Carlos Alberto Pasillas Martínez

Expediente 294/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 13 actuaciones registradas, la última del 11 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
294/2019
Año
2019
Actuaciones
13
Última actuación
11/11/2019

Partes del expediente

  • Carlos Alberto Pasillas Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Cúmplase.

  2. Principal

    Cúmplase.

  3. Principal

    Se declara que dicha resolución dictada el diecisiete de julio de dos mil diecinueve que sobreseyó en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes, toda vez que ha transcurrido el plazo que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra de la misma. Archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Una vez que transcurra el término de tres años, contados a partir de la orden de archivo del presente expediente, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y análisis en coordinación con el titular de este juzgado. Notifíquese; y personalmente al quejoso y a su autorizada.

  4. Principal

    Audiencia constitucional En la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, siendo las once horas diecisiete de julio de dos mil diecinueve, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo (foja 209 reverso), ante la presencia judicial del licenciado Oscar Alejandro Zúñiga Vidales, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Los Mochis, quien actúa con la licenciada Eliza Janeth Llanos Méndez, secretaria que autoriza y da fe, sin la comparecencia personal de las partes ni representante legítimo de ellas. Enseguida, la secretaria hace constar que en el presente juicio de amparo no se reconoció el carácter de tercero interesado a persona alguna; asimismo que se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, la intervención que legalmente le corresponde (foja 14). Relación de constancias Seguidamente, la secretaria procede a hacer relación de las constancias que obran agregadas en autos, entre las que se encuentran el escrito inicial de demanda de amparo (fojas 2 y 3) e informes justificados rendidos por las autoridades responsables (fojas 38 a 40; 43 y 44; 49 a 51; 65 a 68; 73 a 74; 75 a 77; 78 y 79; 91 a 98; 101 y 102; 108 y 109; 112 y 113; 118 a 121; 130 y 131; 142; 158; 175 y 176; 182; y 188 y 189). A lo que el juez acuerda: téngase por hecha la anterior relación de constancias, lo que se tomará en consideración al resolver el presente asunto. Período probatorio Abierto el período de pruebas, la secretaria hace constar que las partes no ofrecieron pruebas. A lo que el Juez acuerda: no habiendo pruebas que relatar se cierra el período probatorio. Período de alegatos Abierto el período de alegatos, el autorizado de la parte quejosa mediante escrito presentado el diecisiete de junio de dos mil diecinueve (fojas 198 a 207), realizó manifestaciones en vía de alegatos. A lo que el juez acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, ténganse por formuladas las manifestaciones vertidas por la autorizada de la parte quejosa en su escrito presentado el diecisiete de junio de dos mil diecinueve, las cuales en caso de ser necesario jurídicamente serán atendidas al resolver el presente juicio de amparo. No habiendo más alegatos de las restantes partes, ni pedimento del agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se declara cerrada la fase de alegatos. Con lo anterior, se da por concluida la presente diligencia, quedando vistos los autos para dictar la sentencia que en derecho corresponda. S E N T E N C I A VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo indirecto número 294/2019, promovido por Carlos Alberto Pasillas Martínez, contra actos del Comisionado del Órgano Desconcentrado de Readaptación Social, dependiente de la Secretaría, con residencia en Ciudad de México; Directores Generales de los Centros Federales de Readaptación Social números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Por escrito presentado el quince de mayo de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, Carlos Alberto Pasillas Martínez, de propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos que se transcriben a continuación: "IV.- ACTO RECLAMADO: PROVABLE TRASLADO INJUSTIFICADO DEL LUGAR DONDE ME ENCUENTRO". -Textual- SEGUNDO. Trámite de la demanda de amparo. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda de amparo a este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Los Mochis, registrándola con el número 294/2019; se admitió a trámite mediante proveído de quince de mayo de dos mil diecinueve (fojas 05 a 11); se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado la intervención que legalmente le corresponde; se solicitó a las autoridades responsables su respectivo informe justificado; y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó al tenor del acta que antecede; C O N S I D E R AN D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Los Mochis, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito, en específico en su punto de acuerdo cuarto, fracción XIX. Lo anterior, en virtud de que los actos reclamados pretendidamente tienen ejecución en esta localidad, en que ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 76 de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se desprenden del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, de conformidad con el criterio sostenido en la jurisprudencia 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el presente caso, del estudio integral de la demanda de amparo, se desprende que el quejoso Carlos Alberto Pasillas Martínez, reclama lo siguiente: - La orden de traslado del Centro Federal de Readaptación Social número 8 "Nor-Poniente", con sede en Guasave, Sinaloa, a diverso centro federal de readaptación social y su ejecución; y, TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Como la existencia o inexistencia de los actos reclamados, es una cuestión de análisis previo cuyo pronunciamiento, en su caso, permitirá estudiar las causas de improcedencia, así como los aspectos de fondo de la controversia, procede analizar el informe justificado rendido por las responsables. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo V, Primera Parte, Enero- Junio de 1990, página 95 que lleva por rubro, el siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS". Las autoridades responsables Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con residencia en Ciudad de México; Directores Generales de los Centros Federales de Readaptación Social números 1,"Altiplano Almoloya de Juárez"; 2 "Occidente" El Salto, Jalisco; 3 "Noroeste" Matamoros, Tamaulipas; 4 "Noroeste" Tepic, Nayarit; 5 "Oriente" Villa Aldama, Veracruz; 6 "Sureste" Estación Contalpa, Huimanguillo, Tabasco; 7 "Nor-Noroeste" Guadalupe Victoria, Durango; 8 "Nor-Poniente" Guasave, Sinaloa; 9 "Norte" Ciudad Juárez, Chihuahua; 11 "CPS Sonora" Hermosillo, Sonora; 12 "CPS Guanajuato" Ocampo, Guanajuato; 13 "CPS Oaxaca" Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca; 14 "CPS Durango" Gómez Palacios, Durango; 15 "CPS Chiapas"; 16, Puente Ixtlan, Morelos; 17 "C.P.S. Michoacán" Buena Vista Tomatlán, Michoacán; y, 18 "CPS Coahuila" Ramos Arizpe, Coahuila, al rendir su respectivo informe justificado negaron categóricamente la existencia de los actos reclamados; sin que la parte quejosa haya aportado prueba en contrario que desvirtúe dicha negativa; en consecuencia, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a la anterior consideración, la jurisprudencia número VI.2° J/20 que sustenta el otrora Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 627, tomo IV, Segunda Parte-2, julio a diciembre de 1989, Octava Época, Semanario Judicial de la Federación, la cual dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." Así como la diversa tesis VI.2o.A.4 K del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, de rubro y texto: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo". En las relatadas consideraciones y con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo. CUARTO. Oposición de datos personales. Tomando en consideración que las partes en el presente juicio constitucional, no se opusieron de manera expresa a que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación de la sentencia respectiva sin supresión de datos, en el plazo concedido para tal efecto, no obstante haber sido legalmente notificadas del proveído en el que se les hizo de su conocimiento tal circunstancia, es que, en cumplimento a lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la presente sentencia estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, con supresión de datos. Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 63 fracción lV, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por Carlos Alberto Pasillas Martínez, en contra de los actos y autoridades que se mencionan en los considerandos segundo y tercero de esta resolución. SEGUNDO. Publíquese esta sentencia con supresión de datos, en términos de su último considerando. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Lo resolvió y firmó el licenciado Oscar Alejandro Zúñiga Vidales, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Sinaloa, ante la licenciada Eliza Janeth Llanos Méndez, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe. Jesús Leonel.

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