Carlos Alberto Rocha Díaz de León
Expediente 1053/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 6 actuaciones registradas, la última del 9 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1053/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 09/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Carlos Alberto Rocha Díaz de León
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa, impugnara el auto dictado en este juicio el once de noviembre de dos mil veintiuno. Causa estado. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2, se declara que dicho proveído en el que se decretó el sobreseimiento del presente juicio fuera de la audiencia constitucional, ha causado estado; para todos los efectos legales; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así mismo, de autos se advierte que, las partes no exhibieron documentos que deban devolverse en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte. Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el cuaderno principal del presente juicio de amparo es susceptible de destrucción, al ubicarse en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso a), del citado acuerdo, en virtud de que el once de noviembre de este año, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo y que dicha determinación causa estado con esta fecha. Por tanto, deberá de procederse a su destrucción una vez cumplidos tres años de haberse dictado el presente proveído, de conformidad con el precepto legal en cita. Hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno, debiendo remitir a la Dirección General de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, original de la aludida acta a fin de dar cumplimiento al artículo 23 del mencionado acuerdo general. Relevancia documental. Finalmente, atendiendo al contenido del artículo 15, último párrafo, del citado Acuerdo, a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental.
- Principal
Agréguese la razón actuarial signada por la Actuaria Judicial adscrita en la que manifiesta la imposibilidad de notificar el auto de once de noviembre de dos mil veintiuno, a la parte tercera interesada Banco Nacional de México sociedad anónima y/o CITIBANAMEX y/o BANAMEX y/o Banco Nacional de México, sociedad anónima integrante del grupo financiero Banamex, por si y como representante de la fuente de trabajo ubicada en Plaza Huasteca local A-1, colonia hogares ferrocarrileros, sucursal Glorieta Juárez 383 en esta ciudad, por los motivos asentados en la misma. Se hace efectivo apercibimiento. Vista la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el plazo de tres días concedido a Banco Nacional de México sociedad anónima y/o CITIBANAMEX y/o BANAMEX y/o Banco Nacional de México, sociedad anónima integrante del grupo financiero Banamex, por si y como representante de la fuente de trabajo ubicada en Plaza Huasteca local A-1, colonia hogares ferrocarrileros, sucursal Glorieta Juárez 383 en esta ciudad, parte tercera interesada, a efecto de que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, sin que a la fecha lo haya hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en auto de trece de octubre de dos mil veintiuno, y con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la ley de Amparo, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se le harán por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado Federal. Notificación por lista. Finalmente, túrnense los presentes autos al Actuario de la adscripción para que notifique por lista el auto de once de noviembre de dos mil veintiuno, a Banco Nacional de México sociedad anónima y/o CITIBANAMEX y/o BANAMEX y/o Banco Nacional de México, sociedad anónima integrante del grupo financiero Banamex, por si y como representante de la fuente de trabajo ubicada en Plaza Huasteca local A-1, colonia hogares ferrocarrileros, sucursal Glorieta Juárez 383 en esta ciudad, parte tercera interesada. "Acuerdo: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese el informe justificado que rinde el Presidente de la Junta Especial Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en el Estado. Admisión de prueba. Con fundamento en la interpretación sistemática de los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se tiene por admitida y desahogada la documental que adjunta la autoridad responsable, en razón de su propia y especial naturaleza. Delegados y domicilio. Se tiene a la referida autoridad por nombrando como delegados en términos del artículo 9 de la ley de la materia, a los profesionistas que menciona y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Actualización de causal de improcedencia. Del contenido del informe justificado, se advierte que la autoridad responsable manifestó que era falso el diverso acto reclamado consistente en señalar el cuatro de febrero de dos mil veintidós, para que tenga verificativo la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas dentro del expediente laboral 922/2019, en razón de que el ocho de noviembre de dos mil veintiuno, emitió acuerdo dentro del cual señaló nueva fecha y hora para el desahogo de la audiencia antes mencionada. Sin embargo, para los efectos de esta determinación debe tenerse por cierto dicho acto, en razón de que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo (once de octubre de este año), la junta responsable no se había pronunciado respecto a la nueva fecha. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia 2a./J. 3/94, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 15, número 79, julio de mil novecientos noventa y cuatro, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del rubro y contenido siguientes: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA: La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja". Con base en lo expuesto, este órgano jurisdiccional considera que se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del precepto legal en cita, se advierte que la causa de improcedencia consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia de éste, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicional, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. En ese sentido, al interpretar el texto de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo anterior (cuyo contenido es idéntico al texto actual de la fracción XXI que se analiza), la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la razón fundamental que justifica la improcedencia del juicio por cesación de efectos del acto reclamado radica en que es ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que, además, no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Tales razonamientos encuentran sustento en la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, junio de 1999, página 38, que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL: De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Por tanto, se estima que es un requisito necesario para que se actualice la causa de improcedencia relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, que se revoque el acto y se constituya una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo. Caso concreto. En la demanda de amparo, la parte quejosa señaló como acto reclamado el acuerdo de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, a través del cual la Junta Especial Número Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, señaló las diez horas del cuatro de febrero de dos mil veintidós, para que tuviera verificativo la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas dentro del expediente laboral 922/2019. Ahora bien, al rendir su respectivo informe justificado el presidente de la citada junta informó que emitió el auto de ocho de noviembre de dos mil veintiuno en el que dejó insubsistente la fecha y hora señalada en acuerdo de veinticuatro de septiembre del año en curso dictado en el expediente laboral 922/2019, y en su lugar señaló las once horas del veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno para que tenga verificativo la audiencia del procedimiento en la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas. Documentales