Carlos Alberto Ruiz Gómez

Expediente 317/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
317/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
30/10/2020

Partes del expediente

  • Carlos Alberto Ruiz Gómez

Actuaciones

  1. Principal

    ...Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que la sentencia en la que este Juzgado sobreseyó en el presente juicio, no fue recurrida dentro del término legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. Sin que haya lugar a realizar el cómputo a las demás partes, para la interposición del recurso de revisión que prevé el numeral 86 de la ley de la materia, en atención a que se determinó sobreseer en el juicio; por lo que esa resolución no les irroga perjuicio alguno. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, la tesis 2a./J.6/2017, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 556, Tomo I, Febrero de 2017, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 2013630, de rubro: "RECURSO DE REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO CONTRA LA SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO QUE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO". Luego, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. VALORACIÓN: No es de relevancia documental. DESTINO: Expediente principal: Es DESTRUIBLE en el plazo de 3 años, contado a partir de la fecha del presente auto. Expediente incidental original. Es DESTRUIBLE en el plazo de 3 años contado a partir de la fecha del presente auto. Expediente incidental duplicado. Es DESTRUIBLE en el plazo de seis meses, contado a partir de la fecha en que se actúa. Documentos: La parte quejosa allegó documentos de los catalogados como originales y no originales. Lo anterior, en cumplimiento a los artículos 15, interpretado a contrario sentido, 20, párrafo primero, fracción II, inciso a), y párrafo segundo, y 21, párrafo primero, incisos a) y c), y, párrafo segundo, del Acuerdo en cita. Por lo que hace al documento catalogado como original, se previene a la parte quejosa, para que en un plazo de noventa días hábiles, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, acuda al local de este juzgado a recoger dicha documental, que exhibió como prueba en el presente juicio. Ahora, respecto del documento exhibido en el presente juicio catalogado como no original, por lo que, su devolución se autoriza desde este momento. En el entendido que para su obtención, deberá agendar una cita a efecto de que se le permita el acceso a este juzgado a la persona que pretenda hacer el trámite correspondiente; lo cual deberán realizar a través del sistema "Agenda OJ", en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx.2, respecto de lo que se les informa que horario de este Juzgado es de las 13:00 a las 18:00 horas, a efecto de que lo tome en consideración al momento de agendar su cita Luego de obtenerse la cita, deberá comunicarse de inmediato al teléfono 462 123 9428, en el que deberá indicar el número del presente expediente, la fecha y hora de su cita, así como el motivo de la diligencia, a fin de realizar las acciones necesarias para prepararla con anticipación; en el entendido de que cualquier error en la cita del expediente, dará lugar a que no pueda llevarse a cabo el trámite, ante el tiempo que requiere su preparación y la duración de las citas. En el entendido que de no hacerlo, en ambos casos, se destruirán junto con el expediente en el plazo señalado, conforme al Acuerdo General antes citado. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado del sello pertinente en la carátula del expediente. Hágase la anotación en el libro de gobierno y en el Sistema Integra de Seguimiento a Expedientes (SISE). Asimismo, devuélvase al Juez Cuarto Civil de Partido de esta ciudad, las constancias que allegó al presente sumario, consistente en copia certificada del juicio sumario civil ******************** de su índice, en un tomo, por ser innecesaria su conservación. Finalmente, se requiere a las autoridades responsables para que se abstengan de acusar recibo de los oficios que este Juzgado les remite, salvo en aquellos casos en los que de manera expresa les sea solicitado, ello atendiendo a las cargas de trabajo con las que cuenta este órgano jurisdiccional...

