Carlos Alberto Toxqui Villeda

Expediente 356/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 23 actuaciones registradas, la última del 13 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
356/2021
Año
2021
Actuaciones
23
Última actuación
13/05/2022

Partes del expediente

  • Carlos Alberto Toxqui Villeda

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Principal

    Dada la cuenta que antecede, se tiene por recibido el oficio signado por la Juez Décimo Primero de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por medio del cual acusa recibo del diverso con el que este juzgado le remitió las constancias que sirvieron de apoyo para resolver este juicio. Al respecto, se toma conocimiento de lo anterior para los efectos legales que haya lugar. Notifíquese por lista.

  2. Principal

    Dada la cuenta que antecede, se advierte que ya transcurrió el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión, sin que hasta el momento se haya hecho valer en contra de la sentencia autorizada el dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, que sobreseyó el presente juicio de amparo. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia se declara que ha causado ejecutoria, por ende, en su oportunidad archívese este expediente como asunto concluido; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). En ese orden de ideas, devuélvanse al juez responsable, las constancias que remitió a esta instancia constitucional; en el entendido de que deberá emitir el acuse de recibo en el plazo de tres días. Por otra parte, es de señalarse que el cuaderno principal en que se actúa, así como los incidentes de suspensión son susceptibles de destrucción, toda vez que el expediente principal, se ubica dentro de la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, cuenta habida que en el presente asunto, se sobreseyó el juicio respecto de todos los actos reclamados; aunado a que no constituye un asunto de relevancia documental ni es un expediente conservable; lo anterior en términos de los numerales 15 y 17 del referido Acuerdo General citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno, como lo dispone el artículo 35 del Acuerdo General referido. Así, una vez cumplido el plazo de conservación y transcurrido el diverso de tres años posteriores al de la legal notificación de este proveído, se procederá de inmediato a su destrucción, sin necesidad de mandato judicial previo, ello en términos de lo dispuesto en el numeral 21 del Acuerdo General referido. En relación con el duplicado del cuaderno incidental, el mismo es destruible en términos del arábigo 20, fracción II, inciso a) del multireferido Acuerdo General; por lo que una vez cumplido el plazo de seis meses contados a partir de notificación de este acuerdo, se procederá de inmediato a su destrucción, ello en términos de lo dispuesto en el numeral en cita. En atención a que en el caso en particular, se concedió la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados, el cuaderno original del incidente de suspensión debe depurarse en términos del artículo 18, fracción I, inciso a) del Acuerdo General plurimencionado, por lo que en su momento, sólo quedará para su conservación, las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar, o en su caso, las inherentes a su violación y se destruirá el resto de las actuaciones por considerarse que no tienen relevancia documental para su conservación. Por lo que, una vez cumplido el plazo de tres años de conservación, se procederá a la depuración del cuaderno referido y una vez acontecido lo anterior, se transferirá el mismo a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Finalmente, toda vez que en el presente asunto obra un documento considerado como "original"; en términos del artículo 3°, fracción XVIII del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; mediante notificación personal requiérase a la parte quejosa para acuda al órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días, a recuperar el documento original que exhibió, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo, el mismo será destruido; lo anterior en términos de los numerales 20 y 21 del Acuerdo General citado. Notifíquese por oficio a las autoridades responsables, personalmente a la parte quejosa y por lista a las demás partes.

