Carlos Alberto Toriz Lopez
Expediente 1077/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 7 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1077/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 03/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Carlos Alberto Toriz Lopez
- Viviana Cruz Ortega
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Por recibido el oficio signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad, por medio del cual informa acerca del cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en este juicio. En atención a lo anterior, dese vista a la parte quejosa... Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido el oficio signado por la junta responsable, a través del cual informa las gestiones que realiza para dar cumplimiento a la sentencia de amparo, remitiendo para tal efecto copia certificada de las constancias existentes en el expediente laboral 01/740/15-IV, entre las que se encuentra el acuerdo de trece de septiembre de dos mil dieciocho, pero no así las constancias de notificación que se hayan realizado a las partes relativas al citado acuerdo. En atención a lo anterior y considerando que en el sistema jurídico mexicano la ejecución y cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público e interés social, se requiere a Ana Samantha Davis Sánchez, en su carácter de Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad, para que en el plazo de tres días, contado a partir de la legal notificación del presente acuerdo: 1 Remita copia certificada de las constancias de notificación realizadas a las partes, relativas al acuerdo de trece de septiembre del presente año, dictado en el expediente laboral referido en párrafos que anteceden. Se apercibe a la autoridad requerida, que de incumplir lo anterior, ello sin causa justificada, con fundamento en el artículo 192, segundo párrafo, en relación con el 258 ambos de la Ley de Amparo, se le aplicará una medida de apremio consistente en multa de cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización; ello en términos del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Lo que antecede, sin perjuicio de remitir el expediente al tribunal colegiado correspondiente, para seguir el trámite de inejecución que podrá culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese. Así lo acordó y firma Benito Eliseo García Zamudio, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa asistido de Mario Andrés Lesher González, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, siete de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta, de la cual se advierte que ha transcurrido el plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo para interponer recurso de revisión contra la sentencia definitiva dictada en el juicio de amparo en que se actúa, ello sin que ninguna de las partes lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que la sentencia de amparo ha causado ejecutoria. Atento a lo anterior, y debido a que en la ejecutoria de mérito se concedió la protección de la justicia de la unión, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable Ana Samantha Davis Sánchez, en su carácter de Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad, para que en el término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, dé cumplimiento al fallo protector y remita, en copia certificada, las constancias con que lo acredite. Se apercibe a Ana Samantha Davis Sánchez, en su carácter de Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, que de incumplir lo anterior, ello sin causa justificada, con fundamento en el artículo 192, segundo párrafo, en relación con el 258 ambos de la Ley de Amparo, se le aplicará una medida de apremio consistente en multa de cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización; ello en términos del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Lo que antecede, sin perjuicio de remitir el expediente al tribunal colegiado correspondiente, para seguir el trámite de inejecución que podrá culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sin que haya lugar a requerir al superior jerárquico de la autoridad responsable para que le ordene cumplir con la ejecutoria de mérito, puesto que al tratarse de un organismo jurisdiccional autónomo en el ámbito jurídico, no tiene superior jerárquico a quien requerirle que la conmine. Tiene aplicación al caso concreto la jurisprudencia 2ª./J.36/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación bajo el registro 2000099, del rubro y texto siguientes: "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo." Finalmente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente, así como las capturas inherentes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese. Así lo acordó y firma Benito Eliseo García Zamudio, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa asistido de José Alberto Tapia Tapia, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, diecisiete de agosto de dos mil dieciocho. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a las diez horas con treinta y un minuto del diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente asunto, en audiencia pública Rosa María Luna Mercado, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, encargada del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintiséis de junio de dos mil dieciocho, asistida de Marcela Merari Silva Múgica, secretaria con quien legalmente actúa y da fe, procede a dar inicio a la audiencia constitucional del juicio de amparo indirecto 1077/2018, promovido por Carlos Alberto Toriz López, por propio derecho, sin asistencia de las partes. Acto continuo, la secretaria hace relación de las constancias que obran en autos, entre las que se encuentran por su importancia, escrito inicial de demanda, auto admisorio e informe justificado. La Secretaria encargada del despacho acuerda: Se tiene por hecha la relación secretarial que antecede, para los efectos legales a que haya lugar. Acto continuo, se abre el periodo probatorio en la presente