Carlos Alberto Regalado González
Expediente 110/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 5 actuaciones registradas, la última del 12 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 110/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 12/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Carlos Alberto Regalado González
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, doce de julio de dos mil veintidós. SE RECIBE TESTIMONIO. Téngase recibido el oficio de cuenta, signado por el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, mediante el cual remite la resolución de nueve de junio del año en curso, pronunciada en el recurso de queja 152/2022, hecha valer por el quejoso. En virtud de lo anterior, acúsese el recibo de estilo correspondiente vía Sistema integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y estese a lo resuelto por el tribunal revisor mediante la resolución de que se trata, en la que se declaró infundado el recurso de queja. ARCHIVO Y ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado y, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL. De conformidad con los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte, este expediente es susceptible de destrucción, dado que en el mismo se emitió un proveído sin decidir el juicio en lo principal, no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa y no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o relevancia documental deba conservarse. TEMPORALIDAD PARA DESTRUCCIÓN DE EXPEDIENTE. Previo transcurso del plazo de tres años que se establece en el primer párrafo del citado artículo 21 del Acuerdo General en comento, este órgano jurisdiccional procederá a su destrucción, con apoyo además en el numeral 24 del mismo ordenamiento. Consecuentemente, anótese en la carátula del expediente que es susceptible de destrucción, y la fecha de archivo, conforme con lo dispuesto en el artículo 35 del indicado Acuerdo General. Notifíquese.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, treinta de marzo de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º, téngase recibido y agréguese a los presentes autos para los efectos legales a que haya lugar, el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, mediante el cual informa que se admitió el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, mismo que quedó registrado bajo el número 152/2022. Notifíquese.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, catorce de marzo de dos mil veintidós. Téngase recibido el escrito signado por .... mediante el cual interpone recurso de queja en contra del proveído que desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, téngase por interpuesto el recurso de queja que hace valer el promovente en contra del proveído de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós. Por tanto, remítase copia certificada de las constancias necesarias, al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, en turno, con fundamento en el artículo 37, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, conforme con lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley de Amparo, en vía de informe hágase del conocimiento de la superioridad que es cierto el acto reclamado, dado que el veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, este Juzgado de Distrito desechó la demanda de amparo promovida por .... al encontrarse de su análisis motivos manifiestos de improcedencia. Notifíquese.
- Principal
Con fundamento en el artículo 27 fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista la determinación de veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, a la parte quejosa, que dice: "Ciudad Valles, San Luis Potosí, veinticuatro de febrero de dos mil veintidós. IDENTIFICACIÓN PROMOVENTES Y REGISTRO. Vista la demanda de amparo promovida por ... contra actos de la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y otras autoridades, por trasgresión que estima de los artículos 1, 14 y 16 Constitucionales. Regístrese su ingreso en el Libro Uno de Juzgado de Registro de Juicios de Amparo que se lleva en este órgano jurisdiccional, bajo el número 110/2022-II-H. ACTO RECLAMADO. La lectura y análisis de la demanda de amparo pone de relieve que el quejoso como acto reclamado señala la resolución de diez de enero de dos mil veintidós, pronunciada por la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en los autos del toca civil 686/2022, que confirmó la interlocutoria de ocho de septiembre de dos mil veintiuno, emitida por el Juez Mixto de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Ciudad del Maíz, San Luis Potosí, por la que declaró improcedente el incidente de nulidad de actuaciones por defecto en el emplazamiento, interpuesto por .... DESECHAMIENTO. Conviene precisar que de los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación que bajo protesta de decir verdad, plasma el quejoso en la demanda de amparo, se desprenden los antecedentes siguientes: 1. Ante el Juzgado Mixto de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Ciudad del Maíz, San Luis Potosí, se tuvo a Fernando Eduardo González Ponce, demandando en la vía ordinaria civil a ... 2. Dentro de ese controvertido, Carlos Alberto Regalado González, fue emplazado en su carácter de demandado. 3. El demandado promovió incidente de nulidad de actuaciones por defecto en el emplazamiento. 4. Mediante resolución de ocho de septiembre de dos mil veintiuno, el Juez Mixto de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Ciudad del Maíz, San Luis Potos, declaró improcedente el incidente de nulidad de actuaciones por defecto en el emplazamiento. 5. Inconforme con dicha determinación, ..., interpuso recurso de apelación. 6. Por resolución de diez de enero de dos mil veintidós, la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, confirmó la interlocutoria de ocho de septiembre de dos mil veintiuno. Establecido lo anterior, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de cuenta, al advertir esta Juzgadora un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, tal y como se indica a continuación. En la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, relacionada con los artículos 107, fracción V, aplicado en sentido contrario y 171 de la Ley de Amparo aplicable, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ejidatarios, comuneros, trabajadores, núcleos de población ejidal o comunal, o quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio, ni en los de naturaleza penal promovidos por el inculpado. Tampoco será exigible el requisito cuando se alegue que, la ley aplicada o que se debió aplicar en el acto procesal, es contrario a la Constitución o a los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." La razón de ser de la causa de improcedencia transcrita se establece de acuerdo a la posibilidad de promover el amparo indirecto por cuanto que sólo tiene lugar cuando el acto reclamado tenga efectos de imposible reparación sobre un derecho sustantivo tutelado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. Sobre el concepto de ejecución de imposible reparación, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció jurisprudencia, que aparece publicada con el número 244, en la página 164, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Es decir los actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siendo los de naturaleza sustantiva, como serían la vida, la libertad, la propiedad, etcétera; no así en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio. Por