Carlos Alberto Osalde Alejandro
Expediente 301/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 301/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 04/10/2023
Partes del expediente
- Carlos Alberto Osalde Alejandro
Actuaciones
- Principal
Ciudad del Carmen, Campeche, cuatro de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que feneció el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto que desechó la demanda de amparo, sin que hubiera hecho manifestación alguna; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto CAUSÓ ESTADO para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y remítase al archivo definitivo como asunto concluido. Con fundamento en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que este juicio de amparo no es considerado de relevancia documental. Una vez que transcurra el plazo de tres años contados a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme al artículo 20, fracción IV del referido Acuerdo General. Hágase constar su valoración en la carátula del expediente principal la leyenda "destruible", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 del citado Acuerdo General. Notifíquese.
- Principal
EN CUMPLIMIENTO AL CITATORIO DE TREINTA Y UNO DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA POR MEDIO DE LISTA, EL PROVEÍDO DE TREINTA DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: MESA III..."Ciudad del Carmen, Campeche, treinta de marzo de dos mil veintitrés. RADICACIÓN. Vista la demanda de amparo promovida por ***, contra actos del Juez Segundo de Control del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral de Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial del Estado, con residencia en Ciudad del Carmen; radíquese como expediente 301/2023-III, intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y efectúense las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. DESECHAMIENTO. Por ser cuestión de orden público y de estudio preferente a la admisión de una demanda, en primer lugar, se analizará si se actualiza alguna de las causales de improcedencia del juicio de amparo, previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto transcrito se advierte que si examinada la demanda de amparo, se encontrare causa manifiesta e indudable de improcedencia, se desechará de plano. Ahora, un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, es aquel del que no se tiene duda ni incertidumbre de su existencia, es decir, el juzgador tiene la plena certeza y convicción de que no podrá ser desvirtuado con algún otro medio probatorio, 30/01/24 20:40:10 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.c7.2f PATRICIA GUADALUPE AVENDAÑO LOPEZ 2 porque se encuentra debidamente probada y no a base a presunciones. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis aislada 2a. LXXI/2002, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVI, julio de 2002, página 448, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." 30/01/24 20:40:10 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.c7.2f PATRICIA GUADALUPE AVENDAÑO LOPEZ Juicio de amparo 301/2023-III 3 Así las cosas, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, a saber: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVI. Contra actos consumados de modo irreparable; (.) Del precepto legal transcrito, se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra actos consumados de modo irreparable, entendiéndose como tal, los que han producido todos sus efectos, de manera que no es posible restituir al quejoso en el goce del derecho humano violado, lo cual hace improcedente la acción de amparo porque de otorgarse la protección constitucional, la sentencia carecería de efectos prácticos, por no ser factible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En el caso que nos ocupa, el análisis integral de la demanda de amparo revela que el quejoso reclama violación a su derecho humano a una defensa adecuada por parte del Juez Segundo de Control del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral de Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial del Estado, con residencia en Ciudad del Carmen, ya que en ningún vigiló o garantizó la materialización de una defensa inadecuada (sic) a cargo de su defensor particular ***, por la inactividad de éste dentro de la carpeta judicial ***, pues no se presentó a las audiencias fijadas - salvo la audiencia inicial-, como tampoco interpuso los recursos en defensa de sus intereses ni ofreció los medios de prueba que se les proporcionó para acreditar su inocencia. Ahora bien, del análisis detenido de los antecedentes del acto reclamado, se advierte que la violación al derecho humano a una defensa adecuada que reclama el quejoso, se cometió en la etapa de investigación complementaria, pues el agraviado refirió 30/01/24 20:40:10 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.c7.2f PATRICIA GUADALUPE AVENDAÑO LOPEZ 4 que durante la integración de la carpeta de investigación ***, específicamente cuando rindió su declaración ministerial se le designó como defensor de oficio al licenciado ***. Posteriormente, en la audiencia inicial celebrada el veintiséis de octubre de dos mil veintidós, rindió su declaración preparatoria, con asistencia de su defensor particular ***. Asimismo, que el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se le dictó auto de vinculación a proceso