Carlos Alberto Robles Dávalos

Expediente 256/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 1 actuación registrada, la última del 22 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
256/2023
Año
2023
Actuaciones
1
Última actuación
22/03/2023

Partes del expediente

  • Carlos Alberto Robles Dávalos

Actuaciones

  1. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, veintidós de marzo de dos mil veintitrés. Se tiene recibida la demanda de amparo, promovida por Carlos Alberto Robles Dávalos, por propio derecho, en contra de actos emitidos por el Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Los Bravo, con residencia en esta ciudad. Regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo indirecto número 256/2023-IV, fórmese expediente impreso y electrónico. En otro orden, se instruye al oficial judicial "C" encargado de la integración del presente expediente, la digitalización diaria de todas las promociones, documentos, así como de los acuerdos que se elaboren y toda información relacionada con el mismo, que deba ingresarse al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Por su parte, el actuario judicial encargado de realizar las notificaciones que deriven del presente juicio, deberá digitalizar e integrar diariamente a dicho sistema electrónico las actas, citatorios y razones de notificación que elaboren, y el secretario encargado de la mesa, deberá cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico, coincidan en su totalidad. Lo anterior, de conformidad con el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte. DESECHAMIENTO Ahora bien, a efecto de emitir determinación respecto a la procedencia de la acción intentada, cuya vigilancia es obligación legal para la suscrita, se tiene que el artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado, para lo cual, en principio, debe tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen Establecido lo anterior, es necesario delimitar las conductas controvertidas por la parte impetrante, precisión que se hace tomando en consideración lo expuesto en su escrito inicial de demanda y sus anexos, y de cuyo análisis integral, se aprecia que la parte reclama de la autoridad responsable lo siguiente: "A).- Del C. Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de los Bravo, le reclamo los autos de fechas diecisiete de febrero del año dos mil veintitrés y publicado con fecha veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, y el auto de fecha dos de marzo de dos mil veintitrés del juicio ordinario civil bajo el número de expediente 01/2020-I, acumulado al juicio ordinario civil 235/2019-II, en el primer auto por admitir a la codemandada MARTHA YOVANKA MURILLO ALARCÓN, pruebas ilegales como es la confesional y declaración de parte con cargo a su esposo y codemandado MARCO ANTONIO LÓPEZ MÉNDEZ, y el segundo auto por no regularizar el procedimiento respecto al auto específicamente en cuento al desechamiento de estas pruebas, argumentado que el auto admisorio de pruebas no puede ser regularizado." De lo anterior, se tiene que el presente juicio de amparo es improcedente al actualizarse la causal prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (...)". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (...)". Se afirma la actualización de la causal referida, pues no se está ante la presencia de actos cuyos efectos sean de imposible reparación. Ciertamente, es requisito indispensable para que proceda el juicio constitucional ante el Juez de Distrito, que se afecte de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una resolución favorable en el juicio, por haberse consumado la violación del derecho fundamental que se trate. En efecto, los autos de fechas diecisiete de febrero del año dos mil veintitrés y publicado con fecha veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, y el auto de fecha dos de marzo de dos mil veintitrés del juicio ordinario civil bajo el número de expediente 01/2020-I, acumulado al juicio ordinario civil 235/2019-II, en el primer auto por admitir a la codemandada MARTHA YOVANKA MURILLO ALARCÓN, pruebas ilegales como es la confesional y declaración de parte con cargo a su esposo y codemandado MARCO ANTONIO LÓPEZ MÉNDEZ, y el segundo auto por no regularizar el procedimiento respecto al auto específicamente en cuento al desechamiento de estas pruebas, que se reclaman, por sí solo no produce una afectación actual, real y directa a la esfera jurídica del justiciable. Esto es, no causa agravio personal y directo que afecte a la esfera jurídica de la parte quejosa en tanto que la prevención relativa está supeditada a la voluntad de la aquí parte promovente, y no a una imposibilidad jurídica o material que no pueda cumplimentar; por lo que, resulta evidente que no se le están afectando de modo directo e inmediato sus derechos fundamentales y en el caso de que se hiciera efectivo puede impugnar dicha determinación. En virtud de lo expuesto, se tiene que el acto controvertido en esta vía de amparo no corresponde a aquellos de imposible reparación a que alude la fracción V, del artículo 107 de la Ley que nos ocupa, porque no afecta de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Carta Magna y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, sino sólo