Carlos Alberto Sánchez Espinoza
Expediente 872/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 5 actuaciones registradas, la última del 24 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 872/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 24/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec · Oaxaca
Partes del expediente
- Carlos Alberto Sánchez Espinoza
- Carlos Alberto Sánchez Espinoza y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de autos y la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de diez días concedido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión contra la sentencia en la que se sobreseyó el presente juicio de amparo, sin que se haya interpuesto dicho medio de impugnación; en consecuencia, con apoyo en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia por disposición expresa de su ordinal 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha sentencia. No es obstáculo a lo anteriormente expuesto, el hecho de que no se practique el cómputo respectivo a la autoridad responsable, pues ésta sólo puede interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que de ella se reclamó. Lo anterior se considera así, en razón de que al haberse decretado el sobreseimiento, quedó intocado el acto reclamado, por lo cual se dejaron las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional; de manera que, dicha determinación a quien en todo caso podría parar perjuicio sería al accionante de garantías, más no a la autoridad que se señaló como responsable, como acontece en el presente Juicio de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia número XI.3º. 4 k, consultable en la página setecientos seis, Tomo VII, Junio de 1998, Novena Época, del Apéndice 1917-1995 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO." Por otra parte, tomando en consideración que no existen documentos originales exhibidos por las partes, como tampoco asunto pendiente por diligenciar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 3°, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE como definitivamente concluido. Con apoyo en el artículo 21 inciso a) del referido Acuerdo, se considera que el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que se sobreseyó el presente juicio de amparo; asimismo, no es de relevancia documental, pues no se está en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo en cita; hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente, para los efectos legales procedentes. Consecuentemente, una vez que transcurran TRES AÑOS, contados a partir de esta fecha en que se ordena el archivo del asunto, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del expediente principal, en términos de los artículos 18, penúltimo párrafo, 21, penúltimo párrafo, 22, 23 y 24 del Acuerdo General antes citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Finalmente, se autoriza a la Secretaria y/o Actuario Judicial a que firmen los oficios que deriven de la presente determinación. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo número 658/2019, promovido por Félix Lara Pérez, por su propio derecho, contra actos de la Primera Sala Familiar del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, con residencia en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el dos de agosto de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, turnado el mismo día, en este órgano jurisdiccional, Félix Lara Pérez, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por el acto que se precisan a continuación: ".III.- AUTORIDADES RESPONSABLES.- Señalo como autoridad responsable, a la Primera Sala Familiar del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado; con domicilio bien conocido. IV.- ACTOS RECLAMADOS.- Reclamo de la autoridad responsable, la resolución de segunda instancia de fecha veinticinco de junio de dos mil diecinueve, emitida en el toca familiar número 77/2019; que resuelve el recurso de apelación interpuesto por el suscrito Félix Lara Pérez, en contra de la resolución incidental de siete de septiembre de dos mil dieciocho, dictada por la Jueza Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Etla, Oaxaca, en el expediente número 981/2009, relativo al incidente de cancelación de pensión alimenticia, promovido por el suscrito en contra de Estela Sánchez Reyes." SEGUNDO. Derechos fundamentales violados. La parte quejosa narró los antecedentes de los actos reclamados y manifestó como derechos fundamentales conculcados, los consagrados en los artículos 14, 16 y 17, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Radicación y desechamiento. Por auto de cinco de agosto de dos mil diecinueve, se radicó la demanda de amparo bajo el número de expediente 658/2019, y se determinó desechar de plano la demanda de amparo. Inconforme con dicha determinación, la parte quejosa interpuso recurso de queja, misma que fue resuelta el quince de enero de dos mil veinte, dentro del toca 227/2019, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, quienes determinaron declarar fundado dicho medio de impugnación; y ordenó a este Juzgado de Distrito, proveer lo conducente en relación con la admisión de la demanda de amparo CUARTO. Admisión