Carlos Alberto Orea Ariza

Expediente 400/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 16 actuaciones registradas, la última del 12 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
400/2019
Año
2019
Actuaciones
16
Última actuación
12/07/2019

Partes del expediente

  • Carlos Alberto Orea Ariza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, doce de julio de dos mil diecinueve. Se tiene por recibido el oficio signado por JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA DE CONTROL, JUICIO ORAL Y EJECUCION DE SANCIONES DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL DEL ESTADO DE MORELOS (TOMAS MATEO MORALES), mediante el cual informa que en audiencia de ocho de julio del año en curso, el imputado Carlos Alberto Orea Ariza reparó el daño a Santiago Castillo Vargas, por lo que la Agente del Ministerio Público se desistió de la acción penal y solicitó el sobreseimiento de la causa penal, operando la extinción de la acción penal y por ende el sobreseimiento total de la causa penal JCC/022/2017, anexando copia y disco versátil digital (DVD), que contiene la videograbación correspondiente a la audiencia de la causa penal JCC/022/2017; en consecuencia, agréguese a los autos copia certificada del oficio de cuenta, para que obre como legalmente corresponda y surta sus efectos legales. Atento a lo anterior, toda vez que el juicio de amparo 400/2019-IV, se encuentra radicado en el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, para la substanciación del recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa en contra de la sentencia dictada el doce de junio de dos mil diecinueve; en esas condiciones, se ordena girar oficio al tribunal de alzada remitiéndole el informe y anexos de cuenta, para los efectos legales conducentes en el amparo en revisión 282/2019. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Sergio Arturo Godínez Vega, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, nueve de julio de dos mil diecinueve. Se tiene por recibido el oficio proveniente del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, acusa recibo e informa que admitió el recurso de revisión interpuesto por el quejoso y quedó registrado con el número 282/2019; el que se ordena agregar a los autos para que surta sus efectos legales procedentes. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del secretario Paulo Yair García Meza, quien autoriza y da fe.Ediaz*

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veinticinco de junio de dos mil diecinueve. Se tiene por recibido el escrito signado por el quejoso, mediante el cual, interpone recurso de revisión en contra de la sentencia terminada de engrosar el doce de junio de dos mil diecinueve; téngase a la parte quejosa haciendo valer el referido RECURSO DE REVISIÓN; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 84, 86, y 89 de la Ley de Amparo vigente, córrase traslado a las partes con copia del escrito de agravios. Una vez que el expediente se encuentre debidamente integrado, sin ulterior acuerdo, remítanse los autos originales al TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DECIMOCTAVO CIRCUITO, EN TURNO, con residencia en esta ciudad, para la substanciación del recurso referido, así como el original y copia del escrito de expresión de agravios, como lo establece el artículo 89 de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2ª/J.116/2004, definida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Septiembre de 2004, Página: 306, de rubro: REVISIÓN EN AMPARO. EL PLAZO DE VEINTICUATRO HORAS ESTABLECIDO POR EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 89 DE LA LEY DE LA MATERIA, PARA QUE EL JUEZ DE DISTRITO REMITA EL EXPEDIENTE ORIGINAL A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE CORRESPONDA, JUNTO CON EL ESCRITO DE EXPRESIÓN DE AGRAVIOS Y LA COPIA PARA EL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE AQUÉL ESTÉ DEBIDAMENTE INTEGRADO. Finalmente, en virtud de que este juzgado cuenta con el Expediente Electrónico que contiene las actuaciones que se encuentran en el presente juicio de amparo, se ordena formar el cuaderno de antecedentes únicamente con la copia del escrito de agravios. Notifíquese, corriéndole traslado a las partes con copia simple del escrito de agravios, con excepción de la recurrente. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, quien autoriza y da fe.

  4. Principal

    Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 400/2019-IV, promovido por CARLOS ALBERTO OREA ARIZA, por derecho propio; y RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnada y recibida el mismo día ante este Juzgado, CARLOS ALBERTO OREA ARIZA, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos del Juez de control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Tercer Distrito Judicial, con residencia en la Ciudad de Cuautla, Estado de Morelos (fojas 1 a 11). SEGUNDO. Admisión, trámite de la demanda. El veintiocho de marzo de dos mil diecinueve se admitió la demanda, la cual quedó registrada bajo el número de expediente 400/2019-IV, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, dio la intervención legal correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Ordenó el emplazamiento de la parte tercera interesada y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que luego de haber sido diferida inició en términos del acta que antecede (fojas 12 a 15). C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es legalmente competente para conocer y resolver del presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 1°, fracción V, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y conforme a lo previsto en el Acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, dado que se reclama un acto de naturaleza penal atribuido a una autoridad en esa materia en la jurisdicción que corresponde a este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa los actos reclamados. Así el acto reclamado a Tomás Mateo Morales, Juez de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Tercer Distrito Judicial en Cuautla, Morelos es el siguiente: La resolución de once de marzo de dos mil diecinueve, dentro de la causa penal JCC/022/2017, a través de la cual se vinculó a proceso al imputado CARLOS ALBERTO OREA ARIZA por el delito de uso de documento falso agravado previsto y sancionado por el artículo 214, fracción I, en relación con los numerales 216 y 217 del Código Penal en el Estado de Morelos vigente. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Juez de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Tercer Distrito Judicial, con residencia en la Ciudad de Cuautla, Estado de Morelos, ya que al rendir su informe justificado aceptó el acto que se le atribuye (fojas 22 a 31). Certeza que además se corrobora con el audio y video remitidos en disco versátil digital que acompañó y del cual se observa la audiencia correspondiente, a los cuales se le concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, toda vez que fueron expedidas por un servidor público en el ejercicio de sus funciones, sin que además, haya sido objetada su autenticidad. Tal como lo establece la Jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Materia(s): Común, Página: 703, Registro electrónico 2004362, de rubro y texto siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL.". CUARTO. Análisis de los conceptos de violación. Al no existir causal de improcedencia hecha valer por alguna de las partes o que este Juzgado de Distrito advierta de oficio, se procede a realizar el estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. Los motivos de disenso que hace valer el quejoso, en parte se estiman infundados y en lo restante fundados, suplidos en su deficiencia en términos del artículo 79, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo, suficientes para conceder el amparo, por los motivos que se explicaran más adelante. Establecido lo anterior, por cuestión de orden y técnica, se analizará lo relativo a la figura procesal de la -prescripción- por ser de estudio preferente y oficioso. Resulta aplicable al caso, por analogía, la jurisprudencia 1a./J. 62/99 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, Noviembre de 1999, visible en la página 316, cuyo rubro es: "PRESCRIPCIÓN, EL JUEZ DE AMPARO DEBE ANALIZARLA CUANDO SE RECLAMA LA ORDEN DE APREHENSIÓN. POR SER FIGURA PROCESAL DE ORDEN PÚBLICO, SU ESTUDIO ES PREFERENTE Y OFICIOSO.". De igual forma, apoya a lo anterior la tesis VI.3°.26 P emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, Noviembre de 1997, visible en la página 500, de rubro: "PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. OBLIGACIÓN DEL JUEZ DE AMPARO DE ESTUDIARLA CUANDO SE PLANTEA COMO VIOLACIÓN EN EL JUICIO DE GARANTÍAS PROMOVIDO EN CONTRA DEL AUTO DE FORMAL PRISIÓN.". Al respecto, el quejoso aduce como concepto de violación, que la determinación emitida por el juez de control trastoca el contenido de los artículos 97 y 99 del Código Penal para el Estado, dado que no se encuentra fundado y motivado en la medida que analizó de forma errónea la prescripción del delito de uso de documento falso al tomar en consideración las agravantes. Dicho motivo de disenso resulta infundado, por las siguientes consideraciones: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver las Contradicciones de Tesis 56/98, 83/2009-PS y 104/2007-PS, abordó de manera general el tema de la prescripción de la acción penal, respeto de la cual consideró que dicha figura jurídica supone una inactividad del Ministerio Público, en relación con el derecho de persecución del cual es titular, durante todo el tiempo que la ley señala como suficiente para su extinción, la que puede actualizarse antes del ejercicio de la acción penal por el Ministerio Público o durante el procedimiento en virtud de haber transcurrido los plazos legales establecidos en la legislación aplicable al caso concreto. Señaló que, el fundamento de la prescripción radica no sólo en la autolimitación del Estado para ejercer su poder represivo, sino también en la seguridad que todos los hombres deben tener ante el propio Estado. Por lo que, más que un beneficio para el inculpado o un derecho procedimental, es una consecuencia o sanción para la autoridad encargada de investigar y perseguir los delitos ante su inactividad. Ello, porque debe considerare al Estado como el representante de la sociedad organizada, al que le corresponde velar por el orden social, por lo que, debe reprimir todo lo que vulnere dicho orden; por tanto, cuando se comete un hecho delictuoso surge para el Estado, a través del agente del ministerio público, el derecho de perseguirlo y de reclamar la aplicación de la ley. Así, la acción penal es el derecho que tiene el representante de la sociedad, de acudir ante el órgano jurisdiccional para que aplique la ley a un hecho que estima delictuoso; y su ejercicio se da cuando se reclama y exige el reconocimiento de ese derecho. En el entendido que, para que el Ministerio Público cumpla con su finalidad y pueda ejercer acción penal, debe conocer e investigar el hecho respecto del cual solicitará ante el órgano jurisdiccional la aplicación de la ley, lo que realiza mediante la búsqueda de medios de prueba que acrediten la existencia del delito y la responsabilidad de quien lo cometió o participó en su comisión y, una vez verificados dichos extremos, inicia el ejercicio de la acción penal con la correspondiente consignación, es decir, solicita al órgano jurisdiccional la aplicación de la ley en relación con ese hecho. Solicitud que persiste hasta que logra la aplicación de la ley con la correspondiente resolución del órgano jurisdiccional al imponer la pena al que cometió el delito de que se trate, ya que de no lograrlo, por razones diversas, y de trascurrir los términos de la ley aplicable, el juez puede decretar la prescripción y consiguientemente sobreseer en la causa; en tal caso, el fenómeno que extingue la acción se ha producido por el paso del tiempo establecido legalmente. Así, el concepto de prescripción de la acción penal, no es otra cosa que una figura jurídica, que por virtud del paso del tiempo, impide al órgano del Estado -representado por el Agente del Ministerio Público- investigar y perseguir los delitos, conforme a la facultad que le confiere el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que para determinar si se encuentra actualizada o no, es indispensable referirse a la naturaleza del delito de uso de documento falso y a las generalidades básicas de la prescripción de un delito previstas en el Código Penal para el Estado de Morelos. El delito de uso de documento falso está previsto en el título Decimotercero, capítulo I, del Código Penal para el Estado de Morelos, intitulado "Delitos contra la fe pública", en el artículo 214, fracción I del tenor siguiente: "ARTICULO 214.- Se impondrá de cuatro a ocho años de prisión y de doscientos a trescientos sesenta días multa, a quien para obtener un beneficio o causar daño: I. Falsifique o altere un documento, o ponga en circulación un documento falso. Para este efecto, así como para el previsto en la fracción II, se tomarán en cuenta tanto la falsificación o alteración total o parcial del documento, como el empleo de una copia, transcripción o testimonio alterados del mismo; (.) Respecto a su forma de consumación, el delito de uso de documento falso previsto en el Código Penal para el Estado de Morelos, se pueda clasificar como un ilícito instantáneo, conforme a la fracción I, del numeral 16, del Código punitivo estatal en mención, toda vez que su consumación se agota en el mismo momento en que se haga uso del documento falso. Cabe recordar que la denuncia, es el conocimiento que se hace respecto de la comisión de un ilícito que se persigue de oficio y cualquier persona puede llevarla a cabo, e incluso, el Ministerio Público puede tomar conocimiento de la realización de un acto posiblemente delictivo de manera oficiosa. Ahora bien, por cuanto a la prescripción, en términos generales, se entiende como una causa de extinción de la responsabilidad criminal, fundada en la acción del tiempo sobre los acontecimientos humanos y su fundamento radica en consideraciones de seguridad jurídica, pues se trata de impedir que los individuos -inculpados- carezcan indefinidamente de certeza y confianza sobre su situación legal por hechos que realizaron en el pasado. Al respecto, el Código Penal para el Estado de Morelos contempla la figura de la prescripción de los delitos, en los numerales del 97 al 105, los cuales son del tenor literal siguiente: "Artículo 97. La prescripción extingue la pretensión punitiva y la potestad ejecutiva y opera por el transcurso del tiempo, bajo las condiciones previstas en este código. Los plazos para el cómputo de la prescripción serán continuos." "Artículo 98. Se duplicarán los plazos para la prescripción respecto de quienes se encuentren fuera del territorio del Estado, si por esta circunstancia no es posible integrar una averiguación previa, concluir un proceso o ejecutar una sanción. La prescripción producirá su efecto, aunque no la alegue como excepción el acusado. Los