Carlos Alberto Robles Dávalos
Expediente 1178/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 8 actuaciones registradas, la última del 18 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1178/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 18/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Carlos Alberto Robles Dávalos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, de los que se aprecia ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la resolución de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, dictada en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2° de la Ley en Aplicación, se declara que dicha resolución que niega el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente; y, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, se determina: En cumplimiento a lo que establecen los puntos décimo primero, párrafo segundo, del capítulo tercero, vigésimo y vigésimo primero del citado Acuerdo General Conjunto, este expediente a criterio de esta juzgadora no es de relevancia documental, histórica ni jurídica y no existen documentos originales que devolver a las partes, de acuerdo a la certificación que antecede, por lo cual así deberá asentarse en la carátula del presente juicio. No obstante lo anterior, el presente juicio de amparo SERÁ DEPURADO en razón de que se negó el amparo y protección de la justicia federal; por tanto, una vez transcurridos cinco años a partir de la emisión de este auto procédase a su depuración debiendo conservar la demanda, la sentencia respectiva y el acuerdo de archivo.
- Principal
R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia Federal no ampara ni protege a Carlos *************, contra la transgresión del contenido de los artículos 6º y 8º de la Constitución Federal reclamada del Director General de Asuntos Jurídicos del Gobierno del Estado de Guerrero, de acuerdo a lo estipulado en el considerando quinto de la presente sentencia.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que por auto de ocho de octubre de dos mil diecinueve, se tuvo por recibido el oficio *************** de cuatro de octubre de dos mil diecinueve (foja 30), la autoridad responsable Director General de Asuntos Jurídicos del Gobierno del Estado de Guerrero, remitió el oficio DGAJ/DVEN/M*1985/2019 de veintitrés de agosto de dos mil diecinueve (foja 31), donde emitió respuesta a la petición que el quejoso le instó y cuya omisión constituyó el acto reclamado en la presente vía constitucional; sin embargo no se ordenó notificar de manera personal como lo exige la jurisprudencia 1a./J. 136/2011, de la novena época emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: ""INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA EXISTENCIA DE UN NUEVO ACTO VINCULADO A LA OMISIÓN RECLAMADA POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICAR PERSONALMENTE AL QUEJOSO SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE SI LO ESTIMA CONVENIENTE AMPLÍE SU DEMANDA." Por tanto, con fundamento en el artículo 17 Constitucional, dese vista al quejoso para que dentro del término que establece la Ley de Amparo, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste su deseo de ampliar la demanda de amparo en contra de la respuesta emitida por la autoridad responsable; apercibido que de no hacerlo así se proseguirá y resolverá el presente juicio conforme al acto y autoridades responsables señaladas en su demanda de amparo. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 28/2015(10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "PETICIÓN. CUANDO EN LA DEMANDA DE AMPARO SE ALEGUE VIOLACIÓN A ESE DERECHO, EL JUZGADOR NO ESTÁ OBLIGADO A SEGUIR EL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 117, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE LA MATERIA. El precepto referido sólo es aplicable tratándose de actos materialmente administrativos emitidos en forma unilateral por un órgano de la administración pública, cuyos efectos son directos e inmediatos; de ahí que cuando en la demanda de amparo se alegue violación al derecho de petición reconocido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al tratarse de un acto omisivo, aquel numeral resulta inaplicable, por lo que en este supuesto basta con que se dé vista al quejoso con la respuesta que, en su caso, proporcione la autoridad al rendir su informe justificado, para que pueda ampliar su demanda y alegar los vicios de fondo y forma que estime convenientes, pero sin exigir a dicha responsable que en el propio informe formule algún complemento, pues sería tanto como vincular al Juez de Distrito a prejuzgar que en todos los casos la respuesta adolece de falta o insuficiente fundamentación y motivación, no obstante que la persona afectada desconocía su contenido y no estaba, en consecuencia, en aptitud de plantear un argumento en tal sentido." Para dar margen a lo anterior y dada la cercanía de la fecha señalada para el desahogo de la audiencia constitucional el TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE A LAS ONCE HORAS, esta se difiere de manera anticipada y se señalan las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE para que tenga verificativo la misma.
- Principal
Visto el oficio de cuenta signado por el ************, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento de dos de octubre de dos mil diecinueve (fojas 26 y 27) remite las constancias solicitadas; consecuentemente, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, con su contenido y constancias, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga y nueva cuenta en el momento procesal oportuno. Es aplicable al caso la tesis 1.5o.C.2 K, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página quinientos noventa y cuatro, Tomo II, Agosto de mil novecientos noventa y cinco, Novena Época, del Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto: "PRUEBAS EN ELJUICIO ***** . LAS CONSTANCIAS ACOMPAÑADAS AL INFORME JUSTIFICADO, Y LAS REQUERIDAS OFICIOSAMENTE POR EL ******* DEBEN SER DEL CONOCIMIENTO DE LAS PARTES. El artículo 149 de la Ley de Amparo dispone que el quejoso debe tener conocimiento del informe justificado rendido por la autoridad responsable, al menos ocho días antes del señalado para la celebración de la audiencia constitucional; además, la autoridad responsable debe acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyar la legalidad del acto reclamado, y si el informe de la autoridad es rendido fuera del plazo que señala ese precepto, podrá ser tomado en cuenta por el juez de Distrito, siempre y cuando las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen. Por tanto, cuando el juez de Distrito pide oficiosamente la remisión de constancias que estima necesarias para la resolución del juicio de amparo, en términos del artículo 78, debe dar vista a las partes con ellas, de conformidad con lo dispuesto en la parte final del artículo 149 citado, interpretado a contrario sensu, pues sólo así se respetará la garantía de audiencia de las partes y se les permitirá conocer dichas constancias, controvertirlas e impugnarlas, si a su derecho interesa, además de probar tanto la existencia como la inconstitucionalidad del acto reclamado."
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