Carlos Alberto Tapia López
Expediente 1876/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de enero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1876/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 04/01/2017
Partes del expediente
- Carlos Alberto Tapia López
Actuaciones
- Principal
Téngase por recibido el oficio que suscribe el Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Querétaro, mediante el cual informa que las constancias que le fueron remitidas corresponden al Juzgado Segundo Civil del Distrito Judicial de Querétaro. Por tanto, gírese nuevo oficio con transcripción del presente proveído, así como del diverso auto de veintiséis de diciembre de dos mil dieciséis al Juzgado correcto. Notifíqse.
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el auto por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. En razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el punto décimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción de conformidad con el punto segundo, fracción XVI, y vigésimo primero, fracción II, del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de cinco años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. Notifíquese.
- Principal
En términos del artículo 27 fracción I, inciso B), en relación con el diverso numeral 29 de la Ley de Amparo; se emplaza y notifica a la parte quejosa, la resolución de nueve de diciembre de dos mil dieciséis: "RECEPCIÓN DE AUTOS. Téngase por recibido el oficio proveniente del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, así como las constancias que refiere, con las cuales se ordena formar el legajo de pruebas por separado que deberá ser identificado como TOMO I. En atención a que la Superioridad, se declaró legalmente incompetente para conocer del referido juicio, ordenando su remisión al Juez de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, mismo que correspondió a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro; en consecuencia, como lo ordena la superioridad, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103 fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución General de la República; 1 fracción I, 36, 114, y relativos de la Ley de Amparo, este juzgado SE AVOCA al conocimiento del mismo. Acúsese recibo. RECEPCIÓN DE DEMANDA. Téngase a ***, al que se le reconoce su personalidad en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo, toda vez que de las constancias remitidas por el tribunal de alzada se advierte la personalidad con la que se ostenta en el presente juicio de amparo, promoviendo demanda de amparo contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 1876/2016, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deba digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado. PRECISIÓN DEL PROBLEMA. Ahora bien, de la intelección integral de la demanda de amparo, se extrae el siguiente acto reclamado al Juez Segundo de primera Instancia Familiar del Distrito Judicial de Querétaro: El acuerdo de catorce de octubre de dos mil dieciséis, dictado en los autos del juicio sumario de desahucio 938/2014, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro, en el que resolvió improcedente el recurso de revocación interpuesto por la parte demandada aquí quejosa, contra el auto de veintiuno de septiembre del año en curso, relativo a las actuaciones encaminadas al desahogo de pruebas ofrecidas por dicha parte. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Ahora, al ser preferente su estudio, este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como se estipula el precepto 113 de la Ley de amparo que dice: DESECHAMIENTO. En términos del numeral invocado con antelación, la demanda de amparo que presentó el justiciable, contra del acto anteriormente precisado, es improcedente. Lo anterior, puesto que se trata de una decisión jurisdiccional intraprocesal cuyo alcance jurídico y material carece del carácter de irreparable en perjuicio de la hoy parte quejosa, por lo que se actualiza lo establecido en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la fracción V del artículo 107, ambos de la Ley de Amparo, el último aplicado en sentido contrario que disponen lo siguiente: Las letras reproducidas revelan que la procedencia del amparo en tratándose de actos sucedidos en el juicio presupone como requisito que sus efectos sean de imposible reparación por afectar derechos sustantivos reconocidos por la Constitución General de la República y por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En relación a la evolución histórica de la procedencia del amparo respecto de los actos sucedidos en el juicio bajo el esquema de la abrogada Ley de Amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la regla general es que un acto es de imposible reparación y, en consecuencia, reclamable a través del amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando la violación afecta de manera inmediata o directa algún derecho sustantivo o fundamental, y que para discernir entre aquéllos