  3. Incidental

    V I S T O S para resolver los autos del incidente de suspensión, relativo al juicio de amparo 356/2021 y; R E S U L T A N D O: I. ANTECEDENTES. ... II. SUSTANCIACIÓN. ... C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. ... SEGUNDO. EXISTENCIA. ... TERCERO. ESTUDIO. Para determinar si procede o no conceder la suspensión peticionada de conformidad con el artículo 128 de la Ley de Amparo, se deben tomar en consideración, además de que la solicite el agraviado, los requisitos siguientes: i) Tener certidumbre sobre su existencia --en el caso de la suspensión definitiva, deben tomarse en cuenta los informes previos de las autoridades responsables-. ii) El acto reclamado, de acuerdo con su especial naturaleza, debe ser susceptible de suspenderse. iii) Examinar que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público; y iv) Tomar en cuenta la posibilidad de realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, según las circunstancias del caso. La satisfacción de dichos elementos se efectuará en forma ordenada. En la especie, debe decirse lo siguiente: En la especie, en lo relativo al acto reclamado descrito en el inciso "a)", esto es, en cuanto a la falta de llamamiento al procedimiento de origen, respecto del requisito de existencia señalado en el punto i) citado supra líneas, se tiene la certeza de ello en términos de lo expuesto en la última parte del considerando anterior. En relación con la exigencia a que se refiere el apartado ii) -sobre la especial naturaleza del acto reclamado- esto es, que pudiera ser susceptible de ser paralizado, debe decirse, lo siguiente: El objetivo fundamental de la institución jurídica de la suspensión en el juicio de amparo es preservar la materia de la litis, cuya finalidad es conservativa y no restitutoria; concomitantemente, evitar que de concederse aquélla se le causen daños y perjuicios a la tercera interesada durante la secuela del proceso. El significado de lo que es la suspensión, se entiende como interrumpir transitoriamente, o detener temporalmente, la aplicación de una orden o declaración, acción, o sus efectos (hasta en tanto se dicte sentencia ejecutoria). Ahora, concretamente, al reclamarse la falta de llamamiento a juicio de una persona que no es parte dentro del procedimiento, misma que solicita respeto a su derecho de audiencia tras alegar una transgresión a sus prerrogativas fundamentales derivadas de lo ahí determinado -lo que puede traducirse en un acto omisivo genérico-, debe negarse la medida cautelar, no sólo porque el quejoso que argumenta la omisión de haber sido llamado al juicio de que se trata, no es parte en el procedimiento, sino además, porque de otorgarse la suspensión para que sea oído y vencido en dicho proceso, implicaría darle efectos restitutorios que son propios de la sentencia que en el fondo se dicte, de ahí que menos aún existen elementos para analizar si se actualiza la apariencia del buen derecho. Por las razones que se subrayan, se cita la Jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 286, de libro 73, correspondiente al mes de diciembre de 2019, tomo I de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de voz y texto siguientes: "SUSPENSIÓN. LA NATURALEZA OMISIVA DEL ACTO RECLAMADO NO IMPIDE SU PROCEDENCIA. Los artículos 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución y 147 de la Ley de Amparo vigente, dotan a la suspensión de un genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar que las personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea con medidas conservativas o de tutela anticipada (efectos restitutorios), para lo cual es necesario analizar: (i) la apariencia del buen derecho; (ii) las posibles afectaciones al interés social; y (iii) la posibilidad jurídica y material de otorgar la medida. En ese sentido, la naturaleza de los actos, ya sea positiva, declarativa o negativa, no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, pues la locución "atendiendo a la naturaleza del acto reclamado", que refiere el precepto de la Ley de Amparo, debe analizarse en función de las consecuencias que caso a caso pueden producir los actos reclamados, lo que a su vez es determinante para decidir si el efecto de la suspensión debe consistir en el mantenimiento de las cosas en el estado que se encuentran o debe restituirse provisionalmente a la persona en el goce del derecho violado. En estos términos, la naturaleza omisiva de los actos reclamados es relevante para determinar el contenido que adoptará la suspensión, pero no para determinar si la medida cautelar procede o no. En efecto, dado que el amparo provisional que se pretende con la suspensión definitiva permite que la persona alcance transitoriamente un beneficio que, al final del día, puede confirmarse o revocarse a través de la sentencia principal, sin prejuzgar sobre lo ocurrido antes del juicio de amparo ni lo que ocurrirá después, pues lo importante para que dicha medida cautelar sea material y jurídicamente posible radica en que los efectos suspensorios puedan actualizarse momento a momento, de modo que la suspensión no coincida exactamente, agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo, y todo esto va más allá del tipo de medidas que deben dictarse en caso de que proceda conforme a