Carlos Alberto Quintana Morales y Otros.

Expediente 1099/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1099/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
27/11/2023

Partes del expediente

  • Carlos Alberto Quintana Morales y Otros.
  • Comisión Nacional del Agua

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 33, fracción IV, 35, 37, 108, 112, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda de amparo promovida por ****************, por propio derecho; contra actos atribuidos a la Comisión Nacional del Agua; Organismo de Cuenca "Río Bravo" dependiente de la Comisión Nacional del Agua y Asociación de Usuarios de la Primera Unidad, Módulo Uno, del Distrito de Riego 009, Valle de Juárez, Asociación Civil, residentes en esta ciudad, por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1 y 4 párrafo cuarto y quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmese expediente electrónico e impreso, regístrese en el libro de gobierno respectivo bajo el número 1099/2023-VII. Se señalan las diez horas con cincuenta y cinco minutos del cinco de enero de dos mil veinticuatro, para que tenga lugar la audiencia constitucional, dado que del dieciséis al treinta de diciembre del año que transcurre, este órgano jurisdiccional gozará de su segundo período vacacional, en que permanecerá cerrado y no correrán términos en dicho lapso. Toda vez que se solicita la suspensión de los actos reclamados, con fundamento en el artículo 128 de la Ley de Amparo, tramítese por separado el incidente de suspensión relativo a este juicio. Cabe precisar que en lo concerniente a la audiencia de ley, se levantará el acta correspondiente, misma que será firmada por el juez y el secretario en forma autógrafa o electrónica, o ambas, según las circunstancias; por tanto, al no ser indispensable la concurrencia personal de las partes a dicha audiencia, se les indica que, en caso de tener la intención de comparecer a la misma, lo deberán hacer por escrito, ya sea por vía electrónica o en físico, expresando los alegatos que a su interés convengan, los cuales serán tomados en consideración en la fase procesal correspondiente. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables su informe con justificación que deberán rendir dentro del plazo de quince días, exponiendo las razones y fundamentos legales que considere pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia del juicio, debiendo acompañar en su caso, copias certificadas legibles y ordenadas de todas las constancias de las que deriven los actos reclamados necesarias para apoyar su informe, apercibidas que de no hacerlo se impondrá, a la omisa, multa de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, equivalente a $103.74 (ciento tres pesos con setenta y cuatro centavos), moneda nacional, conforme a lo establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el acuerdo publicado el diez de enero de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación, vigente a partir del uno de febrero siguiente, en términos de lo previsto en los artículos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en concordancia con lo establecido en los artículos Segundo y Tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo y además, se presumirán ciertos los actos reclamados salvo prueba en contrario, de conformidad con lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 117 de la ley de la materia. De conformidad con el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que le corresponde, entregándole copia simple de la demanda. Por otra parte, dados los actos que se reclaman, no se reconoce a persona alguna el carácter de tercero interesado a que se refiere el artículo 5, fracción III, de la Ley de Amparo; no obstante lo anterior, allegados los informes de encuadrar alguien en dicha hipótesis se proveerá lo conducente.

