Carlos Alberto Pérez León
Expediente 632/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tabasco. 1 actuación registrada, la última del 24 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 632/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 24/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Carlos Alberto Pérez León
Actuaciones
- Principal
Villahermosa, Tabasco, veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés. Visto, con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su segundo numeral, se tiene por recibido y se ordena agregar a los presentes autos el escrito signado por Francisco Javier Méndez Pérez, autorizado en términos amplios de la parte quejosa, por medio del cual solicita que (i) se requiera al Titular y al Pleno de las autoridades responsables la remisión de las constancias con las que acredite el cumplimiento de la sentencia de amparo, y (ii) se inicie el incidente de inejecución de sentencia, en virtud que la autoridad responsable no ha dado cumplimiento a la sentencia emitida en el presente juicio. Respecto a su primera solicitud, dígase al promovente que por acuerdo de veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, de conformidad con el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requirió a las autoridades responsables para que, dentro del término de tres días hábiles siguientes al que fueran notificadas cumplieran la ejecutoria de amparo, la cual se concedió para los efectos siguientes: 1. Indemnicen al quejoso, con el pago de tres meses de su sueldo y veinte días por cada año laborando (desde el momento en que inició la relación administrativa hasta el tres de septiembre de dos mil veintiuno, fecha en que se separó injustificadamente al servidor público de su cargo). 2. Cubran al quejoso la remuneración diaria ordinaria, así como los beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que percibía el servidor público por la prestación de sus servicios, y que quede demostrado en autos, incluidas las aportaciones de seguridad social. Lo anterior tomando en consideración el contenido de lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Tabasco aplicable, que establece el cómputo de las prestaciones que corresponden a los miembros de las instituciones policiales, desde la fecha de su separación, baja o remoción, hasta por un periodo máximo de doce meses. 3. Ordene a quien corresponda, que en el expediente personal del quejoso, así como en el Registro Nacional de Seguridad Pública, se lleve a cabo la anotación de que fue separado de su cargo de manera injustificada. 4. Se siga prestando el servicio de atención médica al quejoso y sus derechohabientes, hasta en tanto se pague la indemnización y atendiendo a la legislación aplicable deberá cumplir con la conservación de dichos derechos, dentro del plazo a que se refiera la conservación, el cual transcurrirá a partir de que se haga la liquidación correspondiente. Proveído que aún se encuentra pendiente de hacer de su conocimiento a través de los oficios 7049/2023, 7050/2023, 7051/2023, 7052/2023, 7053/2023 y 7054/2023, puesto que fueron remitidos el día de ayer a las autoridades responsables Presidente Municipal, Director de Seguridad Pública, Director de Seguridad, Director de Administración, Director de Recursos Humanos, Director de Finanzas y Director de Asuntos Jurídicos, todos ellos del Ayuntamiento Constitucional de Huimanguillo, Tabasco, mismas que tienen su domicilio oficial en Huimanguillo, Tabasco. Respecto a su segunda petición, en el sentido de iniciar el incidente de inejecución de sentencia, en virtud que las autoridades responsables no han dado cumplimiento a la sentencia emitida en el presente juicio, dígasele que no ha lugar a acordar favorable su solicitud, atendiendo a lo siguiente: El sistema sancionatorio en la etapa de ejecución de sentencias de amparo, se caracteriza por ser progresivo, esto es, comienza con la imposición de una multa por parte del juzgador de amparo y, en caso de que no se logre vencer la renuencia de la persona multada, entonces la sanción escalará hasta su destitución y consignación ante el Juzgado de Distrito correspondiente por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo. Sin embargo, para dar comienzo al mismo, es necesario que haya transcurrido el término concedido para el cumplimiento a la autoridad en comento, circunstancia que al día de hoy, no se cuenta con la certeza. Lo anterior, pues del estado procesal que guardan los autos, se deprende que el primer requerimiento efectuado a las autoridades responsables se efectuó el seis de marzo de dos mil veintitrés, sin embargo, no ha sido recibido en la oficialía de partes de este juzgado los acuses de notificación respectivos, dado que los mismos fueron remitidos a través del servicio postal mexicano -pues como ya se dijo, su domicilio oficial se encuentra en Huimanguillo, Tabasco-. No obstante, con independencia de ello, y atendiendo que es obligación de todo juzgador velar por el cumplimiento de las ejecutorias, el veintitrés de marzo posterior, fueron requeridas por segunda ocasión las autoridades responsables. Con base en lo expuesto, es evidente que no ha fenecido su término otorgado, por lo que es improcedente la petición del promovente, puesto que este juzgador debe considerar un plazo razonable a fin de realizar el pronunciamiento correspondiente, como ha sido definitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. " de registro digital 2025144, que dispone: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. ENTRE LA IMPOSICIÓN DE LA MULTA A LAS AUTORIDADES OBLIGADAS Y LA APERTURA DEL INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DEBE MEDIAR UN PLAZO RAZONABLE Y NO CONTENERSE EN UNA MISMA DETERMINACIÓN. Hechos: En un juicio de amparo se impuso multa a una autoridad de la Ciudad de México por considerarla renuente al cumplimiento del fallo protector y en el mismo proveído se ordenó la apertura del incidente de inejecución de sentencia. Criterio jurídico: Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo y esperar un plazo razonable para que cumplan con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Por lo anterior, no es posible que en el mismo auto en el que se multe a la autoridad también se inicie el incidente de inejecución, sino que entre la imposición de la sanción y el inicio de la incidencia debe mediar un plazo razonable. Justificación: La disposición en el sentido de esperar un plazo razonable entre la imposición de la multa y la apertura del incidente de inejecución obedece a que con la imposición de la medida de apremio se intenta vencer la renuencia del servidor público que se considera que ha obstaculizado la ejecución del fallo protector. El sistema sancionatorio en la ejecución de sentencias de amparo es progresivo, pues inicia con la imposición de multa por parte de la persona juzgadora de amparo y si a pesar de ello no se logra vencer la renuencia de la persona multada, la sanción escala hasta su destitución y consignación ante el Juzgado de Distrito correspondiente por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo." Lo anterior dado que el artículo 192 de la Ley de Amparo, establece que una de las tres excepciones al plazo de tres días -que de manera general se prevé para el cumplimiento- consiste en que si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso. De ahí que se esté a la espera de [1] la contestación por parte de las autoridades responsables, o [2] la recepción de los acuses de recibos de los oficios por los cuales se les requirió el cumplimiento; pues a la fecha del primer requerimiento a día de hoy, solo han transcurrido doce días hábiles, sin que se cuente con los acuses respectivos (piezas postales), puesto que las responsables tienen su domicilio oficial en el Municipio de Huimanguillo, Tabasco, es decir, fuera de la ciudad de Villahermosa, en la que se encuentra ubicado este Juzgado. Consideraciones que encuentra sustento en la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con Registro De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." Por tanto, una vez que fenezca el plazo otorgado a las referidas responsables este juzgador acordará lo que en derecho corresponda, atendiendo el procedimiento previsto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, puesto que la ejecución de las sentencias son de orden público, dado que objetivo es restituir al quejoso en el pleno goce del derecho vulnerado con motivo del acto declarado inconstitucional.
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