Carlos Alberto Peña González y Otros.
Expediente 13/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 13 actuaciones registradas, la última del 18 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 13/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 18/02/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Carlos Alberto Peña González y Otros.
- Carlos Yahir Peña Ornelas
- Alin Celeste Peña Ornelas y Otros.
- Carlos Alberto Peña González
- Juez Tercero de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, de los que se desprende que en proveído de once de junio de dos mil dieciocho, se ordenó el archivo del presente asunto, no obstante se advierte que la autoridad responsable Jueza Tercero de Distrito de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado allegó tres tomos de prueba (foja 136); en consecuencia, devuélvase a la citada autoridad los mismos al resultar innecesaria su retención.
- Principal
Visto el estado actual que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que mediante proveído de quince de mayo de dos mil dieciocho, se dio vista a las partes quejosa y tercero interesada con el cumplimiento que aludió dar la autoridad responsable, a la sentencia de amparo, sin que hayan realizado manifestación alguna al respecto, no obstante haber quedado legalmente notificados del aludido acuerdo, tal como se advierte en autos del juicio en que se actúa; consecuentemente, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el auto de referencia; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado de Distrito procede a determinar si con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. En ese sentido, destaca que el veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, este órgano jurisdiccional dictó sentencia constitucional en el presente juicio, la cual quedó firme mediante proveído de tres de abril de dos mil dieciocho, que tuvo como trascendencia jurídica que la autoridad responsable, realizara lo siguiente: Bajo los lineamientos de la ejecutoria mencionada, la Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial en el Estado, con sede en esta ciudad, informó a través de su oficio 1298, que mediante acuerdo de nueve de abril de dos mil dieciocho, dejó insubsistente el diverso de quince de diciembre de dos mil diecisiete y a su vez determinó la necesidad de llevar a cabo nuevamente los estudios psicológicos a cargo de los menores CARLOS YAHIR, AILIN CELESTE Y ALEXA GUADALUPE de apelativos PEÑA ORNELAS, considerando que las circunstancias personales y de madurez se han modificado desde la fecha en que fueron practicados los diversos estudios realizados por el Centro de Convivencia Familiar (CECOFAM) en catorce de agosto de dos mil trece. Asimismo, atendiendo a los lineamientos establecidos por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1ª/J 12/2017 (10ª), la responsable determinó que, previo a la realización de los estudios psicológicos antes mencionados, fuera practicada a los menores, una entrevista en un lenguaje accesible y amigable, y si así lo solicitaran, fueran acompañados de una persona de su confianza, todo ello a fin de que la citada entrevista establezca si la prueba psicológica que se pretende, causará o no un perjuicio en la salud mental de los menores. En razón a lo anterior el siete de mayo del año en curso, no se tuvo a la responsable dando cumplimiento a la sentencia de amparo, ya que en términos del fallo protector se estableció que tenía que justificar si era necesario someter a los menores a una prueba psicológica, para lo cual debería dilucidar si ya existían pruebas en ese aspecto y, en su defecto, razonar si aún así se requería; empero, la responsable sólo indicó que cambiaron las circunstancias personales y de madurez de los menores, pero sin dilucidas sobre los medios de prueba existentes sobre el tema. Sobre ese contexto, se hizo patente a la responsable, que en la sentencia de amparo se estableció lo siguiente: "En ese sentido, si la Jueza responsable contaba con la facultad de recabar de oficio pruebas, entonces estuvo en aptitud de considerar las copias certificadas en las que obraban los dictámenes periciales de los menores, no para favorecer los intereses de una de las partes y perjudicar a otra, sino para velar por el interés superior de los menores, con la finalidad de analizar si eran necesarios o no nuevos dictámenes en psicología; es decir, si existiendo ya medios de convicción en ese rubro era necesario desahogar nuevamente otros, estableciendo las razones legales que adoptara en uno u otro sentido. Aunado a que, la Jueza responsable tampoco se pronunció en el sentido de si la prueba pericial ordenada en los menores podía implicar o no un daño a su salud mental conforme al caso particular, ya que existen hipótesis que pueden generar un impacto en el menor al volverlo a someter al recuerdo de determinadas situaciones hostiles, como aquellas desagradables que marcaron su vida." En razón a lo anterior, la Jueza Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, informó a este juzgado de Distrito el cumplimiento a la misma, y al efecto remitió copia certificada del proveído dictado el once de mayo de dos mil dieciocho, dejó insubsistente el proveído reclamado y el diverso de nueve de abril del año en curso, justificando que las prueba psicológica a cargo de la menor, ello con base en que si bien existían copias certificadas de dictámenes periciales ante un Agente del Ministerio Público, lo cierto era que no se habían ratificado, por lo que no cumplían con las formalidades, de modo que sólo la autoridad administrativa, por lo cual era necesario su desahogo en la sede jurisdiccional. Por lo antes expuesto, es claro que la autoridad responsable ordenadora ha cumplido la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, restituyéndola en el goce de las garantías individuales violadas; por tanto, háganse las anotaciones en el Libro Uno de Juzgado correspondiente a los juicios de amparo, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y archívese el presente asunto como totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 196, párrafo cuarto y 214 de la Ley de Amparo. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo concedido en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto, por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Luego, se advierte que el original del incidente de suspensión es susceptible de DEPURACIÓN, acorde con el segundo párrafo de la fracción III, del punto vigésimo primero del Acuerdo General relativo, dado que se concedió la suspensión provisional y definitiva solicitada; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el original del cuaderno incidental, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. De igual manera, atento a lo previsto por el punto décimo cuarto del Acuerdo General de trato, en concordancia con la observación contenida en la página 51 de su Manual, deberá también transferirse el cuaderno principal del presente juicio, para que el citado Centro proceda a la destrucción del mismo. Por otro lado, en términos de la fracción III, del punto vigésimo del mencionado Acuerdo General Conjunto, una vez que transcurran seis meses a partir de que se dictó la interlocutoria respectiva, procédase a la DESTRUCCIÓN del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. En la inteligencia de que el original del incidente no deberán glosarse al expediente del juicio principal, en atención a que éste es destruible mientras que el original del incidente es depurable, lo anterior acorde a los lineamientos contenidos en la página 25 del "Manual de Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación" de diciembre de dos mil doce. Asimismo, en cumplimiento al Manual de referencia anótese en el indicado libro de gobierno, esta fecha en que se ordena el archivo; de igual manera, una vez que se realice la depuración o destrucción ordenada, anótese la data en que se practique la diligencia, ya sea que la realice este órgano jurisdiccional, o la que informe al respecto el Centro de Documentación y Análisis, relativo al destino final del presente expediente. Finalmente, devuélvase a la autoridad los tres tomos de pruebas que allegó al presente juicio de amparo, al resultar innecesaria su retención.
- Principal
Visto el estado actual que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que mediante proveído de quince de mayo de dos mil dieciocho, se dio vista a las partes quejosa y tercero interesada con el cumplimiento que aludió dar la autoridad responsable, a la sentencia de amparo, sin que hayan realizado manifestación alguna al respecto, no obstante haber quedado legalmente notificados del aludido acuerdo, tal como se advierte en autos del juicio en que se actúa; consecuentemente, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el auto de referencia; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado de Distrito procede a determinar si con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. En ese sentido, destaca que el veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, este órgano jurisdiccional dictó sentencia constitucional en el presente juicio, la cual quedó firme mediante proveído de tres de abril de dos mil dieciocho, que tuvo como trascendencia jurídica que la autoridad responsable, realizara lo siguiente: Bajo los lineamientos de la ejecutoria mencionada, la Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial en el Estado, con sede en esta ciudad, informó a través de su oficio 1298, que mediante acuerdo de nueve de abril de dos mil dieciocho, dejó insubsistente el diverso de quince de diciembre de dos mil diecisiete y a su vez determinó la necesidad de llevar a cabo nuevamente los estudios psicológicos a cargo de los menores CARLOS YAHIR, AILIN CELESTE Y ALEXA GUADALUPE de apelativos PEÑA ORNELAS, considerando que las circunstancias personales y de madurez se han modificado desde la fecha en que fueron practicados los diversos estudios realizados por el Centro de Convivencia Familiar (CECOFAM) en catorce de agosto de dos mil trece. Asimismo, atendiendo a los lineamientos establecidos por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 1ª/J 12/2017 (10ª), la responsable determinó que, previo a la realización de los estudios psicológicos antes mencionados, fuera practicada a los menores, una entrevista en un lenguaje accesible y amigable, y si así lo solicitaran, fueran acompañados de una persona de su confianza, todo ello a fin de que la citada entrevista establezca si la prueba psicológica que se pretende, causará o no un perjuicio en la salud mental de los menores. En razón a lo anterior el siete de mayo del año en curso, no se tuvo a la responsable dando cumplimiento a la sentencia de amparo, ya que en términos del fallo protector se estableció que tenía que justificar si era necesario someter a los menores a una prueba psicológica, para lo cual debería dilucidar si ya existían pruebas en ese aspecto y, en su defecto, razonar si aún