lo anterior." En consecuencia, toda vez que se requiere la convergencia de los requisitos destacados para la procedencia de la medida cautelar solicitada y al tomarse en consideración que el acto que es motivo de análisis no cumple con la segunda de las exigencias citadas -consistente en que por su naturaleza sea susceptible de suspenderse- se niega la medida cautelar solicitada en relación con la falta de llamamiento al procedimiento de origen, sin que resulte necesario analizar el cumplimiento de las restantes. Por otra parte, en lo concerniente al acto reclamado destacado con el inciso "b)" -todo lo actuado en dicho procedimiento, particularmente la emisión de la sentencia definitiva-, debe estarse a lo plasmado en la última parte del considerando anterior -requisito señalado en el punto i)-. Sin embargo, los actos analizados no cumplen con la exigencia a que se refiere el inciso ii) -sobre la especial naturaleza del acto reclamado- pues según el propio dicho del promovente tales actuaciones ya tuvieron verificativo, por lo que es evidente que las mismas no son suspendibles, por ende, también debe negarse la suspensión definitiva, ya que son actos consumados y de otorgarse la medida cautelar equivaldría a darle efectos restitutorios los cuales son propios de la sentencia de amparo que en el fondo se pronuncie. Es aplicable por analogía la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Quinta Época, Apéndice 1917-Septiembre 2011, Tomo II, de rubro y texto siguientes: "ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE.- Contra los actos consumados es improcedente conceder la suspensión, pues equivaldría a darle efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia definitiva que en el amparo se pronuncie." En vías de consecuencia se hace innecesario analizar el cumplimiento de los elementos restantes. A continuación, procede realizar pronunciamiento sobre el diverso acto reclamado enunciado en el inciso "c)". i) En cuanto a dicho punto, hay certidumbre en cuanto a su existencia, por el hecho de que así lo manifestaron las autoridades responsables al momento de rendir su informe previo. ii) En lo relativo a su especial naturaleza, debe decirse que los actos, en la forma en que los plasma, se traducen en un actuar de la autoridad responsable con efectos positivos, ya que tiene como consecuencia ejecutar la orden de lanzamiento y entrega del inmueble descrito en párrafos que anteceden. Aspecto que puede ser suspendido en relación con determinadas consecuencias que se precisarán más adelante, pues la paralización de tal acto sólo sería temporal, en la inteligencia de que suspender no significa destruir, porque la materia de lo suspendido subsiste y no desaparece. iii) Máxime que en cuanto al orden público y el perjuicio al interés social, en términos del artículo 129 de la legislación de la materia, en la especie con el otorgamiento de la medida solicitada, no se contravienen. iv) Finalmente, en la especie se torna innecesario realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, derivado de la acreditación de los puntos anteriores. En las relatadas consideraciones, este órgano jurisdiccional considera que es jurídicamente procedente suspender la ejecución de los actos reclamados destacados en líneas que anteceden, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, esto es, para que no se desposea al quejoso del inmueble ubicado en *****, con motivo de los actos emitidos en la contienda natural; desde luego, si ello no ha sucedido. Con base en lo hasta aquí discernido, la determinación que ahora se dicta prevalecerá hasta que se haga del conocimiento de la responsable la determinación que recaiga sobre el fondo del juicio de amparo. En la inteligencia de que esta suspensión definitiva solamente surte efectos, en los términos que fue concedida en relación con las autoridades y por el acto mencionado en la demanda de amparo, la cual surtirá efectos de inmediato, aunque sea recurrida, pero dejará de surtirlos si dentro del plazo de cinco días la parte quejosa omite otorgar garantía por el monto de $530,310.90 (quinientos treinta mil trescientos diez pesos 90/100 moneda nacional), en póliza de fianza o billete de depósito expedido por Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito o en cualquier forma establecida por la ley, a nombre de la parte quejosa y a disposición de este juzgado federal. La necesidad de fijar la garantía obedece a la naturaleza del acto reclamado, ello dado que al concederse la suspensión definitiva para que no se lleve a la escrituración del bien indicado, es inconcuso que con motivo de tal paralización, podrían generarse daños y perjuicios a la parte tercera interesada, quien ya obtuvo dicha prerrogativa. Concomitante, los daños se refieren también a la pérdida del poder adquisitivo en relación con dicha cantidad, en el lapso probable que tardaría la resolución del juicio; esto es, el poder adquisitivo se genera o demerita en función de la inflación en el país, dato que es posible advertir y cuantificar mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor que el Banco de México publica mensualmente en el Diario Oficial de la Federación. En tanto que los perjuicios son las ganancias lícitas que obtendría el tercero de tener bajo su dominio el monto