisiete de junio de la presente anualidad, en la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito, con sede en esta ciudad, es inconcuso que se hizo con posterioridad al término que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, sin que en el caso nos encontremos en alguna de las excepciones que contempla el citado numeral que se transcribió en líneas precedentes, ante lo cual resulta manifiesto que se actualice en forma notoria e indudable la causa de improcedencia prevista por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo; debido a que el acto reclamado fue consentido tácitamente por la parte solicitante del amparo. Sin que sea óbice a lo anterior que el solicitante del amparo aduzca que tuvo conocimiento del acto reclamado el tres de junio de dos mil veintidós, ya que, al ser parte en el juicio civil, así como en el toca de origen y habérsele notificado electrónicamente la resolución reclamada, no le aplica la regla que pretende invocar, aunado a que no se trata de un tercero extraño a juicio o por equiparación, de ahí que en nada cambia la decisión asumida en el presente auto. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia regulada por la fracción XIV del artículo 61 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda que se estudia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. En apoyo a la conclusión anterior se invoca, por identidad de razones jurídicas, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, Novena Época, cuyo rubro es el siguiente: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE."

  3. Principal

    Cumple requerimiento. Agréguese el oficio y anexo que remite el Secretario de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, con residencia en Guanajuato capital, mediante el cual cumple con el requerimiento que se le formuló el treinta de junio del año en curso, y al efecto informa la fecha y forma en que le fue notificada al quejoso Carlos Alberto Vargas López, la determinación de treinta y uno de mayo de la presente anualidad, dictada en el toca 257/2022, de su índice, remitiendo copia certificada de lo anterior. Acúsese recibo tal y como lo solicitó la autoridad oficiante.

