Carlos Alberto Paul Flores

Expediente 1058/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1058/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
22/09/2021

Partes del expediente

  • Carlos Alberto Paul Flores

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese el oficio signado por el Secretario del Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de México, con sede en Naucalpan de Juárez, por medio del cual, comunica la determinación de diez de septiembre del año en curso, dictada en los autos del juicio de amparo 912/2021 de su índice, e informa que no aceptó la competencia planteada por este juzgado federal, para conocer de la demanda de amparo promovida por Carlos Alberto Paul Flores, contra actos del Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Tlalnepantla, México y otra autoridad. Determinación judicial de incompetencia. El juez oficiante, refiere que tal incompetencia radica en el sentido de que el acto reclamado es un acto omisivo que carece de ejecución, y por ende, en términos del artículo 37 párrafo tercero de la Ley de Amparo, se surte competencia al juzgado de distrito donde se presentó la demanda. Se continúa con el trámite. Ahora bien, visto lo manifestado por la oficiante, el suscrito juzgador estima, por el momento, no insistir en la incompetencia planteada; lo anterior hágase del conocimiento del juzgado en comento. Decisión sobre la instancia constitucional. El artículo 113 de la Ley de Amparo dispone: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado consiste en la omisión, por parte de la autoridad señalada como responsable, de dar trámite a la demanda de amparo directo promovida contra: La omisión en certificar la demanda de amparo directo, así como remitir al tribunal colegiado en materia penal el escrito de demanda de amparo directo en contra de la sentencia dictada el veintitrés de junio de dos mil veintiuno, dentro del toca 240/2021, seguido ante el Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Tlalnepantla, México.. Llevar a cabo una audiencia sin la presencia de los defensores privados, nombrados desde el recurso de apelación, así como la omisión de expedir oficio de poder entrevistarse. Ahora bien, el juicio de amparo indirecto en contra del acto reclamado citado en primer término, es improcedente por actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1°, fracción I y 97, fracción II, inciso a) y 178, todos de la Ley de Amparo, los que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte;." "Artículo 97. El recurso de queja procede: (.) II. Amparo directo, tratándose de la autoridad responsable, en los siguientes casos: a) Cuando omita tramitar la demanda de amparo o lo haga indebidamente; ." De los numerales transcritos, se obtiene que en contra de la omisión por parte de la autoridad responsable de dar trámite a un amparo directo, es procedente impugnar dicha omisión, ante los Tribunales Colegiados de Circuito a través del recurso de queja, y no a través de un amparo indirecto, por no ser ésta la vía correcta para su impugnación; lo que hace patente que existe una causa notoria para tramitar el juicio de amparo que nos ocupa. Resulta aplicable al caso la tesis XXIV.2o.4 K (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, publicada en la página 2652 del Semanario Judicial de la Federación, Libro 38, Enero de 2017, Tomo IV, Decima Época, Registro digital: 2013433, que a la letra dice: "RECURSO DE QUEJA PROMOVIDO CONTRA LA RESOLUCIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE QUE NIEGA DAR TRÁMITE A LA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. EL PLAZO PARA INTERPONERLO ES EL GENÉRICO DE 5 DÍAS, AL NO UBICARSE EN EL SUPUESTO DE EXCEPCIÓN DEL ARTÍCULO 98, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE LA MATERIA." Así como la tesis aislada I.13o.T.4 K (10a.), Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en la página 1915 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 4, Marzo de 2014, Tomo II, Décima Época, que a la letra dice: "RECURSO DE QUEJA CONTRA LA OMISIÓN DE TRAMITAR LA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. AL DECLARARSE FUNDADO, DEBE REQUERIRSE NUEVAMENTE Y APERCIBIRSE A LA AUTORIDAD RESPONSABLE CON EL DOBLE DE LA MULTA MÍNIMA, CONFORME AL ARTÍCULO 260, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO." En consecuencia, al ser notoria y manifiesta la improcedencia y con fundamento en los numerales antes citados, se desecha de plano la demanda de que se trata por cuanto hace al acto que en este apartado se especificó. Desechamiento respecto del diverso acto reclamado consistente en: Llevar a cabo una audiencia sin la presencia de los defensores privados, nombrados desde el recurso de apelación, así como la omisión de expedir oficio de poder entrevistarse. El juicio de amparo respecto a este tópico es improcedente, pues no es de imposible reparación; esto es, no afecta material e inmediatamente los derechos humanos de la parte quejosa, conforme a la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 107 fracción V