Carlos Alberto Sánchez Cano

Expediente 1053/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 12 actuaciones registradas, la última del 6 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1053/2022
Año
2022
Actuaciones
12
Última actuación
06/03/2023

Partes del expediente

  • Carlos Alberto Sánchez Cano
  • Gobernador del Estado de Veracruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Incidental

    Boca del Río, Veracruz, seis de marzo de dos mil veintitrés. Es un hecho notorio para el suscrito que en los autos del juicio de amparo 1053/2022, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: ". Boca del Río, Veracruz, cuatro de marzo de dos mil veintitrés. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de dicha ley, se declara que la sentencia diez de febrero de dos mil veintitrés, en la que se SOBRESEYÓ el presente asunto promovido por CARLOS ALBERTO SÁNCHEZ CANO, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Sin que sea obstáculo a la anterior determinación la circunstancia que no obren en autos los acuses de recibo relativos a los oficios de la sentencia dirigidos a las autoridades foráneas con residencia en la ciudad de Xalapa, Veracruz; puesto que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables sólo podrán interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que de ellas se haya reclamado, lo cual en el caso no acontece, toda vez que el presente asunto se sobreseyó, en términos de la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 17 del citado ordenamiento, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente único de suspensión, en virtud que se negó la medida cautelar solicitada (definitiva) como se resolvió en la resolución interlocutoria de seis de diciembre de dos mil veintidós, respecto de todos los actos reclamados, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Finalmente, visto el oficio recibido a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) el cual cumple con las formalidades que establece el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, provéase lo conducente. En atención a lo que antecede, se tiene a la Jefa del Departamento de Amparos, en representación del 3. Heroico Consejo del Estado Libre y Soberano de Veracruz, de Ignacio de la Llave, con residencia en Xalapa, acusando recibido del oficio número 3434 con el cual se ordenó notificar la sentencia dictada en autos el diez de febrero de dos mil veintitrés." En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, seis de marzo de dos mil veintitrés. En atención a la certificación que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de dicha ley, se declara que la sentencia diez de febrero de dos mil veintitrés, en la que se SOBRESEYÓ el presente asunto promovido por CARLOS ALBERTO SÁNCHEZ CANO, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones en el libro de gobierno, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Sin que sea obstáculo a la anterior determinación la circunstancia que no obren en autos los acuses de recibo relativos a los oficios de la sentencia dirigidos a las autoridades foráneas con residencia en la ciudad de Xalapa, Veracruz; puesto que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 87 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables sólo podrán interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que de ellas se haya reclamado, lo cual en el caso no acontece, toda vez que el presente asunto se sobreseyó, en términos de la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 17 del citado ordenamiento, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente único de suspensión, en virtud que se negó la medida cautelar solicitada (definitiva) como se resolvió en la resolución interlocutoria de seis de diciembre de dos mil veintidós, respecto de todos los actos reclamados, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en el cuaderno incidental. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Finalmente, visto el oficio recibido a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) el cual cumple con las formalidades que establece el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, provéase lo conducente. En atención a lo que antecede, se tiene a la Jefa del Departamento de Amparos, en representación del 3. Heroico Consejo del Estado Libre y Soberano de Veracruz, de Ignacio de la Llave, con residencia en Xalapa, acusando recibido del oficio número 3434 con el cual se ordenó notificar la sentencia dictada en autos el diez de febrero de dos mil veintitrés. Notifíquese en términos de ley.

  3. Principal

    Boca del Río, Veracruz, uno de marzo de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguense los telegramas de cuenta remitidos por el Analista Jurídico de la Dirección General Jurídica, en representación del 1. Gobernador y 2. Secretario de Gobierno ambos del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, con los cuales acusa recibo de los oficios 3432 y 3433 con los cuales se ordenó notificar la sentencia dictada en autos el diez de febrero de dos mil veintitrés. Notifíquese en términos de ley.

  4. Principal

    se notifica a la parte quejosa lo siguiente que a la letra dice : Vistos los autos para resolver en el juicio de amparo 1053/2022, y RESULTANDO PRIMERO. Por escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en esta ciudad, el catorce de noviembre de dos mil veintidós, turnado a este órgano jurisdiccional el quince de noviembre siguiente, la parte quejosa promovió juicio de amparo contra los actos que más adelante se precisarán (fojas 2 a 46). SEGUNDO. Por auto de dieciséis de noviembre de dos mil veintiséis, se ordenó: admitir la demanda; dar la intervención que compete a la fiscal de la Federación adscrita a este juzgado, requerir a las responsables sus informes justificados, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional (fojas 52 a 57). TERCERO. Agotada la secuela procesal y por encontrarse debidamente integrado el presente asunto, dado que se recibieron los informes justificados de las autoridades responsables (fojas 66, 69, 71, 76 y 79) así como se encuentra agregada la notificación al fiscal de la Federación adscrito a este Juzgado (foja 62) tuvo verificativo la audiencia constitucional, quedando el expediente en estado de resolución, y CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, en términos de los artículos 1, 103, fracción I, 107, fracción II, constitucionales, 37, primer párrafo y 107, fracción V, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente de su publicación, conforme a su artículo primero transitorio y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Por la vía, al reclamarse la inconstitucionalidad del cobro de los servicios de agua potable y drenaje, que sostiene la parte quejosa, afecta irreparablemente su derecho humano a recibir el servicio de agua, impugnable en amparo indirecto. La materia (mixta) al actuar como órgano de instrucción en materias penal, civil y administrativa y, de control constitucional, en amparo indirecto en primera instancia. Y territorio, pues los actos reclamados tienen ejecución material en la circunscripción territorial de este juzgado. SEGUNDO. Fijación de actos. Antes de verificar su certeza o inexistencia, se fija cuáles son los actos reclamados. Al analizar en su integridad la demanda de amparo, se aprecia que consisten en: I. De la 3. Legislatura del Congreso Local del Estado de Veracruz, en Xalapa, Veracruz: a. La votación y aprobación de la Ley número 21 de Aguas del Estado de Veracruz, concretamente los artículos 10, fracción X, 42, 44, 45, fracción I, 47, fracción I, 49, 50, 64, 67, 99, 100, 102, 104, 105, 106. b. La aprobación del Título de Concesión que otorgan los municipios de Veracruz y Medellín, a la empresa Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, para la prestación de los servicios de Agua y Saneamiento de los municipio de Veracruz y Medellín de fecha 26 de Diciembre de 2016; en específico los apartados 14 y 16. II. Del 1. Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz: a. La promulgación y orden de publicación de la Ley número 21 de Aguas del Estado de Veracruz, concretamente los artículos 10, fracción X, 42, 44, 45, fracción I, 47, fracción I, 49, 50, 64, 67, 99, 100, 102, 104, 105, 106. b. La promulgación del Título de Concesión que otorgan los municipios de Veracruz y Medellín, a la empresa Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, para la prestación de los servicios de Agua y Saneamiento de los municipio de Veracruz y Medellín de fecha 26 de Diciembre de 2016; en específico los apartados 14 y 16. III. Del 2. Secretario de Gobierno del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, Veracruz: a. El refrendo de la Ley número 21 de Aguas del Estado de Veracruz, concretamente los artículos 10, fracción X, 42, 44, 45, fracción I, 47, fracción I, 49, 50, 64, 67, 99, 100, 102, 104, 105, 106. b. EL refrendo del Título de Concesión que otorgan los municipios de Veracruz y Medellín, a la empresa Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, para la prestación de los servicios de Agua y Saneamiento de los municipio de Veracruz y Medellín de fecha 26 de Diciembre de 2016; en específico los apartados 14 y 16. IV. Del 4. Director General de la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, Veracruz: a. La promulgación y orden de publicación de la Ley número 21 de Aguas del Estado de Veracruz, concretamente los artículos 10, fracción X, 42, 44, 45, fracción I, 47, fracción I, 49, 50, 64, 67, 99, 100, 102, 104, 105, 106. b. La promulgación del Título de Concesión que otorgan los municipios de Veracruz y Medellín, a la empresa Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, para la prestación de los servicios de Agua y Saneamiento de los municipio de Veracruz y Medellín de fecha 26 de Diciembre de 2016; en específico los apartados 14 y 16. V. Del 5. Director General del Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, 6. Gerente Comercial de Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable y 7. Analista de Factibilidades de Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable con residencia en Veracruz, Veracruz: El excesivo cobro de adeudos, multas y recargos por el servicio de agua potable y alcantarillado bajo la modalidad de créditos fiscales, así como la determinación y cobro de derechos de factibilidad, asentados en la carta de factibilidad número 105/2021 por el monto de $89,415.30 (ochenta y nueve mil cuatrocientos quince pesos 30/100 M.N.). Ahora, por cuestión de método, se analiza si está probada o no su existencia de los actos reclamados antes señalados. TERCERO. Inexistencia de actos. No son ciertos los actos atribuidos a las responsables 5. Director General del Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, y 6. Gerente Comercial de Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable con sede en Veracruz, Veracruz, consistentes en el excesivo cobro de adeudos, multas y recargos por el servicio de Agua Potable y Alcantarillado Lo anterior porque así se desprende del informe justificado rendido por dichas autoridades responsables (foja 79) del que se desprende que niegan la existencia de cobro alguno de multas y adeudos a cargo del quejoso, máxime que señalan que el quejoso no cuenta con contrato para la prestación de dichos servicios. En esas condiciones, como la parte quejosa no desvirtuó la negativa de dicha responsable, es decir, que ésta haya ordenado, participado o ejecutado el referido acto atribuido a ellas; por tanto, se sobresee en este juicio de amparo, por cuanto a dicha autoridad, conforme al artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza de actos. Son ciertos los actos reclamados al 1. Gobernador Constitucional del Estado, 3. Legislatura del Congreso Local del Estado de Veracruz, y 4. Director General de la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, todos con sede en Xalapa, Veracruz: Además, la certeza de sus respectivos actos normativos reclamados a las citadas autoridades se corrobora porque resulta un hecho notorio para el suscrito la publicación en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz, de los referidos artículos de la Ley de Aguas del Estado de Veracruz, así como sus reformas (dieciocho de marzo de dos mil tres, seis de junio de dos mil seis, nueve de enero de dos mil siete, veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete) así como el citado Título de Concesión (veintiséis de Diciembre de dos mil dieciséis). De ahí que, conforme al principio de derecho que prevé que las leyes no son objeto de prueba, reconocido en los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de lo dispuesto en su numeral 2º, con lo que queda acreditada la existencia de los artículos impugnados de la Ley de Aguas del Estado de Veracruz. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia que es del tenor siguiente: PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo. Misma razón por la que debe tenerse por cierto el acto reclamado al 2. Secretario de Gobierno del Estado de Veracruz, con sede en Xalapa, Veracruz, a pesar de haberlo negado al rendir su informe justificado. Por otra parte, es cierto el acto reclamado consistente en el cobro de factibilidad respecto del bien inmueble avenida ********************, contenido en el oficio de factibilidad número 105/2021, atribuido al 5. Director General del Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, 6. Gerente Comercial de Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable y 7. Analista de Factibilidades de Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable todos con residencia en Veracruz, Veracruz. Lo anterior es así, dado que así lo reconocieron al rendir su informe justificado (fojas 79 a 86). Pero además porque como complemento de su informe justificado fueron remitidas constancias a este Juzgado, en las que se aprecia el citado oficio de factibilidad número 105/2021, en las que se aprecia el documento que se reclama, así como la documentación que según la autoridad la sustenta (foja 87 a 121). Documentales, exhibidas por la propia autoridad responsable en cita, por lo que adquieren valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su artículo 2. Por lo que debe tenerse por cierto el aludido acto. QUINTO. Procedencia. Definida la certeza de los actos reclamados, técnicamente ahora es menester examinar si respecto a estos resulta procedente la acción de amparo. Señalado lo anterior, es de precisarse que a juicio del suscrito, el presente juicio de amparo resulta improcedente, al actualizarse la causal que resulta de la interpretación del artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo, al haberse promovido el mismo fuera de los plazos establecidos para ello por la ley, lo que implica su aceptación tácita. MARCO NORMATIVO. Los numerales anteriormente señalados de la Ley de Amparo señalan lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. (.)." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor (.)." De la interpretación armónica y sistemática de los artículos transcritos, se desprende que el juicio de amparo es improcedente si éste no se promueve dentro del término que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, según corresponda, y que el término genérico para la presentación de la demanda de amparo es de quince días, el cual debe contarse a partir del día siguiente al que se actualice cualquiera de los supuestos a que se refiere el diverso artículo 18 de la mencionada ley, a saber: a) Que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Que el agraviado haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución o, c) Que el afectado se hubiera ostentado sabedor de los mismos. Cabe señalar que si bien es cierto en el citado artículo 17 de la Ley de Amparo se establece un plazo genérico de quince días, también es cierto que con relación a normas generales se contempla una excepción referente a las normas de carácter autoaplicativo, para las cuales el citado plazo será de treinta días, contados a partir del siguiente a su publicación en el órgano de difusión oficial correspondiente. En ese sentido, las normas autoaplicativas se caracterizan por contener disposiciones que vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia y, por ende, admiten la procedencia de la vía constitucional desde que entran en vigor, pues desde ese momento crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho, dado que las obligaciones derivadas de éstas surgen o nacen con independencia de la actualización de condición alguna; en contraste las normas heteroaplicativas, sí requieren de un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concrete la aplicación al particular de la disposición jurídica combatida. Así, en aplicación del marco jurídico previamente establecido, el suscrito encuentra que en el caso la demanda se promovió extemporáneamente. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO. Sentada la premisa anterior, conviene hacer referencia a las constancias que componen el presente juicio de amparo, de las cuales se advierte: La parte quejosa aduce ser propietario del inmueble ubicado en avenida ********************; lo cual, para los efectos del presente juicio de amparo, se acreditó a través de la escritura pública contenida en el instrumento notarial número tres mil novecientos treinta y nueve, de la Notaría Pública número 59 de la Demarcación Notarial de Alvarado, Veracruz, de dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis, que exhibió la propia autoridad responsable junto con su informe justificado. Señaló tener contrato con la entonces Comisión de Agua Potable de Veracruz, Veracruz, desde mil novecientos ochenta y nueve, para el servicio de agua y alcantarillado. Desde el uno de octubre de dos mil dieciocho, el Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento, Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, ha pretendido cobrarle el cobro excesivo de derechos de Factibilidad, por instalación, conexión para el servicio de agua potable, última actualización mediante la carta de factibilidad número 105/2021, lo que se tilda de inconstitucional (foja 87). Esto último constituye el acto reclamado en el presente juicio. Hasta aquí los antecedentes destacados que integran el asunto. SUBSUNCIÓN. Ahora bien, en el caso, el quejoso ******************** indicó que las normas que impugnó (tanto las de la Ley de Aguas del Estado de Veracruz, así como apartados del Título de Concesión a la compañía responsable) deben considerarse como heteroaplicativas, lo anterior dado que señaló como acto de aplicación de las mismas la Carta de Factibilidad número 105/2021. Lo anterior se desprende de los conceptos de violación expresados por el quejoso, dado que en los mismos se atacaron las normas indicando que establecen un sistema para la determinación de las cuotas para el cobro por el servicio de agua y alcantarillado, el tratamiento de los adeudos que se generen como créditos fiscales, son disposiciones que no imponen a cargo de los gobernados obligaciones por su sola entrada en vigor, sino que requieren un acto por parte de la autoridad para que pueda estimarse que los supuestos en ellas previstas se actualicen. De ahí que se toma como acto de aplicación la citada Carta de Accesibilidad en la que se actualizaron los montos a pagar por dicho rubro, lo que se destaca porque el propio quejoso reconoce que el pretendido cobro a realizar por ello data del año dos mil dieciocho. En consecuencia, se colige que las disposiciones normativas son de carácter heteroaplicativo, impugnables a través del juicio de amparo, pero con motivo del primer acto de aplicación, en perjuicio del gobernado y para ello se cuenta con el plazo genérico de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo. De ahí que, como se adelantó, en el caso se considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el diverso 17, ambos de la Ley de Amparo, lo que se advierte de las constancias que la autoridad responsable remitió en alcance a su informe justificado, consistentes en el citado oficio que contiene la Carta de Accesibilidad número 105/2021, así como de la propia demanda de garantías en la que el quejoso reprodujo el citado oficio. Constancias de las que se advierte que el quejoso fue notificado de la citada determinación el veintinueve de octubre de dos mil veintiuno (fojas 8 y 87). Motivo por el cual, se considera que el plazo de quince días a que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo para la promoción del juicio de amparo en contra de los actos reclamados con motivo del primer acto de aplicación ha fenecido, toda vez que éste comenzó a contar al día hábil siguiente al en que tuvo conocimiento. Por lo anterior, si el quejoso tuvo conocimiento del acto aquí reclamado desde el veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, el plazo para la interposición del correspondiente juicio de garantías comenzó a correr desde el día tres de noviembre de dos mil veintiuno (dado que los días treinta y treinta y uno de octubre corresponden a sábado y domingo y el uno y dos de noviembre fueron inhábiles) hasta el veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno. En esas condiciones si la demanda de amparo que dio origen al presente juicio de garantías se presentó hasta el catorce de novimbre de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito con sede en Boca del Río, Veracruz, resulta claro que a esa fecha había transcurrido el término de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Guarda relación, por las consideraciones en que se sustenta, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aplicable en términos del transitorio sexto del decreto de dos de abril de dos mil trece que promulgó la Nueva Ley de Amparo; de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, PRESENTACION EXTEMPORANEA DE LA. CASOS EN QUE SE PUEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO AUN CUANDO NO ESTE PROBADA LA NOTIFICACION FORMAL DEL ACTO RECLAMADO AL QUEJOSO. Si bien es cierto que sólo se puede sobreseer en el juicio de amparo cuando la causal de improcedencia en que se apoya el sobreseimiento se encuentra plenamente acreditada, también lo es que para que se actualice la prevista en la fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo no es necesario exigir que esté probada la notificación formal del acto reclamado al quejoso, sino que basta la prueba plena de que éste tuvo conocimiento de su existencia para que, a partir del día siguiente a la fecha de tal conocimiento, se inicie el cómputo de los quince días a que se refiere el artículo 21 del ordenamiento legal en cita." De esta forma, se debe considerar que el quejoso consintió tácitamente los actos que reclama, tanto la citada Carta de Factibilidad como las normas que señala le fueron aplicadas a través de la misma, ello en virtud de no haber promovido el juicio de garantías dentro del plazo de quince días siguientes al conocimiento de dicho acto, contados a partir del siguiente al que tuvo conocimiento de dicho acto. Resulta aplicable la tesis 1a. V/99 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "AMPARO CONTRA LEYES. CASO EN QUE DEBE ESTIMARSE CONSENTIDO EL ACTO DE APLICACIÓN. Cuando el amparo se promueve contra una ley heteroaplicativa, a partir del que se considera el primer acto de aplicación en perjuicio del particular; se debe estimar el acto consentido y, en consecuencia, sobreseer en el juicio, si el quejoso dejó transcurrir más de quince días entre la fecha en que tuvo conocimiento del acto y la en que se dirigió a la autoridad administrativa solicitándole aclarara los fundamentos legales en que se apoyó; pues de lo contrario quedaría al arbitrio del particular el determinar la oportunidad en la promoción del juicio, ya que en cualquier tiempo podría solicitar a la autoridad que aclare su resolución, reviviendo con ello un periodo de tiempo que había dejado transcurrir; lo que no es lógico ni jurídico." Lo anterior, máxime que en el caso no se actualiza ninguno de los supuestos de excepción adicionales, previstos en el en el artículo 17, de la Ley de Amparo, respecto del plazo para la presentación de la demanda, ya que en el caso particular, no se reclama: La sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal. Acto que tenga o pueda tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a un núcleo de población ejidal o comunal. Acto que implique peligro de privación de la vida, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, ni ataques a la libertad personal fuera de procedimiento. CONCLUSIÓN En las condiciones anotadas, dado que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 17 del citado ordenamiento, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia, corresponde decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. No representa obstáculo a la determinación adoptada el que se haya admitido a trámite la demanda de amparo, pues con su sola presentación no fue posible para este Órgano de Control Constitucional advertir su improcedencia, lo cual se derivó como consecuencia del análisis de las constancias que integran el sumario y que fueron aportadas por las partes. De tal suerte que la admisión de la demanda de amparo no constituye un impedimento para estudiar de oficio alguna causa de improcedencia si ésta se advirtiere del análisis de las constancias de autos, puesto que este juzgado está obligado a proceder en consecuencia, de acuerdo con la ley y la jurisprudencia. Finalmente, resulta importante señalar, que la causa de improcedencia por la que se sobresee en el presente juicio, de ningún modo transgrede los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugnan el principio pro homine, previsto en el artículo 1° de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia, puesto que las garantías contenidas en dichos numerales, no implican que las partes se encuentren exentas de cumplir con las formalidades y cargas jurídico procesales que les correspondan en cada caso, según la legislación aplicable. Sustenta lo anterior, lo dispuesto en la jurisprudencia 1ª./J. 10/2014 (10ª), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente." SEXTO. Supresión de datos sensibles. Aun cuando la parte quejosa no se opuso a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo, en términos de los preceptos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles de la misma en la presente sentencia y, ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información pública que se señala en la ley de la materia. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República; 73 a 79 y demás relativos de su ley reglamentaria, se RESUELVE PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ******************** respecto de los actos y autoridades precisados en el considerando segundo de esta resolución, por las razones expuestas en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles en la presente sentencia, de acuerdo con lo señalado en el considerando sexto de esta resolución. Notifíquese en términos de ley.

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