Carlos Alberto Sánchez Morales
Expediente 2218/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 20 actuaciones registradas, la última del 14 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2218/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 14/04/2023
Partes del expediente
- B.C. S. Y.
- Carlos Alberto Sánchez Morales
- B.C. S. Y. y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Incidental
Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que se ordenó formar cuaderno de pruebas con las constancias remitidas por la Juez Sexto de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco; en consecuencia, toda vez que ya no resulta necesario la permanencia de dicho expediente, se ordena remitir de inmediato a dicha autoridad, para los efectos legales conducentes.
- Principal
Zapopan, Jalisco, diez de agosto de dos mil veintidós. Vistos los presentes autos, cuyo contenido informa que por sentencia autorizada de tres de junio del año en curso, se concedió a ***, el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos que reclamó de la Jueza Sexto de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, para los efectos siguientes: ".a) Deje insubsistente la determinación judicial de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, emitida en el juicio civil ordinario 663/2020. b) En su lugar dicte otra en la que, bajo las consideraciones de este fallo, prescinda de considerar que el incidente de custodia es inadmisible bajo la premisa de que el progenitor de la niña interviniente no ha cumplido con la entrega de la custodia. c) Con libertad de jurisdicción resuelva lo que en derecho corresponda". En auto de quince de julio del año en curso, causó ejecutoria la sentencia, para todos los efectos legales correspondientes y se dio cuenta al Juez con un oficio remitido por la autoridad responsable a través del cual exhibe diversas constancias relativas al juicio de origen 663/2020, de las que se advierte que las partes celebraron un convenio, el que fue ratificado y en proveído de doce de julio de dos mil veintidós, se aprobó y elevó a categoría de sentencia ejecutoriada, con lo cual se ordenó dar vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, con los apercibimientos de ley. En razón de lo anterior y, toda vez que la parte quejosa fue omisa en atender el requerimiento previamente mencionado, este órgano de control constitucional, procede a resolver, de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo y con apoyo en la jurisprudencia 26/2000, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos cuarenta y tres, del tomo XI, relativo al mes de marzo de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, UNICAMENTE EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO. (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." El núcleo esencial de los efectos de la concesión de amparo se puede sintetizar en el siguiente aspecto: Que la autoridad responsable deje insubsistente la determinación judicial de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, emitida en el juicio civil ordinario 663/2020 y en su lugar dicte otra con libertad de jurisdicción con las salvedades establecidas en la ejecutoria de amparo. Ahora bien, de las constancias exhibidas por la autoridad responsable se desprende la existencia de un cambio de situación jurídica, toda vez que las partes en el juicio de origen celebraron y ratificaron un convenio, mismo que se aprobó y se elevó a categoría de sentencia ejecutoriada el doce de julio de dos mil veintidós, documentales que valoradas al tenor de lo dispuesto por el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tiene pleno valor probatorio, de donde se colige que no existe garantía violada que restituir a la parte quejosa en ejecución de sentencia. Lo anterior es así, toda vez que en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, es obligación del juzgador vigilar por el estricto cumplimiento de las sentencias de amparo, sin embargo, en la especie, tal obligación se ve obstaculizada en razón de que ya no hay materia para la ejecución, pues es evidente que los efectos de la sentencia no pueden concretarse. En las relatadas condiciones, se declara que no existe materia para el cumplimiento de la sentencia dictada el tres de junio de dos mil veintidós, en los autos del expediente en que se actúa. Resulta aplicable por los motivos expuestos, la tesis de la Séptima Época sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo 217-228 Sexta Parte, Página 