Carlos Alberto Peralta Montes
Expediente 602/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 15 de julio de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 602/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 15/07/2015
Partes del expediente
- Carlos Alberto Peralta Montes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, quince de julio de dos mil quince. Visto el estado procesal que guardan los autos se advierte que por resolución de diez de noviembre de dos mil catorce (fojas 33 a 45), éste órgano jurisdiccional determinó conceder el amparo y protección de la Justicia federal a Carlos Alberto Peralta Montes. Inconforme con dicha determinación el Coordinador General Jurídico de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Puebla interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia dictada, misma que fue confirmada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, en la que determinó conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa (fojas 117 a 155), para lo cual determinó que el Coordinador General Jurídico de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Puebla debía realizar lo siguiente "I. Dejar insubsistente la determinación CGJ-341/2014 de nueve de abril de dos mil catorce, pronunciada dentro del recurso de revocación 56/2014; II. En su lugar, emitir otra en la que, siguiendo los lineamientos precisados en la presente ejecutoria, declare fundado el recurso de revocación interpuesto por el servidor público, aquí quejoso. III. En el supuesto de que el quejoso no haya sido separado del cargo, continúe prestando el servicio que desempeñaba. En el entendido que si, a la fecha de notificación de la presente ejecutoria, el quejoso, con motivo del acto reclamado, ya fue separado del cargo que desempeñaba, la autoridad responsable, Coordinador General Jurídico de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado, sólo estará obligada a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tiene derecho, es decir, la remuneración diaria ordinaria, así como los beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que percibía el servidor público por la prestación de sus servicios, desde que se concretó su separación, y hasta que se realicen los pagos correspondientes. En ese entendido, por oficio recibido el veintiséis de junio de dos mil quince, se tuvo al Coordinador General Jurídico de la Secretaría de la contraloría del Estado de Puebla informando el cumplimiento dado a la ejecutoria emitida en el presente sumario, para lo cual remitió copia certificada de la resolución CGJ-441/2015, dictada en el recurso de revocación 56/2014, de la que se advierten los siguientes puntos resolutivos "PRIMERO.-Al no haberse ejecutado la sanción de destitución impuesta al recurrente, y al continuar prestando el servicio que desempeñaba, se REVOCA la resolución de fecha diecisiete de diciembre del año dos mil trece emitida por la Delegada de la Secretaría de la Contraloría en el Sector Seguridad Pública y Procuraduría General de Justicia del Estado y se le impone al C. CARLOS ALBERTO PERALTA MONTES una multa de DOS días de salario mínimo vigente por los argumentos señalados en la parte considerativa. SEGUNO.- En consecuencia, una vez que cause ejecutoria la presente resolución, para la ejecución de la sanción administrativa impuesta procédase a dictar los proveídos necesarios. TERCERO. Remítase a la Delegación de la Secretaría de la Contraloría en la Secretaría de Seguridad Pública, el expediente administrativo número 39/2013 de los de la Delegación a su cargo, para los fines legales correspondientes. CUARTO. Notifíquese el presente fallo al servidor público a quien se siguió procedimiento administrativo y a la Delegada de la Contraloría en la Secretaría de Seguridad Pública y Procuraduría General de Justicia. QUINTO. En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido." Consecuentemente, mediante proveído de treinta de junio de dos mil quince (foja 181), se dio vista a la parte quejosa con tales documentos, para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obraran en el expediente y datos aportados por la autoridad responsable. Tal acuerdo se notificó a la parte quejosa el seis de julio siguiente (foja 187), sin que hasta esta fecha obre constancia alguna de su cumplimiento. Por consiguiente, se hace efectivo el apercibimiento conminado, y este órgano jurisdiccional procede a resolver, de oficio, si de acuerdo a las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Así, del examen de las documentales exhibidas por la responsable, las que de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, tienen pleno valor probatorio, mismas que fueron descritas al inicio de este proveído, se desprende que se colma la garantía de legalidad por cuya infracción se concedió el amparo, en virtud de que, tal como se le requirió al Coordinador General Jurídico de la Secretaría de la contraloría del Estado de Puebla, por oficio recibido el veintiséis de junio de dos mil quince remitió copia certificada de la resolución CGJ-441/2015, dictada en el recurso de revocación 56/2014, de la que se