Carlos Alberto Ruiz Gutiérrez
Expediente 326/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 13 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 326/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 13/04/2018
Partes del expediente
- Carlos Alberto Ruiz Gutiérrez
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, trece de abril de dos mil dieciocho. Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se obtiene que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto el recurso de queja que establece el numeral 97, fracción I, inciso a), de la propia ley, en contra del auto de veintidós de marzo de dos mil dieciocho (fojas 28-33), por el cual se desechó de plano la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2, se declara que ha causado estado dicho auto; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, y con base en lo establecido por el numeral 214 de la ley en la materia, se ordena el archivo de este asunto como totalmente concluido, en virtud de que no existe actuación pendiente por realizar. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó de plano la demanda de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.
- Principal
CON ESTA FECHA NOTIFICO POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA DEL ACUERDO DE VEINTIDÓS DE MARZO DE ESTA ANUALIDAD, QUE EN LO CONDUCENTE DICE:Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintidós de marzo de dos mil dieciocho. COMPETENCIA Se tiene por recibida la comunicación oficial firmada por el secretario del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Vigésimo Circuito, derivado del juicio de amparo directo *****, en la que mediante auto de uno de febrero de esta anualidad, ese tribunal declaró carecer de competencia para conocer de la demanda de amparo promovida por *****, por cuanto hace a la resolución de once de octubre de dos mil diecisiete, dictada en el juicio laboral ****, de la estadística de la Segunda Sala del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Justicia del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad; y al efecto remite una copia simple de la demanda de amparo, informe justificado rendido por la citada Sala, emplazamiento a la parte tercera interesada, copia certificada del acuerdo de veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete, dictado en el juicio laboral de origen, copia simple de la circular ****, así como original del juicio laboral **** (un tomo). Ahora bien, vista la demanda de amparo que ****, contra actos de la autoridad responsable Segunda Sala del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado de Chiapas, residente en esta ciudad, de la que reclama lo siguiente: "IV. ACTO RECLAMADO: de la Segunda sala del tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado con Sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; se reclama el laudo de fecha 11 once de Octubre de 2017 Dos Mil Diecisiete, dictado en el expediente laboral **** promovido por el suscrito en contra de la ********". Con apoyo en los artículos 37 y 47, párrafo tercero de la Ley de Amparo, 48 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este Juzgado se avoca al conocimiento del asunto. Acúsese recibo de estilo respectivo. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 326/2018-XI. DESECHAMIENTO Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo, este órgano de control constitucional advierte que la misma es notoriamente improcedente, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo vigente, que establecen: **** De los numerales transcritos se observa, que dentro de las veinticuatro horas siguientes a partir de que fue recibida la demanda de amparo por el órgano de control constitucional, dictará el auto de desechamiento, en su caso, cuando concurran los siguientes requisitos: a) Que exista un motivo de improcedencia y b) Que sea manifiesto y también indudable. Lo manifiesto, se materializa cuando se advierte en forma patente, absolutamente y clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios, de ampliación a la misma cuando los haya y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable, es la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en la hipótesis de estudio. En efecto, de la referida demanda de amparo se desprende que respecto del acto reclamado por la quejosa se actualiza de manera manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V de la Ley de amparo, que establecen: *** Lo anterior se considera así, pues el acto reclamado consistente en la resolución de once de octubre de dos mil diecisiete, dictada en los autos del juicio laboral ****, del índice de la Segunda Sala del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, en la cual, en lo sustancial, el tribunal responsable se declaró legalmente incompetente para conocer y resolver la demanda laboral planteada por el aquí quejoso, en contra de la *****, y a la vez declinó su competencia a la Sala Regional Colegiada en Matera Civil en turno, del Poder Judicial del Estado de Chiapas, residente en esta ciudad, no es susceptible de analizarse en esta instancia constitucional, tomando en cuenta que el referido artículo 107, fracción