Carlos Alberto Sánchez Cruz

Expediente 129/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
129/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
21/06/2023

Partes del expediente

  • Carlos Alberto Sánchez Cruz

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de junio de dos mil veintitrés. Tribunal Colegiado declara infundada la queja contra desechamiento. Agréguese el oficio de cuenta, que suscribe la Secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con residencia en la ciudad de Oaxaca de Juárez, Oaxaca, al que anexa copia certificada de la ejecutoria dictada el quince de junio de dos mil veintitrés, en el recurso de queja ********************, del índice de ese Tribunal; por tanto, acúsese recibo, y háganse las anotaciones sobre el regreso de los autos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes Ahora bien, se advierte que en la ejecutoria referida el tribunal revisor declaró infundado el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, contra el auto de cuatro de enero del año en curso, en el que se desechó la demanda de amparo; por tanto, hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales consiguientes. Archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. Valoración documental. En virtud de lo anterior, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, que entró en vigor al día siguiente; este juzgado federal determina que el presente expediente se ubica en el supuesto previsto en el artículo 20, fracción IV, del citado Acuerdo General (Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado), por lo tanto: a) No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado; b) Es susceptible de destrucción; c) Transcurridos tres años de ordenado el archivo, dentro de los treinta días siguientes se deberá destruir este expediente; y d) Terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Téngase a la secretaría haciendo constar que en el presente asunto no se aportaron documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, que suscribe la Actuaria Judicial del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, con sede en Oaxaca de Juárez, mediante el cual informa que se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por el quejoso *************** , contra el auto de trece de febrero de la presente anualidad, quedando registrado con el número ******************** de su índice. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por el quejoso ********************; visto su contenido y con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, téngasele interponiendo recurso de queja en contra del auto de trece de febrero de dos mil veintitrés, en el que se desechó de plano su demanda de amparo. Por tanto, agréguese a los autos una copia del escrito de expresión de agravios, ríndase el informe con justificación, en el sentido de que es cierto el acto impugnado, toda vez que por acuerdo de trece de febrero del presente año, se desechó la demanda de amparo, por las razones expuestas, al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, en turno, con sede en la ciudad de Oaxaca, para la substanciación del recurso, debiendo deberá adjuntar el original y copia del ocurso de cuenta. Ahora, con la finalidad de que el Tribunal de Alzada se encuentre en posibilidad de substanciar el recurso interpuesto, de conformidad con el Acuerdo General número 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Regula la Integración y Trámite del Expediente Electrónico y el uso de Videoconferencias en todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y artículo 3 de la Ley de Amparo, se informa que el juicio de amparo 129/2023, se encuentra disponible para ser consultado en forma electrónica; por tanto, remítase la certificación correspondiente que acredite que se incorporó cada promoción, documento, auto y resolución. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de febrero de dos mil veintitrés. Radicación de la demanda Vista la demanda de amparo promovida por ********** contra actos de la UNIVERSIDAD LA SALLE OAXACA, ASOCIACIÓN CIVIL, por conducto de su Director General Académico y Presidente del Comité de Asuntos Disciplinarios; con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, fórmese expediente correspondiente con el número de amparo indirecto 129/2023. Desechamiento La demanda de amparo debe desecharse de plano, por causa manifiesta e indudable de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. Lo anterior, toda vez que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 1°, fracción I y 5º, fracción II, de la misma Ley, que dicen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente:. [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 1°.- El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte; [.]" "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." De los preceptos en cita se advierte, por una parte, que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por leyes o actos de "autoridad" que violen los derechos fundamentales de los gobernados y, por otra, que debe considerarse autoridad responsable aquella que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o acto reclamado. Lo anterior, pone de manifiesto que el acto de autoridad constituye un requisito indispensable para la procedencia del juicio de amparo, pues así lo dispone el artículo 1º, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece la procedencia del juicio constitucional contra normas generales, actos u omisiones de autoridad. Bajo ese contexto, si a través del juicio de amparo se pueden reclamar actos de autoridad, esto es, provenientes del poder público, es preciso determinar si cualquier actuación del Estado puede ser susceptible de reclamarse a través del juicio constitucional o si por alguna razón pueden excluirse algunas decisiones que aquél adopte. Al respecto, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que por autoridad responsable, debe considerarse a aquellos entes que con fundamento en una norma legal emiten actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado, por lo cual, debe analizarse en cada caso, si la autoridad señalada como responsable tiene la facultad para tomar decisiones o emitir resoluciones que afecten la esfera jurídica del quejoso. Asimismo, prevé la posibilidad de que los particulares tengan la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos precisados con anterioridad, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Es ilustrativa al caso la tesis P. XXVII/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 199459, visible en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo V, Febrero de 1997, página 118, cuyo contenido es el que sigue: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir acto unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." En otras palabras, para atribuir el carácter de "autoridad" para efectos del juicio de amparo, debe atenderse a las relaciones jurídicas entre el gobernado y la autoridad o particular, es decir, que exista una relación de supra a subordinación o de forma similar a ello, que tiene como presupuesto que el quejoso tenga el carácter de gobernado y a quien se le atribuye el acto de autoridad o ente público señalado como autoridad responsable actúe en un plano superior, para lo cual, debe reunir como notas distintivas las siguientes: 1. La existencia de un ente de hecho o de derecho que establezca una relación de supra a subordinación con un particular. 2. Esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; 3. Con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular, y; 4. Para emitir dichos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Precisado lo anterior, debe decirse que los actos reclamados en el presenta caso, consistentes en: La anulación de la calificación de nueve (9) obtenida en la asignatura de Seminario de Investigación I durante el periodo intersemestral de enero del presente año y por consiguiente la acreditación de dicha materia, así como la baja del historial académico de la parte quejosa de la asignatura de Seminario de Investigación II, la cual se le impide cursar y acreditar actualmente. La suspensión de todas las actividades académicas y la asistencia a la institución educativa para tomar clases y entregar trabajos, por un periodo de siete días hábiles, contados a partir del ocho al dieciséis de febrero del presente año. De lo anterior, se evidencia que la autoridad señalada como responsable actuó desde su origen en una disposición integrada al orden privado, esto significa que la relación establecida entre la universidad particular y el educando es de coordinación. Ello derivado de la relación que el quejoso como estudiante efectuó al contratar el servicio de prestación de servicios que la institución educativa a la que se le señala los actos reclamados aplica su reglamento y normativa especial a fin de llevar a cabo dicha prestación y, a cambio, de ello, la parte quejosa realiza el pago esa prestación. Luego, el hecho de que la universidad señalada como responsable realice actos relacionados con evaluación y disciplina de su alumno quejoso, con motivo de la aplicación de la normativa interna, no conlleva que se constituya en un particular que realiza actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que la relación entre dicha universidad particular y el quejoso educando tiene su origen en una disposición integrada al orden privado y no constituye un acto unilateral, sino de coordinación, puesto que tiene como objeto prestar servicios educativos en el nivel superior. De manera que, al efectuarse el contrato entre alumno e institución educativa, por voluntad propia, conlleva un sometimiento a la normativa interna, que obliga únicamente a quien decide adquirir el carácter de alumno y tienen conocimiento de que ante el incumplimiento de lo acordado en la relación contractual, pueden tomarse las medidas disciplinarias correspondientes. Por tanto, al tratarse de una relación de coordinación derivada de un contrato, en la que ambas partes se someten a obligaciones y derechos, es con base en la normativa y cláusulas del contrato de prestación de servicios que la partes quejosa y universidad señalada como responsable que deberán resolver su diferencia, sin que ello pueda considerarse de forma alguna un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Apoya lo anterior la siguiente Tesis 2a./J. 65/2018 (10a.) con registro digital 2017394, instancia Segunda Sala, Décima Época, Materia Común, Libro 56, Julio de 2018, Tomo I, página 647 "UNIVERSIDADES PRIVADAS. CUANDO REALIZAN ACTOS RELACIONADOS CON LA INSCRIPCIÓN O INGRESO, EVALUACIÓN, PERMANENCIA O DISCIPLINA DE SUS ALUMNOS, NO TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El artículo 5o., fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo prevé que para efectos de esa ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esa fracción y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Ahora bien, el hecho de que una universidad privada realice actos relacionados con la inscripción o ingreso, evaluación, permanencia o disciplina de sus alumnos, con motivo de la aplicación de la normativa interna, no conlleva que se constituya en un particular que realiza actos de autoridad para efectos del juicio de amparo (por más que el estudiante pueda considerar que afecta sus derechos), ya que la relación entre las universidades particulares y sus educandos tiene su origen en una disposición integrada al orden privado y no constituye un acto unilateral, sino de coordinación, atendiendo a que aquéllas tienen como objeto prestar servicios educativos en los niveles medio superior y superior y actúan con base en su normativa interna, que obliga únicamente a quienes por voluntad propia deciden adquirir el carácter de alumnos y tienen conocimiento de que ante el incumplimiento de lo acordado en la relación contractual, pueden tomarse las medidas disciplinarias correspondientes, las que no constituyen un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. En consecuencia, por los motivos expuestos, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 1°, fracción I y 5º, fracción II, de la misma Ley, por motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se DESECHA DE PLANO la demanda de amparo. Autorizados Se tiene al quejoso autorizando con todas las facultades a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, a **********, **********, y **********, por haberse localizado su cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública; y a las restantes personas que menciona únicamente para oír y recibir notificaciones por así solicitarlo expresamente. Juicio en línea. Toda vez que el promovente proporciona el nombre de usuario **********; por consiguiente, con fundamento en los artículos 1, 3, 9, 13 y 14 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte, se le autoriza la consulta vía electrónica de las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran el presente juicio de amparo. Así también, se autoriza que las notificaciones relativas a este expediente se le practiquen al quejoso únicamente por vía electrónica, con el nombre del usuario que proporciona, por así solicitarlo expresamente; en el entendido que de no ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, dentro del plazo máximo de dos días a partir de que éste órgano de control constitucional hubiere enviado la determinación respectiva, se autoriza al Actuario para que levante la razón correspondiente y tenga por hecha la notificación. Habilitación de horas Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que en su caso, el actuario judicial adscrito realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo, y entregue los oficios que del mismo deriven. Uso de medios electrónicos Toda vez que no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de sus autorizados o delegados, según sea el caso, puedan hacer uso del escáner, cámaras fotográficas, o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el titular de este juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que reciba la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Sin embargo, se les hace saber que las normas actuales en materia de información pública, obligan a salvaguardar los datos personales y la información reservada que exista en los juicios de amparo. De modo que, si las actuaciones a fotografiar contuvieran datos personales o información reservada y fuera imposible la protección de estos durante el uso de cámaras fotográficas o teléfonos celulares, tendrán que sujetarse al proceso de fotocopiado; es decir, serán fotocopiadas las actuaciones a costa de aquellas y las copias que se obtengan serán marcadas con líneas negras para salvaguardar la información que deba protegerse. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Protección de datos Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Nueva integración del expediente físico y electrónico Con motivo de la publicación del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, artículos 252, 253 y 263; así como con fundamento en el precepto 3º, párrafos quinto y séptimo de la Ley de Amparo, y 3º del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; hágase del conocimiento de las partes que se implementan las siguientes medidas: 1. Se adopta como eje rector la actuación a través de medios tecnológicos y soluciones digitales; por lo cual se autorizarán las actuaciones mediante la firma electrónica Firel. 2. Únicamente formarán el expediente físico las promociones físicas exhibidas por las partes y las actuaciones relevantes, como son, el auto inicial, la resolución final, y las demás que este órgano jurisdiccional así lo considere. 3. Las demás actuaciones y promociones electrónicas sólo deberán integrarse al expediente electrónico, a efecto de que puedan ser consultadas por las partes. 4. Los actuarios judiciales deberán integrar las constancias de notificación dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes al en que se hayan efectuado. Por lo tanto, se instruye a la secretaría de este juzgado, al actuario judicial, al oficial judicial y demás encargados de la digitalización de constancias, supervisar y realizar la captura electrónica de los acuerdos y las resoluciones emitidas en este asunto, así como la digitalización de los documentos y constancias en los términos de los artículos indicados. Consulta del expediente electrónico Las partes autorizadas podrán consultar el expediente desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; y para el caso de acudir físicamente a consultar el mismo, podrán hacerlo mediante el uso del equipo de cómputo que se encuentra instalado a la entrada de acceso a este juzgado, en términos del artículo 261 del Acuerdo General del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Para lo cual, se instruye al Coordinador Técnico adscrito a este juzgado, preste el auxilio necesario a las partes para ese efecto. Asimismo, se hace saber a las partes que en el área de atención al público de este juzgado, se colocará un teléfono con la señalización de las extensiones de los secretarios adscritos, a efecto de que pueden entablar contacto y solicitar la atención correspondiente. NOTIFÍQUESE DE FORMA ELECTRÓNICA A LA PARTE QUEJOSA.

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