Carlos Alberto Pizeno Reyes
Expediente 142/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 20 actuaciones registradas, la última del 28 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 142/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 28/08/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Carlos Alberto Pizeno Reyes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
II-Agréguese únicamente como antecedente el oficio de cuenta, a través del cual, la Administradora de Operación de Padrones "3" del Servicio de Administración Tributaria, con sede en la Ciudad de México, informa sobre el requerimiento inherente a los registros de las morales terceras interesadas "GEEP" S.A. de C.V.; "MEGACABLE" S.A. de C.V. y "COMERCIALZIADORA PEPSICO" S.A. de C.V.; lo anterior, en razón de que mediante proveído de nueve de agosto actual, se ordenó el archivo del presente expediente como asunto concluido. NOTIFÍQUESE.
- Principal
II-Del estado procesal de autos se desprende que, el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, ha transcurrido, sin que la parte legitimada hubiese recurrido el proveído de diecinueve de julio de dos mil dieciocho, dictado en el presente juicio de amparo, tal como se advierte del inciso a) de la cuenta secretarial. Consecuentemente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de la invocada legislación, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución, de la que existió oposición por la parte quejosa para la publicación de sus datos personales al no haber realizado manifestación alguna sobre el requerimiento que le fue formulado en el auto admisorio, en el sentido de si se encontraba de acuerdo en que se publicaran sus datos personales y que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, HA QUEDADO FIRME; sin que en el caso, por su naturaleza, amerite actos de ejecución; lo anterior, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificado este acuerdo, sin necesidad de nuevo proveído, archívense las actuaciones como asunto concluido; acuérdese lo conducente en el incidente de suspensión respectivo. De conformidad con el punto cuarto del capítulo segundo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y acorde con el punto vigésimo primero, fracción II, del capítulo quinto del mencionado acuerdo, así como del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por dicha Suprema Corte de Justicia de la Nación, "Diciembre 2012", se estima que el expediente en que se actúa es de aquellos susceptibles de destrucción, transcurridos más de cinco años, contados a partir de la notificación de la presente determinación, en razón de que la respectiva sentencia únicamente sobreseyó fuera de audiencia en el juicio, cuyo expediente no contiene información reservada, ni se considera de relevancia documental que amerite su conservación. Finalmente, mediante oficio, devuélvanse los discos compactos derivados de la causa penal 36/2018, de donde deriva el acto reclamado, al Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral Región Uruapan, que remitió durante la secuela procesal del juicio; lo anterior, en razón de que resulta innecesaria su conservación. NOTIFÍQUESE; mediante oficio a las autoridades responsables.
- Incidental
II-En proveído de esta fecha, dictado en el juicio principal del que deriva el presente incidente de suspensión, se ordenó el archivo del expediente como asunto concluido, como se advierte del inciso a) de la cuenta secretarial. Por tanto, de conformidad con el punto vigésimo, fracción III, del capítulo quinto del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, en su momento y una vez transcurridos más de seis meses, contados a partir de la notificación de la presente determinación, destrúyase el duplicado de los cuadernillos del incidente en que se actúa. Asimismo, de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción III, primer párrafo, del citado capítulo, acuerdo y Manual Para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación "Diciembre 2012", se estima que el original del incidente en que se actúa es susceptible de depuración, una vez transcurridos más de cinco años, contados a partir de la notificación del presente acuerdo, lo que significa que únicamente se conservará el proveído y la resolución en que se concedió a la parte quejosa la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados. NOTIFÍQUESE.