  2. Incidental

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 128 de la Ley de Amparo y en cumplimiento a lo ordenado en auto de esta fecha, se inicia el trámite del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1099/2023-VII, promovido por ********************, ********************,********************,********************,********************,********************,********************,********************, ********************,********************,********************y ********************, por propio derecho; contra actos atribuidos a la Comisión Nacional del Agua; Organismo de Cuenca "Río Bravo" dependiente de la Comisión Nacional del Agua y Asociación de Usuarios de la Primera Unidad. Módulo Uno, del Distrito de Riego 009, Valle de Juárez, Asociación Civil, residentes en esta ciudad, por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1 y 4 párrafo cuarto y quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De conformidad con los preceptos 138, fracción III y 140 de la ley de la materia, se requiere a las autoridades responsables rindan su informe previo dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, en el que manifiesten si son o no ciertos los actos reclamados por la parte quejosa y, en su caso, las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión, debiendo, además, proporcionar los datos que tengan a su alcance que permitan a este juzgado establecer el monto de las garantías correspondientes; apercibidas que de no cumplir con lo solicitado se impondrá a la omisa como sanción multa de cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, equivalente a $103.74 (ciento tres pesos con setenta y cuatro centavos), moneda nacional, conforme a lo establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el acuerdo publicado el diez de enero de dos mil veintitrés, en el Diario Oficial de la Federación, vigente a partir del uno de febrero siguiente, en términos de lo previsto en los artículos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en concordancia con lo establecido en los artículos Segundo y Tercero transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo y se presumirán ciertos los actos reclamados, salvo prueba en contrario. Para tal efecto, envíese con el oficio correspondiente copia del escrito de demanda y sus anexos. En términos del ordinal 138, fracción II, de la ley en aplicación, se señalan las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del cinco de diciembre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la audiencia incidental. Ahora bien, a efecto de estar en aptitud de determinar si es procedente o no conceder la suspensión de los actos reclamados, es necesario mencionar, en principio, que del contenido de la demanda de amparo se advierte que la parte agraviada solicita la medida suspensional para el efecto de que la autoridad responsable Comisión Nacional y/u Organismo de la Cuenca "Río Bravo, dependiente de la Comisión Nacional del Agua y/o Asociación de Usuarios de la Primera Unidad, Módulo Uno, del Distrito de Riego 009, Valle de Juárez, Asociación Civil, en el ámbito de sus atribuciones, realice el mantenimiento adecuado, es decir la correcta y puntual limpieza de este distrito de riego y/o todas las medidas necesarias para prevenir y/o reintegrar a las aguas a las condiciones necesarias. Bajo esa tesitura, con fundamento en el artículo 128 de la ley de amparo, resulta improcedente conceder la suspensión provisional de los actos reclamados en los términos solicitados, dado que se trata de actos omisivos, respecto de los cuales no es dable que con motivo de la medida cautelar se ordene a las autoridades abandonar su conducta evasiva, pues de hacerlo se le estaría dando a la suspensión efectos restitutorios que sólo puede tener la sentencia que se dicte en cuanto al fondo del amparo, en términos de lo dispuesto en el numeral 77, fracción II, de la Ley de Amparo. Así como la jurisprudencia 1162, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Parte HO, Quinta Época, página 79, que señala lo siguiente: "SUSPENSIÓN, EFECTOS DE LA. Los efectos de la suspensión consisten en mantener las cosas en el estado que guardaban al decretarla, y no el de restituirlas al que tenían antes de la violación constitucional, lo que sólo es efecto de la sentencia que concede el amparo en cuando al fondo". En otro orden de ideas, respecto de los efectos y consecuencias de los actos reclamados, es necesario precisar que conforme a los requisitos establecidos en el artículo 128 y 131 de la Ley de Amparo, los extremos que deben demostrar los solicitantes del amparo, al menos indiciariamente, no se encuentran colmados para lograr la concesión de la suspensión provisional solicitada por lo siguiente. En la ejecutoria que dio origen a dicha jurisprudencia, la citada Segunda Sala señaló, en lo medular, los siguientes argumentos: "[.] El requisito relativo a que la suspensión sea solicitada por el agraviado, supone la demostración de su interés aunque sea de forma indiciaria, a fin de establecer con suficiente garantía de acierto que realmente es titular de un derecho; luego, tratándose de la suspensión provisional de los actos reclamados cuando el quejoso que la solicita aduce tener un interés legítimo, basta que de manera indiciaria acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se