Carlos Alberto Ramos Aguilar

Expediente 1121/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 29 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1121/2022
Año
2022
Actuaciones
29
Última actuación
13/09/2023

Partes del expediente

  • Carlos Alberto Ramos Aguilar

Actuaciones

Las 4 más recientes de 29.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a trece de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimoctavo Circuito, mediante el cual, remite el testimonio de treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, dictado por el aludido Tribunal Colegiado en el incidente de inejecución de sentencia 12/2023, en cuyo punto resolutivo se determinó: "ÚNICO. Se CONFIRMA el acuerdo de veintinueve de junio de dos mil veintitrés, dictado por el juez octavo de Distrito en el Estado de Morelos en los autos del juicio de amparo indirecto 1121/2022-II, en el que declaró la imposibilidad de dar cumplimiento al fallo protector." Por tanto, acúsese recibo, y previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, con conocimiento de las partes, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17, fracción III, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintitrés; y toda vez que se concedió el amparo en el presente juicio, se declara que este expediente es conservable, por lo que pasados los tres años a que se refiere el referido artículo, deberá remitirse a los depósitos documentales dependientes del Área Coordinadora de archivos. Asimismo, del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que, en términos del artículo 15, del citado Acuerdo General, no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes, no es un juicio relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, no fue generado por un Pleno de Circuito en el que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, tampoco fue utilizado para integrar jurisprudencia o tesis aislada de un Tribunal de Circuito, por lo que no es necesaria su conservación. Más aún, no contiene información reservada, ni existen documentos originales exhibidos por las partes, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Por otro lado, se comisiona al secretario encargado del presente expediente, verificar que todas y cada una de las constancias y documentos del expediente físico se encuentren digitalizadas e incorporadas al expediente electrónico, en el entendido que tratándose de constancias y documentos electrónicos, no será necesaria su incorporación al expediente físico. Finalmente, háganse las anotaciones respectivas en el libro electrónico correspondiente y procédase a la captura del presente proveído en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que se lleva en este Juzgado Federal, asimismo con fundamento en el segundo párrafo del artículo 34 del mencionado acuerdo general, deberá hacerse constar la leyenda "Conservable", en la carátula de este expediente. Notifíquese.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a ocho de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio signado por el Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimoctavo Circuito, mediante el cual transcribe el auto dictado el tres de agosto del año en curso, en el incidente de inejecución de sentencia 12/2023, de su índice, del que se advierte que radicó el citado incidente, relativo al acuerdo de veintinueve de junio de la presente anualidad. Notifíquese.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintiséis de julio de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de autos, se advierte que transcurrió el término de quince días a que hace referencia el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya interpuesto recurso de inconformidad en contra del auto de veintinueve de junio de dos mil veintitrés. En atención a lo anterior, y tomando en consideración que obran en autos las constancias de notificación efectuadas a las partes, respecto del proveído antes precisado, en el que se declaró la imposibilidad jurídica para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio, en virtud de que, se le requirió a la autoridad responsable Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, para que realizara lo siguiente: "1.- Deje insubsistentes los acuerdos de diecisiete de agosto y ocho de septiembre de dos mil veintidós, únicamente en la parte en que señaló el veinticinco de enero y veintidós de febrero de dos mil veintitrés para que se desahoguen las pruebas consistentes en la testimonial a cargo de Francisco Moisés Martínez Ledesma y Mónica Violeta Palacios Labastida y la confesional para hechos propios en razón de sus funciones e interrogatorio libre a cargo de Idalia Harrison Macedo, Gustavo Rendón Espítia, Rodrigo Luis Arredondo López y Raúl Tadeo Nava, respectivamente, ambas ofrecidas por la parte actora en el juicio de origen y señale una fecha para su desahogo dentro de los días siguientes a aquél en que se requiera el cumplimiento de esta sentencia. 2.