Jueces la suplirán de oficio en todo caso, tan luego como tengan conocimiento de ella, sea cual fuere el estado procesal. Para quienes se encuentren fuera del territorio nacional, se suspenderá la prescripción y empezará a contar cuando regresen al país. Si se trata de los servidores públicos de los que se requiera la declaratoria de procedencia por parte del Congreso del Estado y esta no fuere concedida, se suspenderá la prescripción y se empezará a contar a partir del día que dejen de tener tal carácter." "Artículo 99. Cuando se trate de delito perseguible de oficio y sancionado exclusivamente con prisión, pena alternativa en la que figure la privación de la libertad o sanción en la que concurran esta pena y otras de diferente naturaleza, la prescripción sólo operará cuando transcurran las tres cuartas partes del tiempo fijado como máximo para la prisión correspondiente al delito respectivo, en el caso de delito grave, y las dos terceras partes, cuando se trate de otra categoría de delitos. En los demás casos, la pretensión prescribirá en tres años." "Artículo 100. Los plazos para la prescripción se contarán: I. Desde que se consumó el delito, si fuere instantáneo; II. Desde que se realizó la última conducta, tratándose de delito continuado; III. Desde que cesó la consumación, en el delito permanente; y IV. Desde que se realizó el último acto de ejecución o se omitió la conducta debida, si se trata de tentativa. En los casos de concurso, se computarán separadamente los plazos para la prescripción correspondiente a los diversos delitos concurrentes, pero correrán en forma simultánea." "Artículo 100 Bis. Cuando se trate de delitos contra la libertad y el normal desarrollo psicosexual contenidos en el título séptimo de este código, cometidos en contra de menores de edad, el término de la prescripción de la pretensión punitiva empezará a correr a partir del día en que la víctima alcance su mayoría de edad." . Artículo 101. Cuando para la persecución del delito sea necesario que se dicte sentencia en diverso juicio, no comenzará a correr la prescripción sino hasta que exista la correspondiente ejecutoria. En caso de que para la persecución se requiera otra declaración o resolución de autoridad, las gestiones que se hagan para obtenerla interrumpen la prescripción. Ésta comenzará a correr cuando se dicten la declaración o resolución, y adquieran firmeza. Sin embargo, se iniciará el curso de la prescripción cuando transcurran tres años, contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, sin que la autoridad emita dicha declaración o resolución, salvo que la ley aplicable a éstas prevenga otro plazo. Si se trata de la remoción de inmunidad de un servidor público, la prescripción correrá desde que se produzca ese acto o a partir del momento en que concluya la inmunidad por cualquier otra causa, todo ello sin perjuicio de que el procedimiento continúe por lo que respecta a otros inculpados que no gocen de inmunidad." "Artículo 102. Las actuaciones de la autoridad competente directamente encaminadas a la averiguación del delito o del paradero del inculpado, y a la entrega o al juzgamiento de éste, impiden o interrumpen el curso de la prescripción. Si se deja de actuar, comenzará a correr desde el día posterior al de la última actuación realizada. Tienen el mismo efecto mencionado en el párrafo anterior las actuaciones realizadas por la autoridad a la que se solicita la entrega, para atender ésta o procesar al infractor. En estos casos, la interrupción subsistirá hasta que la autoridad requerida niegue la entrega o hasta que desaparezca la situación legal que motivó el aplazamiento de aquélla. Las actuaciones mencionadas en el primer párrafo de este artículo, así como las realizadas por la autoridad requerida para localizar y detener al infractor, no impedirán o interrumpirán el curso de la prescripción cuando se practiquen durante la segunda mitad del plazo para que opere aquélla. En este caso, la prescripción solo se interrumpirá por la detención del inculpado." "Artículo 103. Cuando se hubiese aplicado una sanción privativa de libertad, la potestad de ejecutarla prescribirá en un plazo igual al fijado en la condena, pero nunca será inferior a tres años ni excederá de quince. Si se ha cumplido parte de la sanción, sólo se necesitará un tiempo igual al que falte para el total cumplimiento de la condena, tomando en cuenta, asimismo, los límites dispuestos en el párrafo precedente. En el caso de otras sanciones que tengan prevista determinada duración, la prescripción operará por el transcurso de ésta, pero no podrá ser menor de dos años ni mayor de ocho. Si se trata de sanciones que no tengan temporalidad, la prescripción ocurrirá en tres años." "Artículo 104. Los plazos para la prescripción correrán desde el día siguiente a aquel en que el sentenciado se sustraiga a la acción de la justicia, si las sanciones afectan la libertad. En los demás casos correrán desde la fecha en que cause ejecutoria la sentencia." "Artículo 105. Las actuaciones de la autoridad competente encaminadas directamente a hacer efectivas las sanciones, impiden o interrumpen el curso de la prescripción, que se reiniciará al día siguiente de aquel en que se realice la última actuación. Si desde el momento en que cesó la ejecución ha transcurrido más de la mitad del tiempo necesario para la prescripción, ésta sólo cesará cuando se reanude la ejecución interrumpida." Como puede apreciarse, la legislación en comento prevé dos categorías de prescripción: 1) De la acción penal; y, 2) De la ejecución de sanciones. Al tenor de la legislación del Estado de Morelos, no debe confundirse la prescripción de la facultad pública de ejercer la acción penal, con la prescripción de la facultad de ejecutar las sanciones. Lo anterior, porque el ejercicio de la acción penal, radica única y exclusivamente en la institución del Ministerio Público, al tenor del artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; mientras que la ejecución de las sanciones, con su correspondiente prescripción, se actualiza una vez dictada la sentencia de condena por la autoridad judicial. Tratándose de la prescripción de la acción penal, el Código Penal para el Estado de Morelos dispone que cuando se trata de delitos perseguibles de oficio, en el caso de delitos graves, opera cuando transcurran las tres cuartas partes del tiempo fijado como máximo para la prisión correspondiente del delito respectivo y cuando se trata de otra categoría de delitos las dos terceras partes. A su vez prevé plazo genérico de tres años (artículo 99), cuyo término se contará desde el día en que se cometió el delito, si fuere instantáneo; desde que se realizó la última conducta si fuere continuado; en el momento en que cesó la consumación, si se tratare de delito permanente, o cuando se realizó el último acto de ejecución o se omitió la conducta debida, si se trata de tentativa (artículo 100). En ese sentido, cabe hacer notar, que el plazo prescriptivo aplicable al delito de uso de documento falso que se imputó y por el cual se resolvió la vinculación a proceso al ser un delito que se persigue de oficio es el relativo a las dos terceras partes del tiempo fijado como máximo para la prisión correspondiente a dicho ilícito; pues éste último resulta aplicable a los delitos "no graves", según se obtiene de la redacción del invocado artículo 99, del Código Penal para el Estado de Morelos, antes transcrito. Sentado lo anterior, solo restaría determinar a partir de qué momento se debe contabilizar el citado lapso de prescripción tratándose del delito de uso de documento falso, cuando como en la especie, se dice aconteció, al momento en que el aquí quejoso utilizó la glosa número 566969, para ser entregada a Santiago Castillo Vargas. Lo cual es menester a fin de salvaguardar el derecho humano de las víctimas a conocer la verdad, cuyo reconocimiento, a nivel constitucional en México, ha atravesado por diversas etapas, a fin de dar respuesta a la demanda social de impunidad y a los efectos del delito en la víctima. De esta manera, las reformas constitucionales han generado el reconocimiento de una serie de derechos a favor de la víctima u ofendido del delito que, esencialmente, lo colocaron en posición de tener mayor presencia en las diversas etapas procedimentales penales. En lo que aquí interesa, se tiene que el reformado artículo 20, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su apartado C, comprende el derecho de intervención activa en las diversas etapas procedimentales penales; destacando lo previsto en la parte final de su fracción II y VII, que reza: "Artículo 20. (...) C. De los derechos de la víctima o del ofendido: (.)II. Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley. Cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de la diligencia, deberá fundar y motivar su negativa; (.) VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño." De la transcripción de dicho precepto legal, se advierte que, entre otros derechos, la víctima constitucionalmente goza del derecho a conocer la verdad; solicitar que el delito no quede impune; que se sancione al culpable y se obtenga la reparación del daño. Asimismo, es de destacar que dada la tendencia para ampliar el ámbito de protección de derechos humanos y ante los diversos compromisos internacionales ratificados por el Estado Mexicano, es que el nueve de enero de dos mil trece, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General de Víctimas, la cual consagra diversos derechos, entre otros, el estatuido en la fracción III, del artículo 7, relativo al derecho fundamental de la víctima a conocer la verdad de lo ocurrido acerca de los hechos en que le fueron violados sus derechos humanos. De ahí que se concluya que, en aras de no vulnerar el derecho fundamental de las víctimas relativo a conocer la verdad de lo ocurrido acerca de los hechos en que le fueron violados sus derechos humanos, el juzgador no debe limitarse a aplicar el texto expreso del artículo 100 del Código Penal para el Estado de Morelos, que establece las reglas para el cómputo de la prescripción de la acción punitiva, sino que debe interpretarlo de manera conforme al derecho humano contenido en el artículo 20, apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en el caso involucra el derecho de la víctima a conocer la verdad; y ponderar no solamente si se acredita alguna de las hipótesis a que se refiere el citado ordinal 100 de la codificación sustantiva estatal citada, sino que, además, debe cerciorarse que la víctima haya tenido conocimiento del delito y del delincuente, para así estar en aptitud de establecer el momento en que deba iniciarse el cómputo, ya sea a partir de los plazos establecidos en el multicitado arábigo de la legislación penal en comento, o bien, desde el momento en que el ofendido haya tenido conocimiento del delito y del delincuente. En el entendido que para que pueda iniciar el mismo no basta con tener conocimiento del hecho o del autor, sino que hay que tenerlo de ambos, pues el conocimiento del delito y del delincuente presupone que ya no hay una afectación al bien jurídico tutelado y, por ende, debe iniciar un plazo de extinción de la acción penal, ya que, de no ser así, se desnaturalizaría la figura jurídica de la prescripción del ilícito en perjuicio no solo de la víctima sino también del imputado. Lo cual implica que para poder iniciar el cómputo de la prescripción de la acción persecutoria del delito en estudio, se debe tener la certeza de que la víctima haya tenido conocimiento del delito y del delincuente, con independencia de que ese conocimiento del ofendido se dé cuando entrega la glosa, e incluso se deberá ponderar también, si existió dolo inicial o precedente; o, en su caso, subsiguiente o sobrevenido, ya que de esta manera no se restringe en su perjuicio el plazo para que prescriba la acción penal y se garantiza que contará de manera efectiva con las dos terceras partes del tiempo fijado como máximo para la prisión correspondiente, en este caso de uso de documento falso que prevé el artículo 99 del Código Penal para el Estado de Morelos, para que se extinga su derecho a perseguir ante los tribunales una conducta típica consumada, respetándose así el derecho humano de las víctimas a conocer la verdad. Aserto que encuentra sustento en la tesis de jurisprudencia, identificada con el número PC. XVIII. J/14 P (10ª.), sustentada por el Pleno de este Decimoctavo Circuito, consultable bajo el registro 2011699, en la Décima Época del Semanario Judicial y su Gaceta, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo III, Materia Penal, Página 1895, de rubro y texto siguientes: "FRAUDE GENÉRICO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 188 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE MORELOS. MOMENTO EN QUE INICIA EL CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA QUE OPERE LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL". Atento a todo lo expuesto, partiendo de lo establecido en el sentido de que la prescripción de la acción penal, respecto del delito de uso de documento falso que aquí se analiza, opera a las dos terceras partes del tiempo fijado como máximo para la prisión correspondiente a dicho ilícito en términos del artículo 99 del Código Penal para el Estado de Morelos y, tomando en consideración que dicho ilícito se dice se materializó en la especie mediante la entrega de la glosa número 566968, a la parte tercera interesada Santiago Castillo Vargas a fin de realizar el cómputo relativo, según su forma de consumación, acorde a lo dispuesto en el artículo 100 del mismo ordenamiento, se pone en evidencia lo siguiente: Si se estima que el delito fuere instantáneo, el término se contará desde el día en que se consumó el delito; Si se estima que el delito fuere continuado, el término se contará desde que se realizó la última conducta; Si se estima que el delito fuere permanente, el término se contará desde el momento en que cesó la consumación del delito. Si se trata de tentativa del delito, el término se contará desde que se realizó el último acto de ejecución o se omitió la conducta debida. En esa tesitura, tomando en consideración que los hechos denunciados el veintinueve de octubre de dos mil catorce, dan noticia de que el hecho delictivo probablemente ocurrió el cinco de diciembre de dos mil trece, es a partir de ese momento que inicia el cómputo para la prescripción del delito en estudio, pues además en esa fecha el ahora tercero tomó conocimiento del hecho que denunció, y de quienes intervinieron. En ese tenor, de la reproducción de los registros audiovisuales que se tienen a la vista se aprecia que el juez de control señalado como responsable consideró correctamente que no ha prescrito la acción persecutoria del ministerio público respecto del delito de uso de documento falso al estimar que no han transcurrido el término de las dos terceras partes del tiempo fijado como máximo para la prisión correspondiente a dicho ilícito; toda vez que la parte aquí tercero interesada Santiago Castillo Vargas, formuló su denuncia el veintinueve de octubre de dos mil catorce, en relación