le niegue, y el interés social que justifique su otorgamiento; en la inteligencia de que dicha concesión, en ningún caso puede tener. Cuyas probanzas, dijo, acreditaban "indiciariamente" que los actos reclamados agravian al quejoso y, por ende, el interés legítimo para concederle la suspensión provisional solicitada. . por el contrario, señaló que era suficiente con que se justificara tal cuestión de manera presuntiva o indiciaria, en términos de lo dispuesto por el artículo 131 de la Ley de Amparo en vigor. ...no necesariamente se traduce en la exigencia de que la demostración de dicho interés sea en forma plena, sino que resulta dable al quejoso acreditarlo, por lo menos, de forma indiciaria a fin de justificar que realmente es el titular de un interés, sin que proceda hacer conjeturas sobre la improbable realización de los actos que el quejoso da por hecho se pretenden ejecutar en su contra, pues para resolver sobre la suspensión provisional, el Juez debe partir del supuesto, comprobado o no, de que la totalidad de los actos reclamados son ciertos. ...éste no deba acreditarse ni siquiera de manera indiciaria, pues la apreciación que el órgano competente realice del interés legítimo, no puede depender solamente de la manifestación del interesado, es decir, la sola afirmación de éste, en el sentido de que goza del interés suficiente, no basta para que el mismo se tenga por acreditado. Entonces, en tratándose de la suspensión provisional de los actos reclamados, cuando el que la solicita aduce tener un interés legítimo, resultaría por demás injustificado exigirle, que en términos del artículo 131 de la Ley de Amparo, para acreditar el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, dicha demostración deba ser necesaria e indefectiblemente de manera plena, pues si en el caso del interés jurídico en la suspensión (interés suspensional), como se tiene visto, se ha determinado que puede acreditarse de manera indiciaria, la misma razón debe imperar en relación con el interés legítimo. .queda entonces a la prudente valoración del Juez de amparo, determinar en qué casos y con qué probanzas, el quejoso acredita de manera indiciaria el daño inminente e irreparable que se podría causar con la negativa de la suspensión en términos del artículo 131 de la Ley de Amparo. ...Tal aserto no se contrapone con el criterio sustentado por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de que la afectación al interés jurídico, debe probarse fehacientemente y no con base en presunciones; sin embargo, no debe pasarse por alto que tal exigencia se refiere al juicio de amparo (fondo del asunto) y no a la suspensión provisional de los actos reclamados, en cuyo supuesto -como se advierte en los casos sobre los que se ha pronunciado este órgano de control constitucional-, se ha permitido que el quejoso demuestre indiciariamente que los actos que pretende reclamar lo agravian. En la inteligencia de que tal demostración indiciaria, implicará que se tome como base un hecho, circunstancia o documento, cierto y conocido por virtud del cual, realizando una deducción lógica, el juzgador de amparo pueda presumir válidamente que quien solicita la medida cautelar, resultará agraviado, además de que se pueda inferir que efectivamente la ejecución de los actos reclamados le causarán perjuicios de difícil reparación para el quejoso, derivado de su especial situación frente al orden jurídico, lo que implicará, necesariamente, se insiste, la valoración que haga el juzgador en cada caso concreto, de los elementos probatorios que hubiere allegado la parte quejosa. Consecuentemente, y en congruencia con el criterio de este órgano constitucional, relativo a que para decidir sobre la procedencia o no de la suspensión provisional, en términos del artículo 128, fracción I, de la Ley de Amparo, basta que el quejoso demuestre indiciariamente el interés suspensional que le asiste para obtener dicha medida cautelar; se arriba a la convicción de que, tratándose de la suspensión provisional de los actos reclamados cuando el quejoso que la solicita aduce tener un interés legítimo en términos del artículo 131 de la Ley de la Ley de Amparo, será suficiente que el daño inminente e irreparable a su pretensión, en caso de que se le niegue, se acredite de manera indiciaria. ..Dicho en otras palabras, si en la demanda de amparo la parte quejosa aduce tener un interés legítimo, bastará que solicite la medida cautelar y demuestre al menos, indiciariamente, que el acto reclamado le causa un daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se le niegue la suspensión y el interés social que justifique su otorgamiento, quedando a cargo del juzgador, en todo caso, la valoración de los elementos de prueba que hubiere exhibido la parte quejosa, los cuales lo lleven a inferir si efectivamente la ejecución de los actos reclamados, de negarse la suspensión, le causará perjuicios de difícil reparación al impetrante". (Sic). En efecto sin soslayar el tema analizado por el Alto Tribunal, en la ejecutoria sintetizada se deduce que, queda a la prudente valoración del Juez de amparo, determinar en qué casos y con qué probanzas, el quejoso acredita de manera indiciaria el daño inminente e irreparable que se podría causar con la negativa de la suspensión en términos del artículo 131 de la Ley