por considerársele probable responsable de la comisión del delito de robo con violencia, sin embargo, sus defensores Rodríguez García y Ojeda Jiménez, debido a su inactividad no interpusieron el recurso de apelación ni promovieron amparo contra el auto de vinculación a proceso. De igual forma, porque la pretensión del agraviado al promover su demanda de amparo es que se le conceda la protección constitucional para que se reponga el procedimiento a partir de la diligencia inmediata anterior donde surgió la vulneración a su derecho humano de defensa adecuada, para que se le permita ofrecer pruebas para acreditar su inocencia, en su caso, interponer recurso de apelación o promover amparo contra el auto de vinculación a proceso que se le dictó por considerársele probable responsable de la comisión del delito de robo con violencia. Ahora bien, respecto a las distintas etapas y fases en que se divide el procedimiento penal, en el nuevo sistema penal y acusatorio, es conveniente traer en contexto lo establecido en el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a saber: "Artículo 211. Etapas del procedimiento penal El procedimiento penal comprende las siguientes etapas: I. La de investigación, que comprende las siguientes fases: 30/01/24 20:40:10 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.c7.2f PATRICIA GUADALUPE AVENDAÑO LOPEZ Juicio de amparo 301/2023-III 5 a) Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación, e b) Investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación; II. La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio, y III. La de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el Tribunal de enjuiciamiento." De la anterior transcripción, se advierte que el procedimiento penal se conforma de tres etapas, sucesivas entre sí, a saber, (i) la de investigación que inicia con la presentación de la denuncia y concluye con el cierre de investigación; (ii) la intermedia o de preparación a juicio que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio; y (iii) la de juicio que inicia con el dictado del auto de apertura a juicio hasta que se emite el fallo correspondiente. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los amparos directos en revisión 669/2015, 5744/2014, 7225/2016, 7103/2016 y 2058/2017, sostuvo que el "principio de continuidad" previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que disciplina el proceso penal acusatorio en una lógica de cierre de etapas y oportunidad de alegar. Este principio constitucional ordena que el procedimiento se desarrolle de manera continua, de tal forma que cada una de las etapas en las que se divide - investigación, intermedia y juicio- cumpla su función a cabalidad y, una vez que se hayan agotado, se avance a la siguiente sin que sea posible regresar a la anterior. Por esa razón, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consideró que las partes en el procedimiento se encuentran obligadas a hacer valer sus 30/01/24 20:40:10 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.c7.2f PATRICIA GUADALUPE AVENDAÑO LOPEZ 6 planteamientos en el momento o etapa correspondiente, pues de lo contrario se entiende por regla general que se ha agotado su derecho a inconformarse. De esta ejecutoria emergió la jurisprudencia 1a./J. 74/2018 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 61, diciembre de 2018, Tomo I, página 175, Décima Época, que dice: "VIOLACIONES A DERECHOS FUNDAMENTALES COMETIDAS EN UN PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. NO SON SUSCEPTIBLES DE ANALIZARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO OCURREN EN ETAPAS PREVIAS AL JUICIO ORAL. De acuerdo con el inciso a) de la fracción III del artículo 107 de la Constitución y la fracción I del artículo 170 la Ley de Amparo, el juicio de amparo directo procede en contra de sentencias definitivas dictadas por autoridades judiciales en dos supuestos: (i) cuando la violación se cometa en sentencia definitiva; y (ii) cuando la violación se cometa durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso y trascienda al resultado del fallo. Con todo, esta Primera Sala estima que tratándose de una sentencia definitiva derivada de un proceso penal acusatorio, en el juicio de amparo directo no es posible analizar violaciones a derechos fundamentales cometidas en etapas previas al inicio del juicio oral que tengan como consecuencia la eventual exclusión de determinado material probatorio. Si bien es cierto que de una interpretación literal y aislada del apartado B del artículo 173 de la Ley de Amparo pudiera desprenderse que sí es posible analizar en el juicio de amparo directo las violaciones a las leyes del procedimiento que hayan trascendido a las defensas del quejoso cometidas durante cualquiera de las etapas del procedimiento penal acusatorio, toda vez que la Ley de Amparo en ningún momento limita el examen de dichas violaciones a las que hayan ocurrido en una etapa determinada, esta Primera Sala estima que una interpretación conforme con la Constitución de la citada disposición permite concluir que el análisis de las violaciones procesales en el juicio de amparo directo debe limitarse exclusivamente a aquellas cometidas durante la audiencia de juicio oral. En primer lugar, porque sólo con dicha interpretación adquiere plena operatividad el principio de continuidad previsto en el artículo 20 