con hechos acaecidos el cinco de diciembre de dos mil trece. Así tenemos que del registro digital (audio y video), contrario a lo alegado por el quejoso, como lo determino el Juez responsable no ha transcurrido el plazo para la prescripción, pues si la sanción máxima que por el ilícito de uso de falsificación de documento que se le atribuye es de ocho años, contado dicho plazo a partir de que sucedió el hecho delictivo (esto es del cinco de diciembre de dos mil trece), el plazo para la prescripción sería de cinco años cuatro meses, por lo cual es evidente que el término para la prescripción no transcurrió, dado que el inicio de la carpeta de investigación fue el veintinueve de octubre de dos mil catorce (fecha de la denuncia), pues en ese momento, sólo habían transcurrido diez meses, veinticuatro días; actuación que interrumpió el plazo de la prescripción. Lo cual es correcto, toda vez que nuestro más alto tribunal en la tesis 1a./J 18/2017 (10a.) publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I, página 425, número de registro 2014288, de rubro: "PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. LA PRESENTACIÓN DE LA DENUNCIA ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO INTERRUMPE EL TÉRMINO PARA QUE OPERE EN LOS DELITOS PERSEGUIDOS DE OFICIO (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE COLIMA Y VERACRUZ ABROGADAS).", ha establecido que la prescripción de la acción penal se interrumpe con la presentación de la denuncia ante el Ministerio Público, pues considerar lo contrario implicaría dejar en estado de indefensión a la víctima u ofendido del delito, pues sus derechos quedaría a expensas de la voluntad de la representación social. Es importante establecer que de la fecha a la presentación de la denuncia e incluso a la formulación de imputación no ha transcurrido la figura de la prescripción. Máxime que si existieron actos en investigación del delito que a su vez interrumpen dicho plazo, como lo refirió el Juez de control a saber con el testimonio de Margarita Fonseca Montero de diez de noviembre de dos mil catorce. En lo concerniente al año dos mil quince, estableció que se contaba con diversas diligencias, entre ellas el informe pericial en materia de contabilidad de tres de septiembre de dos mil quince. Por lo que respecta al año dos mil dieciséis, estableció que no se advierte investigación alguna, lo cual pudo suspender un año la investigación. En el año dos mil diecisiete, señaló que se encontraba la solicitud de la audiencia para imputación de once de enero y los testimonios de Santiago Castillo Vargas y Daniel Castillo Pedraza de dieciséis y veintiuno de marzo del mismo año. Finalmente refirió que las actuaciones de dos mil dieciocho, se apreciaba la testimonial de Santiago Castillo Vargas de veinticinco de enero, el oficio suscrito por la Fiscalía Zona Oriente de doce de febrero, el oficio suscrito por la Dirección General de Recaudación de la Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado de once de mayo y el escrito de la Fiscalía Zona Oriente de cuatro de mayo. Actuación que en un análisis preliminar como lo estimo el juez responsable pueden llegar a calificarse como aptas para interrumpir el aludido plazo prescriptivo; pero que aún sin considerarlas, tomando en cuenta la fecha de la denuncia (veintinueve de octubre de dos mil catorce) con la solicitud de formulación de la imputación, permiten apreciar que no había fenecido el lapso de cinco años cuatro meses necesarios para estimar prescrita la facultad punitiva del Estado en relación a los hechos materia del proceso. Por tanto, se estima correcta la resolución reclamada, en lo concerniente a la figura jurídica de la prescripción que se analizó, ya que se efectuó su estudio considerando que comenzó a generarse bajo el amparo de la ley vigente al momento en que se suscitó el hecho delictivo, esto es el Código de Procedimientos Penales del Estado de Morelos, tomando en consideración lo establecido en los numerales 97 y 98 del Código punitivo local; sin tomar en consideración las agravantes contrario a lo alegado por el quejoso; sin bien refiere el Juez responsable que con las agravantes sería más tiempo para que prescriba el ilícito, lo cierto es que realiza el estudio, sin tomar en consideración las agravantes previstas en los numerales 216 y 217 del Código Penal del Estado; de ahí que resulte infundada la afirmación que hizo el quejoso en la demanda de amparo. Resolución que lo que respecta a la figura de la prescripción cumple con la debida fundamentación y motivación a que se refiere el derecho fundamental de legalidad prevista en el artículo 16 Constitucional, dado que el Juez responsable citó los preceptos legales que le sirvan de apoyo y, además, expresó los razonamientos lógicos y jurídicos que la condujeron a la conclusión de que no se actualizaba la prescripción del delito de uso de documento falso. Sin que pase inadvertido para este juzgador la manifestación de la parte quejosa en el sentido que lo más benéfico era que el Juez de control hubiere aplicado el plazo genérico de tres años, sin embargo dicho plazo es aplicable para los delitos de querella y en el caso del delito por el cual fue vinculado a proceso, la norma es clara al establecer que los delitos que se persiguen de oficio que no son graves se aplicara las dos terceras partes del tiempo fijado como máximo para la prescripción correspondiente a dicho ilícito, de ahí que la norma es clara y falsa su apreciación; resultando en esta parte infundados los conceptos de violación hechos valer en torno a la figura procesal analizada que es de estudio preferente. Por otra parte, son fundados los conceptos de violación en relación a la incorrecta fundamentación del auto de vinculación a proceso dictado en contra del quejoso por el delito de uso de documento falso agravado, previsto y sancionado en el artículo 214, fracción I en relación con los numerales 216 y 217 del Código Penal del Estado, por las consideraciones siguientes: Ahora bien, de las constancias que integran este expediente, se aprecia que el Juez de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Cuautla, Morelos, determinó vincular a proceso al aquí quejoso, CARLOS ALBERTO OREA ARIZA mediante resolución de once de mayo de dos mil diecinueve, emitida en la causa penal JCC/022/2017, por el hecho delictivo de uso de documento falso agravado, que consideró previsto en el artículo 214 fracción I en relación con los numerales 216 y 217 del Código Penal vigente para el Estado de Morelos, como se aprecia en la videograbación de la audiencia de formulación de imputación y vinculación a proceso que se remitió en disco compacto. En este sentido, acerca de los requisitos constitucionales para la vinculación a proceso, el primer párrafo del artículo 19 constitucional, dispone: "Artículo 19.- Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. La ley determinará los casos en los cuales el juez podrá revocar la libertad de los individuos vinculados a proceso. El plazo para dictar el auto de vinculación a proceso podrá prorrogarse únicamente a petición del indiciado, en la forma que señale la ley. La prolongación de la detención en su perjuicio será sancionada por la ley penal. La autoridad responsable del establecimiento en el que se encuentre internado el indiciado, que dentro del plazo antes señalado no reciba copia autorizada del auto de vinculación a proceso y del que decrete la prisión preventiva, o de la solicitud de prórroga del plazo constitucional, deberá llamar la atención del juez sobre dicho particular en el acto mismo de concluir el plazo y, si no recibe la constancia mencionada dentro de las tres horas siguientes, pondrá al indiciado en libertad. Todo proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un delito distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación, si fuere conducente. Si con posterioridad a la emisión del auto de vinculación a proceso por delincuencia organizada el inculpado evade la acción de la justicia o es puesto a disposición de otro juez que lo reclame en el extranjero, se suspenderá el proceso junto con los plazos para la prescripción de la acción penal. Todo mal tratamiento en la aprehensión o en las prisiones, toda molestia que se infiera sin motivo legal, toda gabela o contribución, en las cárceles, son abusos que serán corregidos por las leyes y reprimidos por las autoridades.". De acuerdo con la norma constitucional, ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder de setenta y dos horas, contadas a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se indique: a). El delito que se impute al acusado; b). El tiempo, lugar y las circunstancias de ejecución; c).- Los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley catalogue como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. A su vez, los numerales 278, 280 y 281del Código de Procedimientos Penales del Estado, vigente en la comisión del hecho delictivo, establecen: Artículo 278. Requisitos para vincular a proceso al imputado. El juez, a petición del Ministerio Público decretará la vinculación del imputado a proceso siempre que se reúnan los siguientes requisitos: I. Que se haya formulado la imputación. II. Que el imputado ha tenido oportunidad de declarar o manifestado su deseo de guardar silencio; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, obren datos que establezcan se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participo en su comisión. IV. Que no se encuentre demostrada, una causa de extinción de la acción penal o pretensión punitiva, o una excluyente de incriminación. El auto de vinculación a proceso únicamente podrá dictarse por los hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el juez podrá otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público. Se entenderá que se ha dictado auto de formal prisión o sujeción a proceso para los efectos del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando se resuelva la vinculación del imputado a proceso. Artículo 280. Plazos para resolver sobre la vinculación a proceso. Inmediatamente después de que el imputado haya rendido su declaración preparatoria o manifestado su derecho a no declarar, el juez le cuestionará respecto a si desea que se resuelva su situación jurídica en esa audiencia o bien si solicita la ampliación del plazo a que se refiere el artículo 19 de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos. En caso de que el imputado no hubiera solicitado la ampliación del plazo de setenta y dos horas, el Ministerio Público deberá solicitar y motivar en ese momento la vinculación del imputado a proceso, exponiendo en la misma audiencia los antecedentes de la investigación con los que considera que existen datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participo en su comisión. El juez resolverá lo conducente después de escuchar al imputado. Si se decreta la vinculación a proceso, el Ministerio Público a continuación deberá solicitar las medidas cautelares que considere procedentes y el juez resolverá lo conducente. Si el imputado solicita la prórroga del plazo señalado en el artículo 19 de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos, el juez deberá señalar fecha para la celebración de la audiencia de vinculación a proceso dentro del plazo solicitado por el imputado, sin que pueda superar de setenta y dos horas. En este caso, el Ministerio Público puede solicitar en el acto se apliquen medidas cautelares al imputado. La audiencia de vinculación a proceso deberá celebrarse, según sea el caso, dentro de las setenta y dos o ciento cuarenta y cuatro horas siguientes a que el imputado detenido fue puesto a su disposición o que el imputado compareció a la audiencia de formulación de la imputación. Si el imputado requiere del auxilio judicial para citar testigos o peritos a la audiencia de vinculación a proceso, deberá solicitar dicho auxilio al menos con cuarenta y ocho horas de anticipación a la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia. En caso contrario, deberá presentar sus medios de prueba a la audiencia de vinculación a proceso. Artículo 281. Audiencia de vinculación a proceso. La audiencia de vinculación a proceso a que se refiere el último párrafo del artículo anterior, iniciará, en su caso, con el desahogo de los medios de prueba que el imputado hubiese ofrecido o presentado en la misma. Para tal efecto se seguirán en lo conducente las reglas previstas para el desahogo de pruebas en la audiencia de debate de juicio oral. Desahogada la prueba, si la hubo, se le concederá la palabra en primer término al Ministerio Público y luego al imputado. Agotado el debate, el juez resolverá sobre la vinculación o no del imputado a proceso. En casos de extrema complejidad el juez podrá decretar un receso que no podrá exceder de dos horas antes de resolver sobre la vinculación o no del imputado a proceso. De la interpretación sistemática de los preceptos antes transcritos, se aprecia que para el dictado de un auto de vinculación a proceso deben converger los siguientes requisitos: a) Que se haya formulado imputación; b) Que el imputado haya rendido su declaración o manifestado su deseo de no hacerlo; c) Que de los antecedentes de la investigación realizada, se desprendan datos suficientes que establezcan que se ha cometido un hecho determinado que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión; y, d) Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. Es importante establecer que a este Juzgado de Distrito, corresponde analizar en esta sede, la legalidad y la constitucionalidad del auto de vinculación, a la luz de los razonamientos y consideraciones esgrimidos por la autoridad jurisdiccional responsable en la audiencia respectiva por ser quien está en aptitud de apreciar si los mismos resultan idóneos, porque el ejercicio de ponderación de datos y medios de prueba corresponde llevarlo a cabo al Juez de control, al tener contacto directo con el dato o medio de prueba aportados, idóneos y pertinentes para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado, bajo el método de la libre apreciación. Lo anterior es así, ya que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que para la emisión del auto de vinculación a proceso, no se exige la comprobación del cuerpo del delito ni la justificación de la probable responsabilidad, sino que es suficiente con que el Juez de control encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, con independencia de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable, a fin de fijar la materia de la investigación complementaria y el eventual juicio; por tanto al apreciar que mediante la oralidad, consagrada en el arábigo 20 constitucional se materializan en el procedimiento, entre otros, los principios de contradicción e inmediación, y por ello el Juez de control debe resolver de forma verbal los conflictos que le sean planteados por los intervinientes, en todo caso exponiendo el sentido de sus resoluciones de forma fundada y motivada, en cumplimiento al artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que quedará registrado mediante la videograbación de la audiencia