de Amparo y que tal demostración indiciaria, implicará que se tome como base un hecho, circunstancia o documento, cierto y conocido por virtud del cual, realizando una deducción lógica, el juzgador de amparo pueda presumir válidamente que quien solicita la medida cautelar, resultará agraviado, además de que podrá inferir que efectivamente la ejecución de los actos reclamados le causarán perjuicios, pero sin que proceda hacer conjeturas sobre la improbable realización de los actos que el quejoso da por hecho se pretenden ejecutar en su contra. A partir de esas bases, este resolutor considera que, en el caso, los solicitantes de la suspensión no acreditan, ni aún en forma indiciaria, el daño inminente e irreparable que se podría causar con la negativa de la suspensión en términos del artículo 131 de la Ley de Amparo, pues piden la medida provisional en los siguientes términos: "Así pues, con fundamento en los artículos 125, 128, 130, 131 y 147 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se solicita a Usted Juez de Distrito, tenga a bien otorgar la suspensión provisional y en el momento procesal oportuno la definitiva de los actos y/u omisiones que deparen perjuicio a los suscritos, al medio ambiente, al ecosistema en general de la acequia madre denominada "********************" y que derivan de los actos reclamados, para el efecto de que: a) La autoridad responsable Comisión Nacional y/u Organismo de la Cuenca "Río Bravo, dependiente de la Comisión Nacional del Agua y/o Asociación de Usuarios de la Primera Unidad, Módulo Uno, del Distrito de Riego 009, Valle de Juárez, Asociación Civil, en el ámbito de sus atribuciones, realice el mantenimiento adecuado, es decir la correcta y puntual limpieza de este distrito de riego y/o todas las medidas necesarias para prevenir y/o reintegrar a las aguas a las condiciones necesarias. Lo anterior en virtud de que el derecho humano a un medio ambiente sano está estrechamente ligado a múltiples derechos, como los relativos a la vida, a la salud, el agua, etc., mismos que se están viendo afectados por la omisión de la autoridad responsable en dar el debido mantenimiento a la referida acequia". Así, como se adelantó, respecto de los efectos y consecuencias de los actos reclamados, debe negarse la suspensión provisional solicitada, en virtud de que la parte quejosa no acredita, de manera indiciaria, el daño inminente e irreparable de los actos reclamados, ya que dicha inminencia o irreparabilidad, no se colma con el simple hecho de que ocurra en acción de amparo, por su propio derecho, con copia de una serie fotográfica, prueba que resulta insuficiente, para acreditar de manera indiciaria el daño inminente e irreparable que dicen les ocasiona la "contaminación" de la ********************, a los comparecientes, a las áreas verdes que se encuentran en el parque que refiere en su escrito inicial de demanda o a la sociedad en general. No obstante, debe prevalecer la circunstancia relativa a que el artículo 131 de la Ley de Amparo establece, en su segundo párrafo, que en ningún caso el otorgamiento de la medida cautelar podrá tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquéllos que no haya tenido la parte quejosa antes de la presentación de la demanda; de ahí que, en el presente caso, debe negarse la suspensión provisional solicitada. En ese contexto, si los quejosos aducen que los actos omisivos reclamados, les producen una afectación a la esfera de sus derechos fundamentales por ser "usuarios y beneficiarios de los servicios ambientales que presta el ecosistema, en específico de un parque público ubicado en la avenida ******************** y calle ********************, también conocido como Mini Corredor ******************** y/o Parque "********************", entonces, deben acreditar con material probatorio idóneo los daños que dice la omisión reclamada a las autoridades responsables les ocasiona. Sólo a partir de ello, el juzgador de amparo podrá normar su arbitrio judicial y definir si los impetrantes de amparo resienten daño o daños en el entorno del parque citado con motivo de la "contaminación" del agua de la ******************** y, en su caso, las posibles consecuencias directas e inmediatas en su esfera de derechos fundamentales. En tales condiciones, quedará a la prudente valoración del Juez de amparo determinar en qué casos y con qué probanzas el quejoso acredita de manera indiciaria el daño inminente e irreparable que se podría causar con la negativa de la suspensión conforme al segundo párrafo del artículo 131 de la Ley de Amparo, que no puede concebirse de otra manera, sino la que dispone el propio numeral, es decir, se trata de una hipótesis prevista en favor del quejoso que solicita la medida cautelar, aduciendo contar con un interés legítimo, y que en el evento de resultar procedente su concesión, en ningún caso "podrá tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquellos que no haya tenido el quejoso antes de la presentación de la demanda"; no así en relación con un tercero que pudiera verse afectado con ese otorgamiento. En diverso orden, de conformidad con el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones que correspondan en el presente incidente (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico).

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