- Principal
II-Agréguense el oficio con anexos de cuenta, signado por la autoridad responsable Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral Región Uruapan, por medio del cual, en atención a la solicitud formulada en auto de doce de julio de la presente anualidad, informa que en la causa penal 36/2018, el catorce de julio del año en curso, dictó auto de no vinculación a proceso a favor del aquí quejoso Carlos Alberto Pizeno Reyes, ordenando su inmediata libertad; y, al efecto, remite diversas documentales, así como un disco compacto con el que sustenta la mencionada información. Ahora bien, analizadas las referidas constancias y el disco compacto en comento, se obtiene lo siguiente: Mediante acuerdo de nueve de julio de dos mil dieciocho, se tuvo a la Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Litigación de la Fiscalía de Atención Especializada a Delitos de Alto Impacto, con sede en Morelia, Michoacán, solicitando audiencia de formulación de imputación contra Carlos Alberto Pizeno Reyes, en cumplimiento a la orden de aprehensión ejecutada el ocho de julio de dos mil dieciocho, dentro de la causa penal 36/2018, instruida por los hechos que la ley establece como delitos de robo de vehículo de motor terrestre, daño en las cosas y sabotaje, en agravio de las personas morales "GEPP" S.A. de C.V., "MEGACABLE" S.A. de C.V., "LAS CERVEZAS MODELO EN MICHOACÁN" S.A. de C.V., "CONFITERÍA ALEGRO" S. de R.L. de C.V., ahora "GRUPO SABRITAS" S de R.L. de C.V., "COMERCIALIZADORA PEPSICO" S. de R.L. de C.V., así como de la persona física José Luis Maldonado Maldonado y la Sociedad, respectivamente. Consecuentemente, se fijaron las quince horas del nueve de julio de la presente anualidad, para el desahogo de la audiencia de formulación de imputación (audiencia inicial) en la que se resolvería la situación jurídica del imputado, aquí quejoso. Mediante acta de audiencia levantada en esa fecha, entre otras cosas, el imputado Carlos Alberto Pizeno Reyes, se reservó su derecho a declarar, solicitando la duplicidad del plazo constitucional, por lo tanto, la mencionada audiencia se aplazó para las nueve horas con treinta minutos del trece de julio siguiente. Así, el trece de julio de dos mil dieciocho, la Fiscalía formuló imputación en contra del citado Pizeno Reyes y éste rindió su declaración; sin embargo, se determinó diferir de nueva cuenta la audiencia inicial, fijándose las once horas del catorce de julio de dos mil dieciocho, para su verificativo. En el desarrollo de la audiencia se resolvió la situación jurídica del aquí quejoso Carlos Alberto Pizeno Reyes, determinándose no vincularlo a proceso, por considerar que no se advirtieron datos que permitieran suponer que participó en los hechos imputados por la Fiscalía, ni datos que permitieran corroborar que esta persona estuvo presente cuando se cometieron los ilícitos; por tanto, se decretó su inmediata libertad. En otro contexto, del estado procesal de autos, se desprende que el quejoso señaló como autoridades y actos reclamados, los siguientes: ORDENADORAS: Juez de Control de Garantías del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral Región Uruapan. Juez de Control de Garantías del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral Región Uruapan. Agente Primero del Ministerio Público de la Unidad de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Uruapan (autoridad inexistente). Agente Segundo del Ministerio Público de la Unidad de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Uruapan (autoridad inexistente). Agente Tercero del Ministerio Público de la Unidad de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Uruapan (autoridad inexistente). Agente Cuarto del Ministerio Público de la Unidad de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Uruapan (autoridad inexistente). Agente Quinto del Ministerio Público de la Unidad de Carpetas de Investigación de la Fiscalía Regional de Uruapan (autoridad inexistente). Agente Primero del Ministerio Público de la Unidad de Atención Temprana de la Fiscalía Regional de Uruapan (autoridad inexistente). Agente Segundo del Ministerio Público de la Unidad de Atención Temprana de la Fiscalía Regional de Uruapan (autoridad inexistente). Agente Tercero del Ministerio Público de la Unidad de Atención Temprana de la Fiscalía Regional de Uruapan (autoridad inexistente). Agente Cuarto del Ministerio Público de la Unidad de Atención Temprana de la Fiscalía Regional de Uruapan (autoridad inexistente). Agente Quinto del Ministerio Público de la Unidad de Atención Temprana de la Fiscalía Regional de Uruapan (autoridad inexistente). Residentes en esta ciudad. EJECUTORAS: Director de Investigación y Análisis Criminal adscrito a la Fiscalía Regional de Uruapan. Subdirector de Investigación y Análisis Criminal adscrito a la Fiscalía Regional de Uruapan (autoridad inexistente). Encargado de la Sección de Aprehensiones de la Fiscalía Regional de Uruapan. Encargado de las Órdenes de Aprehensión, Presentación y/o Localización de la Policía Ministerial del Estado adscrito a la Fiscalía Regional de Uruapan (autoridad inexistente). Con sede en esta ciudad. De quienes reclamó: La orden de aprehensión, presentación y/o localización girada respecto de su persona. La ejecución que se pretende llevar a cabo de dicha orden. Ahora bien, el Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral Región Uruapan, Michoacán -en su denominación correcta-, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado, al manifestar que el doce de marzo de dos mil dieciocho, se libró orden de aprehensión contra el aquí quejoso Carlos Alberto Pizeno Reyes, dentro de la causa penal 36/2018, por su probable responsabilidad en la comisión de los delitos de robo de vehículo de motor terrestre, daño en las cosas y sabotaje en agravio de las personas morales "GEPP" S.A. de C.V., "MEGACABLE" S.A. de C.V., "LAS CERVEZAS MODELO EN MICHOACÁN" S.A. de C.V., "CONFITERÍA ALEGRO" S. de R.L. de C.V., ahora "GRUPO SABRITAS" S de R.L. de C.V., "COMERCIALIZADORA PEPSICO" S. de R.L. de C.V., así como de la persona física José Luis Maldonado Maldonado y la Sociedad, respectivamente (folio 67). Por su parte, las diversas responsables Director de Investigación y Análisis, así como el Agente de la Policía Ministerial Encargado del Área de Aprehensiones, ambos de la Fiscalía Regional de Uruapan, Michoacán, en sus denominaciones correctas, al rendir su informe justificado negaron la existencia de los actos reclamados (fojas 62 y 64). Sin embargo, al tener la calidad de autoridad ejecutora, lo procedente es presumir cierto el acto que se les reclama relativo a la ejecución de la orden de aprehensión en comento, para los efectos legales a que haya lugar. Sentado lo anterior, se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, primer párrafo, de la Ley de Amparo, que textualmente establece: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica." Lo anterior, en razón de que se configura un cambio de situación jurídica sobre la persona del quejoso al haberse ejecutado en su contra la orden de aprehensión que reclamó en su escrito inicial de demanda. De conformidad con lo dispuesto en la referida porción normativa, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los siguientes supuestos: a) El acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial o de uno administrativo seguido en forma de juicio; b) Con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba la parte quejosa, por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) No pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) Exista autonomía e independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. De ahí que, si durante la tramitación de un juicio de garantías concurren los anteriores requisitos, el juicio de amparo resulta improcedente y, por tanto, deberá sobreseerse. Como se precisó en párrafos precedentes, el juez de Control responsable aceptó haber librado una orden de aprehensión en contra el quejoso el doce de marzo de dos mil dieciocho, dentro de la causa penal 36/2018, por los delitos de robo de vehículo de motor terrestre, daño en las cosas y sabotaje en agravio de las personas morales "GEPP" S.A. de C.V., "MEGACABLE" S.A. de C.V., "LAS CERVEZAS MODELO EN MICHOACÁN" S.A. de C.V., "CONFITERÍA ALEGRO" S. de R.L. de C.V., ahora "GRUPO SABRITAS" S. de R.L. de C.V., "COMERCIALIZADORA PEPSICO" S. de R.L. de C.V., así como de la persona física José Luis Maldonado Maldonado y la Sociedad, respectivamente. No obstante, se desprende que ese mandamiento de captura fue ejecutado materialmente el ocho de julio de la presente anualidad y como consecuencia de ello, la Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Litigación de la Fiscalía de Atención Especializada a Delitos de Alto Impacto, con sede en Morelia, Michoacán, solicitó audiencia para formular la respectiva imputación contra Carlos Alberto Pizeno Reyes -aquí quejoso-, la cual, luego de diferirse en dos ocasiones, concluyó a las trece horas con cincuenta y seis minutos del catorce de julio del año en curso, en donde se dictó auto de no vinculación a proceso, por considerar que no se advirtieron indicios que permitieran suponer que participó en los hechos imputados por la Fiscalía, ni datos que permitieran corroborar que el quejoso estuvo presente cuando se cometieron los ilícitos; por tanto, se decretó su inmediata libertad, quedando a salvo los derechos de la Fiscalía para ejercer lo que estime pertinente en relación con la investigación de los hechos atribuidos al quejoso. Con lo anterior, se puede concluir que se encuentran satisfechos los requisitos previstos en la fracción XVII, del numeral 61, de la Ley de Amparo, en razón de que: a) El acto reclamado en el juicio de amparo emana de la causa penal 36/2018, del índice del Juez de Control y Enjuiciamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral Región Uruapan, Michoacán; b) Con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo (veinte de marzo de dos mil dieciocho), se ejecutó la orden de aprehensión reclamada (ocho de julio de dos mil dieciocho), no obstante, se determinó no vincularlo a proceso y dejarlo en libertad (catorce de julio de dos mil dieciocho); c) No puede decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado, en razón de que ha sido ejecutado, y por ende, se consideran consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) Existe autonomía e independencia entre la orden de aprehensión reclamada y la nueva resolución de catorce de julio de dos mil dieciocho, donde no se vinculó a proceso al quejoso y se ordenó su libertad, dejando a salvo los derechos de la Fiscalía para ejercer lo que estime pertinente en relación con la investigación de los hechos que se le atribuyeron, de modo que esta última determinación subsiste, con independencia de que el acto materia de este juicio de amparo (orden de aprehensión) resulte o no inconstitucional. Por tanto, al actualizarse la hipótesis contenida en el artículo 61, fracción XVII, en relación con el diverso 63, fracción V, de la Ley de Amparo, por el cambio de situación jurídica del quejoso, SE SOBRESEE en este juicio fuera de audiencia. Tiene sustento a lo anterior, la tesis siguiente: Tesis: 1a./J. 95/2007 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 171841 1 de 1 Primera Sala Tomo XXVI, Agosto de 2007 Pag. 50 Jurisprudencia(Penal) CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA ESA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTIÓ EN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y CON POSTERIORIDAD SE ACREDITA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DICTÓ AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS O MÉRITOS PARA PROCESAR. Si en el juicio de amparo en que se reclama la orden de aprehensión prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se acredita que posteriormente el órgano jurisdiccional dictó auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, por cambio de la situación jurídica del inculpado, en virtud de que la detención motivada por dicha orden se sustituye jurídica y procesalmente por el indicado auto, quedando tanto su nueva situación como el asunto, supeditados a las facultades que los artículos 21 y 102 constitucionales le confieren al Agente del Ministerio Público dentro de la averiguación previa, y no a las del órgano jurisdiccional. Así, dicho cambio de situación jurídica hace que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones atribuidas a la orden de aprehensión y, por ende, no puede analizarse su constitucionalidad sin afectar el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, pues en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad de aquélla para dejarla sin efectos, se soslayaría la nueva situación jurídica del quejoso. Además, en el caso no se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley citada, ya que el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar no pone fin al proceso penal, pues conforme al artículo 167 del Código Federal de Procedimientos Penales el Ministerio Público puede allegarse de datos nuevos y suficientes para proceder contra el inculpado y reanudar el proceso en su contra, de manera que si los efectos de la orden de aprehensión reclamada en el juicio de amparo no son destruidos en forma total e incondicional, no opera la causa de improcedencia por cesación de efectos. Comuníquese la presente determinación a las partes y háganse las anotaciones que correspondan en el libro de gobierno. Déjese sin efecto legal alguno la fecha y hora programadas para la celebración de la audiencia constitucional, fijada para las nueve horas con cuarenta minutos del nueve de agosto del presente año. No pasa inadvertido que no se cuenta con el emplazamiento de las morales terceras interesadas "GEPP" S.A. de C.V., "MEGACABLE" S.A. de C.V. y "COMERCIALIZADORA PEPSICO" S. de R.L. de C.V., en cuanto víctimas directas de los delitos materia de la causa penal 36/2018, de donde emanan los actos reclamados, sin embargo, al decretarse el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, no se causa ningún perjuicio o agravio en su contra. Lo anterior, encuentra sustento, en lo conducente, en la tesis siguiente: Tesis: Semanario Judicial de la Federación Octava Época 211430 1 de 1 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XIV, Julio de 1994 Pag. 575 Tesis Aislada(Común) EMPLAZAMIENTO, FALTA DE. REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO IMPROCEDENTE CUANDO SE SOBRESEE EN EL JUICIO. La finalidad perseguida por el artículo 91, en su fracción IV, de la Ley de Amparo, de reponer el procedimiento al advertirse que en forma indebida no fue oída alguna de las partes que tuviera derecho de intervenir conforme a la ley, como lo es el tercero perjudicado, debe entenderse en el sentido de que en un juicio constitucional no queden firmes las irregularidades procesales que pudieran lesionar los intereses de alguna de las partes, lo que no sucedería en el caso de sobreseimiento decretado por el juez federal pues no perjudica a dicho tercero y, por ende, no puede producirle beneficio alguno la reposición del procedimiento. NOTIFÍQUESE; personalmente a las partes y por oficio a las autoridades responsables.
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