así se requería; empero, la responsable sólo indicó que cambiaron las circunstancias personales y de madurez de los menores, pero sin dilucidas sobre los medios de prueba existentes sobre el tema. Sobre ese contexto, se hizo patente a la responsable, que en la sentencia de amparo se estableció lo siguiente: "En ese sentido, si la Jueza responsable contaba con la facultad de recabar de oficio pruebas, entonces estuvo en aptitud de considerar las copias certificadas en las que obraban los dictámenes periciales de los menores, no para favorecer los intereses de una de las partes y perjudicar a otra, sino para velar por el interés superior de los menores, con la finalidad de analizar si eran necesarios o no nuevos dictámenes en psicología; es decir, si existiendo ya medios de convicción en ese rubro era necesario desahogar nuevamente otros, estableciendo las razones legales que adoptara en uno u otro sentido. Aunado a que, la Jueza responsable tampoco se pronunció en el sentido de si la prueba pericial ordenada en los menores podía implicar o no un daño a su salud mental conforme al caso particular, ya que existen hipótesis que pueden generar un impacto en el menor al volverlo a someter al recuerdo de determinadas situaciones hostiles, como aquellas desagradables que marcaron su vida." En razón a lo anterior, la Jueza Tercero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, informó a este juzgado de Distrito el cumplimiento a la misma, y al efecto remitió copia certificada del proveído dictado el once de mayo de dos mil dieciocho, dejó insubsistente el proveído reclamado y el diverso de nueve de abril del año en curso, justificando que las prueba psicológica a cargo de la menor, ello con base en que si bien existían copias certificadas de dictámenes periciales ante un Agente del Ministerio Público, lo cierto era que no se habían ratificado, por lo que no cumplían con las formalidades, de modo que sólo la autoridad administrativa, por lo cual era necesario su desahogo en la sede jurisdiccional. Por lo antes expuesto, es claro que la autoridad responsable ordenadora ha cumplido la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, restituyéndola en el goce de las garantías individuales violadas; por tanto, háganse las anotaciones en el Libro Uno de Juzgado correspondiente a los juicios de amparo, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y archívese el presente asunto como totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 196, párrafo cuarto y 214 de la Ley de Amparo. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo concedido en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto, por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Luego, se advierte que el original del incidente de suspensión es susceptible de DEPURACIÓN, acorde con el segundo párrafo de la fracción III, del punto vigésimo primero del Acuerdo General relativo, dado que se concedió la suspensión provisional y definitiva solicitada; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el original del cuaderno incidental, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. De igual manera, atento a lo previsto por el punto décimo cuarto del Acuerdo General de trato, en concordancia con la observación contenida en la página 51 de su Manual, deberá también transferirse el cuaderno principal del presente juicio, para que el citado Centro proceda a la destrucción del mismo. Por otro lado, en términos de la fracción III, del punto vigésimo del mencionado Acuerdo General Conjunto, una vez que transcurran seis meses a partir de que se dictó la interlocutoria respectiva, procédase a la DESTRUCCIÓN del duplicado de los cuadernos incidentales, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. En la inteligencia de que el original del incidente no deberán glosarse al expediente del juicio principal, en atención a que éste es destruible mientras que el original del incidente es depurable, lo anterior acorde a los lineamientos contenidos en la página 25 del "Manual de Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación" de diciembre de dos mil doce. Asimismo, en cumplimiento al Manual de referencia anótese en el indicado libro de gobierno, esta fecha en que se ordena el archivo; de igual manera, una vez que se realice la depuración o destrucción ordenada, anótese la data en que se practique la diligencia, ya sea que la realice este órgano jurisdiccional, o la que informe al respecto el Centro de Documentación y Análisis, relativo al destino final del presente expediente. Finalmente, devuélvase a la autoridad los tres tomos de pruebas que allegó al presente juicio de amparo, al resultar innecesaria su retención.
- Principal
Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio 1783, suscrito por la Jueza y Secretaria de Acuerdos del Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Quinto Distrito Judicial en el Estado, con residencia en esta ciudad, por el cual informa el cumplimiento que alude dar al fallo protector; por lo que, tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, con fundamento en los artículos 192 y 196, de la Ley de Amparo, póngase a la vista de las partes, el informe mérito por el término de tres días, contado a partir de la legal notificación del presente auto, para que manifiesten lo que a su intereses legal convenga; con el apercibimiento que con o sin desahogo de la vista otorgada, este tribunal de amparo se pronunciará al respecto.
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