267, de rubro y texto siguientes: "EJECUTORIAS DE AMPARO, INCUMPLIMIENTO DE LA, POR IMPOSIBILIDAD MATERIAL DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE DICHO EXTREMO. Si bien es cierto que conforme al principio jurídico que reza "nadie está obligado a lo imposible", no es factible exigir el cumplimiento por parte de la autoridad responsable de una ejecutoria de amparo que la colocara en semejantes condiciones, sin embargo, esta imposibilidad jurídica o material debe acreditarse fehacientemente ante el Juez de Distrito, pues de lo contrario, bastaría que la autoridad responsable se acogiera a dicho principio para que la sentencia pronunciada dentro del juicio de garantías quedara sin ejecutarse. De ahí que el simple dicho de la responsable en cuanto a que carece de los elementos necesarios para cumplimentar en sus términos el fallo fiscal a que le obligó la sentencia de amparo no debe considerarse motivo suficiente para que el a quo la releve de tal obligación y menos aún, para que traslade dicha carga al propio quejoso en cuanto a que él sea quien aporte esos elementos materiales". Sin que haya lugar a remitir las constancias al Tribunal Colegiado toda vez que las partes al haber celebrado y ratificado el convenio en cita, mismo que fue elevado a categoría de sentencia ejecutoriada, trae como consecuencia un cambio de situación jurídica, por lo que no puede calificarse como contumaz, la actuación del Juez responsable ante la falta de cumplimiento a los efectos de la sentencia que concedió de amparo. Da sustento a lo anterior la tesis III.2º.C.19K(10a.), localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2014616, Libro 43, Junio de 2017, Tomo IV, página 2909 Tesis Aislada(Común); que dice: "EJECUTORIA DE AMPARO. DEBE ESTIMARSE DE IMPOSIBLE CUMPLIMIENTO (SIN QUE ELLO IMPLIQUE CONTUMACIA O DESACATO ALGUNO), POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA, CUANDO DESPUÉS DE DICTADA LA SENTENCIA RESPECTIVA, LA RESPONSABLE DA POR CONCLUIDO EL JUICIO DE ORIGEN Y ORDENA SU ARCHIVO DEFINITIVO, POR EL PAGO TOTAL DE LO SENTENCIADO EFECTUADO POR LOS QUEJOSOS, CON LA ANUENCIA DEL ACTOR Y DE LA TERCERO INTERESADA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 196, PÁRRAFO SEGUNDO, IN FINE, DE LA LEY DE AMPARO). De conformidad con el artículo 196, párrafo segundo, in fine, de la Ley de Amparo, cuando el tribunal de amparo advierta que no está cumplida la ejecutoria que otorgó la protección de la Justicia de la Unión, o que no está total o correctamente cumplida, o bien, se considera de imposible cumplimiento, entonces deberá remitir los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que resuelva lo que proceda. En esa medida, si el Juez responsable oportunamente informa al Juez de Distrito que tuvo a los quejosos por realizado el pago total de lo sentenciado en el juicio natural, con la anuencia de la parte actora y de la tercero interesada en el juicio de amparo, por lo que dio por concluido dicho procedimiento; mientras que el juicio de amparo se promovió por los quejosos, precisamente, contra irregularidades cometidas en la interlocutoria de liquidación de sentencia y la protección de la Justicia Federal, fue para el efecto de que se resolviera la planilla de liquidación de sentencia, en forma congruente con la totalidad de las constancias de autos y de manera motivada. En consecuencia, si la sentencia definitiva dictada en el juicio de origen fue voluntariamente cumplida en su totalidad por los quejosos, con posterioridad a la concesión del amparo, es inconcuso que aun cuando ambas partes omitieran hacer alguna manifestación en cuanto a lo informado por el Juez natural en el sentido de que la actora se dio por satisfecha de las prestaciones reclamadas, tal cumplimiento voluntario de lo sentenciado, trae como consecuencia un cambio de situación jurídica, que implica que queden insubsistentes tanto la sentencia definitiva, como la interlocutoria reclamada y que deba tenerse a ambas partes por conformes con la determinación de existir imposibilidad jurídica de dar cumplimiento al fallo que concedió el amparo, puesto que es evidente que al quedar concluido el procedimiento natural por pago total de lo sentenciado, el Juez responsable está jurídicamente impedido para dictar una nueva interlocutoria para calificar la planilla de liquidación de sentencia, en razón de que ya no existe sentencia definitiva que liquidar y, por ende, tampoco existe la posibilidad legal de pronunciar una nueva interlocutoria, para los efectos que había determinado el Juez de Distrito; de ahí que, en el caso, no es jurídicamente posible cumplir la citada ejecutoria de amparo, por lo que no puede calificarse como contumaz, la actuación del Juez responsable". Lo anterior con independencia de que la parte quejosa, en caso de que lo estime pertinente, pueda hacer valer los medios de defensa establecidos en la ley. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. Asimismo, el presente asunto se considera sin valor documental. Por otra parte, en caso de haber exhibido documentos originales como prueba en el trámite del presente juicio, dígase a las partes que cuentan con un término de noventa días, a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, a fin de que ocurran a recogerlos, apercibidos que de no hacerlo así, se procederá a la depuración del expediente junto con dichas documentales. Ahora bien, del estado procesal de autos se advierte que en auto de diecisiete de enero de dos mil veintidós, se tuvieron por recibidas copias certificadas de las constancias que integran el expediente 663/2020, remitidas por la autoridad responsable lo anterior a fin de resolver el presente juicio de amparo, con las que se ordenó formar un cuaderno de pruebas; en razón de lo anterior y al ser innecesaria la conservación de dichas constancias, mediante oficio que derive del presente auto, devuélvanse las referidas constancias a la autoridad responsable para los efectos legales conducentes. Finalmente, visto el estado que guarda el expediente electrónico derivado de este amparo, del que se advierte que no obran agregadas la totalidad de constancias de notificación ordenadas en el presente asunto; en consecuencia, se requiere al Actuario Judicial de la adscripción para que a la brevedad posible realice las acciones necesarias para incorporar la totalidad de constancias de notificación al referido expediente electrónico, a fin de que se encuentre debidamente integrado en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo. Una vez hecho lo anterior, deberá certificar lo correspondiente a fin de dar de baja el expediente a la mesa respectiva.
- Principal
Zapopan, Jalisco, quince de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia de tres de junio de dos mil veintidós, dentro de dicho término; en consecuencia, se declara que dicho fallo HA CAUSADO EJECUTORIA para los efectos legales, de conformidad con el artículo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Ahora bien, visto el oficio de cuenta que suscribe la Juez Sexto de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, mediante el cual, manifiestan la forma en que han dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en autos, anexando al efecto las constancias que así lo acreditan; en consecuencia, se ordena dar vista a la parte quejosa con el comunicado y anexos de mérito, para que dentro del término de tres días, a que alude el numeral 196, primer párrafo de la Ley de Amparo, manifieste lo que a su interés legal convenga, bajo apercibimiento de que no obstante no hacerlo dentro de dicho lapso, este Juzgado de Distrito resolverá sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad.
- Incidental
Se tiene por recibido el oficio de cuenta, suscrito por el Secretario del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, mediante el cual remite los autos originales del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 2218/2021, en un tomo, así como testimonio certificado de la resolución pronunciada en sesión de veintitrés de junio de dos mil veintidós, en el toca de revisión incidental 59/2022, formado con motivo del recurso hecho valer por la parte quejosa y que en lo conducente resuelve lo siguiente: "PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se niega la suspensión definitiva de los actos reclamados a las autoridades responsables, por los razonamientos jurídicos expuestos en el considerando cuarto de esta resolución. TERCERO. Se concede a , la suspensión definitiva de los actos reclamados a las autoridades responsables, por los razonamientos jurídicos expuestos en el considerando último de esta resolución". En consecuencia, hágase del conocimiento de las partes el sentido de la anterior resolución para los efectos legales a que haya lugar, acúsese el recibo de estilo a la Superioridad, realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y glósese el cuaderno de antecedentes respectivo.
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