Carlos Alberto Sención González

Expediente 629/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
629/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
19/06/2023

Partes del expediente

  • Carlos Alberto Sención González

Actuaciones

  1. Principal

    Por recibido el oficio de cuenta signado por el Subdirector de lo Contencioso y Amparos adscrito al Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México, mediante el cual da cumplimiento al proveído de uno de junio del año en curso, dictado por este juzgado, e informa que existe imposibilidad jurídica de su parte para dar cumplimiento a dicho proveído, toda vez que para que sea cancelada la anotación en el folio real que señala la parte quejosa referente a la suspensión provisional y definitiva otorgada en autos, se requiere que se exhiba ante dicha autoridad registral, el pago de derechos correspondientes por cada cancelación jurídica, en atención al artículo 95, fracción V, del Reglamento de la Ley Registral de la Ciudad de México; asimismo, señala que de conformidad con el artículo 196, del Código Fiscal vigente para la Ciudad de México, por cada cancelación de asiento que practique el Registro Publicó de la Propiedad y de Comercio, se causará una cuota de ********************; en tal virtud, con lo anterior, comuníquese a la parte quejosa que realice el pago y las gestiones pertinentes ante dicha autoridad, si a su interés legal conviene, se ordena agregar el oficio de mérito para que obre como corresponda. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo recibida vía electrónica promovida por ********************, por propio derecho, contra actos del "Juzgado de lo Civil del Poder Judicial de la Ciudad de México", por violación a los derechos fundamentales reconocidos en los ordinales 1, 14, 16 y 17 Constitucionales, regístrese en el Libro de Gobierno correspondiente como 629/********************23 y, fórmense los respectivos expedientes físico y electrónico. Ahora bien, se procede a examinar el escrito inicial de demanda, a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio de conformidad con los artículos 112 y 113, de la Ley de Amparo, preceptos legales que prevén la posibilidad del desechamiento de la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que a él se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia manifiesto e indudable, entendiéndose por lo primero, aquello que no requiere de mayor demostración, sino que se advierte de manera clara y directa de la demanda y de sus anexos, y por lo segundo, aquello de lo que se tiene la certeza y plena convicción. En el presente asunto el acto reclamado es la supuesta orden de desalojo o lanzamiento, así como la falta de emplazamiento a juicio en el procedimiento jurisdiccional que se debata el bien inmueble ubicado en calle ********************, casa ********************, colonia ********************, ********************, Jalisco, código postal ********************, (******************** ubicada en la calle ********************, número 2********************0-********************, del condominio horizontal denominado ********************, en el poblado de ********************, municipio de ********************, Estado de Jalisco), propiedad del promovente ********************; acto que le atribuye a un "Juzgado de lo Civil del Poder Judicial de la Ciudad de México". Del análisis de la demanda que nos ocupa, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, previsto en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y fracción I del numeral 1º, de la propia ley de la materia. El primer numeral citado instituye la improcedencia del juicio de amparo en los demás casos en que la misma resulte de alguna disposición de la ley; es decir, no establece una causa concreta de improcedencia, sino que señala, en forma genérica la que opera cuando resulte de la aplicación de uno o varios preceptos legales distintos del propio numeral 61; por lo cual, para la aplicación de la citada fracción, debe relacionársele con otro u otros preceptos legales que determinen la improcedencia del juicio en un caso concreto. Ahora bien, la fracción I, del ordinal 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé la facultad de los tribunales federales para conocer y resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de la autoridad, que transgredan los derechos humanos reconocidos otorgados para su protección, por la Constitución, así como los tratados internaciones de los que el Estado Mexicano sea parte. Por otro lado, el artículo 1 de la Ley de Amparo estatuye que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos otorgados para su protección en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los Tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En suma, la instancia constitucional constituye un medio de control que se inicia mediante la acción de una persona física, jurídico colectiva, e incluso oficial, por sí o en representación de persona diversa, contra leyes o actos de autoridad, por considerar una transgresión a sus derechos humanos, estatuidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o Tratados Internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano, del cual, por razón de competencia, conoce un órgano jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación, que tiene como objeto la calificación de la constitucionalidad de tales actos o leyes, con la finalidad de la restitución en el goce de sus derechos fundamentales, atendiendo para su procedencia a los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, así como los principios rectores del procedimiento del amparo, establecidos en la propia ley de la materia. En el caso, el quejoso ostentándose tercero extraño reclama la supuesta orden de desalojo o lanzamiento, así como la