en la que se dictó el auto aludido. Ello tiene como consecuencia que en el juicio de amparo indirecto, en respeto irrestricto de los principios constitucionales que regulan al sistema acusatorio penal, habrá de analizarse en sede constitucional la determinación emitida oralmente; y privilegiando que la valoración de los datos o medios de prueba aportados corresponde llevarla a cabo al Juez de control, al ser quien tiene contacto directo con el dato o medio de prueba para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación de la imputado, bajo su libre apreciación y a este Juzgador atañe analizar la legalidad y constitucionalidad de su dictado, únicamente a partir de tal apreciación, pues resulta inconcuso que de emprender el análisis sobre la pertinencia o idoneidad de aquellas, así como de admitir probanzas en el controvertido de amparo, tendría por efecto desnaturalizar y contravenir el orden constitucional reglado para la substanciación de dichos procedimientos penales acusatorios, actuación que está vedada, precisamente al ejercer funciones directas de garantes y protectores de la Norma Fundamental. Robustece lo anterior, la Tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 1a. CCLI/2011 (9a.), pág.270, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 1, Décima Época, de rubro: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL JUEZ DE DISTRITO, AL ANALIZAR SU CONSTITUCIONALIDAD, NO PUEDE CONSIDERAR DATOS NO OFRECIDOS NI DESAHOGADOS EN LA AUDIENCIA CORRESPONDIENTE.", así como la tesis del Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal Del Primer Circuito, I.7°.P.83 P (10ª.), página 986, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 44, julio de 2017, tomo II, décima época del rubro siguiente: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. AL RECLAMARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, EL JUEZ DE DISTRITO SÓLO DEBE CONSTATAR SU LEGALIDAD Y CONSTITUCIONALIDAD, SIN PONDERAR LOS DATOS DE PRUEBA QUE PERMITIERON SU DICTADO PUES, DE ACUERDO CON LOS PRINCIPIOS DE CONTRADICCIÓN E INMEDIACIÓN, ELLO CORRESPONDE AL JUEZ DE CONTROL." Ahora bien, como se dijo, entre los requisitos para el dictado de la vinculación a proceso, está el consistente en que de los antecedentes de la investigación realizada, se desprendan datos suficientes que establezcan que se ha cometido un hecho determinado que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. El Agente del Ministerio Público al formular la imputación al aquí quejoso lo hizo por la comisión de los delitos de falsificación de documento y uso de documento falso previsto en el artículo 214 fracción I, en relación con los ordinales 216 y 217 del Código Penal del Estado y por delitos cometidos por servidores públicos previsto y sancionado por el numeral 297, fracción VIII del Código punitivo en mención. En relación a lo anterior el hecho delictivo por el que se vinculó a proceso a CARLOS ALBERTO OREA ARIZA, es el de uso de documento falso agravado, que el Juez responsable estimó que está contemplado en el arábigo 214, fracción I, en relación con los numerales 216 y 217, del Código Penal del Estado de Morelos que dispone: "ARTICULO 214.- Se impondrá de cuatro a ocho años de prisión y de doscientos a trescientos sesenta días multa, a quien para obtener un beneficio o causar daño: I. Falsifique o altere un documento, o ponga en circulación un documento falso. Para este efecto, así como para el previsto en la fracción II, se tomarán en cuenta tanto la falsificación o alteración total o parcial del documento, como el empleo de una copia, transcripción o testimonio alterados del mismo; (.) ARTICULO 216.- Cuando los delitos de falsificación a los que se refieren los artículos 214 y 215 recaigan en documentos públicos, la sanción podrá incrementarse hasta en un tanto más de la prevista en dichos preceptos. ARTICULO 217.- Cuando alguno de los delitos previstos en este Capítulo sea cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones o persona investida de la facultad de dar fe pública, se incrementará la sanción hasta en una mitad más de la prevista para el caso de que se trate, y se aplicará, asimismo, suspensión hasta por tres años o pérdida del cargo e inhabilitación para ocupar otra función pública hasta por cinco años.". Sin embargo, se estima que ese proceder fue incorrecto transgrediendo así el principio de exacta aplicación en materia penal, ya que el numeral 214 fracción I del Código punitivo del Estado, en ninguna parte tipifica la conducta reprochada consistente en el uso de documento falso o copia de éste, pues del mismo se desprende que prevé las conductas punibles de falsificación, alteración o poner en circulación el aludido documento apócrifo. En efecto, el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone el principio fundamental que entre otros rigen a la materia penal, consistente en la exacta aplicación de la ley, el cual dispone la prohibición de aplicar ésta por analogía o mayoría de razón, e impone al legislador la emisión de normas claras en las que se precise la conducta reprochable y la consecuencia jurídica por la comisión de un ilícito, a fin de que la pena se aplique con estricta objetividad y justicia; que no se desvíe ese fin con una actuación arbitraria del juzgador, ni se cause un estado de incertidumbre jurídica al gobernado a quien se le aplique la norma, con el desconocimiento de la conducta que constituya el delito, así como de la duración mínima y máxima de la sanción, por falta de disposición expresa. Ahora bien para determinar la tipicidad de una conducta, el intérprete debe tener en cuenta, como derivación el principio de legalidad al de taxatividad o exigencia de un contenido concreto y unívoco en la labor de la tipificación de la ley. Así el mandato de taxatividad puede definirse como la exigencia de que el grado de determinación de la conducta típica sea tal, que la conducta objeto de prohibición pueda ser conocida por el destinatario de la norma. Todo lo cual tiene por finalidad preservar los principios penales de certeza jurídica e imparcialidad en la aplicación de la norma. Es importante señalar que lo que este principio exige es que el grado de imprecisión sea razonable; es decir, que el precepto sea lo suficientemente claro como para reconocer su validez, en tanto que el mensaje legislativo cumpla esencialmente su cometido dirigiéndose al núcleo esencial de casos regulados por la norma. Se arriba a la anterior consideración al advertir que la norma penal aplicada por el Juez responsable al vincular a proceso al justiciable en la hipótesis prevista en la fracción I del artículo 214 del Código Penal del Estado, contempla distintas conductas vectoras, entre ellas, el término 'falsificar', que conforme con el significado gramatical señalado en el Diccionario de la Real Academia Española, corresponde a 'falsear o adulterar algo', o bien, 'fabricar algo falso o falto de ley.' En complemento, la misma fuente arroja que el adjetivo 'falso', significa 'engañoso, fingido, simulado, falto de ley, de realidad o de veracidad'. En consecuencia, desde el punto de vista gramatical, la palabra "falsificación" hace referencia a que es falso, es decir, denota que algo es fingido o simulado o bien contrario a la verdad, de este modo se estima que algo es falso cuando se hace imitando otra que es legítima o autentica. Por cuanto "alterar" el Diccionario antes mencionado refiere que proviene del latín alteratio; alteración es la acción de alterar, esto es cambiar la esencia o forma de algo, que se refiere a las características que debe tener el documento en cuestión. Y finalmente, en lo concerniente a "poner" significa disponer algo para un cierto y fin y "circular" es pasar de una a otra persona, es hacer que cierta cosa comience a circular; entendiendo ambos conceptos, para el caso que el documento apócrifo o su copia es empleada para producir efecto mediante su circulación a favor de distintos portadores o tenedores, y no respecto al uso que en particular se ha de éste. De lo expuesto hasta ahora, se puede concluir que la fracción I del numeral 214 del Código punitivo del Estado, hace referencia a quien falsique o altere un documento, o ponga en circulación un documento falso, o su copia; acciones que se observa no constituye o corresponde a la que fue imputado ni mucho menos por la que se vinculó a proceso al aquí quejoso. Cierto, en el caso en estudio el juez responsable, estimó que el día cinco de diciembre de dos mil trece, el aquí quejoso Carlos Albert Orea Ariza, probablemente entregó copia simple de la glosa número 566968 al señor Santiago Castillo Vargas, aquí tercero interesado, glosa que era falsa; encuadrando dicho hecho en la hipótesis delictiva prevista en el artículo 214, fracción I en relación con los ordinales 216 y 217 del Código Penal del Estado. Aseveración que resulta errónea, pues se reitera de lo establecido en párrafos que anteceden, el tipo penal con el que pretende sancionar al aquí quejoso prevé la falsificación, alteración o puesta en circulación de un documento falso o su copia, más no así al uso que en términos generales y gramaticales consiste en hacer servir una cosa para un fin determinado, que precisamente resulta ser el actuar por el cual se pretendió vincular a proceso al justiciable, lo cual conlleva a una incorrecta fundamentación, pues en ningún momento el numeral 217 fracción I del Código Punitivo del Estado, determina el "uso" de documento falso, o su copia; observando que dicho actuar se encuentra incluso expresamente establecidos en la diversa fracción II del aludido numeral, la cual fue completamente soslayada por el juez responsable pese que es a quien le corresponde efectuar el encuadramiento típico de la conducta imputada, transgrediendo así el principio de exacta aplicación de la ley en materia penal, al haber vinculado al quejoso con base en una hipótesis normativa que no contempla la conducta reprochada; es decir con fundamento en un precepto legal que no sanciona de manera exactamente el hecho imputado, aplicando otro por analogía o mayoría de razón. No se pasa por alto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dieciocho de junio de dos mil ocho, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión; agregando que el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal. Pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. Por lo tanto, de acuerdo con el Máximo Tribunal de Justicia de la Nación, con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. Sin embargo, sigue diciendo dicho Alto Tribunal que para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, el juez deberá encuadrar la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Siendo un nivel de exigencia acorde con los efectos que genera dicha resolución, que se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental; y que a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley. Las consideraciones anteriores están contenidas en la jurisprudencia de la Décima Época, Registro: 2014800, Instancia: Primera Sala, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, Materia(s): Penal, Tesis: 1a./J. 35/2017 (10a.), Página: 360, con el rubro: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL).". Por tanto, el juez natural no está eximido de realizar la labor jurídica de determinar en qué hipótesis del Código Penal del Estado, encuadraba la conducta imputada al Carlos Alberto Orea Ariza, del hecho delictivo, pues de conformidad con el numeral 278 del Código Procesal Penal del Estado, como requisito para dictar el auto de vinculación a proceso, entre otros, tiene la obligación de encuadrar la conducta a la norma penal, que permita identificar, el tipo penal aplicable. Máxime que el artículo 214 del Código Punitivo en mención prevé diversas hipótesis, de ahí que resulte incorrecto el actuar del Juez natural al fundar la resolución reclamada en la fracción I del mencionado numeral, contraviniendo así el principio de exacta aplicación de la ley en materia penal, al no sustentar su resolución en la hipótesis normativa exactamente aplicable en el caso. Por consiguiente, al ser fundado el concepto de violación, en estudio, lo procedente es conceder la protección de la Justicia Federal solicitada. Así, de conformidad con el artículo 77 de la Ley de Amparo, el juzgador deberá precisar los efectos de la sentencia que conceda la protección constitucional y especificará las medidas que las autoridades deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento, así como la restitución del quejoso en el goce del derecho vulnerado. En consecuencia, ante la inconstitucionalidad del acto reclamado, debe concederse el amparo y protección de la justicia federal, para el efecto de que una vez que esta sentencia cause ejecutoria, el Juez de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Tercer Distrito Judicial, con residencia en Cuautla, Morelos, realice lo siguiente: Deje insubsistente el auto de vinculación a proceso emitido en la diligencia de once de marzo de dos mil diecinueve, emitido en la causa penal JCC/022/2017, por el delito de uso de documento falso agravado, que consideró previsto en el la fracción I del artículo 214, en relación con los numerales 216 y 217 del Código Penal para el Estado de Morelos. En su lugar, emita otra resolución con libertad de jurisdicción en la que en audiencia formal y en presencia de las parte funde y motive adecuadamente en torno a que hipótesis prevista en el Código Penal del Estado, se configuran los hechos constitutivos del delito que se reprocharon al justiciable, o en su caso de conformidad con el artículo 275 del Código de Procedimientos Penales del Estado, cambie la clasificación del mismo, esto es modifique aquel por el que se ejerció la acción penal, y vincular a proceso al acusado por otro, siempre y cuando no se varíen los hechos de la acusación. Sirve de apoyo a la anterior la tesis 1a./J.3/2008, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Tomo XXVII, Febrero de 2008, página 151, número de registro 170391 de rubro: "AUTO DE FORMAL PRISIÓN. EN LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO EN SU CONTRA PUEDE RESERVARSE PLENITUD DE JURISDICCIÓN A LA AUTORIDAD RESPONSABLE PARA QUE RECLASIFIQUE EL DELITO POR EL CUAL SE EJERCIÓ LA ACCIÓN PENAL.". Debe decirse, que al resultar fundado el concepto de violación que se analizó, es innecesario pronunciarse sobre los demás hechos valer en la demanda, e inclusive, respecto de aquéllos relativos a la actualización de diversas violaciones de carácter formal, en atención a los efectos otorgados en el presente fallo ante la evidente violación de garantías. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE A CARLOS ALBERTO OREA ARIZA, contra el acto reclamado y la autoridad responsable precisados en el considerando segundo, por las razones expuestas en el último considerando. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, hoy doce de junio de dos mil diecinueve, que las labores del juzgado lo permitieron, ante el Secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que da fe.

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