audiencia; con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por desahogada en razón de su propia y especial naturaleza, la documental que remitió la autoridad responsable al rendir su informe justificado, la que será materia de análisis al dictar la sentencia que conforme a derecho corresponda; se cierra el período. Luego, la Secretaria encargada del despacho declara abierto el período de alegatos, en el que se hace constar que ninguna de las partes los formuló; tampoco la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita presentó intervención ministerial alguna. En esas condiciones, se procede a cerrar el período de alegatos y al no haber diligencia que practicar ni escrito pendiente por acordar, se da por concluida ésta audiencia, y en vista de todo lo actuado, se ordena dictar el fallo que conforme a derecho corresponda. VISTOS para resolver el juicio de amparo número 1077/2018; y, RESULTANDO 1. Presentación de la demanda de amparo.- Por escrito recibido ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, el veintiocho de junio de dos mil dieciocho, y remitido el mismo día a este Juzgado Primero, Carlos Alberto Toriz López, por propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclama de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, con sede en esta ciudad, el que hizo consistir en: ".Lo constituye la denegación de justicia por parte de la Autoridad señalada como responsable, que se materializa en la omisión de continuar con el procedimiento laboral y llevar este dentro y en los términos señalados en la Ley Federal del Trabajo, en perjuicio del suscrito al no llevar acabo el desahogo de la audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones y la de Ofrecimiento y Admisión de Pruebas y dictar el laudo respectivo, ello insisto dentro del término legal." 2. Trámite del juicio. Por razón de turno, correspondió a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, conocer de la demanda de garantías de que se trata, la cual quedó registrada bajo el número 1077/2018, misma que mediante proveído de veintinueve de junio de dos mil dieciocho, se admitió a trámite, se mandó pedir informe justificado a la autoridad responsable. Además, en el citado proveído se hizo del conocimiento de las partes, su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Finalmente, se dio la intervención que legalmente compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, y se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se inició, previo diferimiento, al tenor del acta que antecede, en la que se ordenó dictar la sentencia definitiva; y, CONSIDERANDO I. Competencia.- Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, con residencia en Cuernavaca, Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, con fundamento en los artículos 33 fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 48 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como los acuerdo generales número 3/2013 y 32/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio nacional, fijándose la jurisdicción y competencia de los diversos Tribunales y Juzgados del Poder Judicial de la Federación, por tratarse además de un juicio en materia laboral en el que se reclama un acto derivado de una autoridad que tiene su residencia dentro de la jurisdicción de este Juzgado. II. Fijación del acto reclamado. Del análisis integral de la demanda de amparo, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se advierte que el acto reclamado a la autoridad responsable, es el siguiente: La omisión de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, con sede en esta ciudad, de desahogar la audiencia bifásica en el juicio laboral 01/740/2015, dentro de los términos establecidos para tal efecto en la Ley Federal del Trabajo; así como actos subsecuentes hasta el dictado del laudo. III. Certeza del acto reclamado.- Es cierto el acto reclamado a la Junta Especial Número Custro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, pues así lo manifestó su presidente, al rendir su informe justificado, lo que se corrobora con la copia certificada relativas al expediente laboral de origen que remitió; documental que adquiere valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2º. IV. Causales de improcedencia.- Dado que en la especie, las partes no hicieron valer causa de improcedencia, ni de oficio este juzgado federal advierte que se actualice alguna, se procede a entrar al estudio del fondo del asunto planteado. V. Estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. Es fundado el concepto de violación hecho valer por el quejoso, en el sentido de que la responsable no ha respetado los plazos previstos en la Ley Federal del Trabajo, ya que la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, la fijó fuera del término a que alude el artículo 893, de la Ley Federal del Trabajo, lo que contraviene las disposiciones jurídicas contempladas en la Constitución Federal, así como la propia Ley Federal del Trabajo. En efecto, de la constancia que remitió la Junta responsable, la que fue valorada en el considerando III de esta resolución, se advierte que en el juicio laboral 01/740/2015, el nueve de septiembre de dos mil quince, radicó la demanda laboral correspondiente y señaló las catorce horas del uno de octubre de ese mismo año, para que tuviera verificativo la audiencia de ley; sin embargo, no se desahogó debido a la falta de emplazamiento de los demandados, por lo que se difirió nuevamente; el diecisiete de marzo de dos mil dieciséis, hubo otro diferimiento debido a que se encontraba transcurriendo el término otorgado a los demandados. Asimismo, en acuerdo de veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis, la Junta responsable difirió la audiencia en comento, en virtud de que las partes manifestaron que se encontraban en pláticas conciliatorias, lo mismo ocurrió el veintitrés de agosto, veintiuno de septiembre, ocho de noviembre y cinco de diciembre todos del mismo año; trece de febrero, tres de mayo, ocho de agosto y diez de octubre éstas del año dos mil