Carlos Alberto Santiago Olivares
Expediente 1219/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1219/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 19/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Carlos Alberto Santiago Olivares
Actuaciones
- Principal
Agréguese el oficio del Vigésimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por el que remite la resolución emitida en el C.C. ..., en el que declaró competente para conocer de la demanda a un Juzgado de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México en turno, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales correspondientes. Archívese este cuaderno de antecedentes y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno electrónico. Ahora bien, atendiendo a las particularidades del presente juicio, y tomando en consideración que no se trata de delitos contra: la seguridad de la nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente o la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales o que sea relativo a conflictos laborales colectivos trascendentes; tampoco trata sobre juicios con relación al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, o fue generado por el Pleno del Circuito que estableciera jurisprudencia; no versa sobre materia agraria, o bien que su sentencia integrara jurisprudencia o tesis aislada de Tribunal Colegiado; se concluye que no es de relevancia documental. De conformidad con el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se hace la observación de que el expediente es susceptible de destrucción, en razón de que se trata de un asunto en el que no se aceptó la competencia. No obra en autos documento original, en los términos que establece el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Agréguese el oficio proveniente del Vigésimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por medio del cual informa que, por auto de cinco de diciembre del año en curso, admitió a trámite el conflicto competencial planteado por el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Por recibido el oficio del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por medio del cual remite la demanda de amparo promovida por ***, contra actos de la **** por violación a los derechos fundamentales reconocidos en los numerales 1, 4, 14, 16, 17 y 123 Constitucionales, al efecto se acuerda: Acúsese recibo al homologo federal, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno electrónico con el consecutivo 1219/2022. Tramítese observando el ordinal 3° de la Ley de la materia. C O N S I D E R A N D O:* Este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, NO ACEPTA LA COMPETENCIA PLANTEADA, en atención a lo siguiente: La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en su Título Cuarto, denominado "De los Juzgados de Distrito", regula la competencia por materia de los Jueces federales, desprendiéndose un conjunto de reglas para la distribución de la misma con base en los elementos fundamentales siguientes: 1. La materia misma o naturaleza intrínseca de los actos reclamados, porque se refiere a actos o leyes federales o locales sobre una materia o un bien jurídico tutelado determinado, que puede referirse a una cuestión penal, civil, administrativa o laboral. 2. El origen del acto reclamado, según sea la naturaleza de la autoridad responsable, esto es, si proviene de una autoridad judicial que tiene una materia asignada o si no es judicial, lo que conduce a que pueda tener la calidad de autoridad administrativa. 3. Si se trata de leyes, la competencia atiende a la materia regulada y, en todo caso, debe atenderse a cada supuesto para establecer qué criterio se privilegia. Conforme al ordinal 57, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los y las jueces de distrito en materia administrativa conocerán de los amparos que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial. Atendiendo a esta regla, la preeminencia competencial entre dos Jueces de Distrito de distinta materia, se obtiene en razón de la naturaleza jurídica de la autoridad responsable y de los actos reclamados. Sirve de apoyo, la tesis I.3º.C.100 K, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible la página 1431 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Noviembre de 2010, Novena Época, registro 163502, que establece: "COMPETENCIA. CRITERIOS DE ESPECIALIZACIÓN POR MATERIA (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 51, 52, 54 Y 55 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN). De la lectura armónica y sistemática de los artículos 51, 52, 54 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se deriva un conjunto de reglas para la distribución de las competencias tratándose de Juzgados de Distrito especializados por diversas materias con base en dos elementos fundamentales: a. La materialidad o naturaleza intrínseca de los actos reclamados, porque se refiera a actos o leyes federales o locales sobre una materia o un bien jurídico tutelado determinado que puede referirse a una cuestión penal, civil, administrativa o laboral. b. El origen del acto reclamado, según sea la naturaleza de la autoridad responsable, esto es, si proviene de una autoridad judicial que tiene una materia asignada o si no es judicial, lo que conduce a que pueda tener la calidad de autoridad administrativa; y si se trata de leyes, la competencia atiende a la materia regulada y, en todo caso, debe atenderse a cada supuesto para establecer qué criterio se privilegia. Así, conocerá un Juez de judicial penal, inclusive de resoluciones dictadas en incidentes