que tienen valor pleno de conformidad con los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al tratarse de una actuación emitidas por un funcionario en el ejercicio de sus funciones. Con base en la información precisada, se considera que los efectos del acto reclamado han quedado destruidos de forma total, completa e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo de acuerdo a lo previsto por el artículo 77 de la ley de la materia. Ello, la junta responsable dejó insubsistente únicamente las diez horas del cuatro de febrero de dos mil veintiuno y, en su lugar, dicha autoridad señala las once horas del veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo la audiencia del procedimiento en la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas, dentro de los autos del expediente laboral 922/2019, lo cual constituía el reclamo de la parte quejosa. Por tal motivo, se evidencia que han quedado destruidos en forma total e incondicional los efectos del acto reclamado, por tanto, resulta imposible pronunciarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo al ya no existir la materia que constituía el reclamo de la parte quejosa en esta instancia constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Decisión. En consecuencia, al haberse actualizado la causal de improcedencia invocada, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, visible en la página 386, Novena Época, Tomo XVII, Marzo de 2003, Segunda Sala del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 184572. Se deja sin efecto audiencia constitucional. Ante la decisión decretada, se deja sin efecto la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio. Notifíquese personalmente. "
- Principal
Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese el informe justificado que rinde el Presidente de la Junta Especial Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en el Estado. Admisión de prueba. Con fundamento en la interpretación sistemática de los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se tiene por admitida y desahogada la documental que adjunta la autoridad responsable, en razón de su propia y especial naturaleza. Delegados y domicilio. Se tiene a la referida autoridad por nombrando como delegados en términos del artículo 9 de la ley de la materia, a los profesionistas que menciona y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Actualización de causal de improcedencia. Del contenido del informe justificado, se advierte que la autoridad responsable manifestó que era falso el diverso acto reclamado consistente en señalar el cuatro de febrero de dos mil veintidós, para que tenga verificativo la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas dentro del expediente laboral 922/2019, en razón de que el ocho de noviembre de dos mil veintiuno, emitió acuerdo dentro del cual señaló nueva fecha y hora para el desahogo de la audiencia antes mencionada. Sin embargo, para los efectos de esta determinación debe tenerse por cierto dicho acto, en razón de que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo (once de octubre de este año), la junta responsable no se había pronunciado respecto a la nueva fecha. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia 2a./J. 3/94, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 15, número 79, julio de mil novecientos noventa y cuatro, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, del rubro y contenido siguientes: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA: La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja". Con base en lo expuesto, este órgano jurisdiccional considera que se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del precepto legal en cita, se advierte que la causa de improcedencia consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia de éste, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicional, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. En ese sentido, al interpretar el texto de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo anterior (cuyo contenido es idéntico al texto actual de la fracción XXI que se analiza), la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que la razón fundamental que justifica la improcedencia del juicio por cesación de efectos del acto reclamado radica en que es ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que, además, no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Tales razonamientos encuentran sustento en la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, junio de 1999, página 38, que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL: De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Por tanto, se estima que es un requisito necesario para que se actualice la causa de improcedencia relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, que se revoque el acto y se constituya una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo. Caso concreto. En la demanda de amparo, la parte quejosa señaló como acto reclamado el acuerdo de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, a través del cual la Junta Especial Número Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, señaló las diez horas del cuatro de febrero de dos mil veintidós, para que tuviera verificativo la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas dentro del expediente laboral 922/2019. Ahora bien, al rendir su respectivo informe justificado el presidente de la citada junta informó que emitió el auto de ocho de noviembre de dos mil veintiuno en el que dejó insubsistente la fecha y hora señalada en acuerdo de veinticuatro de septiembre del año en curso dictado en el expediente laboral 922/2019, y en su lugar señaló las once horas del veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno para que tenga verificativo la audiencia del procedimiento en la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas. Documentales que tienen valor pleno de conformidad con los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al tratarse de una actuación emitidas por un funcionario en el ejercicio de sus funciones. Con base en la información precisada, se considera que los efectos del acto reclamado han quedado destruidos de forma total, completa e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo de acuerdo a lo previsto por el artículo 77 de la ley de la materia. Ello, la junta responsable dejó insubsistente únicamente las diez horas del cuatro de febrero de dos mil veintiuno y, en su lugar, dicha autoridad señala las once horas del veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo la audiencia del procedimiento en la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas, dentro de los autos del expediente laboral 922/2019, lo cual constituía el reclamo de la parte quejosa. Por tal motivo, se evidencia que han quedado destruidos en forma total e incondicional los efectos del acto reclamado, por tanto, resulta imposible pronunciarse sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo al ya no existir la materia que constituía el reclamo de la parte quejosa en esta instancia constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Decisión. En consecuencia, al haberse actualizado la causal de improcedencia invocada, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, visible en la página 386, Novena Época, Tomo XVII, Marzo de 2003, Segunda Sala del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 184572. Se deja sin efecto audiencia constitucional. Ante la decisión decretada, se deja sin efecto la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio. Notifíquese personalmente.
- Principal
Agréguese el oficio de cuenta del presidente de la Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en atención a su solicitud, como está ordenado en proveído de catorce de octubre del presente año, envíensele los anexos que acompañó a su informe justificado. En su oportunidad, como está ordenado en dicho proveído, envíese el presente expediente al archivo que corresponde.
Quedan 2 actuaciones en este expediente
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