constitucional, que disciplina el proceso penal acusatorio en una lógica de cierre de etapas y oportunidad de alegar. Este principio constitucional ordena que el procedimiento se desarrolle de manera continua, de tal forma que cada una de las etapas en las que se divide -investigación, intermedia y juicio- cumpla su función a cabalidad y, una vez que se hayan 30/01/24 20:40:10 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.c7.2f PATRICIA GUADALUPE AVENDAÑO LOPEZ Juicio de amparo 301/2023-III 7 agotado, se avance a la siguiente sin que sea posible regresar a la anterior. Por esta razón, se considera que las partes en el procedimiento se encuentran obligadas a hacer valer sus planteamientos en el momento o etapa correspondiente, pues de lo contrario se entiende por regla general que se ha agotado su derecho a inconformarse. En segundo lugar, porque dicha interpretación también es consistente con la fracción IV del apartado A del artículo 20 constitucional. De acuerdo con dicha porción normativa, el juez o tribunal de enjuiciamiento no debe conocer de lo sucedido en etapas previas a juicio a fin de garantizar la objetividad e imparcialidad de sus decisiones. En consecuencia, si el acto reclamado en el amparo directo es la sentencia definitiva que se ocupó exclusivamente de lo ocurrido en la etapa de juicio oral, el tribunal de amparo debe circunscribirse a analizar la constitucionalidad de dicho acto sin ocuparse de violaciones ocurridas en etapas previas. Esta interpretación además es consistente con el artículo 75 de la Ley de Amparo, que dispone que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable." En congruencia con lo anterior, existe la tesis aislada 1a. CCCXVI/2018 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 61, diciembre de 2018, Tomo I, página 470, Décima Época, que dice: "VIOLACIONES A DERECHOS FUNDAMENTALES RELATIVAS A LA DETENCIÓN Y DEFENSA ADECUADA DEL IMPUTADO. NO SON SUSCEPTIBLES DE ANALIZARSE EN AMPARO DIRECTO, CUANDO OCURREN EN ETAPAS PREVIAS AL JUICIO ORAL. Los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107 de la Ley de Amparo, disponen que el juicio de amparo directo procede, entre otros supuestos, contra sentencias definitivas dictadas por autoridades judiciales, ya sea que la violación se cometa en el propio fallo o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado de la sentencia. Los casos en que se consideran violadas las leyes durante un proceso penal acusatorio, adversarial y oral, con trascendencia para el quejoso, se encuentran enlistados en el apartado B del artículo 173 de la Ley de Amparo, de cuyo contenido se advierte que el legislador no condicionó expresamente el estudio de esas violaciones procesales a que se materialice en una etapa procesal específica. Sin embargo, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación encuentra que, con el propósito de lograr que el juicio de 30/01/24 20:40:10 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.c7.2f PATRICIA GUADALUPE AVENDAÑO LOPEZ 8 amparo funcione acorde con la estructura del Nuevo Sistema de Justicia Penal, es necesario interpretar dicha disposición en armonía con el artículo 20 constitucional, en el sentido de que el estudio de violaciones procesales en amparo directo debe limitarse exclusivamente a las ocurridas en la audiencia de juicio. Es así, porque con esta interpretación adquiere operatividad el principio de continuidad que orienta al proceso penal en la lógica de cierre de etapas y oportunidad para alegar, esto es, se parte de la base de que cada una de las etapas procesales en las que se divide -investigación, intermedia y juicio- cumplan la función para la cual fueron diseñadas y, una vez agotada la primera, se avance a la siguiente sin que exista la posibilidad de regresar a la anterior o reabrirla, lo que significa que las partes se encuentran obligadas a formular sus planteamientos en el momento o etapa procesal correspondiente, pues de lo contrario, por regla general, se entenderá que agotaron su derecho para inconformarse. Además, la interpretación adoptada es acorde con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las sentencias emitidas en los juicios de amparo deberán apreciar el acto reclamado tal y como apareció probado ante la autoridad responsable e, incluso, es coherente con la exigencia constitucional de que el juez o tribunal de enjuiciamiento no debe conocer lo sucedido en etapas previas al juicio, a fin de garantizar su imparcialidad. En ese sentido, las violaciones procesales alegadas por el quejoso en su demanda de amparo directo, relativas a que fue detenido ilegalmente, que no le hicieron saber sus derechos constitucionales tras su detención y que tampoco contó con la carpeta de investigación completa, no son susceptibles de analizarse en amparo directo, por tratarse de violaciones ocurridas en una etapa previa a la audiencia de juicio, específicamente durante la investigación, etapa en la cual el quejoso estuvo en condiciones de controvertirlas ante el juez de control que conoció de la causa penal o de recurrir la decisión respectiva, a través de los medios de impugnación a su alcance." Ahora bien, de acuerdo a la información contenida en la demanda de amparo, se advierte que el proceso penal de donde deriva el acto reclamado, se encuentra en la intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio. Se afirma lo anterior, pues el quejoso manifestó que en auto de once de enero de dos mil veintitrés, le notificaron el escrito de acusación, mismo que remitió vía "WhastApp" a su defensor 30/01/24 20:40:10 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.c7.2f PATRICIA GUADALUPE AVENDAÑO LOPEZ Juicio de amparo 301/2023-III 9 Rodríguez García, reiterándole que ofreciera pruebas, quien le manifestó que las pruebas se ofrecerían en el momento oportuno. Asimismo, que el seis de febrero de dos mil veintitrés, le notificaron vía electrónicamente el auto de tres de esos mismos mes y año, donde se fijaron las catorce horas del catorce de febrero de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia intermedia, sin embargo, en proveído de trece de esos mismos mes y año, se dejó sin efectos la hora y fecha programada para la celebración de la audiencia intermedia. De igual forma, que el catorce de febrero de dos mil veintitrés, le notificaron el acuerdo de trece de esos mismos mes y año, donde se fijaron las nueve horas del veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia intermedia. De igual modo, que el veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, se apercibió a sus defensores particulares con la imposición de una multa en caso de que no justificaran su inasistencia a la audiencia programada para el veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, en su caso, se les tendría por abandonada la defensa. Finalmente, el catorce de marzo de dos mil veintitrés, se tuvo a sus defensores particulares *** y ***, renunciando y abandonando la defensa, respectivamente. Bajo ese contexto, en razón de que la etapa -investigación complementaria- donde se cometió la violación al derecho humano a una defensa adecuada que reclama el quejoso, quedó clausurada con la apertura de la etapa intermedia o de preparación del juicio, resulta inconcuso que esa violación quedó consumada de modo irreparable, pues el avance a la siguiente etapa impide regresar a la anterior. 30/01/24 20:40:10 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.c7.2f PATRICIA GUADALUPE AVENDAÑO LOPEZ 10 De manera que, se reitera, no es posible restituir al quejoso en el goce del derecho humano violado, por haber operado la figura de la preclusión, que se funda en el hecho de que las diversas etapas del proceso penal se desarrollan en forma sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada una de ellas, impidiéndose el regreso a momentos procesales ya extinguidos y consumados. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 21/2002, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, abril de 2002, página 314, Novena Época, intitulada: "PRECLUSIÓN. ES UNA FIGURA JURÍDICA QUE EXTINGUE O CONSUMA LA OPORTUNIDAD PROCESAL DE REALIZAR UN ACTO. La preclusión es uno de los principios que rigen el proceso y se funda en el hecho de que las diversas etapas del proceso se desarrollan en forma sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada una de ellas, impidiéndose el regreso a momentos procesales ya extinguidos y consumados, esto es, en virtud del principio de la preclusión, extinguida o consumada la oportunidad procesal para realizar un acto, éste ya no podrá ejecutarse nuevamente. Además doctrinariamente, la preclusión se define generalmente como la pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal, que resulta normalmente, de tres situaciones: a) de no haber observado el orden u oportunidad dada por la ley para la realización de un acto; b) de haber cumplido una actividad incompatible con el ejercicio de otra; y c) de haber ejercitado ya una vez, válidamente, esa facultad (consumación propiamente dicha). Estas tres posibilidades significan que la mencionada institución no es, en verdad, única y distinta, sino más bien una circunstancia atinente a la misma estructura del juicio." Por consiguiente, con fundamento en el artículo 113 en relación con el numeral 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, por causa manifiesta e indudable de improcedencia, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por ***. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. 30/01/24 20:40:10 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.c7.2f PATRICIA GUADALUPE AVENDAÑO LOPEZ Juicio de amparo 301/2023-III 11 Con fundamento en el artículo 27 fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones personales el ubicado en ***. AUTORIZACIÓN DE USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Desde este momento, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para la reproducción de las constancias de autos (salvo de aquellas constancias que sean reservadas o confidenciales), en la inteligencia que toda reproducción se llevará a cabo ante el secretario que tiene a cargo el expediente en que se actúa, quien levantará la certificación correspondiente del medio electrónico utilizado y de la constancia reproducida. EXHORTO A TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA". Con fundamento en el artículo 263 fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo; se exhorta a las partes para que continúen la tramitación del presente asunto, mediante el esquema de "juicio en línea"; para lo cual, deberán proporcionar su nombre de usuario, solicitar que las notificaciones subsecuentes se les realicen de manera electrónica y que tengan firma electrónica vigente. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA. Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo 30/01/24 20:40:10 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.c7.2f PATRICIA GUADALUPE AVENDAÑO LOPEZ 12 contemplado en los artículos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En cumplimiento de lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 13, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. De conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma José Elías Pacheco Martínez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, asistido de Joel Moisés Estañol González, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
MESA III..."Ciudad del Carmen, Campeche, treinta de marzo de dos mil veintitrés. RADICACIÓN. Vista la demanda de amparo promovida por ***, contra actos del Juez Segundo de Control del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral de Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial del Estado, con residencia en Ciudad del Carmen; radíquese como expediente 301/2023-III, intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y efectúense las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. DESECHAMIENTO. Por ser cuestión de orden público y de estudio preferente a la admisión de una demanda, en primer lugar, se analizará si se actualiza alguna de las causales de improcedencia del juicio de amparo, previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto transcrito se advierte que si examinada la demanda de amparo, se encontrare causa manifiesta e indudable de improcedencia, se desechará de plano. Ahora, un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, es aquel del que no se tiene duda ni incertidumbre de su existencia, es decir, el juzgador tiene la plena certeza y convicción de que no podrá ser desvirtuado con algún otro medio probatorio, 30/01/24 20:40:10 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.c7.2f PATRICIA GUADALUPE AVENDAÑO LOPEZ 2 porque se encuentra debidamente probada y no a base a presunciones. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis aislada 2a. LXXI/2002, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVI, julio de 2002, página 448, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." 30/01/24 20:40:10 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.c7.2f PATRICIA GUADALUPE AVENDAÑO LOPEZ Juicio de amparo 301/2023-III 3 Así las cosas, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, a saber: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVI. Contra actos consumados de modo irreparable; (.) Del precepto legal transcrito, se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra actos consumados de modo irreparable, entendiéndose como tal, los que han producido todos sus efectos, de manera que no es posible restituir al quejoso en el goce del derecho humano violado, lo cual hace improcedente la acción de amparo porque de otorgarse la protección constitucional, la sentencia carecería de efectos prácticos, por no ser factible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En el caso que nos ocupa, el análisis integral de la demanda de amparo revela que el quejoso reclama violación a su derecho humano a una defensa adecuada por parte del Juez Segundo de Control del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral de Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial del Estado, con residencia en Ciudad del Carmen, ya que en ningún vigiló o garantizó la materialización de una defensa inadecuada (sic) a cargo de su defensor particular ***, por la inactividad de éste dentro de la carpeta judicial ***, pues no se presentó a las audiencias fijadas - salvo la audiencia inicial-, como tampoco interpuso los recursos en defensa de sus intereses ni ofreció los medios de prueba que se les proporcionó para acreditar su inocencia. Ahora bien, del análisis detenido de los antecedentes del acto reclamado, se advierte que la violación al derecho humano a una defensa adecuada que reclama el quejoso, se cometió en la etapa de investigación complementaria, pues el agraviado refirió 30/01/24 20:40:10 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.c7.2f PATRICIA GUADALUPE AVENDAÑO LOPEZ 4 que durante la integración de la carpeta de investigación ***, específicamente cuando rindió su declaración ministerial se le designó como defensor de oficio al licenciado ***. Posteriormente, en la audiencia inicial celebrada el veintiséis de octubre de dos mil veintidós, rindió su declaración preparatoria, con asistencia de su defensor particular ***. Asimismo, que el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se le dictó auto de vinculación a proceso por considerársele probable responsable de la comisión del delito de robo con violencia, sin embargo, sus defensores Rodríguez García y Ojeda Jiménez, debido a su inactividad no interpusieron el recurso de apelación ni promovieron amparo contra el auto de vinculación a proceso. De igual forma, porque la pretensión del agraviado al promover su demanda de amparo es que se le conceda la protección constitucional para que se reponga el procedimiento a partir de la diligencia inmediata anterior donde surgió la vulneración a su derecho humano de defensa adecuada, para que se le permita ofrecer pruebas para acreditar su inocencia, en su caso, interponer recurso de apelación o promover amparo contra el auto de vinculación