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DICTADO EL TREINTA DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE, EL CUAL DICE: ...Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que la sentencia en la que este Juzgado sobreseyó en el presente juicio, no fue recurrida dentro del término legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. Sin que haya lugar a realizar el cómputo a las demás partes, para la interposición del recurso de revisión que prevé el numeral 86 de la ley de la materia, en atención a que se determinó sobreseer en el juicio; por lo que esa resolución no les irroga perjuicio alguno. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, la tesis 2a./J.6/2017, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 556, Tomo I, Febrero de 2017, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 2013630, de rubro: "RECURSO DE REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO CONTRA LA SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO QUE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO". Luego, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. VALORACIÓN: No es de relevancia documental. DESTINO: Expediente principal: Es DESTRUIBLE en el plazo de 3 años, contado a partir de la fecha del presente auto. Expediente incidental original. Es DESTRUIBLE en el plazo de 3 años contado a partir de la fecha del presente auto. Expediente incidental duplicado. Es DESTRUIBLE en el plazo de seis meses, contado a partir de la fecha en que se actúa. Documentos: La parte quejosa allegó documentos de los catalogados como originales y no originales. Lo anterior, en cumplimiento a los artículos 15, interpretado a contrario sentido, 20, párrafo primero, fracción II, inciso a), y párrafo segundo, y 21, párrafo primero, incisos a) y c), y, párrafo segundo, del Acuerdo en cita. Por lo que hace al documento catalogado como original, se previene a la parte quejosa, para que en un plazo de noventa días hábiles, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, acuda al local de este juzgado a recoger dicha documental, que exhibió como prueba en el presente juicio. Ahora, respecto del documento exhibido en el presente juicio catalogado como no original, por lo que, su devolución se autoriza desde este momento. En el entendido que para su obtención, deberá agendar una cita a efecto de que se le permita el acceso a este juzgado a la persona que pretenda hacer el trámite correspondiente; lo cual deberán realizar a través del sistema "Agenda OJ", en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx.2, respecto de lo que se les informa que horario de este Juzgado es de las 13:00 a las 18:00 horas, a efecto de que lo tome en consideración al momento de agendar su cita Luego de obtenerse la cita, deberá comunicarse de inmediato al teléfono 462 123 9428, en el que deberá indicar el número del presente expediente, la fecha y hora de su cita, así como el motivo de la diligencia, a fin de realizar las acciones necesarias para prepararla con anticipación; en el entendido de que cualquier error en la cita del expediente, dará lugar a que no pueda llevarse a cabo el trámite, ante el tiempo que requiere su preparación y la duración de las citas. En el entendido que de no hacerlo, en ambos casos, se destruirán junto con el expediente en el plazo señalado, conforme al Acuerdo General antes citado. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado del sello pertinente en la carátula del expediente. Hágase la anotación en el libro de gobierno y en el Sistema Integra de Seguimiento a Expedientes (SISE). Asimismo, devuélvase al Juez Cuarto Civil de Partido de esta ciudad, las constancias que allegó al presente sumario, consistente en copia certificada del juicio sumario civil ***** de su índice, en un tomo, por ser innecesaria su conservación. Finalmente, se requiere a las autoridades responsables para que se abstengan de acusar recibo de los oficios que este Juzgado les remite, salvo en aquellos casos en los que de manera expresa les sea solicitado, ello atendiendo a las cargas de trabajo con las que cuenta este órgano jurisdiccional...

