Carlos Alberto Rodríguez Vera
Expediente 799/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 5 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 799/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 05/08/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Carlos Alberto Rodríguez Vera
- Carlos Alberto Rodríguez Vera y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
...HA CAUSADO ESTADO LA RESOLUCION DICTADA EN EL PRESENTE JUICIO DE GARANTIAS ...
- Principal
Mérida, Yucatán, once de julio de dos mil diecinueve. Atento el estado procesal que guarda este expediente y de donde se aprecia que obra glosado el informe justificado rendido por la Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, turno Vespertino, con residencia en esta ciudad de Mérida (foja 14). Ahora bien, en atención al contenido del referido informe con justificación, se estima pertinente decretar el sobreseimiento en el presente juicio, aun fuera de la audiencia constitucional, conforme a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, de acuerdo con las consideraciones que a continuación se exponen. Cabe señalar que diversas tesis emitidas por Órganos del Poder Judicial de la Federación, sostienen que el sobreseimiento fuera de audiencia puede darse en casos notoriamente evidentes, tales como aquéllos en que hayan cesados los efectos del acto reclamado. Esto al tener en cuenta que la actualización de la hipótesis anterior, debe ser tan evidente que ni aun en la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con algún medio probatorio que pudieran allegar las partes, porque el sentido del fallo siempre sería el mismo. Robustece el criterio anterior la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el 14 de febrero de 2003, derivada de la contradicción de tesis 26/2002-PL, que es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". De lo anterior, se infiere que cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, no hay necesidad de seguir substanciando el juicio de amparo y llegar a celebrar audiencia constitucional, ya que no cambiaría el sentido de la sentencia. Aunado a que ésta por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, puede analizarse de oficio y en cualquier etapa del juicio, como lo señala el artículo 62 de la Ley de Amparo, motivo por el cual se procederá a su estudio. De conformidad con lo anterior, en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;..". La causal de improcedencia prevista en el precepto legal trascrito, cobra vigencia cuando se destruyen todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera concedido el amparo. En efecto, se actualiza la mencionada causa de improcedencia, toda vez que de la lectura integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama la falta de acuerdo a su escrito de nueve de abril del año en curso, presentado ante la responsable el once de ese mes y año, relacionado con el expediente 234/2019 del índice del Juzgado Segundo de Oralidad Familiar, turno Vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad de Mérida, relativo al procedimiento oral familiar promovido por el aquí quejoso en contra de Jordan Caridad Kent, a fin de que se fije el régimen de convivencia, días y horas de visita. Sin embargo, de las constancias certificadas conducentes del expediente 234/2019 que la Juez Segundo de Oralidad Familiar, turno Vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad de Mérida, remitió en apoyo a su informe justificado, a las que este órgano de control constitucional les confiere pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que el diez de junio de dos mil diecinueve, la nombrada responsable emitió un acuerdo en el expediente referido, en el que aceptó en la vía y forma propuesta la demanda de procedimiento ordinario oral familiar, ordenó se corra traslado y emplace a la demandada; reservó proveer sobre las medidas provisionales a que se refiere el artículo 196 del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Yucatán, hasta en tanto tuviera más y mejores elementos para decretarlas; asimismo, procedió a la redacción de la carta rogatoria al Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América y/o a la superioridad sobre quien recaiga el ejercicio del Poder Judicial en la soberanía de los Estados Unidos de América, para que por esa vía se sirva notificar, emplazar y correr traslado a Jordan Caridad Kent; proveído que fue notificado al agraviado por medio del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, número treinta y tres mil novecientos nueve de dieciocho de junio de esta anualidad, según se desprende de la constancia que para tal efecto levantara el actuario adscrito al juzgado responsable. Todo lo anterior fue realizado con fecha posterior a la presentación de la demanda de amparo que lo fue el diez de junio de dos mil diecinueve, por lo que es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado; lo que impide a este órgano de control analizar sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo, toda vez que a virtud de la cesación de efectos en cuestión, no se puede decidir sobre el acto reclamado. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por lo tanto, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se impone sobreseer en el juicio fuera de audiencia, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento reglamentario. En virtud de lo anterior, se queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con treinta minutos del dieciocho de julio de dos mil diecinueve. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el Juez Primero de Distrito en el Estado, licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, ante la secretaria Juana Mecalco Collí, que autoriza y da fe.