V, de la ley en la materia, establece la procedencia del juicio de amparo contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que al determinarse la procedencia del juicio de amparo contra actos en juicio que sean de imposible reparación, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. De acuerdo con lo sustentado por el Alto Tribunal, dos son las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento: **** En ese sentido, este juzgado determina que la resolución de once de octubre de dos mil diecisiete, dictada en los autos del juicio laboral ***, del índice de la Segunda Sala del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, en la cual, en lo sustancial, el tribunal responsable se declaró legalmente incompetente para conocer y resolver la demanda laboral planteada por el aquí quejoso, en contra de la *******, y a la vez declinó su competencia a la Sala Regional Colegiada en Matera Civil en turno, del Poder Judicial del Estado de Chiapas, residente en esta ciudad, no puede considerarse como un acto de imposible reparación, en tanto que no afectan de manera cierta e inmediata derechos sustantivos del quejoso, a efecto de que pueda ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ello es así, porque el hecho de que haya declarado incompetente para conocer de la demanda planteada por el aquí quejoso contra la ****, constituye un acto de carácter intraprocesal que no puede considerase de imposible reparación, en tanto que, no afecta derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a saber, la vida, libertad, propiedad, posesión, papeles, propiedades, etcétera. Además, resulta indudable que tal determinación es un acto que, por su naturaleza, es de realización futura y probable, y por lo mismo, no se sabe si el sentido en que se resuelva vaya a causar un perjuicio al quejoso, pues podría ocurrir que la Sala Regional Colegiada en Materia Civil en turno del Poder Judicial del Estado de Chiapas, con domicilio en esta ciudad, a favor de la cual se declinó la competencia, no acepte la misma. En consecuencia, se puede afirmar que el auto reclamado, no irroga por el momento, ningún perjuicio a la parte quejosa, ni puede ser considerado como un acto que tenga una ejecución de manera irreparable, para la procedencia del juicio de amparo indirecto. Es aplicable al caso, la jurisprudencia número 17/2015, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 21, agosto de dos mil quince, tomo I, página 5, del contenido siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas". Asimismo, apoya lo anterior, por las razones que la informan, la jurisprudencia número 29/2015, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 22, septiembre de dos mil quince, tomo I, página 22, de rubro y contenido siguientes: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA O DESESTIMA UN INCIDENTE Y/O EXCEPCIÓN DE INCOMPETENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 239/2014, determinó que procede el juicio de amparo indirecto contra los actos de autoridad que determinen declinar o inhibir la competencia o el conocimiento de un asunto, siempre que sean definitivos, pues los actos de autoridad impugnables en dicho juicio, en términos del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, deben entenderse como aquellos en que la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando el órgano requerido acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en ese momento cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. En congruencia con lo anterior, al tenor de la interpretación extensiva y conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, debe estimarse que procede el juicio de amparo indirecto en contra de la resolución definitiva que desecha o desestima un incidente y/o excepción de incompetencia -ya sea por declinatoria o inhibitoria-, pues ésta se traduce en que la autoridad que conoce del asunto, al considerarse competente, siga conociendo de él y lo tramite hasta su resolución, lo cual torna a dicha determinación en una decisión que podría traer como resultado que un procedimiento o juicio se siga no sólo por una autoridad incompetente, sino con base en reglas distintas a las del fuero al que originalmente corresponde, lo que podría acarrear consecuencias no reparables ni siquiera con la obtención de una sentencia favorable; ello, sin soslayar los principios rectores del juicio de amparo previstos constitucional y legalmente, entre los que destacan el de definitividad, pues de proceder contra tales resoluciones algún recurso ordinario o medio de defensa legal contenido en la ley, es necesario agotarlo antes de instaurar el juicio de amparo indirecto, pues la irreparabilidad de un acto y el principio de definitividad constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo." De igual forma, son aplicables a la anterior conclusión, por analogía, la jurisprudencia sustentada por la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Octava Época, Tomo IV, Primera Parte, Julio-Diciembre de 1989, página 333, con el número de registro 207991, bajo el rubro y texto siguiente: "INCOMPETENCIA, DECLARACIÓN DE. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO. La declaración de incompetencia de la autoridad de trabajo que inicialmente conoce de un juicio laboral y que remite los autos a la autoridad que estima competente, no constituye un acto de ejecución irreparable, pues no se sabe si aceptará o no la competencia la segunda autoridad, ni cómo se resolverá, en su caso, el conflicto competencial, razón por la que en ese estado, no es procedente el amparo indirecto." Asimismo, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, publicadas en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Octava Época, Tomo IX, febrero de 1992, página 204, con número de registro: 220558, bajo el rubro y texto siguiente: "INCOMPETENCIA. ACUERDO DE LAS JUNTAS QUE LA DECLARA. NO ES ACTO DEFINITIVO PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO ANTES DE SU ACEPTACIÓN. De conformidad con lo establecido por los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la resolución en la cual una Junta declina la competencia para conocer de un asunto, no es definitiva para los efectos del juicio de amparo, en virtud de que tal acuerdo está supeditado a la aceptación o rechazo de la autoridad a quien se declinó la competencia, resolución que sería en su caso la que causara el agravio y que podría ser impugnada a través del amparo indirecto." En ese tenor, la declaración de incompetencia, que en la especie constituye el acto reclamado, no puede ser considerada un acto que tenga una ejecución de manera irreparable para la parte quejosa, pues no existe evidencia en autos de que la Sala Regional Colegiada en Materia Civil en turno del Poder Judicial del Estado de Chiapas, autoridad a favor de la cual la autoridad responsable Segunda Sala del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado de Chiapas declinó la competencia, se haya pronunciado respecto si la acepta o no, por ende, el juicio de amparo biinstancial deviene improcedente. Sin que pase desapercibido para este juzgado, que si bien es verdad en la fracción VIII, del artículo 107 de la Ley de Amparo, se establece la procedencia del juicio de amparo indirecto, en contra de la autoridad que determine inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto; también lo es, que el auto reclamado, no puede ser considerado como definitivo, para los efectos de este medio de control constitucional, en tanto que no existe aceptación de la autoridad a la que se declina la competencia, para considerar así, que se trata de un acto definitivo. Asimismo, no pueden desconocerse todas las disposiciones legales en materia de competencia establecidas por el sistema jurídico mexicano, ya que esa no fue la intención del legislador federal al incluir, para la procedencia del juicio de amparo indirecto, la fracción VIII del artículo 107 de la Ley de la materia. Sin que pase desapercibido para este juzgador, que en el caso de que la Sala Regional Colegiada en Materia Civil en turno del Poder Judicial del Estado de Chiapas, residente en esta ciudad, se declara a su vez incompetente, ésta deberá enviar de inmediato el expediente a la autoridad que debe decidir la competencia, todo ello en términos de los artículos 701 y 704 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas. En consecuencia, como la parte quejosa reclama en su escrito inicial actos que no son de imposible reparación y tampoco afectan algún derecho sustantivo; por lo que con apoyo en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO POR IMPROCEDENTE. Lo anterior es así, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 48/2016, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima época, del contenido literal siguiente: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente". De igual forma, el criterio sustentado por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XX, página 1631, septiembre de 2004, de la siguiente literalidad: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita". Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Devuélvase a la Segunda Sala del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado de Chiapas, residente en esta ciudad, el original del expediente laboral ****, constantes de un tomo, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que al efecto indica en esta ciudad. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República; además, de que el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo impone el cuidar de que los juicios de amparo no queden paralizados, para el caso de que en el presente juicio de amparo deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Con fundamento en los artículos 1, 6, 8, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, referente a los criterios de clasificación y conservación de la información reservada o confidencial para garantizar el respeto a la privacidad; hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en la sentencia respectiva, en el entendido que de no realizar manifestación alguna serán omitidos y solamente en caso de consentimiento expreso serán publicados. *** En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente al promovente.
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