  4. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE 30 DE JUNIO DE 2022, EL CUAL, EN LO CONDUCENTE DICE: "." León, Guanajuato, a treinta de junio de dos mil veintidós. I. Registro de Expediente. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 713/2022-III. II. Parte quejosa. Carlos Alberto Vargas López. Autoridades responsables. Magistrado de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato. Prevención de la demanda. Ahora bien, visto el contenido de la demanda de cuenta, se advierte que no cumple con los requisitos que establece el artículo 108, fracciones III y V de la Ley de Amparo, por lo que antes de acordar sobre su admisión o desechamiento, con fundamento en el numeral 114, fracciones I y II de la ley de la materia, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la legal notificación del presente proveído, por escrito, y sin formular ni presentar una nueva demanda cumpla con lo siguiente: Indique bajo protesta de decir verdad la fecha en que le fue notificada la resolución de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, dictada en el toca 257/2022 del índice de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, con sede en Guanajuato, capital. Sin perjuicio de lo anterior, en términos de lo dispuesto en el artículo 75, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, requiérase a la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, con sede en Guanajuato, capital, para que, en el plazo de veinticuatro horas contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, informe a este órgano de control constitucional la fecha y forma en que le fue notificada al aquí quejosa Carlos Alberto Vargas López, la determinación de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, dictada en el toca 257/2022 de su índice; para lo cual, deberá remitir copia certificada, completa y legible de las constancias con las que lo acredite. Bajo el apercibimiento, que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior; o bien de no informar el impedimento que tiene para cumplir en el término concedido para tal efecto, se hará acreedor a una multa de cincuenta unidades de medida y actualización. Relate "bajo protesta de decir verdad", de manera clara, cronológica y detallada los antecedentes que guarden relación con el acto reclamado, toda vez que de la lectura de la demanda de amparo, se advierte que la parte promovente no realiza una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación al mismo y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de amparo, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia, caso en el cual deberá hacer la expresión correspondiente; lo anterior, toda vez que en el apartado correspondiente únicamente se limitó a referir de nueva cuenta el acto reclamado, así como los preceptos legales que considera le fueron vulnerados. En el entendido de que dicha protesta la realizará el propio promovente, por ser un acto personalísimo que no puede ser satisfecho por persona diversa a aquél, dada la responsabilidad penal que de la misma pudiera derivarse. Se apercibe al promovente que de afirmar hechos falsos o de omitir los que le consten en relación con el acto reclamado, se dará vista especial al fiscal de la federación y se procederá conforme al artículo 261 de la Ley de Amparo, esto es, se le impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días. En apoyo a lo anterior, cabe invocar la jurisprudencia 2a./J. 88/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de tesis 40/2006-SS.- Entre las sustentadas por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, visible en la página 348, tomo XXIV, Julio de 2006, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA". Indique si es su deseo señalar como autoridad responsable al Juzgado Segundo Civil de Partido, con sede en esta ciudad, en virtud de que se advierte de su libelo que cuenta con participación en el acto reclamado, al haberse confirmado su resolución de dieciséis de marzo de dos mil veintidós, dentro del juicio sucesorio testamentario C537/2015, por parte de la Sala Civil que señala como responsable. Exhiba trece copias más de su demanda de amparo, ya que únicamente exhibió el original del escrito de demanda y una copia, cuando se requieren catorce, a saber: una para la autoridad responsable, una para el agente del Ministerio Público adscrito a este Juzgado de Distrito, diez para los terceros interesados y dos más para el incidente de suspensión, las cuales son necesarias. Hágase del conocimiento de la parte peticionaria del amparo que dentro del término concedido deberá exhibir las copias necesarias de su escrito aclaratorio y sus anexos para correr traslado a las partes, toda vez que los mismos son parte integral de la demanda de amparo. Cabe invocar el criterio sustentado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su tesis de jurisprudencia P./J.36/2001, visible en la página 79, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, Abril del 2001, que dice: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NUMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo". Se apercibe a la parte promovente que de no cumplir con lo anterior, se procederá conforme a los preceptos citados, y en su caso se tendrá por no presentada la demanda de amparo, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. V. Domicilio y autorizado. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el proemio de su demanda; asimismo, como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a José Luis Valenzuela Hernández, en virtud de contar con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito VI. Protección de datos personales. Con fundamento en el artículo 16 Constitucional, 2º párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a su disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido. VII. Exhortación y requerimiento a las partes. A fin de cumplir con lo establecido en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto como servicio de mensajería instantánea, a través del cual se pueda entablar comunicaciones no procesales. VIII. Se informa a las partes modelo de atención presencial basado en citas. Hágase del conocimiento de las partes que conforme a lo dispuesto en los artículos 3 y 6 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, la atención para consulta de expedientes o comparecencias para el desahogo de audiencias o diligencias se basará en citas, las cuales podrán agendar desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Bajo ese contexto, indíquese a las partes que si están en algún supuesto legal por el cual requieran comparecer a la audiencia constitucional en el presente juicio, deberán gestionar su cita en la hora y fecha fijadas. IX. Instrucción para notificaciones personales. En términos del artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, toda notificación que se ordene de manera personal en este asunto, deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. X. Acuerdos generales. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones personales tanto en el presente juicio principal como en el cuaderno incidental, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Se informa a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. Es menester precisar que, si bien es cierto, la demanda de cuenta fue recibida en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el veintiocho de junio de la presente anualidad, cierto es también que, debido a la cantidad de nuevos asuntos que fueron presentados ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en León, Guanajuato, la capacidad productiva de este órgano de control constitucional se ha visto superada, de modo que ello momentáneamente dificulta el cumplimiento de los plazos procesales que establece la ley de la materia. Razón por la que, en términos de la fracción VIII, primer párrafo, artículo 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado por el diverso 1/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con relación a su periodo de vigencia, es hasta esta data en que se emite pronunciamiento. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma la licenciada Gabriela Elizeth Almazán Hernández, jueza Tercera de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, quien actúa con la licenciada Norma Rojas López, secretaria que autoriza y da fe.

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