falta de emplazamiento, en el procedimiento jurisdiccional que se debata el bien inmueble ubicado en calle ********************, casa ********************, colonia ********************, ********************, Jalisco, código postal ********************, (******************** ubicada en la calle ********************, número 2********************0-********************, del condominio horizontal denominado ********************, en el poblado de ********************, municipio de ********************, Estado de Jalisco), pero sin que le conste en forma directa si está involucrada alguna autoridad. Partiendo de la base jurídica expuesta, es oportuno puntualizar que la demanda de amparo constituye un todo, y debe analizarse en su integridad para determinar lo conducente respecto de su procedencia o improcedencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 744, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 501, del tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo rubro y texto son: "DEMANDA DE AMPARO, DEBE ESTUDIARSE EN SU INTEGRIDAD. Tomando en consideración que la demanda de garantías constituye un todo, es incuestionable que el a quo está obligado a analizarla en su integridad y atender a todos aquellos actos que en la misma se señalen como reclamados, ya que de no hacerlo así resulta claro que con tal omisión el juez de Distrito deja de observar lo dispuesto por el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, pues la sentencia que pronuncie en forma alguna contiene la fijación clara y precisa de los actos reclamados." De los antecedentes del acto reclamado, se advierte que el peticionario de amparo manifiesta lo siguiente: "[.] que el día de hoy martes 30 de mayo de ********************23, al llegar yo a mi casa aproximadamente a las 18 horas, la persona encargada del auxilio de las tareas domésticas en mi casa, me comunico que por entre las 13.30 y 14.00 horas de éste día, tres personas (sexo masculino) pertenecientes a un Juzgado Civil de la Ciudad de México, que se negaron a identificarse más ampliamente y a darle mayor información más precisa, habían estado en el domicilio de mi casa, buscándome con una orden de desalojo o lanzamiento de mi casa, que ordenaba la desocupación y entrega de la misma, y que al no estar presente el suscrito, le informaron que tenía que estar yo presente el día 2 de junio de ********************23 a esa misma hora para entender directamente la diligencia conmigo [.]" Esos hechos narrados en la demanda, constituyen una confesión contra la propia parte quejosa, en términos de los artículos 95, 199 y ********************0, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo. Orienta a lo anterior, la tesis, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 857, del tomo XII, Materia Común, Diciembre 1993, Octava Época, cuyo rubro y texto son: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESION EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES). Siendo disposición del artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria; el que los hechos expresados por el promovente en la demanda, constituyen una confesión expresa, es evidente que las aseveraciones que el peticionario formula en su demanda de amparo, prueban plenamente en su contra sin necesidad de ofrecerse como prueba, por constituirse una confesión expresa." En ese sentido, lo alegado por el accionante de amparo, se funda en un supuesto procedimiento llevado ante un juez de lo civil de la Ciudad de México, en el que se dilucido el inmueble que refiere, y que se hizo de su conocimiento por medio de la persona encargada del auxilio de las tareas domésticas de su casa, quien le comentó que tres personas (sexo masculino) pertenecientes a un Juzgado Civil de la Ciudad de México, que se negaron a identificarse, buscándolo con una orden de desalojo o lanzamiento del bien inmueble, que ordenaba la desocupación y entrega de la misma; de tal suerte que el reclamo no le consta de forma directa. Por tanto, es inconcuso que el reclamo no constituye un acto de realización inminente en contra del peticionario de amparo; pues el que por tercera persona se enterara de un supuesto procedimiento, no puede considerarse, ni presuntivamente, como un acto de autoridad en su contra. Lo anterior es así, ya que, por una parte, no reclama un acto concreto de autoridad; y, por otra, no se advierten hechos que estén efectivamente dirigidos a afectar su esfera jurídica; por el contrario, funda su reclamo en el aviso de la persona encargada de las atareas domésticas, sobre un supuesto procedimiento llevado ante un Juez de lo Civil de la ciudad de México; y no en un acontecimiento determinado que pueda directamente vincular a una autoridad. En ese contexto, debe decirse al peticionario que la facultad para accionar el amparo, conforme a los artículos 107, fracción III, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el diverso numeral 1° de la Ley de Amparo, le corresponde a aquella persona que resulta o pudiera resultar afectada con la emisión de una ley, su aplicación o bien la emisión, de algún acto de autoridad; lo que en el caso no acontece, pues como lo manifiesta, conoció por medio de la persona encargada del auxilio de las tareas domésticas, quien le comentó que tres personas (sexo masculino) pertenecientes a un Juzgado Civil de la Ciudad de México, que se negaron a identificarse, buscándolo con una orden de desalojo o lanzamiento del bien inmueble, que ordenaba la desocupación y entrega de la misma, es decir, en ningún momento se ha enterado, por medio de una autoridad, de la existencia de un proceso en su contra, por lo que no puede decirse que exista un acto concreto, y que le conste de modo directo. En otras palabras, para estar en condiciones de accionar el juicio conforme a los