a proceso que se le dictó por considerársele probable responsable de la comisión del delito de robo con violencia. Ahora bien, respecto a las distintas etapas y fases en que se divide el procedimiento penal, en el nuevo sistema penal y acusatorio, es conveniente traer en contexto lo establecido en el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a saber: "Artículo 211. Etapas del procedimiento penal El procedimiento penal comprende las siguientes etapas: I. La de investigación, que comprende las siguientes fases: 30/01/24 20:40:10 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.c7.2f PATRICIA GUADALUPE AVENDAÑO LOPEZ Juicio de amparo 301/2023-III 5 a) Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación, e b) Investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación; II. La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio, y III. La de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el Tribunal de enjuiciamiento." De la anterior transcripción, se advierte que el procedimiento penal se conforma de tres etapas, sucesivas entre sí, a saber, (i) la de investigación que inicia con la presentación de la denuncia y concluye con el cierre de investigación; (ii) la intermedia o de preparación a juicio que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio; y (iii) la de juicio que inicia con el dictado del auto de apertura a juicio hasta que se emite el fallo correspondiente. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los amparos directos en revisión 669/2015, 5744/2014, 7225/2016, 7103/2016 y 2058/2017, sostuvo que el "principio de continuidad" previsto en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que disciplina el proceso penal acusatorio en una lógica de cierre de etapas y oportunidad de alegar. Este principio constitucional ordena que el procedimiento se desarrolle de manera continua, de tal forma que cada una de las etapas en las que se divide - investigación, intermedia y juicio- cumpla su función a cabalidad y, una vez que se hayan agotado, se avance a la siguiente sin que sea posible regresar a la anterior. Por esa razón, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consideró que las partes en el procedimiento se encuentran obligadas a hacer valer sus 30/01/24 20:40:10 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.c7.2f PATRICIA GUADALUPE AVENDAÑO LOPEZ 6 planteamientos en el momento o etapa correspondiente, pues de lo contrario se entiende por regla general que se ha agotado su derecho a inconformarse. De esta ejecutoria emergió la jurisprudencia 1a./J. 74/2018 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 61, diciembre de 2018, Tomo I, página 175, Décima Época, que dice: "VIOLACIONES A DERECHOS FUNDAMENTALES COMETIDAS EN UN PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. NO SON SUSCEPTIBLES DE ANALIZARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO OCURREN EN ETAPAS PREVIAS AL JUICIO ORAL. De acuerdo con el inciso a) de la fracción III del artículo 107 de la Constitución y la fracción I del artículo 170 la Ley de Amparo, el juicio de amparo directo procede en contra de sentencias definitivas dictadas por autoridades judiciales en dos supuestos: (i) cuando la violación se cometa en sentencia definitiva; y (ii) cuando la violación se cometa durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso y trascienda al resultado del fallo. Con todo, esta Primera Sala estima que tratándose de una sentencia definitiva derivada de un proceso penal acusatorio, en el juicio de amparo directo no es posible analizar violaciones a derechos fundamentales cometidas en etapas previas al inicio del juicio oral que tengan como consecuencia la eventual exclusión de determinado material probatorio. Si bien es cierto que de una interpretación literal y aislada del apartado B del artículo 173 de la Ley de Amparo pudiera desprenderse que sí es posible analizar en el juicio de amparo directo las violaciones a las leyes del procedimiento que hayan trascendido a las defensas del quejoso cometidas durante cualquiera de las etapas del procedimiento penal acusatorio, toda vez que la Ley de Amparo en ningún momento limita el examen de dichas violaciones a las que hayan ocurrido en una etapa determinada, esta Primera Sala estima que una interpretación conforme con la Constitución de la citada disposición permite concluir que el análisis de las violaciones procesales en el juicio de amparo directo debe limitarse exclusivamente a aquellas cometidas durante la audiencia de juicio oral. En primer lugar, porque sólo con dicha interpretación adquiere plena operatividad el principio de continuidad previsto en el artículo 20 constitucional, que disciplina el proceso penal acusatorio en una lógica de cierre de etapas y oportunidad de alegar. Este principio constitucional ordena que el procedimiento se desarrolle de manera continua, de tal forma que cada una de las etapas en las que se divide -investigación, intermedia y juicio- cumpla su función a cabalidad y, una vez que se hayan 30/01/24 20:40:10 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.c7.2f PATRICIA GUADALUPE AVENDAÑO LOPEZ Juicio de amparo 301/2023-III 7 agotado, se avance a la siguiente sin que sea posible regresar a la anterior. Por esta razón, se considera que las partes en el procedimiento se encuentran obligadas a hacer valer sus planteamientos en el momento