Carlos Alberto Peláez Flores

Expediente 825/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 12 actuaciones registradas, la última del 30 de junio de 2015.

Datos del expediente

Expediente
825/2015
Año
2015
Actuaciones
12
Última actuación
30/06/2015

Partes del expediente

  • Carlos Alberto Peláez Flores
  • Junta Especial Número Treinta Y Tres de la Federal de Conciliación Y Arbitraje

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, treinta de junio de dos mil quince. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, téngase por recibido el oficio de cuenta a través del cual el Vocal del Registro Federal de Electores en el Estado de Puebla, da cumplimiento al requerimiento efectuado el dieciséis de junio de dos mil quince (foja 258). Atento a lo anterior, téngase al referido Vocal del Registro Federal de Electores, proporcionando un domicilio en el que puede ser emplazada la tercera interesada Angélica Reyes Ventura, mismo que se ordena reservar para su acuerdo hasta en tanto sea devuelto el despacho 116/2015, dirigido al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Izúcar de Matamoros, Puebla, en el que se le encomendó emplazara a la referida tercera interesada.

  2. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los que se advierte que la tercera interesada Pascuala Sánchez Sánchez, no compareció a las doce horas del once de junio de dos mil quince, a estampar su firma ante el personal judicial actuante, tal como se le requirió mediante proveído de cuatro de junio de dos mil quince, a fin de estar en posibilidad de perfeccionar la prueba pericial ofrecida en el presente juicio, no obstante encontrarse legalmente notificada, en virtud de lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el auto de fecha cuatro de junio de dos mil quince y se le impone una multa equivalente a cincuenta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, por lo que deberá girarse oficio al Administrador Local de Recaudación de Puebla Norte, del Servicio de Administración Tributaria, para que por su conducto haga efectiva la multa de referencia a la tercera interesada Pascuala Sánchez Sánchez, lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 237, fracción I, en relación con el diverso 259, ambos de la Ley de Amparo. En mérito de lo anterior, a fin de estar en posibilidad de perfeccionar la prueba pericial ofrecida en el presente juicio se requiere nuevamente a la tercera interesada Pascuala Sánchez Sánchez, para que comparezca a las doce horas del diez de julio de dos mil quince, ante este juzgado debidamente identificada con la finalidad de que estampe su firma ante el personal judicial actuante, la cual fue señalada como indubitable, apercibida que de no dar cumplimiento a lo anterior en la fecha señalada, se le impondrá a la omisa una multa de SESENTA días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 237, fracción I y 259, de la Ley de Amparo. Lo anterior hágase del conocimiento de los peritos a través de sus oferentes y de la perito oficial a través del Coordinador Estatal de Servicios Periciales Delegación Puebla, de la Procuraduría General de la República, a fin de que acudan a la diligencia señalada para el diez de julio de dos mil quince, si así lo estiman necesario. Por último, advirtiéndose de los presentes autos que a la fecha en que se actúa se encuentra pendiente de perfeccionar la prueba pericial en materia de grafoscopía, ofrecida en el presente juicio; en consecuencia, la continuación de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, se difiere para que tenga verificativo a las nueve horas con cincuenta y dos minutos del día trece de julio de dos mil quince.