y trámite. Por ello, en cumplimiento a lo ordenado por la Superioridad, mediante proveído de veintinueve de enero de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó informe justificado a la autoridad responsable; se dio la intervención que legalmente le corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional; y, se tuvo como tercero interesada a Estela Sánchez Reyes; quien fue emplazada a juicio el nueve de abril de dos mil veintiuno. Además, cabe precisar, que el once de marzo de dos mil veinte, la Organización Mundial de la Salud declaró que el coronavirus SARS-CoV2 y la enfermedad COVID-19 debían calificarse como una pandemia, razón por la cual se hizo "un llamamiento a los países para que adoptaran medidas urgentes y agresivas", en respuesta al brote del virus COVID-19 y partiendo de las mejores prácticas en la materia, especialmente las derivadas de recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, el Consejo de la Judicatura Federal adoptó medidas preventivas para la protección de sus servidoras y servidores públicos y de las personas justiciables en general, así como acciones para promover y vigilar su cumplimiento en los centros de trabajo. Así, mediante el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se ordenó levantar la suspensión de los plazos y términos decretada del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte, esto es, se ordenó el levantamiento de la suspensión de plazos lo que implica que todos los órganos jurisdiccionales puedan dar trámite a los asuntos que les sean turnados y a los que ya tengan radicados, de conformidad con la normatividad aplicable y sin restricción alguna, aunque debiendo implementar los ajustes previstos en el citado Acuerdo General. Debido a lo anterior, y toda vez que la fecha de la audiencia constitucional se encontraba señalada para una data en la que se encontraban suspendidos los términos, por acuerdo de once de agosto de dos mil veinte (fojas 78 y 79), se reanudó el presente juicio de amparo, fijándose fecha para la celebración de la audiencia constitucional. QUINTO. Cita para audiencia. Seguida la secuela procesal el día veintiocho de junio de dos mil veintiuno, tuvo verificativo la audiencia constitucional, en términos del acta que antecede, conforme a la parte final del segundo párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia Legal. Este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca resulta legalmente competente para conocer de la demanda de amparo, conforme lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 párrafo primero y relativos de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; así como el diverso 20/2016, del referido Pleno, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis, por reclamarse un acto atribuido a una autoridad cuya competencia corresponde al ámbito territorial en que este tribunal federal ejerce su jurisdicción. De igual manera, se considera que en observancia a la garantía a la tutela jurisdiccional efectiva prevista en el párrafo segundo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe señalarse que la suscrita secretaria en funciones de Juez Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, en términos de lo dispuesto en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, por autorización comunicada por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio CCJ/ST/2820/2021, de nueve de agosto de dos mil veintiuno, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, pues está facultada para dictar sentencia aún en los juicios de amparo cuya audiencia no hubiese presidido, a fin de preservar la actividad normal del órgano jurisdiccional. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la Jurisprudencia 67/2011, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 853, Tomo XXXIV, Julio de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "SECRETARIO AUTORIZADO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUPLIR AL JUEZ DE DISTRITO. CASOS EN QUE TIENE FACULTADES PARA DICTAR SENTENCIA A FIN DE PRESERVAR LA ACTIVIDAD NORMAL DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL." SEGUNDO. Oportunidad de la demanda. La demanda de amparo se presentó dentro del término de quince días que establece el artículo 17, en relación con los artículos 18 y 19 de la Ley de Amparo. Se sostiene lo anterior, toda vez que de las constancias de autos se advierte que el acto reclamado consistente en la resolución de veinticinco de junio de dos mil diecinueve, fue notificado a la parte quejosa en fecha cuatro de julio de dos mil diecinueve (foja 38 vuelta del toca familiar 77/2019), surtiendo efectos el día hábil siguiente, de conformidad con lo establecido en el artículo 119, párrafo segundo, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca, que dice: "Artículo 119.