de dicha suma durante el tiempo estimado por el juzgador para la resolución del asunto, el cual equivale al rendimiento que en el mismo plazo produciría el citado monto, conforme a una tasa de interés que refleje el valor del dinero, ese parámetro sería la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE), la cual puede constatarse en la publicación que se hace en el Diario Oficial de la Federación. Ahora, cabe destacar que la garantía otorgada resulta de la adición de los montos de $282,093.00 (doscientos ochenta y dos mil noventa y tres pesos 00/100 moneda nacional) y $248,217.90 (doscientos cuarenta y ocho mil doscientos diecisiete pesos 90/100 moneda nacional), las cuales sirven para garantizar, respectivamente, los daños y los perjuicios que se puedan ocasionar a la parte tercera interesada con motivo de la suspensión definitiva concedida contra los actos reclamados. Así, es dable tomar en cuenta el valor promedio actual de los departamentos ubicados en *****, oscila alrededor de $*** monto que se obtiene de la consulta realizada en esta fecha en internet. En este punto, cabe señalar que aun y cuando el quejoso exhibió adjunto a su escrito de demanda el contrato privado de arrendamiento de *****, en el que el importe de las rentas es la cantidad de $4,000.00 (cuatro mil pesos 00/100 moneda nacional) mensuales, lo cierto es que este juzgado federal no está obligado a cuantificar la garantía con base en dicho dato, pues ello constituye una estipulación efectuada exclusivamente por los ahí signantes, en consecuencia, no debe afectar a la parte tercera interesada, quien ante la posible causación de daños y perjuicios, tiene derecho a percibir el verdadero valor del bien en cita, en el supuesto de que el juicio de amparo no favorezca al peticionario. Entonces, por lo que hace a los daños que se pueden provocar a la parte tercera interesada con motivo de la concesión de la suspensión definitiva, se tiene en cuenta el porcentaje inflacionario por el tiempo que el juzgador estime podría estar vigente la medida aquí otorgada, para lo cual es factible acudir al Índice Nacional de Precios al Consumidor que el Banco de México mensualmente publica en el Diario Oficial de la Federación; en el caso, corresponde a 7.07% (siete, punto, cero, siete, por ciento), relativo a la tasa mensual que dividido entre doce, se obtiene 0.5891% (cero, punto, cinco, ocho, nueve, uno, por ciento) que multiplicado por la cantidad señalada en párrafos precedentes, da como resultado $47,015.50 (cuarenta y siete mil quince pesos 50/100 moneda nacional), cuyo resultado multiplicado a la vez por seis meses -tiempo estimado para resolver sobre el fondo del juicio de amparo- da el monto de $282,093.00 (doscientos ochenta y dos mil noventa y tres pesos 00/100 moneda nacional). Por su parte, los perjuicios que se pueden producir a la tercera interesada con motivo de la medida cautelar, lo cual equivale al rendimiento que ese plazo produciría respecto del monto del costo del bien raíz $7´980,000.00 (siete millones novecientos ochenta mil pesos 00/100 moneda nacional), conforme a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a plazo de veintiocho días -la cual refleja el valor del dinero-, aplicable el día de hoy, de acuerdo con la publicación en el Diario Oficial de la Federación; en el caso, corresponde a 6.2210% (seis, punto, dos, dos, uno, cero, por ciento), que dividido entre doce, se obtiene 0.5184% (cero, punto, cinco, uno, ocho, cuatro, por ciento), multiplicado por el monto señalado, da como resultado $41,369.65 (cuarenta y dos mil trescientos sesenta y nueve pesos 65/100 moneda nacional), cuyo resultado se multiplica a la vez por el período de seis meses -tiempo probable en que habrá de resolverse sobre el fondo del juicio de amparo- se obtiene la cantidad de $248,217.90 (doscientos cuarenta y ocho mil doscientos diecisiete pesos 90/100 moneda nacional). Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 71/2014 (10a.) sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 14, enero de 2015, tomo I, página 5, de rubro y texto siguientes: "DAÑOS Y PERJUICIOS. FORMA DE FIJAR EL MONTO DE LA GARANTÍA POR ESOS CONCEPTOS AL CONCEDERSE LA SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE RECLAMA UNA CANTIDAD LÍQUIDA. Los daños y perjuicios ocasionados por la concesión de la suspensión en el juicio de amparo están representados por la pérdida o menoscabo que al tercero le ocasionaría no disponer, durante el tiempo que dure aquél, de las prerrogativas que le confiere la sentencia o laudo reclamado; en tal contexto, si el otorgamiento de la suspensión tiene por objeto impedir la ejecución de una condena en cantidad líquida a favor del tercero, el daño radica en la pérdida del poder adquisitivo con relación a dicha cantidad, en el lapso probable que tardaría la resolución del juicio; esto es, el poder adquisitivo se genera o demerita en función de la inflación en el país, dato que es posible advertir y cuantificar mediante el Índice Nacional de Precios al Consumidor que el Banco de México publica mensualmente en el Diario Oficial de la Federación; en consecuencia, para calcular los posibles daños en el caso, deberá tomarse como referencia el porcentaje inflacionario del tiempo que el juzgador considera que podría durar