o etapa correspondiente, pues de lo contrario se entiende por regla general que se ha agotado su derecho a inconformarse. En segundo lugar, porque dicha interpretación también es consistente con la fracción IV del apartado A del artículo 20 constitucional. De acuerdo con dicha porción normativa, el juez o tribunal de enjuiciamiento no debe conocer de lo sucedido en etapas previas a juicio a fin de garantizar la objetividad e imparcialidad de sus decisiones. En consecuencia, si el acto reclamado en el amparo directo es la sentencia definitiva que se ocupó exclusivamente de lo ocurrido en la etapa de juicio oral, el tribunal de amparo debe circunscribirse a analizar la constitucionalidad de dicho acto sin ocuparse de violaciones ocurridas en etapas previas. Esta interpretación además es consistente con el artículo 75 de la Ley de Amparo, que dispone que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable." En congruencia con lo anterior, existe la tesis aislada 1a. CCCXVI/2018 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 61, diciembre de 2018, Tomo I, página 470, Décima Época, que dice: "VIOLACIONES A DERECHOS FUNDAMENTALES RELATIVAS A LA DETENCIÓN Y DEFENSA ADECUADA DEL IMPUTADO. NO SON SUSCEPTIBLES DE ANALIZARSE EN AMPARO DIRECTO, CUANDO OCURREN EN ETAPAS PREVIAS AL JUICIO ORAL. Los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 107 de la Ley de Amparo, disponen que el juicio de amparo directo procede, entre otros supuestos, contra sentencias definitivas dictadas por autoridades judiciales, ya sea que la violación se cometa en el propio fallo o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado de la sentencia. Los casos en que se consideran violadas las leyes durante un proceso penal acusatorio, adversarial y oral, con trascendencia para el quejoso, se encuentran enlistados en el apartado B del artículo 173 de la Ley de Amparo, de cuyo contenido se advierte que el legislador no condicionó expresamente el estudio de esas violaciones procesales a que se materialice en una etapa procesal específica. Sin embargo, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación encuentra que, con el propósito de lograr que el juicio de 30/01/24 20:40:10 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.c7.2f PATRICIA GUADALUPE AVENDAÑO LOPEZ 8 amparo funcione acorde con la estructura del Nuevo Sistema de Justicia Penal, es necesario interpretar dicha disposición en armonía con el artículo 20 constitucional, en el sentido de que el estudio de violaciones procesales en amparo directo debe limitarse exclusivamente a las ocurridas en la audiencia de juicio. Es así, porque con esta interpretación adquiere operatividad el principio de continuidad que orienta al proceso penal en la lógica de cierre de etapas y oportunidad para alegar, esto es, se parte de la base de que cada una de las etapas procesales en las que se divide -investigación, intermedia y juicio- cumplan la función para la cual fueron diseñadas y, una vez agotada la primera, se avance a la siguiente sin que exista la posibilidad de regresar a la anterior o reabrirla, lo que significa que las partes se encuentran obligadas a formular sus planteamientos en el momento o etapa procesal correspondiente, pues de lo contrario, por regla general, se entenderá que agotaron su derecho para inconformarse. Además, la interpretación adoptada es acorde con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las sentencias emitidas en los juicios de amparo deberán apreciar el acto reclamado tal y como apareció probado ante la autoridad responsable e, incluso, es coherente con la exigencia constitucional de que el juez o tribunal de enjuiciamiento no debe conocer lo sucedido en etapas previas al juicio, a fin de garantizar su imparcialidad. En ese sentido, las violaciones procesales alegadas por el quejoso en su demanda de amparo directo, relativas a que fue detenido ilegalmente, que no le hicieron saber sus derechos constitucionales tras su detención y que tampoco contó con la carpeta de investigación completa, no son susceptibles de analizarse en amparo directo, por tratarse de violaciones ocurridas en una etapa previa a la audiencia de juicio, específicamente durante la investigación, etapa en la cual el quejoso estuvo en condiciones de controvertirlas ante el juez de control que conoció de la causa penal o de recurrir la decisión respectiva, a través de los medios de impugnación a su alcance." Ahora bien, de acuerdo a la información contenida en la demanda de amparo, se advierte que el proceso penal de donde deriva el acto reclamado, se encuentra en la intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio. Se afirma lo anterior, pues el quejoso manifestó que en auto de once de enero de dos mil veintitrés, le notificaron el escrito de acusación, mismo que remitió vía "WhastApp" a su defensor 30/01/24 20:40:10 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.c7.2f PATRICIA GUADALUPE AVENDAÑO LOPEZ Juicio de amparo 301/2023-III 9 Rodríguez García, reiterándole que ofreciera pruebas, quien le manifestó que las pruebas se ofrecerían en el momento oportuno. Asimismo, que el seis de febrero de dos mil veintitrés, le notificaron vía electrónicamente el auto de tres de esos mismos mes y año, donde se fijaron las catorce horas del catorce de febrero de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia intermedia, sin