- Todos los plazos judiciales empezarán a correr desde el día siguiente a aquel en que hayan surtido efectos el emplazamiento o notificación y se contará en ellos el día de vencimiento. Las notificaciones personales surten efectos al día siguiente del que se hayan practicado, y las demás surten efectos al día siguiente, de aquel en que se hubieren enviado por correo electrónico, publicado por boletín judicial, en la página electrónica oficial del Poder Judicial o fijado en los estrados de los tribunales que no cuenten con internet, al igual que las que se practiquen por correo o telégrafo, cuando exista la constancia de haberse entregado al interesado, y la de edictos al día siguiente de haberse hecho la última publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca.". Por tanto, el plazo referido transcurrió del ocho de julio al catorce de agosto de dos mil diecinueve, sin contar los días sábados, domingos, y los días inhábiles de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de la ley de la materia; así como del dieciséis de julio al uno de agosto de ese mismo año, que abarcó el periodo vacacional de la autoridad responsable. . De ahí que, si el escrito de demanda de amparo se presentó ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, el dos de agosto de dos mil diecinueve, se concluye que el juicio de amparo se promovió dentro del término legal correspondiente. TERCERO. Fijación de los actos. Por razón de técnica jurídica y con el fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, previo a determinar la existencia o inexistencia de los actos reclamados, procede realizar su fijación clara y precisa, a través del análisis integral de la demanda de amparo, a efecto de conocer la verdadera intención de la parte quejosa al promover este juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis P-VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 255, del Tomo XIX, Abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". Atento a lo anterior, de las constancias que integran el juicio de amparo, se advierte que la parte quejosa esencialmente reclama de la Primera Sala Familiar del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, con residencia en esta ciudad, lo siguiente: La resolución de segunda instancia de fecha veinticinco de junio de dos mil diecinueve, emitida en el toca familiar 77/2019, de su índice, en la que ordenó reponer el procedimiento del incidente de cancelación de pensión alimenticia relativo al expediente 981/2009, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Etla, Oaxaca, para el efecto de que el juzgador ordene notificar y emplazar a la demandada en el incidente de cancelación de pensión alimenticia en horario que pueda ser localizada, habilitando nuevamente días y horas inhábiles. CUARTO. Existencia de los actos reclamados. De acuerdo con la técnica jurídica que rige al juicio de amparo, resulta oportuno pronunciarse respecto de la certeza o inexistencia del acto que se tilda violatorio de derechos humanos, ya que por razón de método, en toda sentencia de amparo, dicho proceder debe ocurrir previamente y, sólo en el caso de su existencia, lo aleguen o no las partes, el órgano jurisdiccional que conoce del procedimiento debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen para, por último y de ser procedente el juicio, entrar al análisis del fondo del asunto. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no existir los actos combatidos, sería ocioso ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia, y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resultaría imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos, el juicio de garantías sea procedente. En ese contexto, son ciertos los actos reclamados a la autoridad responsable Primera Sala Familiar del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, con residencia en esta ciudad, por así advertirse de su informe de ley. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 231, Tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO.". Lo que se corrobora con las documentales que remitió la Sala responsable como apoyo a su informe justificado, consistentes en original del toca familiar 77/2019 de su índice, original del expediente 981/2009, del índice del juzgado Civil de Etla, Oaxaca; y Original del cuaderno de incidente de cancelación de pensión alimenticia anexo al citado expediente 981/2009, los cuales obran por cuerda separada; medios de convicción que gozan de valor probatorio pleno acorde con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, de rubro siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO." QUINTO. Causas de improcedencia. Previamente al estudio de los aspectos de fondo vinculados con la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, deben analizarse las causas de improcedencia por ser esa una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, ya sea de oficio o bien a petición de parte, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62, de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al respecto la Jurisprudencia 814, del entonces Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en las páginas 553 y 554 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que señala: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En ese contexto, respecto del acto que en esta vía se reclama, este órgano jurisdiccional, estima que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, a contrario sensu, de la Ley de Amparo, que dicen: ".Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." El primero de los artículos transcritos establece que la improcedencia del juicio de amparo puede sustentarse en alguna disposición legal diversa de las previstas casuísticamente en éste. Por su parte, el segundo artículo, en la fracción transcrita, dispone que el amparo indirecto contra actos dentro del juicio procede limitativamente contra los que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Una interpretación en sentido contrario permite establecer que el juicio de amparo es improcedente contra actos en el juicio que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Sirve de apoyo, la tesis III.2o.C.18 K, visible en la página 1827, Tomo XXIII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia común, febrero de 2006, Novena Época, que dice: "JUEZ DE DISTRITO. PUEDE INVOCAR PRECEPTOS LEGALES A CONTRARIO SENSU, PARA APOYAR SUS RESOLUCIONES. Si el Juez de Distrito al momento de dictar su fallo, se encuentra ante la ausencia de norma específica que regule el caso sometido a su consideración, válidamente puede acudir al denominado "argumento a contrario" para resolver la cuestión litigiosa, en acatamiento al principio de la plenitud hermenéutica del orden jurídico, consagrado en el artículo 18 del Código Civil Federal; pues el argumento a contrario, es una de las diversas técnicas de integración de las normas jurídicas, mediante la cual, se pueden colmar las lagunas existentes en la legislación; el que, por cierto, precisa que si una norma establece una solución restrictiva en relación con el caso a que se refiere, válidamente puede inferirse que los no comprendidos en ella deben ser objeto de una solución contraria; y de ahí, que tal proceder resulte legal." En ese sentido el legislador estableció en el numeral en estudio que producen "ejecución irreparable" los actos que afectan materialmente derechos sustantivos protegidos constitucional y convencionalmente, quedando fuera de dicho concepto todas las violaciones procesales que sólo produjeran una afectación de esa naturaleza, aun cuando puedan calificarse como de grado predominante o superior, las cuales en la legislación anterior, mediante criterios jurisprudenciales, sí eran considerados como actos de imposible reparación. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia IV.2o.C. J/2 (10a.), visible en la página 1539, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro y texto siguiente: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera". En el caso, el acto reclamado por la parte quejosa en su demanda de amparo se hace consistir en la resolución dictada por la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, de veinticinco de junio de dos mil diecinueve, en el toca familiar 77/2019, en la que ordenó reponer el procedimiento del incidente de cancelación de pensión alimenticia relativo al expediente 981/2009, del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Etla, Oaxaca, para el efecto de que el juzgador ordene notificar y emplazar a la demandada en el incidente de cancelación de pensión alimenticia en horario que pueda ser localizada, para lo cual nuevamente deberá habilitar días y horas inhábiles. En esa tesitura, se deduce que la resolución que por esta vía reclama no constituye un acto de imposible reparación, pues, lo ahí resuelto no afecta materialmente los derechos sustantivos de la parte quejosa, porque no se trata de una determinación en forma definitiva por parte de la Sala responsable, sino de una determinación procesal dictada dentro del incidente de origen que no impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, y no reviste afectación a derechos sustantivos. Lo anterior es así, toda vez que los actos intraprocesales tienen una ejecución de imposible reparación, sólo cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directa e inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del gobernado o de las personas, que tutela la Constitución, tales como la integridad personal, la propiedad, la libertad, etcétera, porque esta afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quienes las sufren obtengan una sentencia definitiva favorable a sus intereses. De lo anterior se concluye que el acto reclamado (determinación de veinticinco de junio de dos mil diecinueve), no resulta ser un acto que por su naturaleza sea de los considerados de imposible reparación, y que en su caso permita la procedencia del amparo, y, por ende, resulta improcedente la misma, pues, para ser calificado como irreparable, necesitaría producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que tendría que recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas; por lo cual es improcedente el juicio de amparo. De modo que, la resolución reclamada no constituye un acto que su ejecución sea de imposible reparación, y por ende, no procede el amparo indirecto para reclamarlo; puesto que, sólo tiene efectos intraprocesales, en la medida que trata de una determinación de la sala señalada como responsable, en la que ordenó la reposición del procedimiento a efecto de que el juez de origen ordene notificar y emplazar a la demandada en el incidente de cancelación de pensión alimenticia, en horario que pueda ser localizada, para lo cual nuevamente deberá habilitar días y horas inhábiles. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J. 24/92, visible en la página 11, Agosto de 1992, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Octava Época, de rubro y texto siguiente: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Asimismo, la Jurisprudencia IV.3o. J/9, visible en la página 333, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta II, Octubre de 1995, Materia Común, Instancia Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, que dice: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDENCIA DEL. ACTOS DE NATURALEZA IRREPARABLE. Cuando el juicio de amparo es el único medio para combatir un acto de autoridad, no por ello debe estimarse la procedencia de aquél, porque, en principio, debe atenderse a si los actos de autoridad reclamados son de naturaleza irreparable, esto es, si revisten la característica de que la afectación que producen dentro del procedimiento judicial en el que fue emitido trasciende a los derechos fundamentales tutelados por las garantías individuales (entre los que se encuentran la propiedad, la libertad, la vida, la integridad personal, etcétera), y no que solamente tenga una consecuencia simplemente procesal, para de ahí determinar la ejecución de imposible reparación a que se refiere el artículo 114, fracción IV de la Ley de Amparo. Por lo tanto, no basta que un determinado proveído y la posible violación que con él se cometa en juicio, ya no sea materia de la sentencia que en dicho procedimiento se dicte, sino es necesario además que tal cuestión afecte inmediata y directamente los derechos fundamentales, que la Constitución General tutela en favor de los gobernados para que sea susceptible de impugnación mediante el juicio de amparo indirecto." De igual manera, la tesis (X Región) 4o.2 C (10a.), visible en la página 2488, Tomo IV, Libro 47, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octubre de 2017, Materia Común, Civil, Décima Época, de rubro y texto siguiente: "LITISCONSORCIO NECESARIO. CONTRA LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO PARA INTEGRAR A LOS LITISCONSORTES A LA RELACIÓN JURÍDICA PROCESAL, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO POR NO CONSTITUIR UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. A partir de la entrada en vigor de la Ley de Amparo, existen dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso, antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, en los cuales la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos-, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse efectivamente. Ahora bien, el litisconsorcio necesario se actualiza cuando hay necesidad de que dos o más personas tengan intervención en el proceso, en virtud de que la cuestión litigiosa la constituye cierta relación jurídica en la que aquéllas están interesadas en forma indivisible y que, por ello, no admite resolverse por separado sin audiencia de todos ellos y en un mismo juicio, pues la sentencia que se dicte les puede deparar perjuicio, esto es, el objetivo de que exista dicha institución se concreta en que sólo pueda haber una sentencia válida cuando se llama a todos los litisconsortes, pues no sería posible resolver respecto de una parte, sin que lo decidido alcanzara a la otra y, precisamente, por esa teleología, el litisconsorcio necesario constituye un presupuesto procesal que, incluso, debe analizarse de oficio por el juzgador. Así, se considera que la resolución de segunda instancia que ordena reponer el procedimiento a fin de que sean llamados a juicio los litisconsortes que originalmente no fueron llamados, no constituye un acto que sea de imposible reparación, pues en la resolución reclamada no se emitió pronunciamiento que hubiese causado una afectación material a los derechos sustantivos de la quejosa, consistentes en el patrimonio, la vida, la libertad, la posesión o la propiedad, ya que, aun cuando es adversa a sus intereses, sólo ocasiona que el procedimiento se reponga a fin de que se integre a la relación jurídica procesal con las demás partes involucradas y prosiga el procedimiento hasta el dictado de la sentencia correspondiente lo que, en todo caso, sólo produce efectos de carácter formal o intraprocesal, que podrían extinguirse en la realidad, sin originar afectación alguna a sus derechos sustantivos, habida cuenta que la sentencia que llegare a pronunciarse en dicho procedimiento de origen, podría nuevamente serle favorable y, en caso contrario, se encontraría en aptitud de interponer en su contra el recurso ordinario procedente; por lo que se está en presencia de un acto cuya ejecución no es de imposible reparación para los efectos del amparo biinstancial, como lo exige el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo". Así como, la jurisprudencia 1a./J. 37/2012 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 741, tomo I, Libro VIII, Mayo de 2012, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que dice: "EMPLAZAMIENTO. LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA NULO EL REALIZADO POR EDICTOS, Y ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO A FIN DE QUE SE EMPLACE NUEVAMENTE A LA DEMANDADA POR ESE MEDIO, NO GENERA UNA AFECTACIÓN CIERTA E INMEDIATA A LOS DERECHOS SUSTANTIVOS DEL ACTOR RESPECTO DEL PAGO QUE HIZO DE LAS PUBLICACIONES, POR LO QUE LA SOLA CIRCUNSTANCIA DE HABERLAS PAGADO NO HACE PROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (MATERIA CIVIL). La determinación judicial que en definitiva declara nulo el emplazamiento por edictos y ordena reponer el procedimiento para que se emplace nuevamente a la demandada por ese medio no constituye una afectación a los derechos sustantivos de la actora respecto del pago que hizo de las publicaciones respectivas, sino una de tipo adjetivo, ya que la sola circunstancia del impacto patrimonial consistente en dejar sin efectos los edictos cuya publicación subvencionó, jurídicamente está vinculada con su respectiva carga procesal en el litigio, de las que son propias e inherentes a todo procedimiento judicial. Esto último encuentra explicación en que si el contenido del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, revela que fue voluntad del legislador proscribir que el juicio de amparo indirecto proceda indiscriminadamente respecto de cualquier acto en el juicio, y si es máxima de la experiencia que en la prosecución de los juicios civiles, es regla general que las partes se ven determinadas a efectuar diversas erogaciones de tipo patrimonial a fin de responder a las cargas procesales, o hacer peticiones derivadas del interés que tienen en que se resuelva el juicio a favor de sus pretensiones, entonces debe admitirse que jurídicamente y para efectos de fijar el alcance conducente del citado artículo 114, fracción IV, la sola circunstancia consistente en el impacto patrimonial que sufre el actor al cumplir con la carga procesal de pagar las publicaciones de edictos para emplazar a su contrario en la tramitación de un juicio, no afecta sus derechos sustantivos, sino sólo los adjetivos, pues las anotadas erogaciones patrimoniales no pueden desligarse ni entenderse sin atender a la conducta procesal que le dio origen. Lo anterior, sin perjuicio de que se pueda analizar en cada caso particular, si es que existen otras consecuencias de la reposición del procedimiento (diferentes a la sola circunstancia de que el actor tuvo que erogar los gastos de la publicación de los edictos correspondientes) que puedan significar una afectación de imposible reparación para los efectos de decidir sobre la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dictados dentro de juicio". Sin que sea óbice a lo anterior lo manifestado por el quejoso en el sentido que el acto reclamado es de imposible reparación ya que retarda la impartición de justicia y le ocasiona perjuicios, pues por una parte, se abrirá un nuevo plazo probatorio y por la otra, en la resolución que se emita, la responsable valorara nuevamente las pruebas que obren en el expediente; pues el retardo en la impartición de justicia por sí sola, no podría justificar la procedencia del juicio de amparo indirecto, habida cuenta que toda reposición del procedimiento para subsanar violaciones procesales fundadas implica una dilación del juicio en mayor o menor grado, sin que por ello se viole el principio de justicia pronta, aunado que, la sola circunstancia consistente en el impacto del desahogo de las pruebas, no afecta sus derechos sustantivos, sino sólo los adjetivos, pues no pueden desligarse ni entenderse sin atender a la conducta procesal que le dio origen. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis IV.2o.C.55 K, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 2677, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Novena Época, Materia Común, que dice: "ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO ES EL SIMPLE RETARDO EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la solicitud de modificación de jurisprudencia 1/2003, de la que derivó la jurisprudencia P./J. 99/2004, publicada en la página 5 del Tomo XX, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de octubre de 2004, cuyo rubro es: "COSA JUZGADA. LA RESOLUCIÓN INTERLOCUTORIA QUE DESESTIMA ESA EXCEPCIÓN SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO, POR SER UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE (LEGISLACIÓN PROCESAL CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL).", determinó que para analizar si una violación acaecida en el curso del procedimiento es o no de imposible reparación, el juzgador debe proceder de la siguiente manera: a) Discernir si el acto reclamado afecta directa e inmediatamente derechos sustantivos que prevén las garantías individuales contenidas en la Constitución General de la República; b) Que en la hipótesis de que las consecuencias del acto no afectaran dichos derechos sustantivos, debe valorar si con ellas se afecta o no a las partes en grado predominante o superior, puesto que de arribarse a la convicción de que tampoco colma esta afectación exorbitante, sería improcedente el amparo indirecto, debiendo el gobernado esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo; c) Que por regla general, una violación formal o procesal produce una afectación exorbitante a las partes durante el juicio (que la identifica como de imposible