principios que lo rigen específicamente el de agravio personal y directo, sin duda es necesario que exista algún acto de autoridad que hubiera determinado, en el ámbito de sus atribuciones, una resolución que pudiera resultar transgresora de sus derechos humanos; lo que se reitera, en la especie no ocurre, habida cuenta que el quejoso acciona en esta vía a partir del dicho de la persona encargada del auxilio de las tareas domésticas, quien le hiciera de su conocimiento de la visita quien le comentó que tres personas (sexo masculino) pertenecientes a un Juzgado Civil de la Ciudad de México, que se negaron a identificarse, buscándolo con una orden de desalojo o lanzamiento del bien inmueble, que ordenaba la desocupación y entrega de la misma. Lo anterior, sin que implique prejuzgar sobre la oportunidad para instar un proceso constitucional posiblemente cuando cuente con elementos mínimos para determinar si efectivamente hay un procedimiento tramitado en su contra, ante qué autoridad está tramitándose y los datos que le consten a él directamente sobre su existencia. Se cita al respecto, por analogía, la jurisprudencia con registro 232192, de la Séptima Época, aprobada por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 199-********************4, Primera Parte, página 135, en Materia Común, que dice: "AGRAVIO. PARA JUSTIFICAR LA ACCION DE AMPARO DEBE SER ACTUAL. De los artículos 73, fracción V, y 4o. de la Ley de Amparo, se desprende que el agravio a su interés jurídico para ejercitar la acción constitucional, debe ser actual, por referirse a una situación que está causando perjuicio a la peticionaria, o que, por estar pronta a suceder, seguramente se le causará." Consecuentemente, al no haber un acto de autoridad real e inminente que afecte los derechos sustantivos de la quejosa, se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y fracción I del numeral 1º, de la propia ley de la materia; por tanto, con apoyo en el artículo 113, del mismo ordenamiento, se desecha de plano por notoriamente improcedente, la presente demanda de garantías. Al respecto se cita la tesis con número de registro 230866, de la octava época, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, tomo I, Segunda Parte-1, Enero-Junio de 1988, página 56, en Materia Administrativa, cuyo rubro y texto son: "ACTOS RECLAMADOS. NATURALEZA JURIDICA DE LOS ACTOS INMINENTES, EN SU POSICION FRENTE A LOS ACTOS YA EXISTENTES Y A LOS FUTUROS. Conviene analizar la naturaleza de los actos inminentes, en su posición frente a los actos ya existentes y a los futuros, tomando como punto de partida que la procedencia del juicio de garantías exige una materia sobre la cual pueda surtir efectos el fallo constitucional, pues sólo en presencia de un acto que sirva de materia al juicio, el quejoso puede sufrir un agravio actual, directo y presente; mismo que se traduce en el perjuicio a que se refiere el artículo cuarto de la Ley de la Materia. Sin embargo, de aplicarse rigurosamente este principio, según el cual la acción de amparo sólo es procedente en contra de un acto ya existente, ocurriría que el gobernado, aunque tuviera pleno conocimiento de la realización próxima de una acto lesivo, para intentar el amparo estaría obligado a esperar pacientemente la realización de dicho acto, con todas las consecuencias perjudiciales ínsitas al mismo, so pena de ver sobreseído el juicio promovido con anticipación a dicho evento. Tales reflexiones, entre otras, condujeron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a matizar esta regla general, admitiendo la procedencia del juicio de amparo en contra de actos no existentes aún, pero de cuya realización se tiene plena certeza por así demostrarlo actos previos, o por ser una consecuencia forzosa e ineludible de hechos probados." Así como la tesis sustentada por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 75, del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 175-180, Primera Parte, Séptima Época, registro 232376, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSAL DE, PREVISTA EN LA FRACCION XVIII DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. El criterio sustentado por la Segunda Sala de esta Suprema Corte, que este Tribunal en Pleno hace suyo, sostiene que la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo que instituye la improcedencia del juicio de amparo en los demás casos en que la misma resulte de alguna disposición de la ley, no establece una causa concreta de improcedencia, sino que señala, en forma genérica, la que opera cuando resulte de la aplicación de uno o varios preceptos legales distintos del propio artículo 73; en esas condiciones, para la aplicación de la citada fracción debe relacionársele con otro precepto legal que determine la improcedencia del juicio en un caso concreto." Por otra parte, toda vez que el quejoso proporciona el nombre de usuario "********************", con fundamento en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, así como de conformidad con los artículos 9, 55 y 58 del Acuerdo General 12/****************************************, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza la consulta y notificación del presente asunto por vía electrónica, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; por lo que, se ordena al encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), realice las gestiones necesarias, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, con apoyo en el artículo 21, de la Ley de Amparo, se habilita al actuario adscrito a este juzgado para que en días y horas inhábiles practique la notificación de este acuerdo o cualquier otra diligencia relacionada con el presente asunto. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · 9,411 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano