Carlos Alberto Salazar Lizarraga

Expediente 67/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 6 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
67/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
08/03/2022

Partes del expediente

  • Carlos Alberto Salazar Lizarraga

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Téngase recibido el oficio 2795/2022, signado por la Actuaria Judicial adscrita al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosegundo Circuito, con sede en esta ciudad, a través del cual informa que el Tribunal de Alzada aceptó la competencia declinada a su favor en el juicio de amparo 67/2022-II-1. Ahora bien, de autos se advierte el proveído de cuatro de marzo de dos mil veintidós, en el que se reservó proveer los pedimentos 147/2022 y 148/2022 signados por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional, hasta en tanto dicho órgano colegiado, aceptara la competencia declinada; en consecuencia, remítanse los pedimentos en mención al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo segundo Circuito, con residencia en esta ciudad; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar, dejando copia de los mismos en el cuaderno de antecedentes formado con motivo de la incompetencia. En consecuencia, se ordena archivar el cuaderno de antecedentes en que se actúa como asunto concluido. Finalmente, de conformidad con el artículo 20, fracción I, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, este cuaderno de antecedentes es DESTRUIBLE, a partir de los seis meses del presente acuerdo de archivo.

  2. Principal

    Ténganse recibidos los pedimentos 147/2022 y 148/2022, signados por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional, a través de los cuales formula manifestaciones en torno a la constitucionalidad y legalidad del acto reclamado; en atención a su contenido, se reserva proveer lo conducente hasta en tanto el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosegundo Circuito, con sede en esta ciudad, acepte la competencia declinada por este órgano jurisdiccional.

  3. Principal

    De conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene recibido el oficio 090/2022, signado por la Magistrada de la Sala de Circuito Zona Sur del Estado, con sede en esta ciudad, a través del cual rinde informe justificado; asimismo, con fundamento en el numeral 117 del citado ordenamiento legal, se reciben las pruebas documentales que anexa. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, visto el estado de los autos se aprecia que en proveído de treinta y uno de enero de dos mil veintiuno, se previno al quejoso Carlos Alberto Salazar Lizárraga, para que aclarara su demanda de amparo, en lo que respecta al acto reclamado; y manifestara bajo protesta de decir verdad si en el auto de uno de julio de dos mil veintiuno, dictado en el expediente 362/2021, por el Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil, de esta ciudad, en el que negó la admisión de la demanda de origen, por incompetencia, se había ordenado el archivo del asunto y dejado a salvo sus derechos para que los hiciera valer en la vía y forma pertinentes o había declinado competencia a favor de la Sala Regional Zona Sur del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad. En razón de lo anterior, mediante escrito recibido en este Juzgado el diez de febrero del año en curso, el quejoso Carlos Alberto Salazar Lizárraga, manifestó bajo protesta de decir verdad que en el auto de uno de julio de dos mil veintiuno, pronunciado en el expediente 362/2021; a su juicio, el Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en esta ciudad, "realizó ambas acciones", toda vez que determinó que era competente para conocer de la controversia ante el planteada el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, Sala Regional Zona Sur, declinando competencia en favor de tal órgano, y reservó los derechos de la quejosa para que ventilara su demanda ante tal Sala, ordenando que en su momento se archivara el asunto como totalmente concluido. En razón de lo anterior, el once siguientes se admitió la demanda, en contra de las autoridades responsables Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil y Sala de Circuito Zona Sur del Poder Judicial del Estado, ambas con sede en esta ciudad, y otras autoridades, respecto de los actos reclamados consistentes en: La resolución de fecha 5 de enero del 2022, pronunciada en el Toca de apelación 157/2021, del índice de la Sala de Apelación, formado con motivo del recurso de apelación del auto de fecha 01 de julio del 2021, pronunciado por el Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil en la Ciudad de Mazatlán, Sinaloa, en el cual se niega la admisión de la demanda de origen, bajo el argumento de incompetencia por materia; asimismo se reclama el cumplimiento de dicha resolución y sus consecuencias materiales y legales Posteriormente, en proveído de dieciocho de febrero de dos mil veintidós, se recibió el informe justificado rendido por la autoridad responsable Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil, en el que en lo que interesa señaló: SI ES CIERTO EL ACTO RECLAMADO POR EL QUEJOSO, asimismo se hace saber a la autoridad federal, que el auto de fecha 1 uno de Julio del año 2021 dos mil veintiuno, dictado en el expediente que nos ocupa, fue dictado conforme a derecho, proveído éste el cual fue impugnado por el quejoso mediante el recurso de apelación en efecto devolutivo, dictándose por la H. Sala de Circuito Zona Sur la resolución correspondiente a dicho medio impugnatorio, con fecha 5 de Enero del año 2022 dos mil veintidós, la cual confirma el auto apelado por este tribunal" Asimismo, de las constancias que acompañó con su informe justificado el Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en esta ciudad, se aprecia el auto de uno de julio de dos mil veintiuno, en el que resolvió: .] Dígase a los promoventes que no ha lugar a admitir a trámite su escrito inicial de demanda, en virtud de que los actos jurídicos que invocan, deberán tramitarse ante el TRIBUANAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE SINALOA, SALA REGIONAL ZONA SUR, de conformidad con lo estipulado por el artículo 163 del Código Procesal Civil para el Estado de Sinaloa, por lo que claramente emerge la incompetencia de este órgano judicial para conocer de la controversia planteada quedado en reserva los derechos de la parte promovente a fin de que los ventile ante la autoridad competente [.] [.] En vista de lo anterior, se ordena hacer la devolución a los promoventes de la documentación que anexaron a su escrito inicial de demanda, previa toma de razón que para constancia se deje asentada en autos. En su oportunidad, archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido Inconforme con lo anterior el aquí quejoso interpuso recurso de apelación, el cual se ventiló ante la Sala de Circuito Zona Sur del Estado, con sede en esta ciudad, misma que en el cinco de enero de dos mil veintidós, dictó sentencia en la que confirmó el auto apelado de uno de julio de dos mil veintiuno, dictado por el Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en esta ciudad. Sentado lo anterior, se llega al convencimiento de que quien esto provee carece de competencia para conocer del presente juicio, toda vez que el acto reclamado consistente en la resolución de cinco de enero del dos mil veintidós, pronunciada en el Toca de apelación 157/2021, del índice de la Sala de Circuito Zona Sur del Estado, con sede en esta ciudad, que confirmó el auto apelado de uno de julio de dos mil veintiuno, dictado por el Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en esta ciudad, es una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo da por concluido. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio emitido en la jurisprudencia 2a./J. 41/2018 (10ª), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario de Judicial de la Federación y su Gaceta, página mil cuatrocientos cincuenta, Tomo II, mayo dos mil dieciocho, cuyo rubro es: AMPARO DIRECTO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DETERMINA LA INCOMPETENCIA DE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL PARA CONOCER DE UN ASUNTO Y ORDENA SU ARCHIVO, DEJANDO A SALVO LOS DERECHOS DEL ACTOR PARA QUE LOS HAGA VALER EN LA VÍA Y FORMA QUE ESTIME PERTINENTES. En términos de los artículos 107, fracciones III, inciso a), y V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 34, primer párrafo, 170, fracción I y 171 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo directo procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, entendiéndose por sentencias definitivas o laudos las que decidan el juicio en lo principal, es decir, se establezca el derecho en cuanto a la acción y a la excepción que dieron lugar a la litis contestatio, y por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. Si por el contrario, con la emisión de alguna de esas resoluciones no se da por concluido el juicio, entonces no se trata de una sentencia definitiva y en su contra procede el juicio de amparo indirecto, pues al continuar por alguna circunstancia el juicio, se hará necesario allegarse de pruebas para determinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto, lo que justifica la promoción de un amparo que admite hasta dos instancias y supone la celebración de una audiencia con un periodo probatorio y no un juicio que normalmente se tramita en una sola instancia y no requiere de la celebración de una audiencia. Ahora bien, conforme a dichas concepciones, se llega a la convicción de que la resolución que determina la incompetencia de un órgano jurisdiccional para conocer de un asunto y ordena su archivo, dejando a salvo los derechos del actor para que los haga valer en la vía y forma que estime pertinentes, sin declinar la competencia respectiva en favor de otro órgano jurisdiccional, es impugnable a través del juicio de amparo directo en términos de las disposiciones señaladas, al tratarse de una resolución que pone fin al juicio, ya que sin decidir el conflicto en el fondo, lo da por concluido. Asimismo, el artículo 170 de la Ley de amparo señala: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. En efecto, la determinación combatida, por sus características, es de aquéllas a que se refiere el artículo 170, fracción I, de la ley de la materia, dado que, si bien no decidió el problema planteado, lo cierto es que puso fin en forma definitiva al juicio instaurado por el aquí quejoso. En las anotadas condiciones, resulta inconcuso que dicha resolución debe reclamarse en la vía de amparo directo ante el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosegundo Circuito en Turno, con residencia en esta ciudad, de acuerdo con lo previsto en el numeral 170, fracción I, en relación con los diversos 34 y 47 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, ya que la autoridad responsable que confirmó la determinación que puso fin al juicio de origen, tiene su sede en esta ciudad, de conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del numeral citado en segundo orden, en relación con los artículos 37, fracción I, inciso c), y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales colegiados y unitarios de circuito y de los juzgados de distrito. En tal virtud, con fundamento en el invocado artículo 47 de la Ley de Amparo, quien esto provee se declara legalmente incompetente para conocer del juicio de amparo en el que se actúa, por estimar que al órgano que asiste tal conocimiento es al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosegundo Circuito en Turno, con sede en esta ciudad, atento a lo previsto en el segundo párrafo del ordinal 34 del propio ordenamiento legal, el cual establece que la competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. Por las razones expuestas, remítase el expediente en que se actúa, al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosegundo Circuito, con residencia en esta ciudad, para que si así lo estima pertinente, se avoque a su tramitación. Fórmese cuaderno de antecedentes, solicítese, de no existir inconveniente, el acuse de recibo correspondiente a la superioridad y háganse las anotaciones conducentes en el libro de gobierno.

  4. Principal

    De conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene recibido el oficio 302/2022, signado por el Juez Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial de Mazatlán, Sinaloa, a través del cual rinde informe justificado. Lo que se hace del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, con fundamento en el numeral 117 del citado ordenamiento legal, se reciben las pruebas documentales que anexa, sin perjuicio de hacer nueva relación de ellas en la audiencia constitucional respectiva, en la que se acordará sobre su admisión y desahogo. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar. Debido al volumen de las constancias allegadas por la responsable de mérito, se ordena formar un tomo de pruebas por separado, el cual deberá ser devuelto a su emisora, una vez que se ordene el archivo del presente sumario.

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