Carlos Alberto Sotelo Yerena y Otros.
Expediente 351/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 351/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 07/06/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Carlos Alberto Sotelo Yerena y Otros.
- Carlos Alberto Sotelo Yerena
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja previsto por el diverso numeral 97, fracción I, inciso a), de la citada ley, en contra del auto de veintitrés de mayo del presente año, mediante el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida por ********** y **********, ambos de apellidos **********, sin que se haya hecho valer; por tanto, se declara firme dicho proveído. Háganse las anotaciones que procedan en el Libro de gobierno de este Juzgado. Archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en el artículo octavo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTITRÉS DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS, A LA PARTE QUEJOSA: Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que transcurrió el plazo concedido a la parte quejosa para que desahogaran el requerimiento que se les formuló mediante proveído de veintiuno de abril pasado, sin que lo hayan hecho; por tanto, con fundamento en el artículo 114, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se les hace efectivo el apercibimiento decretado. Y SE TIENE POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE VEINTIUNO DE ABRIL DE DOS MIL DIECISÉIS: Vista la demanda de amparo promovida por Carlos Alberto y Antonio Alexandro, ambos de apellidos Sotelo Yerena, por su propio derecho, contra actos del Agente del Ministerio Público Investigador I de la Unidad de Atención Integral a la Mujer de esta ciudad, y otras autoridades; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 351/2016-V. A efecto de proveer respecto de su admisión, es importante transcribir lo establecido en el artículo 114 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." Como se advierte del artículo anterior, el órgano jurisdiccional al realizar el análisis del libelo constitucional puede advertir deficiencias, irregularidades u omisiones, respecto de las cuales mandará requerir al promovente para que las aclare dentro del término de cinco días legalmente computado, señalando con precisión en el auto relativo las que deban corregirse. En la especie, el suscrito estima que la demanda que nos ocupa es irregular en cuanto a los requisitos establecidos en las fracciones II y IV del invocado numeral, en relación con el artículo 108, fracciones II, III, IV y V, como se verá a continuación: A) La fracción II del artículo 108 de la legislación en consulta establece: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:" "(.)" "II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad;." Como se advierte de la trascripción anterior, la parte quejosa tiene la insoslayable obligación de precisar en su libelo constitucional, el nombre y domicilio del tercero interesado, y en caso de que desconozca a quién le reviste dicho carácter, deberá manifestarlo así bajo protesta de decir verdad. Bajo las consideraciones anteriores, del análisis integral de la demanda de amparo respecto de la cual se provee, se advierte que los promoventes soslayaron manifestar bajo protesta de decir verdad que desconocen a quién le reviste el carácter de tercero interesado así como su domicilio, y es que según el numeral trascrito es un requisito que debe satisfacerse en el escrito de demanda a fin de que el juzgador se encuentre en posibilidad de proveer sobre su admisión. B) La fracción III del aludido numeral 108 de la legislación en comento estatuye: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:" "(.)" "III. La autoridad o autoridades responsables." Del precepto transcrito se desprende la obligación que tiene la parte quejosa de señalar en su libelo constitucional a las autoridades responsables, las cuales fungen en el juicio de amparo como la parte demandada, por lo que es indispensable que haga correctamente su designación, para que estén en posibilidades de defender los actos que se tachan de inconstitucionales, y evitar que si éstas tienen facultades para ejecutarlo, lo lleven adelante, argumentando no haber sido señaladas como responsables en la demanda respectiva. Lo anterior se justifica si se toma en cuenta que el artículo 5, fracción II, de la ley de la materia, señala que es autoridad responsable la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Pues bien, en el caso concreto la parte quejosa en su demanda de amparo señaló como autoridades responsables, entre otras, a las siguientes: "Elementos de Policía Ministerial, de Celaya, Guanajuato." Sin embargo, el señalamiento que hacen los quejosos de los elementos de la policía ministerial es ambiguo; toda vez que omitieron precisar a cuáles elementos de dicha corporación enuncia como autoridades responsables, lo cual imposibilita a este órgano jurisdiccional llamarlos a juicio ante la vaguedad de su designación y, como consecuencia, dejarlos en estado de indefensión. Por ello, es imprescindible que los quejosos determinen con claridad a los elementos de la policía ministerial que desea señalar como responsables, sin que pueda ser factible hacer el señalamiento o designación genérica que hicieron, porque, como se dijo, las responsables no estarían en aptitud de hacer defensa de los actos que se les endilgan. Además que de admitir la demanda de amparo de la manera en que se propone, implicaría permitir que se trastoque el principio de economía procesal y el de administración de justicia pronta y expedita, ya que habría que esperar hasta que se devuelva la correspondencia por no estar bien denominadas las autoridades, se dé vista al promovente de garantías por el término de tres días para que manifieste lo que a su representación convenga, y que en caso de no cumplir se tenga por no señalada a la autoridad. C) La fracción IV del referido precepto 108 de la ley de la materia refiere: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:" "(.)" "IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame;." El citado numeral establece como requisito de la demanda de amparo que la parte quejosa indique con precisión cuál es la norma general, acto u omisión que reclama de cada autoridad que señala como responsable. Respecto de dicho tópico, el Ministro en retiro Genaro David Góngora Pimentel, en su obra titulada "Introducción al Estudio del Juicio de Amparo", Editorial Porrúa, Sociedad Anónima de Capital Variable, página 458, Novena Edición, señala que esta exigencia implica que el agraviado deba indicar en su demanda, lo más claramente que pueda, qué ley y qué acto reclama a las distintas autoridades responsables que señale, porque su imprecisión pueda dar lugar a diversos problemas, como son: a. Las autoridades responsables no podrían rendir su informe correctamente b. Los terceros interesados