  3. Principal

    Número de expediente: 825/2015 Acuerdo: San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de junio de dos mil quince. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, téngase por recibido el oficio y anexo de cuenta suscrito por la Presidenta de la Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, por medio del cual rinde su informe justificado. Atento a lo anterior, téngase a la mencionada autoridad rindiendo el informe justificado que le corresponde, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Ahora bien, del citado informe justificado se advierte que el dieciocho de junio de dos mil quince, la Presidenta de la Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, dentro del expediente laboral 825/2012, emitió la resolución en forma de laudo (acto impugnado en el presente juicio de amparo), con lo que se corrobora con las constancias remitidas por la autoridad oficiante, documentales que tiene pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicable supletoriamente. De lo antes narrado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, conforme a los razonamientos que a continuación se exponen: Primeramente, conviene destacar que el precepto legal invocado, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del citado ordenamiento se infiere que para efectos del juicio de amparo, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que el quejoso señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que dio motivo a la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya a la quejosa en el goce del derecho violado. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de amparo se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto tildado de inconstitucional no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular. De modo tal que, si el quejoso Carlos Alberto Peláez Flores, hizo consistir el acto reclamado en la omisión de dictar la resolución en forma de laudo dentro del expediente laboral 825/2012; y, la autoridad responsable con fecha dieciocho de junio de dos mil quince, emitió la misma. Por tanto, es inconcuso que en el presente caso han cesado los efectos del acto reclamado pues al haberse dictado la sentencia definitiva, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la presunta violación constitucional, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional. Norma el criterio, la jurisprudencia de epígrafe y contenido siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior la tesis intitulada: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto a los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la Ley de la materia, tan es así que el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fije las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En tales condiciones, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 del citado ordenamiento legal. Lo anterior a efecto de no retrasar la impartición de la justicia pronta y expedita, en contravención con lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que promulga dichos principios, pues de continuar con el juicio de amparo en que se actúa, celebrar la audiencia constitucional y dictar el sobreseimiento relativo en ella, resultaría enteramente ocioso y atentatorio de dichos principios que prevé esa norma fundamental contrariándose con ello el espíritu del artículo 93, fracción IV, de la ley de la materia, cuando en tal caso se deben de evidenciar supuestos de mayor entidad como serían que no se surta la causa de sobreseimiento invocada, lo cual en la especie sí acontece; o que existan datos que hagan desaparecer la referida causal, lo cual no se demuestra; entre tanto, el sobreseimiento decretado más bien, como se señaló, es acorde a los principios fundamentales establecidos en el citado artículo 17 constitucional. Sin que sea obstáculo que no se haya emplazado a Man Power, sociedad anónima de capital variable, quien tiene el carácter de tercero interesado, lo anterior en virtud que la presente resolución no le depara perjuicio alguno, pues aun cuando se ordenara su emplazamiento al juicio de amparo, a nada práctico conduciría pues el sentido del fallo sería el mismo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia VI. 2o. J/180 del entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que se lee: "TERCERO PERJUDICADO FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCION LO BENEFICIARA. Si bien es cierto que de conformidad con lo establecido por el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, la regla general es que cuando el tercero perjudicado no ha concurrido legalmente al juicio, debe ordenarse la reposición para que se subsane esa irregularidad, pues cabe suponer que podría dictarse un fallo sin haberle dado oportunidad de defenderse debidamente, ello no procede cuando se advierte de manera notoria que la sentencia lo favorecerá, no produciéndole beneficio alguno la reposición del procedimiento, sino, por el contrario, causándole perjuicio, cuando menos en cuanto al tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiéndose en ese caso pronunciar la resolución que corresponda; fundándose esta interpretación en que el propósito del precepto citado, así como de las tesis formuladas en relación con él, es que no queden en pie irregularidades procesales que pudieran lesionar a alguna de las partes, lo que no sucede en la hipótesis especificada." Por lo tanto, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional que se encontraba señalada a las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y TRES MINUTOS DEL DÍA DOS DE JULIO DE DOS MIL QUINCE. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiséis de junio de dos mil quince. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, téngase por recibido el oficio y anexo de cuenta suscrito por la Presidenta de la Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, por medio del cual rinde su informe justificado. Atento a lo anterior, téngase a la mencionada autoridad rindiendo el informe justificado que le corresponde, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Ahora bien, del citado informe justificado se advierte que el dieciocho de junio de dos mil quince, la Presidenta de la Junta Especial Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, dentro del expediente laboral 825/2012, emitió la resolución en forma de laudo (acto impugnado en el presente juicio de amparo), con lo que se corrobora con las constancias remitidas por la autoridad oficiante, documentales que tiene pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicable supletoriamente. De lo antes narrado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, conforme a los razonamientos que a continuación se exponen: Primeramente, conviene destacar que el precepto legal invocado, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del citado ordenamiento se infiere que para efectos del juicio de amparo, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que el quejoso señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que dio motivo a la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya a la quejosa en el goce del derecho violado. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de amparo se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto tildado de inconstitucional no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular. De modo tal que, si el quejoso Carlos Alberto Peláez Flores, hizo consistir el acto reclamado en la omisión de dictar la resolución en forma de laudo dentro del expediente laboral 825/2012; y, la autoridad responsable con fecha dieciocho de junio de dos mil quince, emitió la misma. Por tanto, es inconcuso que en el presente caso han cesado los efectos del acto reclamado pues al haberse dictado la sentencia definitiva, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la presunta violación constitucional, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional. Norma el criterio, la jurisprudencia de epígrafe y contenido siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior la tesis intitulada: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto a los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la Ley de la materia, tan es así que el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fije las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En tales condiciones, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 del citado ordenamiento legal. Lo anterior a efecto de no retrasar la impartición de la justicia pronta y expedita, en contravención con lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que promulga dichos principios, pues de continuar con el juicio de amparo en que se actúa, celebrar la audiencia constitucional y dictar el sobreseimiento relativo en ella, resultaría enteramente ocioso y atentatorio de dichos principios que prevé esa norma fundamental contrariándose con ello el espíritu del artículo 93, fracción IV, de la ley de la materia, cuando en tal caso se deben de evidenciar supuestos de mayor entidad como serían que no se surta la causa de sobreseimiento invocada, lo cual en la especie sí acontece; o que existan datos que hagan desaparecer la referida causal, lo cual no se demuestra; entre tanto, el sobreseimiento decretado más bien, como se señaló, es acorde a los principios fundamentales establecidos en el citado artículo 17 constitucional. Sin que sea obstáculo que no se haya emplazado a Man Power, sociedad anónima de capital variable, quien tiene el carácter de tercero interesado, lo anterior en virtud que la presente resolución no le depara perjuicio alguno, pues aun cuando se ordenara su emplazamiento al juicio de amparo, a nada práctico conduciría pues el sentido del fallo sería el mismo. Sirve de apoyo, la jurisprudencia VI. 2o. J/180 del entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que se lee: "TERCERO PERJUDICADO FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCION LO BENEFICIARA. Si bien es cierto que de conformidad con lo establecido por el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, la regla general es que cuando el tercero perjudicado no ha concurrido legalmente al juicio, debe ordenarse la reposición para que se subsane esa irregularidad, pues cabe suponer que podría dictarse un fallo sin haberle dado oportunidad de defenderse debidamente, ello no procede cuando se advierte de manera notoria que la sentencia lo favorecerá, no produciéndole beneficio alguno la reposición del procedimiento, sino, por el contrario, causándole perjuicio, cuando menos en cuanto al tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiéndose en ese caso pronunciar la resolución que corresponda; fundándose esta interpretación en que el propósito del precepto citado, así como de las tesis formuladas en relación con él, es que no queden en pie irregularidades procesales que pudieran lesionar a alguna de las partes, lo que no sucede en la hipótesis especificada." Por lo tanto, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional que se encontraba señalada a las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y TRES MINUTOS DEL DÍA DOS DE JULIO DE DOS MIL QUINCE. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado.

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