reparación), cuando concurren circunstancias de gran trascendencia que significan una situación especial dentro del procedimiento de cuya decisión depende la suerte de todo el juicio del orden común, bien para asegurar su desarrollo con respeto a las garantías procesales esenciales del quejoso, o bien, porque conlleve la posibilidad de evitar el desarrollo ocioso o innecesario del juicio; d) Precisar que la afectación que produzca el acto intraprocesal reclamado, a fin de que amerite su impugnación en amparo indirecto, debía ser en grado extraordinario o sobresaliente; e) Que la anterior precisión era necesaria, toda vez que las tesis que sobre el tema sustenta el más Alto Tribunal del país, se fundaban de manera explícita o implícita en el artículo 17 de la Constitución Federal; y, f) Pero que no obstante lo anterior, era igualmente cierto que no todas las violaciones procesales que puedan encontrar fundamento en el señalado artículo 17 constitucional, a través de las normas adjetivas secundarias o derivadas podían, jurídicamente, ser impugnadas en amparo indirecto, pues ello haría interminables los juicios ordinarios y tornaría inútil un aspecto básico del amparo directo. En el mismo sentido y siguiendo los lineamientos fijados en la solicitud de modificación de jurisprudencia 1/2003, la Segunda Sala del referido Tribunal Constitucional, al resolver la contradicción de tesis 38/2007-PL, que dio lugar a la jurisprudencia 2a./J. 23/2008, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, febrero de 2008, página 593, de rubro: "NULIDAD DE ACTUACIONES. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO.", sostuvo, en lo que interesa, lo siguiente: "... el retardo en la impartición de justicia ... por sí sola, no podría justificar la procedencia del juicio de amparo indirecto que, por excepción, permite la impugnación de actos intraprocesales, habida cuenta que toda reposición del procedimiento para subsanar violaciones procesales fundadas implica una dilación del juicio en mayor o menor grado, sin que por ello se viole el principio de justicia pronta.". Establecido lo anterior, la resolución de segunda instancia que revoca el auto mediante el cual el Juez de primer grado cita a las partes para oír sentencia, no constituye un acto procesal de imposible reparación ya que, de la decisión tomada por el tribunal de alzada no depende la suerte de todo el juicio, ni tampoco puede hablarse del desarrollo ocioso de un proceso, cuando éste ya se agotó, aunado a que el perjuicio procesal que pudieran resentir las partes en sus derechos adjetivos no resulta exorbitante, porque tal decisión no podría implicar la tramitación innecesaria del juicio, en tanto que éste no culminaría, sino que continuaría su curso ante la misma autoridad jurisdiccional que lo tramitó y resolvió, una vez reparada la violación procesal que menciona el quejoso". Aunado que, las diversas figuras habidas en el juicio, como lo son la personalidad, la improcedencia de la vía, la cosa juzgada, el litisconsorcio pasivo necesario, son consideradas por los criterios jurisprudenciales como violaciones procesales, no así como violaciones a derechos sustantivos. Por lo que serán impugnables, una vez dictada sentencia definitiva, vía apelación en primera instancia y modificables por medio de amparo directo, si es que la violación procesal aducida hubiere trascendido al resultado del fallo. Con base en lo expuesto, jurídicamente es posible concluir que los efectos que trae consigo la determinación que regulariza el procedimiento y ordena emplazar nuevamente a la parte demandada, constituye un acto que definitivamente no es susceptible de surtir efectos jurídicos plenos que se traduzcan en actos de imposible reparación, ya que el hecho de que se declare nulo lo actuado en el incidente, y en su oportunidad se continúe con la secuela procesal correspondiente, no afecta de modo inmediato derechos fundamentales del impetrante, ni tampoco se traduce en una infracción de carácter procesal, pues una vez que se siga el procedimiento de origen por todas sus etapas legales y se dicte sentencia definitiva que favorezcan sus intereses, con lo que se repararía la violación procesal que reclama, porque a pesar de haberse incurrido en ella, los afectados verían satisfecha su pretensión; y de resultar adversa, podría promover el juicio de garantías en la vía directa y hacer valer las violaciones procesales cometidas durante todo el procedimiento, y de concederse el amparo se le restituiría en el pleno goce las garantías que estimare violadas. Lo anterior, sin que pase inadvertida para este órgano jurisdiccional, la jurisprudencia 2a./J.87/2016, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1180, del Tomo II, del Semanario Judicial de la Federación, de Agosto de dos mil dieciséis, Décima Época, cuyo rubro es: "RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE REVOCA LA DE PRIMERA Y ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO. SU IMPUGNACIÓN EN AMPARO NO ACTUALIZA UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA", ello es así, pues si bien de la jurisprudencia antes referida, se advierte que el auto inicial no es el momento procesal oportuno para determinar si el acto reclamado vulnera derechos sustantivos, en atención a que no se tienen a la vista las constancias que dieron origen al acto reclamado, lo cierto es que, dada la tramitación en la vía indirecta del presente asunto y toda vez que este juzgado de Distrito tiene a la vista las constancias necesarias para resolver éste asunto, es posible determinar que el acto reclamado no vulnera derechos sustantivos, lo cual quedó precisado en el contenido íntegro del presente auto. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan la Jurisprudencia 2a./J. 23/2008, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Febrero de 2008, Novena Época, Materia Común, Registro: 170244, Página: 593, que establece: "NULIDAD DE ACTUACIONES. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO. La indicada resolución constituye un acto dentro del juicio que debe impugnarse en el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva o laudo, en términos de los artículos 114, fracción IV, 158 y 159, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que las consecuencias que produce no son de imposible reparación, en tanto que no afectan de manera directa e inmediata derechos sustantivos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el perjuicio procesal que pudieran resentir las partes en sus derechos adjetivos no resulta exorbitante, porque tal decisión no podría implicar la tramitación innecesaria del juicio, ya que éste no culminaría, sino que continuaría su curso ante la misma autoridad jurisdiccional que lo tramitó y resolvió, una vez reparada la violación procesal mencionada. No obsta para concluir lo anterior el retardo en la impartición de justicia que podría entrañar esa determinación, porque tal circunstancia, por sí sola, no justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto que, por excepción, permite la impugnación de actos intraprocesales, habida cuenta que toda reposición del procedimiento para subsanar violaciones procesales fundadas implica una dilación del juicio en mayor o menor grado, sin que ello implique violación al principio de justicia pronta." En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, a contrario sensu, de la Ley de Amparo, se sobresee el presente juicio de garantías, en términos del diverso 63, fracción V, de la ley en comento, respecto del acto que reclama a la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. En razón del sentido del presente fallo, no procede analizar los conceptos de violación; de acuerdo con la Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 49, Volumen 24, Tercera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO.". Finalmente, se autoriza al Secretario y/o actuario judicial a firmar los oficios que deriven del presente proveído. Por lo expuesto, fundado, se; R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Félix Lara Pérez, por su propio derecho, respecto del acto reclamado a la autoridad responsable señalada en el resultando primero; y, por los motivos expuestos en el considerando último, de esta resolución. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal de los presentes autos, y la certificación realizada por la Secretaria de la adscripción, se advierte que mediante proveído de diez de septiembre del año en curso, se tuvo por recibido el informe justificado rendido por la autoridad responsable, Juzgado Civil del Distrito Judicial de Etla, Oaxaca, mismo que se publicó por lista de acuerdos el trece siguiente. Asimismo, que el término de ocho días para que las partes se impongan de su contenido, transcurre del diecisiete al veintinueve de septiembre del año en curso, descontando sábados y domingos, así como los días catorce quince y dieciséis de septiembre inhábiles en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo, y del oficio SEPLE./GEN./003/3069/2021, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal Atento a lo anterior, para dar margen a que la parte quejosa se imponga del contenido del referido informe justificado, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día, y en su lugar se fijan las DOCE HORAS CON OCHO MINUTOS DEL DIECIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo. Notifíquese; y también publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
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San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de septiembre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, agréguese a los presentes autos para los efectos legales conducentes, el oficio 1669/2021, signado por la Juez Civil del Distrito Judicial de Etla, Oaxaca, mediante el cual rinde su informe justificado. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a las partes con su contenido para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Dese cuenta con el mismo al momento de celebrar la audiencia constitucional. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la prueba documental que anexa, misma que se desahogada en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de la misma en la audiencia constitucional. Notifíquese; y también publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
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