tanto, el acto aquí reclamado, no puede ser considerado como actos de imposible reparación ya que éste se traduce como un acto que tiene como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales, pues en el momento en que se producen, no afectan de manera irremediable algún derecho sustantivo tutelado por la constitución o por los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano forma parte, sino que tan sólo hacen nacer la posibilidad de que ello ocurra al momento de resolverse la controversia en la medida en que influyan o sean tomados en cuenta para que el resultado del fallo sea adverso a los intereses del afectado. Razón por la cual de conformidad con el artículo 171 de la Ley de Amparo, es necesario esperar hasta el dictado de la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, para hacer valer las violaciones que se puedan dar dentro del procedimiento respectivo, siempre y cuanto el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva, para poder combatirlos mediante el juicio de amparo directo ante un Tribunal Colegiado de Circuito, siempre que afecten las defensas del quejoso y trasciendan al resultado del fallo adverso. Como se expuso, la parte quejosa como acto reclamado señala la resolución de diez de enero de dos mil veintidós, pronunciada por la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en los autos del toca civil 686/2022, que confirmó la interlocutoria de ocho de septiembre de dos mil veintiuno, emitida por el Juez Mixto de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial, con residencia en Ciudad del Maíz, San Luis Potosí, por la que declaró improcedente el incidente de nulidad de actuaciones por defecto en el emplazamiento, interpuesto por Carlos Alberto Regalado González. De lo que resulta claro que la resolución de diez de enero de dos mil veintidós, atendiendo a la connotación que respecto a este tipo de actos establece el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, no debe ser considerada como un acto dentro de juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, en virtud de que no afectan materialmente algún derecho sustantivo, sino la violación de derechos adjetivos que producen únicamente efectos formales o intraprocesales; y bien puede ocurrir que el quejoso obtenga resolución favorable a sus intereses en cuanto al fondo del asunto donde tiene el carácter de demandado, con lo que quedarían reparadas las violaciones y los posibles perjuicios que se le hubieren causado con el acto que reclama a través de la demanda de amparo que dio origen al expediente en que se actúa. En otras palabras, los efectos de la resolución reclamada, se actualizarían hasta el dictado de la sentencia definitiva en el mencionado expediente, toda vez que hasta antes de ese momento no se podrá apreciar si con motivo de que se declara improcedente el incidente de nulidad de actuaciones por defecto en el emplazamiento, se vulneraron las defensas del quejoso Carlos Alberto Regalado González (demandado en el juicio de origen), y por tal motivo, se incurrió en una violación procesal que trascendió al resultado de la sentencia definitiva, lo que hace evidente que ese tipo de actos no tienen una ejecución de imposible reparación conforme lo establece la fracción V del artículo 107 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. Al respecto se invoca la jurisprudencia P./J. 24/92, visible en la página 11, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 56, Agosto de 1992, Pleno, Octava Época, con número de registro 205651, que señala: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. ... Así como la jurisprudencia II.2o.P. J/29, publicada en la página 1721, Tomo XXIX, Abril de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, registro 167579, que dice: "AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. PARA SU PROCEDENCIA DEBE ATENDERSE A LOS EFECTOS QUE PRODUCEN OBJETIVA Y JURÍDICAMENTE, Y NO A LAS ARGUMENTACIONES QUE CONSTITUYAN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ... En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia al principio invocada, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda que promueve Carlos Alberto Regalado González, contra actos de la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y otras autoridades. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. En otro contexto, con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito inicial de demanda y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la mencionada ley, a los profesionistas que refiere y únicamente para oír notificaciones e imponerse de los presentes autos a José Edgar Berlanga Hernández, toda vez que no tiene su cédula profesional inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, que lo autorice a ejercer la profesión de abogado. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA". En otro aspecto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, tomando en consideración el estado de contingencia que actualmente se vive en el país, en estricta observancia a las medidas adoptadas para evitar la concentración de personas y la propagación del virus, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación de este juicio en forma electrónica, mediante el esquema de "juicio en línea", a través del uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma). HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA LA PRÁCTICA DE NOTIFICACIONES. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. DIGITALIZACIÓN. Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario responsable para que lleve a cabo la supervisión de la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema electrónico, a efecto de que tanto el expediente electrónico como el impreso coincidan en su totalidad; de igual modo, se instruye a los actuarios judiciales, analista jurídico SISE (sistema integral de seguimiento de expedientes) y oficiales administrativos que lleven a cabo de manera oportuna la integración del expediente electrónico, conforme al estado procesal de los asuntos, dentro del ámbito de sus respectivas funciones. TRANSPARENCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se hace saber a las partes que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación en veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3, fracciones IX y XVII, 5, 22, fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de esta juzgadora y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de protección de datos personales publicado el diez de octubre de dos mil dieciocho; así como el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicado el seis de septiembre de dos mil diecinueve; aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no contravenga las disposiciones señaladas en la legislación en cita. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, el presente expediente está sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 de la última ley en cita; hágase del conocimiento de las partes que, atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, tienen derecho a oponerse a que se publiquen sus datos personales, una vez que se dicte la sentencia o en su caso la resolución que ponga fin al procedimiento en el presente asunto, por lo que, de no hacer manifestación alguna, se entenderá que se oponen a la publicación de sus antecedentes, de conformidad con el artículo 21 de la ley de referencia. Notifíquese y personalmente. "
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