embargo, en proveído de trece de esos mismos mes y año, se dejó sin efectos la hora y fecha programada para la celebración de la audiencia intermedia. De igual forma, que el catorce de febrero de dos mil veintitrés, le notificaron el acuerdo de trece de esos mismos mes y año, donde se fijaron las nueve horas del veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia intermedia. De igual modo, que el veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, se apercibió a sus defensores particulares con la imposición de una multa en caso de que no justificaran su inasistencia a la audiencia programada para el veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, en su caso, se les tendría por abandonada la defensa. Finalmente, el catorce de marzo de dos mil veintitrés, se tuvo a sus defensores particulares *** y ***, renunciando y abandonando la defensa, respectivamente. Bajo ese contexto, en razón de que la etapa -investigación complementaria- donde se cometió la violación al derecho humano a una defensa adecuada que reclama el quejoso, quedó clausurada con la apertura de la etapa intermedia o de preparación del juicio, resulta inconcuso que esa violación quedó consumada de modo irreparable, pues el avance a la siguiente etapa impide regresar a la anterior. 30/01/24 20:40:10 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.c7.2f PATRICIA GUADALUPE AVENDAÑO LOPEZ 10 De manera que, se reitera, no es posible restituir al quejoso en el goce del derecho humano violado, por haber operado la figura de la preclusión, que se funda en el hecho de que las diversas etapas del proceso penal se desarrollan en forma sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada una de ellas, impidiéndose el regreso a momentos procesales ya extinguidos y consumados. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 21/2002, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, abril de 2002, página 314, Novena Época, intitulada: "PRECLUSIÓN. ES UNA FIGURA JURÍDICA QUE EXTINGUE O CONSUMA LA OPORTUNIDAD PROCESAL DE REALIZAR UN ACTO. La preclusión es uno de los principios que rigen el proceso y se funda en el hecho de que las diversas etapas del proceso se desarrollan en forma sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada una de ellas, impidiéndose el regreso a momentos procesales ya extinguidos y consumados, esto es, en virtud del principio de la preclusión, extinguida o consumada la oportunidad procesal para realizar un acto, éste ya no podrá ejecutarse nuevamente. Además doctrinariamente, la preclusión se define generalmente como la pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal, que resulta normalmente, de tres situaciones: a) de no haber observado el orden u oportunidad dada por la ley para la realización de un acto; b) de haber cumplido una actividad incompatible con el ejercicio de otra; y c) de haber ejercitado ya una vez, válidamente, esa facultad (consumación propiamente dicha). Estas tres posibilidades significan que la mencionada institución no es, en verdad, única y distinta, sino más bien una circunstancia atinente a la misma estructura del juicio." Por consiguiente, con fundamento en el artículo 113 en relación con el numeral 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, por causa manifiesta e indudable de improcedencia, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por ***. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. 30/01/24 20:40:10 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.c7.2f PATRICIA GUADALUPE AVENDAÑO LOPEZ Juicio de amparo 301/2023-III 11 Con fundamento en el artículo 27 fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones personales el ubicado en ***. AUTORIZACIÓN DE USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Desde este momento, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para la reproducción de las constancias de autos (salvo de aquellas constancias que sean reservadas o confidenciales), en la inteligencia que toda reproducción se llevará a cabo ante el secretario que tiene a cargo el expediente en que se actúa, quien levantará la certificación correspondiente del medio electrónico utilizado y de la constancia reproducida. EXHORTO A TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA". Con fundamento en el artículo 263 fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo; se exhorta a las partes para que continúen la tramitación del presente asunto, mediante el esquema de "juicio en línea"; para lo cual, deberán proporcionar su nombre de usuario, solicitar que las notificaciones subsecuentes se les realicen de manera electrónica y que tengan firma electrónica vigente. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA. Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo 30/01/24 20:40:10 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.c7.2f PATRICIA GUADALUPE AVENDAÑO LOPEZ 12 contemplado en los artículos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En cumplimiento de lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 13, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. De conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma José Elías Pacheco Martínez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, asistido de Joel Moisés Estañol González, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
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