el juicio a la fecha en que se decrete la garantía, en virtud de que no es posible computar la variación porcentual que para los meses futuros llegue a obtenerse de tal factor. Por otro lado, por lo que ve a los perjuicios, que son las ganancias lícitas que obtendría el tercero de tener bajo su dominio el monto de la condena durante el tiempo estimado por el juzgador para la resolución del juicio, el cual equivale al rendimiento que en el mismo plazo produciría el citado monto, conforme a una tasa de interés que refleje el valor del dinero, ese parámetro sería la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a plazo de 28 días, que puede constatarse en la publicación que se hace en el Diario Oficial de la Federación". Asimismo, cobra aplicación la jurisprudencia 1a./J. 6/2017 (10a.), emitida por la Primera Sala del Máximo Tribunal, consultable en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, publicada el viernes cuatro de agosto de dos mil diecisiete, a las diez horas con doce minutos, cuyo tenor literal es el que a continuación se transcribe: "PERJUICIOS. PARA FIJAR EL MONTO DE LA GARANTÍA POR LOS QUE PUEDAN OCASIONARSE AL CONCEDERSE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO EN EL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA CIVIL, DEBE CONSIDERARSE LA TASA DE INTERÉS INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO (TIIE) COMO UN INDICADOR DE BASE ANUAL. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia P./J. 71/2014 (10a.), (1) de rubro: 'DAÑOS Y PERJUICIOS. FORMA DE FIJAR EL MONTO DE LA GARANTÍA POR ESOS CONCEPTOS AL CONCEDERSE LA SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO CUANDO SE RECLAMA UNA CANTIDAD LÍQUIDA.', estableció que para el cálculo de la garantía respecto de los perjuicios ocasionados por la concesión de la suspensión, es aplicable la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a plazo de 28 días, porque es un indicador que, en términos generales, refleja el rendimiento que pudo originar la cantidad dejada de percibir o lo que cualquier persona recibiría al depositar su dinero en alguna institución de banca múltiple. En relación con el indicador señalado, cabe tener en cuenta que el Banco de México expidió la Circular 3/2012, dirigida a las Instituciones de Crédito y a la Financiera Rural, relativa a las Disposiciones Aplicables a las Operaciones de las Instituciones de Crédito y de la Financiera Rural, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de marzo de 2012, de cuyos artículos 38, 39, 150 y 163, se advierte que las instituciones bancarias expresarán las tasas de interés y los rendimientos en términos anuales; que en las operaciones pasivas con tasas de interés variable, únicamente podrán utilizar como tasa de referencia, entre otras, la TIIE; que para determinarla, el Banco de México recibe cotizaciones de instituciones de banca múltiple; y que las tasas de interés que se obtengan conforme a lo previsto en el capítulo 'Determinación de la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio en Moneda Nacional', se expresarán en términos porcentuales anuales. Ahora bien, con base en las disposiciones citadas, es válido inferir que para efectos de fijar el monto de la garantía por los perjuicios que puedan ocasionarse al concederse la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo en materia civil, la expresión de la tasa TIIE debe considerarse un porcentaje establecido en términos anuales, aunque no se prevea así expresamente en las publicaciones respectivas." Por otra parte, cabe precisar que el instrumento a través del cual se otorgue la garantía, debe contener, cuando menos, la razón de que el depósito no genera interés, rendimiento o contraprestación alguna a favor del depositante, así como la autorización expresa de la parte quejosa al Secretario Técnico del Comité Técnico del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, para solicitar y recibir de la institución financiera la información que permita el control de dichas garantías, en términos de los artículos 28 y 32 del Acuerdo 17/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 125, 128, 132 y 146 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. Se NIEGA LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA solicitada por *****, contra los actos que reclamó de la titular y la actuaria, ambas del Juzgado Décimo Primero de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que quedaron precisados en el considerando segundo inciso a) y b), de la presente resolución, por las razones expuestas en el considerando tercero de la misma. SEGUNDO. Se CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA solicitada por *****, contra el acto que reclamó de la titular y de la actuaria, ambas del Juzgado Décimo Primero de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que quedó precisado en el considerando segundo inciso c), de la presente resolución, por las razones expuestas en el considerando tercero de la misma. Notifíquese por oficio a las autoridades responsables y por lista a la demás partes.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA AL TERCERO INTERESADO LA SENTENCIA AUTORIZADA EL 16 DE DICIEMBRE DE 2021.

Quedan 19 actuaciones en este expediente

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