de reparación del daño o responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito; o de cualquier autoridad que afecte la libertad personal, salvo las correcciones disciplinarias y medidas de apremio impuestas fuera de procedimiento penal; en estos casos, la competencia la define el carácter material del órgano judicial o la naturaleza penal del acto reclamado. En tratándose del amparo contra los actos dictados por la autoridad laboral o en un procedimiento seguido por la autoridad del mismo orden, así como de las leyes y disposiciones de observancia general en materia de trabajo, conocerá un Juez de Distrito en materia laboral, según el caso; en este supuesto, la competencia la define la naturaleza material del órgano judicial o administrativo laboral o la naturaleza laboral del acto reclamado. Entonces, el Juez de Distrito en materia de trabajo conocerá de los juicios de amparo promovidos contra actos de la autoridad judicial; en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad laboral o de un procedimiento seguido del mismo orden; que se promuevan contra leyes y disposiciones de observancia general en materia de trabajo o que sobre esa materia se dicten por una autoridad distinta de la judicial y los promovidos contra actos de tribunales de trabajo ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido o que afecten a personas extrañas al juicio. En los juicios de amparo promovidos en contra de los actos dictados por la autoridad judicial administrativa conocerá un Juez de Distrito en materia administrativa; en todos estos casos, la naturaleza del órgano o autoridad responsable y sus actos materiales definen la competencia. Por otro lado, el artículo 54, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establece, con especial referencia a la competencia de los Jueces de amparo en materia administrativa, una vis atractiva especial, al indicar que deben conocer de los juicios de amparo contra autoridad distinta de la judicial, salvo los casos de extradición y de las demandas de amparo promovidas contra leyes y disposiciones de observancia general en materia penal. De modo que por esta regla general, la preeminencia la tiene la autoridad origen del acto reclamado, esto es, si no es judicial, en principio el competente será el Juez en materia administrativa, salvo que el acto afecte la libertad, porque entonces, atendiendo a este bien jurídico, el más importante después de la vida, el competente será el Juez de amparo penal. Finalmente, en tratándose del amparo promovido contra actos dictados por la autoridad judicial civil, en el cumplimiento y aplicación de leyes federales o tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano, conocerá un Juez de Distrito en materia civil; por lo que en este supuesto, la competencia la define la naturaleza formal del órgano judicial y, en su caso, cuando se promueve el juicio de amparo en contra de leyes y disposiciones de observancia general en materia civil, es la naturaleza del bien regulado, lo que define la competencia." De la interpretación gramatical del precepto legal transcrito, se advierte, entre otras disposiciones, que los Jueces de Distrito en Materia administrativa conocerán de los juicios de amparo promovidos contra actos de la autoridad judicial en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad administrativa o de un procedimiento seguido por autoridad del mismo orden; de igual forma, conocerá de los actos de tribunales administrativos ejecutados en juicio o fuera de él o después de concluido. En el caso, de la demanda de amparo, se obtiene que el accionante reclama: El requerimiento de pago del crédito hipotecario ***** (contrato de mutuo con interés y garantía hipotecaria), celebrado entre el quejoso y el Fondo de la Vivienda del ****. La inconstitucionalidad del artículo 186 primer párrafo, de la Ley del ******.* Ahora, la línea argumentativa de la autoridad oficiante consiste en demostrar que entre la parte quejosa y el instituto responsable, existe un vínculo de derechos y obligaciones, que debe revisarse por una autoridad civil dado su origen contractual. De lo anterior, se advierte que la relación entre las partes se origina porque el quejoso es servidor público, y el crédito se originó el acto reclamado es una prestación de seguridad social, cuya gestión y/o administración es facultad del instituto responsable. Empero, el suscrito disiente de las consideraciones del órgano declinante porque con esas premisas se analiza una eventual relación que subyace entre las partes, como acreditado y acreditante y/o deudor y acreedor, lo cual supone que los actos reclamados en realidad demandan el cumplimiento de obligaciones entre particulares, y no a causa del vínculo que generó el derecho alegado. Lo cual se considera incorrecto porque no toma como punto de análisis constitucional, la naturaleza jurídica de la autoridad responsable o los actos reclamados, como indica la jurisprudencia 2a./J. 89/2019 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la décima época, de registro 2020326, que dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL RECURSO DE REVISIÓN CONTRA LA SENTENCIA DICTADA EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA LA NEGATIVA DE DEVOLUCIÓN DE APORTACIONES POR PARTE DEL FONDO DE LA VIVIENDA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA. CORRESPONDE A UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que en los conflictos en los que se discute sobre la competencia por razón de la materia para conocer del recurso de revisión en amparo indirecto, debe