no sabrían claramente de qué defenderse c. La sentencia no tendría ejecución sobre la verdadera razón de ser del amparo, entre otros. En apoyo a lo anterior se invoca el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 697, Tomo IX, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, se rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. En ella debe precisarse con toda claridad el acto que se reclama." Pues bien, en el caso concreto la parte quejosa señaló como acto reclamado: ". la consignación ilegal y de certeza jurídica en materia penal, sin prevalecer la garantía de audiencia." Sin embargo, en el segundo párrafo de su demanda indicó: ". vengo a demandar ante usted el Amparo y Protección de la Justicia Federal. En contra de los actos de la autoridad responsable en CONTRA DE LA POSIBLE ORDEN DE APREHENSIÓN." Consecuentemente, este Juzgador estima que no es posible establecer cuál es el acto de que se duelen en esta instancia constitucional los quejosos, ya que si bien es cierto que en el capítulo correspondiente señalan la consignación, también lo es que en los conceptos de violación se duelen de la orden de aprehensión girada en su contra, lo que genera incertidumbre al no precisar con claridad cuál es el acto de autoridad que realmente reclama. Por tanto, es necesario que señalen cuál es el acto que reclama en el presente juicio de amparo, esto es, la consignación o la orden de aprehensión. D) La fracción V del citado artículo 108 de la Ley de Amparo señala: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:" "(.)" "V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación." Tal precepto establece como requisito de la demanda de amparo que la parte quejosa haga una narración, bajo protesta de decir verdad, de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de amparo, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al artículo 62 de la citada ley. En la especie, si bien es cierto que los solicitantes del amparo, en su afán de cumplir con el requisito establecido anteriormente, en su escrito de demanda narraron algunos antecedentes del acto reclamado, también lo es que omitieron expresar cuándo tuvieron conocimiento del acto reclamado. Ello, porque si bien los quejoso en el capítulo ateniente a los "Antecedentes" señalaron que tuvieron conocimiento el "lunes 18 de Agosto del presente año", lo cierto es que la referida fecha es incongruente, dado que su demanda de amparo la presentaron el veinte de abril del año en curso. Dato que resulta determinante para la substanciación del presente juicio de amparo, ya que sin conocerse no sería posible efectuar el cómputo para saber si la demanda aludida se presentó o no en tiempo. Conclusivamente, con fundamento en los artículos 108, fracciones II, III, IV y V, en relación con el 114, fracciones II y IV, ambos de la Ley de Amparo, prevéngase a la parte quejosa para que dentro del término de CINCO DÍAS, legalmente computado, por escrito y con copias suficientes para correr traslado a cada una de las partes: Señale bajo protesta de decir verdad que desconoce el nombre y domicilio del tercero interesado; Precise a cuáles elementos de la policía ministerial de esta ciudad señala como autoridades responsables, esto es, nombre y cargo de cada uno de los que desee señalar; Indique cuál es el acto que combate en esta instancia constitucional, es decir, si reclama la consignación, o bien, la orden de aprehensión girada en su contra; y, Bajo protesta de decir verdad señale cuándo tuvo conocimiento del acto que reclama. El requerimiento que al efecto se emite conlleva el apercibimiento que de no ser exactamente observado dentro del plazo legal concedido, se procederá en los términos del citado artículo 114 de la ley de la materia, que dispone: ".Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada..." En la inteligencia que la prevención sólo se tendrá por legalmente cumplida si los quejosos son quienes la desahogan, dado que la manifestación "bajo protesta de decir verdad" constituye un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien promueve la demanda, porque lo sujeta a manifestar que el relato de sus hechos lo hace con sujeción a la verdad y, que de resultar falso alguno de ellos, estaría sujeto a lo dispuesto por la fracción I del artículo 261 de la Ley de Amparo, en la que se contienen las penas en que incurren las personas que al formular su demanda afirmen hechos falsos u omitan las que les consten en relación al amparo. Otro motivo por el cual los directos quejosos deben desahogar el requerimiento, es porque el escrito aclaratorio tiene el propósito de subsanar la irregularidad que se detectó en la demanda y, por tanto, ambos escritos integran la demanda de amparo, la cual debe ser suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, de conformidad con lo estatuido por los artículos 107 de la Constitución y 6° de la Ley de Amparo, en virtud que es considerada como un solo documento sin que puedan desvincularse y analizarse o considerarse por separado. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su libelo constitucional, y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que indica, por tratarse de un asunto en materia penal. Con apoyo en lo dispuesto en el arábigo 13 de la ley de la materia, se designa como representante común a Carlos Alberto Sotelo Yerena. En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 8° y 13 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, 8 y demás relativos del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; hágase saber a las partes que el contenido del expediente, estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, así también, el derecho que les asiste, para manifestar, hasta antes de que se dicte el fallo, su oposición a que sus datos personales se incluyan en la publicación, en la inteligencia de que la falta de oposición hará suponer su consentimiento para que el contenido del expediente se publique sin supresión de datos, en el entendido de que aun cuando las partes no hayan ejercido la oposición a que se refiere el artículo 8° de la Ley, las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones dictadas en expedientes de asuntos de cualquier materia que por disposición legal o por su naturaleza puedan afectar de algún modo la dignidad personal o causar un daño irreparable y, en su caso, los documentos que obren en ellos y no sean reservados o confidenciales, se difundirán en una versión impresa o electrónica de la que se supriman los datos personales de las partes, salvo su nombre, y en la medida en que no impidan conocer el criterio sustentado por el Juzgador; por tratarse de un asunto en materia penal, sólo podrá hacerse público una vez que transcurran doce años contados a partir de la fecha en que se concluya el juicio. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del Word SISE
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