que lo son de los que no, es un parámetro válido atender si sus efectos trascienden más allá del ámbito procesal y afectan derechos sustantivos, por lo que a pesar de que el gobernado obtuviera una sentencia favorable a sus intereses, no se vería reparado el perjuicio ocasionado por el acto reclamado, pues entonces la afectación no sería el resultado de la secuela procesal; asimismo, también consideró que existe la posibilidad de que sea procedente el juicio de amparo indirecto bajo el esquema de aquella ley, contra actos dentro del juicio que tuvieran aparejada una afectación en grado predominante respecto de cuestiones procesales. Entonces, al tenor del criterio jurisprudencial precedente, cuya aplicación es obligatoria para esta juzgadora federal en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, se concluye la improcedencia del presente juicio de amparo, ya que en función a la naturaleza del acto aquí reclamado, se clarifica que se trata de un acto verificado dentro del procedimiento jurisdiccional, empero, con efectos meramente adjetivos, esto es, con consecuencias jurídicas al interior del proceso, sin afectar derechos sustantivos de la parte quejosa. En ese sentido, cabe señalar que la certeza del conocimiento anterior se conoce en función de los antecedentes que bajo protesta de decir verdad vertió la parte quejosa en su escrito de demanda, así como de las constancias que allegó la autoridad responsable; de cuyo contenido se destaca: El impetrante interpuso recurso de revocación contra el acuerdo de veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis, en el que el Juez Segundo de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro, en el que se ordenó estarse a lo acordado en diverso proveído, relativo al desahogo de pruebas ofrecidas por la parte demandada aquí quejosa. Mediante acuerdo de catorce de octubre de dos mil dieciséis, el citado Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro, resolvió improcedente el recurso de revocación aludido, confirmando el auto de fecha veintiuno de septiembre del año en curso. Punto inmediato que constituye el acto aquí reclamado. Las anteriores expresiones bajo protesta de decir verdad formuladas por la parte quejosa adquieren fuerza probatoria plena con fundamento en los numerales 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, porque son expresiones que en forma espontánea vierte la parte promovente, de ahí que se traduzcan en confesión. Por su parte las constancias remitidas por la autoridad responsable se les otorga valor probatorio pleno con apoyo en los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, al tratarse del expediente judicial lo que le otorga el carácter de documento público, y por ende, de acuerdo a los citados preceptos legales, tiene la calidad de prueba plena, de conformidad con la regla especial contenida en el artículo 197, del Código antes citado. A la luz del marco transcrito, esta Juzgadora sostiene que la ya precisada determinación asumida por la autoridad responsable, a través de la cual declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto contra el proveído de veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis, no afecta de manera directa e inmediata alguno de sus derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, o bien, en tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, toda vez que en dicha actuación, la responsable asumió una determinación meramente procedimental, esto es, que impacta en derechos adjetivos del incidentista, hoy quejoso. Determinación que por sí misma, no implica afectación a un derecho sustantivo de la parte quejosa, pues no tiene una ejecución que sea de imposible reparación, pues sus consecuencias afectan solamente derechos adjetivos o procesales reparables al momento en que se dicte sentencia, esto es que tendrá expedito su derecho de impugnarla haciendo valer en su caso, las violaciones procesales que estime se le ocasionaron. En síntesis, la multicitada determinación constitutiva del acto reclamado no tiene una ejecución que sea de imposible reparación, pues sus consecuencias afectan solamente derechos adjetivos o procesales reparables al momento en que se dicte sentencia. Sin que con la anterior decisión se deje en estado de indefensión al quejoso en la medida en que cuando se resuelva en definitiva el juicio civil de origen, el hoy solicitante del amparo puede reclamar las violaciones al procedimiento siempre que trasciendan al resultado del fallo. Por tanto, con fundamento en los artículos fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, el último mencionado interpretado a contrario sensu, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Milton Rodríguez Martínez, en su carácter de mandatario judicial de Carlos Alberto Tapia López. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por último, atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en la materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese; y personalmente a las partes.