verificarse la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable. Así, el acto consistente en la negativa del Fondo de la Vivienda del *** de Sonora de devolver las aportaciones enteradas por la dependencia gubernamental para la que prestó sus servicios el quejoso pensionado durante su vida laboral es de naturaleza administrativa, porque si bien las pensiones tienen como fuente la relación de trabajo establecida entre el derechohabiente y la dependencia pública en la que haya laborado, sin embargo, la relación surgida entre aquél y ese Instituto constituye una diversa de naturaleza administrativa, en la que éste actúa con el carácter de autoridad al crear, modificar o extinguir, por sí o ante sí, la situación jurídica del pensionado. De ahí que, derivado de la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable, se surte la competencia en favor de un Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa para conocer del recurso de revisión aludido."* Contrario a lo estimado por el juzgador declinante, se considera que la naturaleza de la acción constitucional es materia administrativa, dado que las reglas bajo las que se rigen los entes públicos señalados como responsables son diversas a aquellas que regulan la vía en un proceso ordinario. Además, sus actos emanan de un procedimiento a seguir de carácter administrativo en ejercicio de facultades constitucionales, por la aplicación de su normativa interna, conforme a la cual se reclama que las prestaciones de seguridad social otorgadas por el Estado, generan afectaciones a los derechos humanos del quejoso, es decir, se trata de una relación entre un ente gubernamental y un particular, y no entre sujetos equiparados susceptibles de derecho privado. De donde se sigue que los actos reclamados derivan del ejercicio de una prerrogativa inmersa en la seguridad social, porque se alega que el Instituto responsable, no ha cumplido con sus funciones de gestión y administración sobre las prestaciones otorgadas a los trabajadores a causa del vínculo laboral, porque sus prestaciones tienen un diseño inconstitucional. Lo cual implica que no pueda desvincularse el acto reclamado de la relación administrativa entre las partes, de las obligaciones que las vinculan porque son los derechos que a su vez pudieran demandarse entre sí. En suma, se considera que se trata de un reclamo sobre el incumplimiento de obligaciones hipotecarias pactadas con el instituto responsable, y no de la ejecución de una obligación entre particulares, y los actos reclamados deben analizarse ante la normatividad que rige el tipo de servicios que brinda a los beneficiarios. Por tanto, el justiciable debe dar seguimiento a un procedimiento de carácter administrativo, regulado, lo cual supone la aplicación de la normativa interna del instituto responsable, para concluir los trámites necesarios para culminar la relación que lo vincula con el quejoso, que es de naturaleza Administrativa. Se cita la tesis III.7o.A.27 A (10a.), de los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 2283 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo llI, octubre de 2018, décima época, en materia común Administrativa, que dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO POR UN PENSIONADO CONTRA EL MONTO DE LAS AMORTIZACIONES Y LA NEGATIVA A CONCEDERLE UNA PRÓRROGA PARA EL PAGO DE UN CRÉDITO HIPOTECARIO OTORGADO POR EL FONDO DE LA VIVIENDA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO (FOVISSSTE). SE SURTE EN FAVOR DE UN JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA. La competencia es el presupuesto procesal consistente en la cualidad de un órgano jurisdiccional que le permite o le exige conocer de cierto tipo de asuntos y tener preferencia legal respecto de otros órganos jurisdiccionales para sustanciar y resolver un litigio o causa determinada. Ahora, para fijar la competencia por materia de los Jueces de Distrito en el amparo, el legislador tomó como base la naturaleza de la autoridad responsable y del acto reclamado. Por otra parte, el **** es una autoridad administrativa y los créditos que otorga por conducto de su fondo de la vivienda constituyen una prestación inmersa en la seguridad social, prevista en el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esto es, dichos créditos con garantía hipotecaria, se originan cuando se encuentra vigente el vínculo de trabajo, pues éstos sólo se otorgan a los trabajadores en activo, como se advierte de los artículos 169 y 176 de la ley del instituto referido. Asimismo, los descuentos efectuados para cubrir un crédito de vivienda se realizan al salario del trabajador, en términos de los preceptos 185 y 191 del ordenamiento citado; empero, el cobro del crédito con garantía hipotecaria se extiende a la pensión, en caso de que al otorgarse ésta se presente un saldo insoluto, conforme al artículo 184 del ordenamiento mencionado. En ese contexto, si uno de los reclamos en el amparo promovido por un pensionado lo es el monto de las amortizaciones que tienen que hacerse con motivo del crédito hipotecario que se le otorgó, no se está en presencia de un conflicto entre particulares que sea de naturaleza civil, pues aun cuando el origen del adeudo es un contrato hipotecario, este acto no puede desvincularse del derecho del que deriva, que es primeramente laboral, al encontrarse regulado constitucional y legalmente como una prestación de seguridad social y que, posteriormente, pasa a ser administrativo, debido a la pensión que se otorga. Lo anterior, porque el hecho de que el quejoso haya obtenido el crédito