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA TANTO A LA PARTE QUEJOSA COMO AL TERCERO INTERESADO ***** LA SENTENCIA DICTADA EL VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, EN LA QUE EN SÍNTESIS SE DETERMINÓ: [...] TERCERO. Existencia de los actos reclamados. El Juez Cuarto Civil y la Actuaria adscrita a la Central de Actuarios, ambos del Partido Judicial de Irapuato, Guanajuato, al rendir su informe con justificación aceptaron la existencia del acto que se les reclama, por lo que se tienen por ciertos para efectos del presente juicio de amparo. Robustece lo expuesto, la tesis3 de rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Máxime que así se corrobora de las copias certificadas del juicio civil sumario *****, que el propio Juez Cuarto Civil de Partido de Irapuato, Guanajuato, acompañó a su informe con justificación, documentales a las que se les concede plena eficacia probatoria, conforme lo dispuesto por el artículo 202 del Código Nacional de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. Previo al estudio del fondo del presente asunto, procede analizar si en el caso se actualiza alguna causa de improcedencia, sea que las partes la propongan o que operen de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo que establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61 de la Ley de Amparo4, en relación con el diverso 5o, fracción I de la ley en cita. De la literalidad de tales preceptos, se tiene que el interés jurídico es uno de los presupuestos básicos para la procedencia del juicio de amparo, pues si las leyes o los actos reclamados no lesionan la esfera jurídica del quejoso, no existe legitimación para entablar el juicio constitucional. Debido a que el acto reclamado deriva de una autoridad jurisdiccional, se exige la acreditación de un interés jurídico ?no legítimo?, aunado a que la afectación a sus derechos debe verificarse en forma fehaciente y no inferirse por presunciones6, pues de no comprobarse tales extremos, el juicio de amparo resulta improcedente. Por lo cual, el interesado debe acreditar plenamente, que el acto reclamado vulnera en su perjuicio un derecho subjetivo protegido por la norma jurídica y que le causa un daño, perjuicio o menoscabo en sus derechos. Debido a lo anterior, es necesario determinar si el quejoso ***** tiene interés jurídico en el presente juicio de amparo, atento a que se ostenta como persona extraña al juicio civil sumario ***** del índice del Juzgado Cuarto Civil de Partido de Irapuato, Guanajuato; pues alega ser sub arrendatario del inmueble que asegura tiene en posesión y que fue afectado en el procedimiento de origen, cuando él no es parte material, ni fue oído ni vencido en el mismo. Expuesto lo anterior, se observa que para acreditar su interés jurídico, el quejoso exhibió el contrato de sub arrendamiento de cuatro de marzo de dos mil diecinueve, suscrito entre *****, en su carácter de sub arrendador y el quejoso ***** en su calidad de arrendatario, respecto del inmueble marcado con el número ***** Documental privada, que se valora conforme a los artículos 133, 197 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo. Sin embargo, dicho contrato es insuficiente por sí mismo para acreditar el interés jurídico, toda vez que carece de fecha cierta. Al respecto, los documentos privados en los que se hacen constar actos traslativos de dominio, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros requieren ser de fecha cierta, entendiéndose por ésta, aquella que se tiene a partir de su inscripción en el Registro Público de la Propiedad; desde que se presenta ante un funcionario público por razón de su oficio; o a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes. Resulta aplicable la jurisprudencia 44/20057, intitulada: "DOCUMENTO PRIVADO DE FECHA CIERTA. PARA CONSIDERARLO COMO TAL ES SUFICIENTE QUE SE PRESENTE ANTE NOTARIO PÚBLICO Y QUE ÉSTE CERTIFIQUE LAS FIRMAS PLASMADAS EN ÉL." El motivo toral de ello radica en garantizar la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en ese tipo de operaciones, evitando que el juicio de amparo se utilice con fines desleales, de ahí que si no se surte alguno de esos supuestos, no puede determinarse la fecha cierta de un documento de los señalados con relación a terceros. Ahora, la circunstancia de que la legislación secundaria, en lo general, no exija que los contratos de arrendamiento se celebren o ratifiquen ante fedatario público o bien, se inscriban ante un Registro Público, no implica que tales documentos, por sí solos, adquieran autenticidad y eficacia probatoria frente a terceros, ya que ello significaría conferirles valor probatorio pleno, aun cuando dada su naturaleza de documentos privados, en los que únicamente intervienen las partes que los suscriben, es posible que contengan una fecha anterior o posterior a la verdadera, en perjuicio de terceros. La exigencia mencionada debe prevalecer tratándose de documentos que consignan contratos traslativos de uso, como el arrendamiento, independientemente de que lo requiera o no la ley, porque de otro modo únicamente surtirán efectos entre los contratantes. En el caso, el contrato de sub arrendamiento exhibido carece de fecha cierta, toda vez que no se demostró su inscripción en el Registro Público de la Propiedad, ni la certificación de funcionario público por razón de su oficio, o bien, que haya muerto cualquiera de los firmantes (lo cual no sucede, porque a uno de ellos se le emplazó y, el otro es el quejoso). Por tanto, es insuficiente por sí mismo para acreditar de manera fehaciente el interés jurídico en éste juicio de amparo, al resultar imposible determinar con certeza si dicho contrato es anterior o posterior al acto reclamado. Sustenta lo anterior, por identidad de razón, la