diecisiete; treinta de enero y diecinueve de abril de dos mil dieciocho, en esta última, señaló las doce horas del quince de agosto del año en curso. Y cuando menos, desde los diferimientos acordados en el dos mil diecisiete y dos mil dieciocho, la Junta responsable señaló fechas que se encuentra fuera del término a que alude el artículo 893, de la Ley Federal del Trabajo, esto es, fuera del plazo de quince días que como máximo prevé para su desahogo dicho artículo, y si bien es cierto que los diferimientos fueron motivados por las manifestaciones de las partes en el sentido de que se encontraban en pláticas conciliatorias, también lo es que la responsable no puede permitir que los expedientes queden paralizados ni mucho menos pasar por alto los plazos y términos señalados en la legislación obrera, porque con ello retarda la administración de justicia; máxime que el expediente laboral se inició el nueve de septiembre de dos mil quince. Con vista a lo anterior, le asiste razón a la parte quejosa en el sentido de que la responsable no ha respetado los plazos y términos que establece la Ley Federal del Trabajo, para desahogar la audiencia bifásica en el juicio de origen, por lo menos, hasta que rindió su informe, por lo que es claro que no respeta los términos y plazos previstos por la Ley Federal del Trabajo para sustanciar el procedimiento natural génesis del acto reclamado, lo cual, constituye una violación al derecho de acceso a la justicia, en su vertiente de pronta impartición. En efecto, los artículos 8.1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 17 de la Constitución Federal, estipulan, en lo que interesa, que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, quienes deberán sustanciar y resolver los procedimientos jurisdiccionales respectivos de manera pronta, completa e imparcial. Disposición normativa de la que se desprende que corresponde al legislador ordinario establecer los plazos y términos tanto para que los gobernados acudan a los órganos jurisdiccionales como para que éstos sustancien y resuelvan los negocios puestos a su conocimiento, con la única limitante de que garantice que tales instancias encargadas de impartir justicia se constituyan como un mecanismo real, expedito y eficiente para la defensa de los derechos, pues una demora prolongada en su actuar, puede constituir, por sí misma, una denegación de justicia y, por ende, la violación de ese derecho humano. Aunado a lo anterior, los artículos 685 y 771 de la Ley Federal del Trabajo, disponen, el primero de ellos, que el procedimiento laboral será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y se iniciará a instancia de parte, obligando a las autoridades, a tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez al tramitarlo; y el segundo reitera el criterio prevaleciente en la materia laboral, en el sentido de que corresponde a la Junta o a sus miembros, proveer para que la justicia sea rápida y expedita y que los juicios no queden inactivos. Y aunque no pasa inadvertido que la autoridad responsable en su informe justificado argumentó que no celebrado la audiencia referida dentro del juicio natural, dada la excesiva carga de trabajo que le impide dar cumplimiento con los términos y plazos que establece la Ley Federal del Trabajo; sin embargo, por más plausibles que son esos argumentos, el quejoso ha venido al amparo manifestando un derecho que le debe ser reparado. En esas condiciones, al resultar fundado el concepto de violación analizado procede otorgar a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, solicitados para los efectos precisados en el siguiente considerando. VI. Efectos de la concesión. Al resultar procedente la concesión de la protección constitucional, es pertinente señalar que de conformidad con el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, los efectos son los siguientes: Una vez que cause ejecutoria esta sentencia, la Junta responsable informe con la documental respectiva, si la audiencia de conciliación, demanda y excepciones programada para el quince de agosto del año en curso, tuvo verificativo dentro del juicio laboral 01/740/2015, en caso contrario, acredite que ésta fue diferida dentro del término que para tal efecto señala la Ley Federal del Trabajo y notificada a las partes. En caso de que no se haya verificado, provea lo necesario para que la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el expediente de origen, se desahogue. Sin que los alcances de esta sentencia puedan llegar al extremo de obligar a la junta responsable a que continúe con el juicio hasta el dictado del laudo, como pretende el justiciable, pues como ya lo estableció la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la protección constitucional debe delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo. Por su contenido, es aplicable al caso, la tesis 2a. CV/2013 (10a.), sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). VII. Cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, se ordena la captura de la presente resolución en el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por lo expuesto y fundado, además con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 77, 79, fracción V, y 217 de la Ley de Amparo, se: RESUELVE: PRIMERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Carlos Alberto Toriz López, contra el acto que reclamó a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, con residencia en esta ciudad, por las razones expuestas y para los efectos precisados en los considerandos V y VI de este fallo. SEGUNDO. Por los motivos vertidos en el último considerando de esta resolución, se ordena la captura y envío de la misma en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma Rosa María Luna Mercado, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, encargada del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintiséis de junio de dos mil dieciocho, quien actúa asistida de Marcela Merari Silva Múgica, secretaria que autoriza y da fe.
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