advierte que revocó la resolución de fecha diecisiete de diciembre del año dos mil trece emitida por la Delegada de la Secretaría de la Contraloría en el Sector Seguridad Pública y Procuraduría General de Justicia del Estado, y determinó que al no haberse ejecutado la sanción de destitución impuesta a Carlos Alberto Peralta Montes, aquí quejoso, toda vez que continua prestando el servicio que desempeñaba, únicamente le impuso una multa de dos días de salario mínimo vigente, al considerarlo administrativamente responsable de la omisión en que incurrió, al no haber rendido su declaración de situación patrimonial, según lo establece el artículo 50, fracción XVIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. En las relatadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafos segundo y cuarto de la nueva ley de amparo se tiene por cumplida la sentencia, y se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido. Háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno, glósese el cuaderno original del incidente de suspensión y archívese este asunto como totalmente concluido. En tales condiciones, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo número 1/2009, del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse el presente asunto de archivo reciente guárdese en este juzgado, y en su oportunidad cuando se trate de archivo medio remítase al Centro Archivístico Judicial de la Casa de la Cultura Jurídica de esta ciudad o depósito documental que corresponda, para su guarda definitiva; archívese por separado el duplicado del incidente de suspensión, para su posterior destrucción en el término de seis meses a partir del presente proveído. Se determina que este asunto no es de relevancia documental. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, quince de julio de dos mil quince. Visto el estado procesal que guardan los autos se advierte que por resolución de diez de noviembre de dos mil catorce (fojas 33 a 45), éste órgano jurisdiccional determinó conceder el amparo y protección de la Justicia federal a Carlos Alberto Peralta Montes. Inconforme con dicha determinación el Coordinador General Jurídico de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Puebla interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia dictada, misma que fue confirmada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, en la que determinó conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa (fojas 117 a 155), para lo cual determinó que el Coordinador General Jurídico de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Puebla debía realizar lo siguiente "I. Dejar insubsistente la determinación CGJ-341/2014 de nueve de abril de dos mil catorce, pronunciada dentro del recurso de revocación 56/2014; II. En su lugar, emitir otra en la que, siguiendo los lineamientos precisados en la presente ejecutoria, declare fundado el recurso de revocación interpuesto por el servidor público, aquí quejoso. III. En el supuesto de que el quejoso no haya sido separado del cargo, continúe prestando el servicio que desempeñaba. En el entendido que si, a la fecha de notificación de la presente ejecutoria, el quejoso, con motivo del acto reclamado, ya fue separado del cargo que desempeñaba, la autoridad responsable, Coordinador General Jurídico de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado, sólo estará obligada a pagar la indemnización y demás prestaciones a que tiene derecho, es decir, la remuneración diaria ordinaria, así como los beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que percibía el servidor público por la prestación de sus servicios, desde que se concretó su separación, y hasta que se realicen los pagos correspondientes. En ese entendido, por oficio recibido el veintiséis de junio de dos mil quince, se tuvo al Coordinador General Jurídico de la Secretaría de la contraloría del Estado de Puebla informando el cumplimiento dado a la ejecutoria emitida en el presente sumario, para lo cual remitió copia certificada de la resolución CGJ-441/2015, dictada en el recurso de revocación 56/2014, de la que se advierten los siguientes puntos resolutivos "PRIMERO.-Al no haberse ejecutado la sanción de destitución impuesta al recurrente, y al continuar prestando el servicio que desempeñaba, se REVOCA la resolución de fecha diecisiete de diciembre del año dos mil trece emitida por la Delegada de la Secretaría de la Contraloría en el Sector Seguridad Pública y Procuraduría General de Justicia del Estado y se le impone al C. CARLOS ALBERTO PERALTA MONTES una multa de DOS días de salario mínimo vigente por los argumentos señalados en la parte considerativa. SEGUNO.- En consecuencia, una vez que cause ejecutoria la presente resolución, para la ejecución de la sanción administrativa impuesta procédase a dictar los proveídos necesarios. TERCERO. Remítase a la Delegación de la Secretaría de la Contraloría en la Secretaría de Seguridad Pública, el expediente administrativo número 39/2013 de los de la Delegación a su cargo, para los fines legales correspondientes. CUARTO. Notifíquese el presente fallo al servidor público a quien se siguió procedimiento administrativo y a la Delegada de la Contraloría en la Secretaría de Seguridad Pública y Procuraduría General de Justicia. QUINTO. En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido." Consecuentemente, mediante proveído de treinta de junio de dos mil quince (foja 181), se dio vista a la parte quejosa con tales documentos, para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obraran en el expediente y datos aportados por la autoridad responsable. Tal acuerdo se notificó a la parte quejosa el seis de julio siguiente (foja 187), sin que hasta esta fecha obre constancia alguna de su cumplimiento. Por consiguiente, se hace efectivo el apercibimiento conminado, y este órgano jurisdiccional procede a resolver, de oficio, si de acuerdo a las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Así, del examen de las documentales exhibidas por la responsable, las que de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, tienen pleno valor probatorio, mismas que fueron descritas al inicio de este proveído, se desprende que se colma la garantía de legalidad por cuya infracción se concedió el amparo, en virtud de que, tal como se le requirió al Coordinador General Jurídico de la Secretaría de la contraloría del Estado de Puebla, por oficio recibido el veintiséis de junio de dos mil quince remitió copia certificada de la resolución CGJ-441/2015, dictada en el recurso de revocación 56/2014, de la que se advierte que revocó la resolución de fecha diecisiete de diciembre del año dos mil trece emitida por la Delegada de la Secretaría de la Contraloría en el Sector Seguridad Pública y Procuraduría General de Justicia del Estado, y determinó que al no haberse ejecutado la sanción de destitución impuesta a Carlos Alberto Peralta Montes, aquí quejoso, toda vez que continua prestando el servicio que desempeñaba, únicamente le impuso una multa de dos días de salario mínimo vigente, al considerarlo administrativamente responsable de la omisión en que incurrió, al no haber rendido su declaración de situación patrimonial, según lo establece el artículo 50, fracción XVIII de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Puebla. En las relatadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafos segundo y cuarto de la nueva ley de amparo se tiene por cumplida la sentencia, y se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido. Háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno, glósese el cuaderno original del incidente de suspensión y archívese este asunto como totalmente concluido. En tales condiciones, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo número 1/2009, del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse el presente asunto de archivo reciente guárdese en este juzgado, y en su oportunidad cuando se trate de archivo medio remítase al Centro Archivístico Judicial de la Casa de la Cultura Jurídica de esta ciudad o depósito documental que corresponda, para su guarda definitiva; archívese por separado el duplicado del incidente de suspensión, para su posterior destrucción en el término de seis meses a partir del presente proveído. Se determina que este asunto no es de relevancia documental. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, uno de julio de dos mil quince. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 192 de la nueva Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario de la Contraloría con residencia en la ciudad de Puebla, visto su contenido, téngasele informando el cumplimiento que ha dado al proveído de veintidós de junio de dos mil quince, ya que en su carácter de superior jerárquico conminó al Coordinador General Jurídico de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Puebla, a fin de que dé cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, treinta de junio de dos mil quince. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 219, 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2°, agréguese a los autos el oficio signado por el Coordinador General Jurídico de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Puebla, con el que informa que ha dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en este juicio, y para tal efecto remite copia certificada de la resolución número CGJ-441/2015 dictada el veinticinco de junio de dos mil quince, dentro del recurso de revocación 56/2015. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo aplicable, con las referidas documentales dése vista a las partes por el término de tres días, computados a partir de la legal notificación de este proveído, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento que de no imponerse sobre el particular, este órgano de control constitucional resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables. Finalmente, se le tiene acusando recibo del recurso de revocación 56/2014 y del expediente administrativo 39/2013, que le fueron remitidos en auto de veintidós de junio de dos mil quince, de lo que toma conocimiento el suscrito para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE A LAS PARTES.
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