- Señale dentro de los diez días siguientes al requerimiento de cumplimiento de este fallo, fecha para desahogar la inspección ofrecida por la parte actora y la testimonial a cargo de Leopoldo Torres Alvear, Alma Rosa Antonia Valladares Bustos y Samuel Ramírez Alarcón que ofreció la parte demandada en el juicio laboral 01/511/16.". Sin embargo, lo anterior no fue jurídicamente posible, debido a que la autoridad responsable decretó la deserción de las pruebas testimoniales a cargo de Leopoldo Torres Alvear, Alma Rosa Antonia Valladares Bustos, Samuel Ramírez Alarcón, Idalia Harrison Macedo, Raúl Tadeo Nava y Gustavo Rendón Espitia; por tanto, existe imposibilidad parcial para dar cumplimiento a la ejecutoria de mérito. En consecuencia, habilítese el expediente electrónico al Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Decimoctavo Circuito, en turno, a efecto de que pueda visualizar vía electrónica la totalidad de las constancias que integran este expediente, una vez que se tenga noticia de cuál Tribunal substanciará la imposibilidad en el cumplimiento. Por tanto, con fundamento en lo establecido en el artículo 73, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena a la Oficial Judicial "A" adscrita a este Juzgado, que permita al Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Decimoctavo Circuito, en turno, que conocerá de la imposibilidad en el cumplimiento de la ejecutoria, el acceso vía electrónico del expediente 1121/2022. Lo anterior, en atención a las políticas de optimización de recursos, así como de consumo responsable de materiales, previstas en el Considerando Décimo y artículo 251, incisos a), d), f) y g), del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo"; así como en el "Programa Interinstitucional de Desarrollo Sustentable del Poder Judicial de la Federación", el cual tiene como uno de sus objetivos principales el modificar los hábitos de consumo que contribuyen al deterioro de nuestro medio ambiente. En razón de lo anterior, se ordena a la mesa de trámite correspondiente y a la actuaría para que revisen la correcta integración electrónica de este expediente. Notifíquese.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintinueve de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de autos, se advierte que la parte quejosa omitió desahogar la vista otorgada en proveído de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, a pesar de haber sido notificada de dicho acuerdo. Por tanto, este órgano de control constitucional se encuentra obligado a determinar si la ejecutoria está o no cumplida, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo en vigor, por lo que, con base en los elementos existentes en el expediente y con los aportados por la autoridad señalada como responsable, se procede a analizar sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Lo anterior además, en observancia a la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del tres de marzo del año dos mil, con número de registro digital 192174, visible en la página 243 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, que literalmente reza: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia". Ahora bien, en la sentencia de veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, terminada de engrosar el veintinueve del mismo mes y año, en su único punto resolutivo, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Carlos Alberto Ramos Aguilar, para el efecto de que la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, realizara lo siguiente: "1.- Deje insubsistentes los acuerdos de diecisiete de agosto y ocho de septiembre de dos mil veintidós, únicamente en la parte en que señaló el veinticinco de enero y veintidós de febrero de dos mil veintitrés para que se desahoguen las pruebas consistentes en la testimonial a cargo de Francisco Moisés Martínez Ledesma y Mónica Violeta Palacios Labastida y la confesional para hechos propios en razón de sus funciones e interrogatorio libre a cargo de Idalia Harrison Macedo, Gustavo Rendón Espítia, Rodrigo Luis Arredondo López y Raúl Tadeo Nava, respectivamente, ambas ofrecidas por la parte actora en el juicio de origen y señale una fecha para su desahogo dentro de los días siguientes a aquél en que se requiera el cumplimiento de esta sentencia. 2.- Señale dentro de los diez días siguientes al requerimiento de cumplimiento de este fallo, fecha para desahogar la inspección ofrecida por la parte actora y la testimonial a cargo de Leopoldo Torres Alvear, Alma Rosa Antonia Valladares Bustos y Samuel Ramírez Alarcón que ofreció la parte demandada en el juicio laboral 01/511/16.". En acatamiento a lo anterior, en acuerdo de veintisiete de diciembre de dos mil veintidós, se declaró firme la sentencia y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. En consecuencia, por oficios recibidos en este órgano jurisdiccional el seis de enero, uno de febrero, quince y treinta y uno de marzo, diecinueve de abril, así como treinta de mayo, todos de dos mil veintitrés, la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, remitió copias certificadas de lo siguiente: Auto de catorce de diciembre de dos mil veintidós en el que se ordenó dejar sin efectos el acuerdo de ocho de septiembre de dos mil veintidós. Auto de veintiséis de enero de dos mil veintitrés en el que se decretó la deserción de la prueba testimonial a cargo de Leopoldo Torres Alvear, Alma Rosa Antonia Valladares Bustos y Samuel Ramírez Alarcón. Audiencia de quince de febrero de dos mil veintitrés en la que se tuvo por desahogada la prueba testimonial ofrecida por la parte actora a cargo de Francisco Moisés Martínez Ledesma y Mónica Violeta Palacios Labastida. Acuerdo de treinta de marzo de dos mil veintitrés, en el que se decretó la deserción de la prueba testimonial a cargo de Idalia Harrison Macedo y Raúl Tadeo Nava. Acuerdo de diecisiete de abril de dos mil veintitrés, en el que se decretó la deserción de la prueba testimonial a cargo de Gustavo Rendón Espitia. Acuerdo de dos de mayo de dos mil veintitrés, en el que se tuvo por desahogada la confesional para hechos propios ofrecida por la parte actora, a cargo de Rodrigo Luis Arredondo López. Auto de veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, en el que se tuvo por legalmente desahogada la prueba de inspección ofrecida por la parte actora. Las documentales mencionadas tienen valor probatorio de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Se declara que existe imposibilidad jurídica para cumplir con la ejecutoria de amparo Al respecto, conviene señalar que cuando se concede la protección constitucional, si la naturaleza