siguiente jurisprudencia: Época: Novena Época Registro: 169963 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVII, Abril de 2008 Materia(s): Civil Tesis: 1a./J. 24/2008 Página: 11 ARRENDAMIENTO. CUANDO EL QUEJOSO RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN INMUEBLE QUE DICE POSEER EN CALIDAD DE ARRENDATARIO, OSTENTÁNDOSE COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO NATURAL, SI EL CONTRATO EXHIBIDO CARECE DE FECHA CIERTA, ES INSUFICIENTE POR SÍ MISMO PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los documentos privados en los que se hacen constar actos traslativos de dominio, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros requieren ser de fecha cierta, cuya razón toral radica en garantizar la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en ese tipo de operaciones, evitando que el juicio de amparo se utilice con fines desleales. Ahora bien, la circunstancia de que la legislación secundaria, en lo general, no exija que los contratos de arrendamiento se celebren o ratifiquen ante fedatario público o bien, se inscriban ante un Registro Público, no implica que tales documentos, per se, adquieran autenticidad y eficacia probatoria frente a terceros, pues ello significaría conferirles valor probatorio pleno, aun cuando dada su naturaleza de documentos privados, en los que únicamente intervienen las partes que los suscriben, es posible que contengan una fecha anterior o posterior a la verdadera, en perjuicio de terceros. Así, la exigencia mencionada debe prevalecer tratándose de documentos que consignan contratos traslativos de uso, como el arrendamiento, independientemente de que lo requiera o no la ley, pues de otro modo únicamente surtirán efectos entre los contratantes. En congruencia con lo anterior, el contrato de arrendamiento que carece de fecha cierta es insuficiente por sí mismo para acreditar el interés jurídico en el amparo, cuando el quejoso reclama el desposeimiento de un inmueble que dice poseer en calidad de arrendatario ostentándose como tercero extraño al juicio natural, pues resulta imposible determinar con certeza si dicho contrato es anterior o posterior al reclamo. Sin que lo anterior impida que el interés jurídico se acredite con otras pruebas, a juicio del Juez de Distrito. Contradicción de tesis 24/2007-PS. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito (antes Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del mismo circuito) y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito. 6 de febrero de 2008. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Martín Adolfo Santos Pérez. Tesis de jurisprudencia 24/2008. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha veintisiete de febrero de dos mil ocho. Aunado a lo anterior, la parte quejosa también ofreció como prueba de su parte, copia simple de la credencial para votar expedidas por el Instituto Federal Electoral a favor de *****; sin embargo, al margen de que no tiene valor probatorio pleno -al ser copia simple- , lo cierto es que no tiene el alcance de probar la posesión y/o dar fecha cierta del contrato de arrendamiento que exhibe, pues lo único que acredita es un indicio de que aquél es ciudadano mexicano y se encuentra inscrito en el registro nominal de votantes, con la aclaración que el domicilio que se indica en dicho documento, únicamente sirve de referencia para establecer el lugar en que pueden ejercer sus derechos político-electorales. Entonces, del análisis del sumario constitucional revela que la parte quejosa no aportó probanzas diversas a las ya valoradas que corroboraren sus aseveraciones, pese a corresponderle y ante la oportunidad procesal que tuvo para ello. Bajo esos parámetros, se concluye la falta de acreditación fehaciente de la afectación al interés jurídico de la peticionaria de amparo, esto es, no evidenció agravio alguno en su esfera jurídica de derechos con el trámite del juicio de origen. Máxime que aún en el supuesto de que la quejosa hubiera justificado tener la posesión el inmueble controvertido en el juicio laboral (lo cual no sucedió), tampoco sería suficiente para acreditar la afectación a su esfera jurídica, si se tiene en consideración que debe también demostrarse fehacientemente la causa que generó la posesión del inmueble; por lo que al no haber ofrecido medio de convicción alguno con el que justifique tener título justo del inmueble que asegura tiene en sub arrendamiento, se llega al convencimiento de que la posesión simple que ostenta no resulta protegible a través del juicio constitucional. Sirve de apoyo, la siguiente jurisprudencia: Época: Novena Época Registro: 187733 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XV, Febrero de 2002 Materia(s): Civil Tesis: P./J. 1/2002 Página: 5 POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común. Contradicción de tesis 17/91. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado de la misma materia del Primer Circuito. 29 de noviembre de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Luis Fernando Angulo Jacobo. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy catorce de febrero en curso, aprobó, con el número 1/2002, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a catorce de febrero de dos mil dos. Por tanto, se sobresee el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, ante la improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XII, en relación con el numeral el 5°, fracción I, penúltimo párrafo, ambos de la ley de la materia (falta de interés jurídico). Sobreseimiento se hace extensivo al acto del Actuario adscrito a la Central de Actuarios del Partido Judicial de Irapuato, Guanajuato, al no reclamarse por vicios propios, sino en vía de consecuencia

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