Carlos Alberto Perea Orta

Expediente 505/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
505/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
06/07/2021

Partes del expediente

  • Carlos Alberto Perea Orta

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se declara que el acuerdo por el cual se desechó la demanda de amparo ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Archívese como asunto concluido. Notifíquese.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintitrés de junio de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo recibida en línea, al parecer promovida por **********, en representación de ********** contra actos de la 1. Subsecretaría de Sistema Penitenciario de la Ciudad de México y otras autoridades. Fórmese expediente. Regístrese con el número 505/2021-V. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESECHAMIENTO. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar el escrito de demanda. De encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia deberá desecharla de plano. Congruente con ello, de la debida imposición del indicado ocurso se advierte que en el caso se actualiza la causa de improcedencia que resulta de relacionar el artículo 61, fracción XXIII con los diversos 5°, fracción I, y 6° de la Ley de Amparo. El juicio de amparo se rige por el principio de instancia de parte agraviada. Es decir, resulta necesaria la voluntad del particular que resienta una afectación en su esfera de derechos por el acto de autoridad, la cual se manifiesta cuando el particular insta al órgano jurisdiccional para que conozca de la contienda constitucional presentando la demanda de amparo con firma autógrafa o electrónica (cuando es presentada en línea), pues sin ella equivale a un simple papel sin voluntad de la parte quejosa que no obliga al órgano jurisdiccional a realizar acto procesal alguno tendiente a darle curso legal. Tal ausencia no puede considerarse una deficiencia que pueda ser corregida, sino que constituye la carencia total de la expresión de la voluntad del ocursante de intentar esta vía. Por lo que, si se otorgara un término para subsanar esa formalidad, autorizaría la práctica de presentar demandas oportunas sin firma, subsanando la omisión de la voluntad de promover, con grave daño de la seguridad jurídica. Sin que pase inadvertido la demanda de amparo de cuenta se presentó invocando como fundamento los artículos 15 y 22 de la Ley de Amparo -supuestos de excepción al requisito de firma electrónica-. Incluso, se solicita la suspensión de plano en términos de los numerales 126 y 127 del ordenamiento legal citado. Empero, de la narrativa del ocurso constitucional se advierte evidentemente ello lo hace derivar ante la posible existencia y consecuente ejecución de una orden de traslado, lo cual resultaría en una actuación futura e incierta y -a decir de la supuesta promovente- dicha incertidumbre o "zozobra" es una especie de "tormento" que actualiza las hipótesis de los numerales invocados en el párrafo precedente. Percepción última desde luego no está contemplada como los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional. Precepto que prohíbe expresamente cualquier acción de autoridad y relacionado con el amparo obliga actuar de inmediato ante su existencia. De lo contrario bastaría que en cualquier demanda se mencionara que un acto, sea cual fuere, provoque zozobra en el quejoso para estimar -como se propone- que se ocasiona tormento. Lo que desde luego no es la intención del legislador, ni debe ser interpretado de esta manera por los órganos jurisdiccionales. Asimismo, lo reclamado no encuadra en los actos previstos por el artículo 48, fracción IX, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Básicamente señala como asuntos urgentes en las demandas de amparo los reproducidos en el precepto 15 de la Ley mencionada en el párrafo anterior, más la falta de atención médica especializada de las personas privadas de su libertad en un centro de reclusión. Al respecto, no se está en las hipótesis contenidas en los preceptos 126 y 127 de la Ley de Amparo -suspensión de plano- pues de la narrativa del ocurso en cuestión tampoco se advierte el impetrante esté sujeto actualmente a alguno de los actos prohibidos por el numeral 22 Constitucional, esté incomunicado o sujeto a un procedimiento de extradición. En consecuencia, se desecha de plano la demanda de cuenta, por manifiesta y notoria improcedencia, pues se presentó sin firma electrónica por parte de la peticionaria de amparo. Ello de conformidad con lo establecido por el precepto 113, en relación con los artículos 5°, fracción I, 6° y 61, fracción XXIII del cuerpo de leyes en cita en líneas precedentes. Sin que sea ocioso decir que, de considerarlo, la peticionaria de amparo tiene expeditos sus derechos para promover diversa demanda de amparo debidamente requisitada -obre la firma electrónica o bien, la presente físicamente en la Oficina de Correspondencia Común-. No obstante ello y en aras del principio de exhaustividad, es dable exponer a la promovente que, a pesar de sus diversas manifestaciones tendientes a considerar la demanda de amparo resulta admisible por reclamar un eventual traslado en contra de una persona privada de su libertad sujeta a un proceso, sin señalar como autoridad responsable al juez y únicamente a autoridades de carácter administrativo. Lo cierto es que el juicio de amparo solo es procedente una vez agotadas las instancias ordinarias respectivas. La hipótesis de improcedencia en este caso se encuentra regulada en el artículo 61, fracción XX, de la ley de Amparo. Notifíquese por lista.

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