interpretada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" En primer lugar, se hace necesario acudir al contenido del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y luego al mismo texto de la Ley de Amparo. "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.] b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan. [.]" Estas disposiciones instituyen la procedencia del juicio de amparo para combatir actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, cuando su ejecución se hace irreparable; ahora, la Constitución Federal se limita a enunciar esta categoría de actos, pero no ofrece su definición, dado que en ésta se establecen principios esenciales de las instituciones, dejando el Constituyente Permanente para el legislador la tarea de pormenorizar y explicar lo que debe entenderse en torno a dicha figura. El artículo 107 de la Ley de Amparo, sí define qué debe entenderse por actos de imposible reparación, al describir que serán aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. De esta forma, el legislador proporcionó seguridad jurídica, ya que mediante una definición reiteró su propósito de que tanto en procedimientos judiciales, como en procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser examinados en amparo indirecto necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberán impedir el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Al resolver la contradicción de tesis 377/2013, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos derechos revistan la categoría de "sustantivos"; expresión que excluye a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, es decir, en los que la afectación depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. En el caso el acto que reclama la quejosa únicamente envuelve cuestiones adjetivas o procedimentales, en tanto que la responsable -llevó a cabo una audiencia sin la presencia de los defensores privados del aquí quejoso, así como el no expedir un oficio para la entrevista entre éstos-; es decir, dichas actuaciones sólo inciden en la forma en que se desarrolló el proceso de origen, sin afectar derechos sustantivos de la parte quejosa, pues como lo refiere, aún no está firme la sentencia definitiva dictada en el proceso de origen. Lo anterior revela que los aspectos en que incide la resolución reclamada son única y exclusivamente de índole procesal o formal, es decir, que los derechos sustantivos de la parte quejosa, como la vida, la propiedad, la familia, o la libertad, etc. -y que son los únicos que pueden afectarse en forma irreparable-, quedan excluidos del alcance de ésta. Orienta a lo anterior la tesis 1a./J. 108/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Octubre de 2005, Página 294, Novena Época, cuyo rubro y texto es: "IMPROCEDENCIA DE LA VÍA. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA LA DE PRIMERA INSTANCIA QUE DECLARA INFUNDADA DICHA EXCEPCIÓN NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." Aunado a lo anterior, existe la posibilidad de que posteriormente al resolverse el amparo directo que ha instado el aquí quejoso dicte una resolución favorable a los intereses de la quejosa Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia IX. 1o. J/10, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Octubre de 2002, página 1303, Novena Época, Materia Común, registro 185612, cuyo rubro y texto son: "VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO. DEBEN RECLAMARSE EN EL AMPARO DIRECTO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA SENTENCIA, LAUDO O RESOLUCIÓN QUE PONGA FIN AL JUICIO." Así, dada la naturaleza intraprocesal del acto combatido analizada en este apartado, cobra vigencia la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el 107, fracción V, interpretada contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, y lo procedente es desechar la demanda de amparo.

  2. Principal

    Recepción de comunicación oficial. Agréguese el comunicado enviado vía electrónica por el Secretario del Juzgado Decimoquinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, mediante el cual, devuelve diligenciado el exhorto 1171/2021, con número de orden 1175/2021-I, derivado del presente juicio de amparo, enviado a notificar a la parte quejosa Carlos Alberto Paul Flores, cuya diligencia se llevó a cabo por medio de lista el pasado diecisiete de septiembre.

  3. Principal

    Agréguese a los autos, el escrito signado por la tercera interesada Miriam Maribel Rodríguez Rangel, mediante el cual, se le tiene revocando a los profesionistas que la representan y en su lugar se le tiene autorizando a diversos profesionistas. En consecuencia, téngase como autorizado los profesionistas en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo, a las personas señaladas en su escrito de cuenta, por no contar con registro de cédula ante el Sistema de Registro de Profesionales del Derecho (REGPROF), es decir, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, por no contar con el mencionado registro. NOTIFÍQUESE.

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