- Principal
En términos del artículo 27 fracción I, inciso c), en relación con el diverso numeral 29 de la Ley de Amparo; se notifica a la parte quejosa, la resolución de 9 de diciembre de dos mil dieciséis: "En términos del artículo 27 fracción I, inciso B), en relación con el diverso numeral 29 de la Ley de Amparo; se emplaza y notifica a la parte quejosa, la resolución de nueve de diciembre de dos mil dieciséis: "RECEPCIÓN DE AUTOS. Téngase por recibido el oficio proveniente del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, así como las constancias que refiere, con las cuales se ordena formar el legajo de pruebas por separado que deberá ser identificado como TOMO I. En atención a que la Superioridad, se declaró legalmente incompetente para conocer del referido juicio, ordenando su remisión al Juez de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, mismo que correspondió a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro; en consecuencia, como lo ordena la superioridad, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103 fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución General de la República; 1 fracción I, 36, 114, y relativos de la Ley de Amparo, este juzgado SE AVOCA al conocimiento del mismo. Acúsese recibo. RECEPCIÓN DE DEMANDA. Téngase a ***, al que se le reconoce su personalidad en términos del artículo 11 de la Ley de Amparo, toda vez que de las constancias remitidas por el tribunal de alzada se advierte la personalidad con la que se ostenta en el presente juicio de amparo, promoviendo demanda de amparo contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 1876/2016, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deba digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado. PRECISIÓN DEL PROBLEMA. Ahora bien, de la intelección integral de la demanda de amparo, se extrae el siguiente acto reclamado al Juez Segundo de primera Instancia Familiar del Distrito Judicial de Querétaro: El acuerdo de catorce de octubre de dos mil dieciséis, dictado en los autos del juicio sumario de desahucio 938/2014, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro, en el que resolvió improcedente el recurso de revocación interpuesto por la parte demandada aquí quejosa, contra el auto de veintiuno de septiembre del año en curso, relativo a las actuaciones encaminadas al desahogo de pruebas ofrecidas por dicha parte. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Ahora, al ser preferente su estudio, este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como se estipula el precepto 113 de la Ley de amparo que dice: DESECHAMIENTO. En términos del numeral invocado con antelación, la demanda de amparo que presentó el justiciable, contra del acto anteriormente precisado, es improcedente. Lo anterior, puesto que se trata de una decisión jurisdiccional intraprocesal cuyo alcance jurídico y material carece del carácter de irreparable en perjuicio de la hoy parte quejosa, por lo que se actualiza lo establecido en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la fracción V del artículo 107, ambos de la Ley de Amparo, el último aplicado en sentido contrario que disponen lo siguiente: Las letras reproducidas revelan que la procedencia del amparo en tratándose de actos sucedidos en el juicio presupone como requisito que sus efectos sean de imposible reparación por afectar derechos sustantivos reconocidos por la Constitución General de la República y por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En relación a la evolución histórica de la procedencia del amparo respecto de los actos sucedidos en el juicio bajo el esquema de la abrogada Ley de Amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la regla general es que un acto es de imposible reparación y, en consecuencia, reclamable a través del amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando la violación afecta de manera inmediata o directa algún derecho sustantivo o fundamental, y que para discernir entre aquéllos que lo son de los que no, es un parámetro válido atender si sus efectos trascienden más allá del ámbito procesal y afectan derechos sustantivos, por lo que a pesar de que el gobernado obtuviera una sentencia favorable a sus intereses, no se vería reparado el perjuicio ocasionado por el acto reclamado, pues entonces la afectación no sería el resultado de la secuela procesal; asimismo, también consideró que existe la posibilidad de que sea procedente el juicio de amparo indirecto bajo el esquema de aquella ley, contra actos dentro del juicio que tuvieran aparejada una afectación en grado predominante respecto de cuestiones procesales. Entonces, al tenor del criterio jurisprudencial precedente, cuya aplicación es obligatoria para esta juzgadora federal en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, se