del acto reclamado es de carácter positivo, el efecto del amparo será restituir las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación cometida, dejando insubsistente el acto reclamado, en tanto que cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención) se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar del derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el mismo exija, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. De la transcripción anterior se tiene que a través del cumplimiento del fallo protector se logra el restablecimiento del orden constitucional, por lo cual dicho cumplimiento debe ser total, es decir, reintegrando a la parte quejosa completamente en el goce del derecho violado cuando sea material y jurídicamente posible. En el presente caso, para cumplir el fallo protector se requería que la Junta responsable dejara insubsistentes los acuerdos de diecisiete de agosto y ocho de septiembre de dos mil veintidós, únicamente en la parte en que señaló el veinticinco de enero y veintidós de febrero de dos mil veintitrés para que se desahogaran las pruebas consistentes en la testimonial a cargo de Francisco Moisés Martínez Ledesma y Mónica Violeta Palacios Labastida y la confesional para hechos propios en razón de sus funciones e interrogatorio libre a cargo de Idalia Harrison Macedo, Gustavo Rendón Espítia, Rodrigo Luis Arredondo López y Raúl Tadeo Nava, respectivamente, ambas ofrecidas por la parte actora en el juicio de origen y señalara una fecha para su desahogo dentro de los diez días siguientes a aquél en que se requiriera el cumplimiento de la sentencia, asimismo que señalara dentro del mismo plazo, fecha para el desahogo de la inspección ofrecida por la parte actora y la testimonial a cargo de Leopoldo Torres Alvear, Alma Rosa Antonia Valladares Bustos y Samuel Ramírez Alarcón que ofreció la parte demandada en el juicio laboral 01/511/16. Sin embargo, lo anterior no fue jurídicamente posible debido a que la autoridad responsable decretó la deserción de las pruebas testimoniales a cargo de Leopoldo Torres Alvear, Alma Rosa Antonia Valladares Bustos, Samuel Ramírez Alarcón, Idalia Harrison Macedo, Raúl Tadeo Nava y Gustavo Rendón Espitia. En esas condiciones, si en el presente juicio se concedió la protección constitucional para el efecto de que la responsable desahogara las pruebas ofrecidas por las partes, y como se desprende de lo narrado en párrafos precedentes, se decretó la deserción de las referidas pruebas testimoniales; se considera que existe imposibilidad jurídica para cumplir con la sentencia de amparo, por tanto, este juzgado de Distrito con fundamento en lo dispuesto por el párrafo quinto del artículo 196 de la Ley de Amparo, declara que en el caso existe imposibilidad jurídica para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo y da vista a las partes a fin de que estén en condiciones de interponer el recurso de inconformidad dentro del plazo de quince días siguiente al en que surta efectos la notificación correspondiente; asimismo se precisa que una vez transcurrido dicho plazo sin que se interponga el citado medio de impugnación, se ordena remitir los autos al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimoctavo Circuito, en turno, para los efectos precisados en el numeral 193 de la ley de la materia, esto es, para la tramitación del incidente de inejecución de sentencia. Cobra vigencia la jurisprudencia 2a./J. 44/2017 (10a.), con registro digital: 2014210, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con datos de localización: Décima Época, Materias(s): Común, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I, página 490, de rubro y texto siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. EL ÓRGANO JUDICIAL QUE CONOZCA DEL JUICIO DEBE REMITIR LOS AUTOS AL SUPERIOR EN LOS CASOS EN LOS QUE DETERMINE QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD PARA LOGRARLO. Cuando exista declaración del órgano judicial de amparo en el sentido de que una sentencia protectora no puede cumplirse, sea por razones jurídicas, o bien, materiales, debe cesar en el conocimiento del asunto y enviar los autos al superior, acorde con el quinto párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, que prevé que si la ejecutoria no está cumplida, no está cumplida totalmente, no lo está correctamente o se considera de imposible cumplimiento, remitirá los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, como lo establece, en lo conducente, el artículo 193 de dicha ley; disposición que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pormenorizó en el inciso D) de la fracción VI del artículo segundo de su Acuerdo General Número 5/2013 (*), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de mayo de 2013. Ahora bien, si en lugar de cumplir con esta obligación, el juzgador ordena el archivo del asunto porque, en su concepto, la concesión del amparo no pudo realizar su misión de restituir al quejoso en el goce del derecho humano violado, la fracción II del artículo 201 del mismo ordenamiento habilita a las partes para que interpongan el recurso de inconformidad contra dicha determinación, a fin de que el superior examine su legalidad y, particularmente, si existe o no la pretextada imposibilidad de acatar la sentencia protectora, o la razón esgrimida para renunciar a restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación cometida pues, de no existir este medio de defensa, se privaría al quejoso de la oportunidad de obtener, en los casos que proceda, la sustitución del cumplimiento de la sentencia mediante el pago de los daños y perjuicios que habrían de liquidarse en el incidente respectivo." Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

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