por un préstamo hipotecario, mediante un contrato en el que las partes pactaron derechos y obligaciones, entre ellos, la autorización para que el organismo referido le descuente determinada suma de dinero de su pensión, no implica que el acto reclamado tenga naturaleza civil, al derivar dicho préstamo de la obligación que éste tiene de otorgar financiamiento que permita a los trabajadores obtener un crédito barato y suficiente, mediante préstamos con garantía hipotecaria, contenida en el artículo 4, fracción I, de la Ley del ****. Por tanto, la competencia para conocer del juicio de amparo indirecto promovido por un pensionado contra el monto de las amortizaciones fijadas con motivo de un crédito hipotecario otorgado por el Fondo de la Vivienda del ****, se surte en favor de un Juez de Distrito en Materia Administrativa, lo cual debe hacerse extensivo a la negativa a concederle una prórroga para el pago del propio crédito, al derivar de la relación administrativa que impera entre el quejoso y la autoridad responsable, así como en un contrato que no puede verse aisladamente, como si regulara intereses particulares." Así, conforme a los criterios citados con antelación, se advierte que corresponde al Juzgado de Distrito en materia Administrativa, decidir respecto a la procedencia del presente juicio de amparo, por ser el ***, una autoridad de la misma naturaleza mediante la aplicación de leyes de la misma índole. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 83/98 sostenida por el Tribunal Pleno en su integración de la Novena Época, que dice: COMPETENCIA POR MATERIA. SE DEBE DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LA ACCIÓN Y NO LA RELACIÓN JURÍDICA SUSTANCIAL ENTRE LAS PARTES. En el sistema jurídico mexicano, por regla general, la competencia de los órganos jurisdiccionales por razón de la materia se distribuye entre diversos tribunales, a los que se les asigna una especialización, lo que da origen a la existencia de tribunales agrarios, civiles, fiscales, penales, del trabajo, etcétera, y que a cada uno de ellos les corresponda conocer de los asuntos relacionados con su especialidad. Si tal situación da lugar a un conflicto de competencia, éste debe resolverse atendiendo exclusivamente a la naturaleza de la acción, lo cual, regularmente, se puede determinar mediante el análisis cuidadoso de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de los preceptos legales en que se apoye la demanda, cuando se cuenta con este último dato, pues es obvio que el actor no está obligado a mencionarlo. Pero, en todo caso, se debe prescindir del estudio de la relación jurídica sustancial que vincule al actor y al demandado, pues ese análisis constituye una cuestión relativa al fondo del asunto, que corresponde decidir exclusivamente al órgano jurisdiccional y no al tribunal de competencia, porque si éste lo hiciera, estaría prejuzgando y haciendo uso de una facultad que la ley no le confiere, dado que su decisión vincularía a los órganos jurisdiccionales en conflicto. Este modo de resolver el conflicto competencial trae como consecuencia que el tribunal competente conserve expedita su jurisdicción, para resolver lo que en derecho proceda. Al reclamarse la intervención de una autoridad administrativa por vicios propios, es que se actualiza precisamente el supuesto que da competencia a la autoridad especializada en esa materia, para conocer del juicio de amparo, promovido contra un acto u omisión originados en ejercicio de sus facultades y/o por falta de cumplimiento debido a ellas. En las relatadas condiciones, es inconcuso que la competencia para conocer sobre la constitucionalidad del acto reclamado recae en el juzgador oficiante. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, no acepta la competencia declinada, por lo que fórmese cuaderno de antecedentes con las constancias necesarias y remítase el presente asunto al órgano judicial oficiante, para que provea lo que en derecho corresponda. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y por autorizadas para los mismos efectos a las personas que menciona. Respecto de quien autoriza acorde al ordinal 12 de la Ley de Amparo, sólo gozará de las facultades amplias que prevé si tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; ya que de no ser así únicamente se tendrá por autorizadas para oír y recibir notificaciones. Se tiene por señalado el correo electrónico y número telefónico únicamente para comunicaciones no procesales. Por lo expuesto y fundado, se; RESUELVE: PRIMERO. Este Juzgado de Distrito no acepta la competencia legal para conocer del presente juicio de amparo indirecto promovido por ****, contra los actos de la Comisión Ejecutiva del Fondo de la Vivienda del **** y otras autoridades. SEGUNDO. Devuélvase al Juzgado Primero de Distrito en Materia de Administrativa en la Ciudad de México, la comunicación y anexos relativos al amparo indirecto 1743/2022 de su índice, e infórmesele la presente determinación. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Por recibido el oficio del Juzgado Primero de Distrito en materia Administrativa en la Ciudad de México, donde declina competencia legal para conocer de la demanda promovida por ..., por lo que se acuerda: Fórmese expediente y regístrese en el Libro electrónico con el número 1219/2022. Tramítese observando el artículo 3° de la Ley de Amparo. Previo a calificar si corresponde el conocimiento del asunto, solicítese atentamente al Juzgado oficiante, la demanda y sus anexos. NOTIFÍQUESE.
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