produce efectos de carácter adjetivo o procesales, los cuales repercuten en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento de origen, con vista a obtener un fallo favorable. De esa manera se pone de manifiesto que los actos de ejecución irreparable, únicamente son aquellos que producen una afectación material a los derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal y los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; ya no hay posibilidad de considerar que dentro de ese concepto se incluyan los actos que producen efectos meramente formales, aun cuando se tratara de una violación procesal en grado predominante o superior que establecía el criterio antes mencionado. Bajo ese contexto, para calificar ahora la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de aquellos actos de imposible reparación, se atenderá a los efectos o consecuencias que estos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente un derecho sustantivo protegido por la Constitución de la República y los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además, deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Sobre esa base, podemos concluir que los autos de fechas diecisiete de febrero del año dos mil veintitrés y publicado con fecha veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, y el auto de fecha dos de marzo de dos mil veintitrés del juicio ordinario civil bajo el número de expediente 01/2020-I, acumulado al juicio ordinario civil 235/2019-II, en el primer auto por admitir a la codemandada MARTHA YOVANKA MURILLO ALARCÓN, pruebas ilegales como es la confesional y declaración de parte con cargo a su esposo y codemandado MARCO ANTONIO LÓPEZ MÉNDEZ, y el segundo auto por no regularizar el procedimiento respecto al auto específicamente en cuanto al desechamiento de estas pruebas, de ahí que no pueda considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, máxime que en el caso, la autoridad responsable no ha omitido llevar a cabo el trámite que intenta la quejosa, únicamente está condicionado al seguimiento que al efecto le dé el aquí promovente. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable bajo el rubro: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente. También sirve es aplicable la tesis I.3º.C. 82 K, que sustentó el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página dos mil ochocientos doce del Tomo XXVII, Enero de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 170463, que dispone: "PRUEBAS. LAS VIOLACIONES COMETIDAS RESPECTO DE LA FORMA Y MEDIOS DE RECIBIRLAS NO SON MATERIA DE AMPARO INDIRECTO. Este Tribunal Colegiado abandona el criterio sustentado en la tesis aislada de la Octava Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, Segunda Parte-2, enero a junio de 1988, página 557, de rubro "PRUEBAS, LAS VIOLACIONES COMETIDAS RESPECTO DE LA FORMA Y MEDIOS DE RECIBIRLAS SE RECLAMAN EN AMPARO.", porque de acuerdo con lo dispuesto por la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede cuando el acto reclamado está dictado dentro de juicio y tiene una ejecución cuyos efectos sean de imposible reparación; por tanto si el acto reclamado consiste en la forma y medios para recibir y desahogar una prueba, salvo que afecte un derecho sustantivo, no puede desligarse de su admisión y desahogo, que en su caso afecta un derecho procesal que no surte la procedencia del amparo indirecto, porque para que éste proceda, respecto de un acto dentro de juicio es indispensable que la consecuencia directa e inmediata afecte un derecho sustantivo, o que afecte un derecho procesal de carácter predominante o superior." De ahí que, el actor reclamado se trata de una cuestión de índole formal o adjetiva, que no lesiona derechos sustantivos, pues no es un acto de imposible reparación, ya que para ser calificado como irreparable, necesitaría producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasará lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Por otra parte, al no ser éste un acto de carácter irreparable no es procedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de violaciones intraprocesales que podrán ser reparadas, en caso de causar perjuicios, al dictar la sentencia definitiva y de continuar la violación, en amparo directo que se promueva en su contra. Lo anterior es así, ya que como se indicó con antelación, en el caso no existe la afectación material sobre algún derecho sustantivo reconocido en la Constitución ni en los tratados internacionales, como la libertad, la propiedad, el derecho a la salud, el derecho de tránsito, entre otros, previstos en la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable bajo el rubro: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114, de la ley de amparo, en su fracción IV, previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito, contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la constitución, y nunca en los casos en que sólo afecten derechos adjetivos, o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio". En las relacionadas consideraciones y al tenor de lo expuesto procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA, de conformidad con el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo.

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