- Principal
aviso... Mérida, Yucatán, once de julio de dos mil diecinueve. Atento el estado procesal que guarda este expediente y de donde se aprecia que obra glosado el informe justificado rendido por la Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, turno Vespertino, con residencia en esta ciudad de Mérida (foja 14). Ahora bien, en atención al contenido del referido informe con justificación, se estima pertinente decretar el sobreseimiento en el presente juicio, aun fuera de la audiencia constitucional, conforme a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, de acuerdo con las consideraciones que a continuación se exponen. Cabe señalar que diversas tesis emitidas por Órganos del Poder Judicial de la Federación, sostienen que el sobreseimiento fuera de audiencia puede darse en casos notoriamente evidentes, tales como aquéllos en que hayan cesados los efectos del acto reclamado. Esto al tener en cuenta que la actualización de la hipótesis anterior, debe ser tan evidente que ni aun en la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con algún medio probatorio que pudieran allegar las partes, porque el sentido del fallo siempre sería el mismo. Robustece el criterio anterior la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el 14 de febrero de 2003, derivada de la contradicción de tesis 26/2002-PL, que es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". De lo anterior, se infiere que cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, no hay necesidad de seguir substanciando el juicio de amparo y llegar a celebrar audiencia constitucional, ya que no cambiaría el sentido de la sentencia. Aunado a que ésta por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, puede analizarse de oficio y en cualquier etapa del juicio, como lo señala el artículo 62 de la Ley de Amparo, motivo por el cual se procederá a su estudio. De conformidad con lo anterior, en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;..". La causal de improcedencia prevista en el precepto legal trascrito, cobra vigencia cuando se destruyen todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera concedido el amparo. En efecto, se actualiza la mencionada causa de improcedencia, toda vez que de la lectura integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama la falta de acuerdo a su escrito de nueve de abril del año en curso, presentado ante la responsable el once de ese mes y año, relacionado con el expediente 234/2019 del índice del Juzgado Segundo de Oralidad Familiar, turno Vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad de Mérida, relativo al procedimiento oral familiar promovido por el aquí quejoso en contra de Jordan Caridad Kent, a fin de que se fije el régimen de convivencia, días y horas de visita. Sin embargo, de las constancias certificadas conducentes del expediente 234/2019 que la Juez Segundo de Oralidad Familiar, turno Vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad de Mérida, remitió en apoyo a su informe justificado, a las que este órgano de control constitucional les confiere pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que el diez de junio de dos mil diecinueve, la nombrada responsable emitió un acuerdo en el expediente referido, en el que aceptó en la vía y forma propuesta la demanda de procedimiento ordinario oral familiar, ordenó se corra traslado y emplace a la demandada; reservó proveer sobre las medidas provisionales a que se refiere el artículo 196 del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Yucatán, hasta en tanto tuviera más y mejores elementos para decretarlas; asimismo, procedió a la redacción de la carta rogatoria al Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América y/o a la superioridad sobre quien recaiga el ejercicio del Poder Judicial en la soberanía de los Estados Unidos de América, para que por esa vía se sirva notificar, emplazar y correr traslado a Jordan Caridad Kent; proveído que fue notificado al agraviado por medio del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, número treinta y tres mil novecientos nueve de dieciocho de junio de esta anualidad, según se desprende de la constancia que para tal efecto levantara el actuario adscrito al juzgado responsable. Todo lo anterior fue realizado con fecha posterior a la presentación de la demanda de amparo que lo fue el diez de junio de dos mil diecinueve, por lo que es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado; lo que impide a este órgano de control analizar sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo, toda vez que a virtud de la cesación de efectos en cuestión, no se puede decidir sobre el acto reclamado. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por lo tanto, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se impone sobreseer en el juicio fuera de audiencia, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento reglamentario. En virtud de lo anterior, se queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con treinta minutos del dieciocho de julio de dos mil diecinueve. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el Juez Primero de Distrito en el Estado, licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, ante la secretaria Juana Mecalco Collí, que autoriza y da fe.
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Mérida, Yucatán, tres de julio de dos mil diecinueve. Atento a lo informado por la Secretaria en la razón de cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 51 de la Ley de Amparo en relación con el diverso 146 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se hace del conocimiento de las partes que en sesión ordinaria celebrada el doce de junio del año en curso, la Comisión de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal acordó la readscripción del Juez Adrián Fernando Novelo Pérez, como titular de este órgano jurisdiccional, en sustitución del ahora Magistrado René Rubio Escobar, con efectos a partir del uno de julio de dos mil diecinueve; por lo que, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se da vista a las partes en el presente juicio por el término de tres días, contados a partir del día siguiente hábil al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído a fin de que manifiesten lo que a su interés convenga. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la secretaria licenciada Bereniz Cortés Sandoval, que autoriza y da fe.
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