concluye la improcedencia del presente juicio de amparo, ya que en función a la naturaleza del acto aquí reclamado, se clarifica que se trata de un acto verificado dentro del procedimiento jurisdiccional, empero, con efectos meramente adjetivos, esto es, con consecuencias jurídicas al interior del proceso, sin afectar derechos sustantivos de la parte quejosa. En ese sentido, cabe señalar que la certeza del conocimiento anterior se conoce en función de los antecedentes que bajo protesta de decir verdad vertió la parte quejosa en su escrito de demanda, así como de las constancias que allegó la autoridad responsable; de cuyo contenido se destaca: El impetrante interpuso recurso de revocación contra el acuerdo de veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis, en el que el Juez Segundo de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro, en el que se ordenó estarse a lo acordado en diverso proveído, relativo al desahogo de pruebas ofrecidas por la parte demandada aquí quejosa. Mediante acuerdo de catorce de octubre de dos mil dieciséis, el citado Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro, resolvió improcedente el recurso de revocación aludido, confirmando el auto de fecha veintiuno de septiembre del año en curso. Punto inmediato que constituye el acto aquí reclamado. Las anteriores expresiones bajo protesta de decir verdad formuladas por la parte quejosa adquieren fuerza probatoria plena con fundamento en los numerales 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, porque son expresiones que en forma espontánea vierte la parte promovente, de ahí que se traduzcan en confesión. Por su parte las constancias remitidas por la autoridad responsable se les otorga valor probatorio pleno con apoyo en los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, al tratarse del expediente judicial lo que le otorga el carácter de documento público, y por ende, de acuerdo a los citados preceptos legales, tiene la calidad de prueba plena, de conformidad con la regla especial contenida en el artículo 197, del Código antes citado. A la luz del marco transcrito, esta Juzgadora sostiene que la ya precisada determinación asumida por la autoridad responsable, a través de la cual declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto contra el proveído de veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis, no afecta de manera directa e inmediata alguno de sus derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, o bien, en tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, toda vez que en dicha actuación, la responsable asumió una determinación meramente procedimental, esto es, que impacta en derechos adjetivos del incidentista, hoy quejoso. Determinación que por sí misma, no implica afectación a un derecho sustantivo de la parte quejosa, pues no tiene una ejecución que sea de imposible reparación, pues sus consecuencias afectan solamente derechos adjetivos o procesales reparables al momento en que se dicte sentencia, esto es que tendrá expedito su derecho de impugnarla haciendo valer en su caso, las violaciones procesales que estime se le ocasionaron. En síntesis, la multicitada determinación constitutiva del acto reclamado no tiene una ejecución que sea de imposible reparación, pues sus consecuencias afectan solamente derechos adjetivos o procesales reparables al momento en que se dicte sentencia. Sin que con la anterior decisión se deje en estado de indefensión al quejoso en la medida en que cuando se resuelva en definitiva el juicio civil de origen, el hoy solicitante del amparo puede reclamar las violaciones al procedimiento siempre que trasciendan al resultado del fallo. Por tanto, con fundamento en los artículos fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, el último mencionado interpretado a contrario sensu, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Milton Rodríguez Martínez, en su carácter de mandatario judicial de Carlos Alberto Tapia López. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por último, atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en la materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese; y personalmente a las partes.".
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro · 13,679 expedientes
- Carlos Alberto Rosas Aranda842/2016
- Carlos Alberto Sánchez Arredondo1044/2023
- Carlos Alberto Sánchez Arredondo466/2014
- Carlos Alberto Sánchez Arredondo486/2022
- Carlos Alberto Sánchez Arredondo1196/2023
- Carlos Alberto Sánchez Hernández y Otros.1308/2015
- Carlos Alberto Tapia López1751/2015
- Carlos Alberto Tapia López1049/2014
- Carlos Alberto Venegas823/2015
- Carlos Alejandro Garcia Abrajan1329/2019
- Carlos Alejandro Guillermo Arriola Santamaría1134/2014
- Carlos Alejandro Perez Espindola78/2019