Carlos Alberto Ordaz Guerrero
Expediente 83/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 83/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 30/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Carlos Alberto Ordaz Guerrero
Actuaciones
- Principal
Mérida, Yucatán, treinta de enero de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos el oficio remitido vía electrónica por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tabasco, residente en Villahermosa, mediante el cual devuelve, parcialmente diligenciado, el exhorto 6-E-II-AMPARO/2023 (orden 6/2023) de este índice, el cual le fue remitido para que en auxilio de este Juzgado, notifique a la perito ********************, el acuerdo de trece de enero pasado, a fin de protestar el cargo de perito en materia de impacto ambiental en el presente juicio de amparo. Sin que haya necesidad de acusar recibo de dicha comunicación, dado que el propio sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, lo genera de manera automática. Ahora bien, como se advierte de las constancias remitidas por el órgano jurisdiccional exhortado, la perito ********************, informó mediante escrito presentado ante el juzgado de distrito oficiante, los motivos por los cuales se encuentra imposibilitada para llevar a cabo el dictamen correspondiente en materia de impacto y riesgo ambiental. En ese sentido, en aras de una pronta administración de justicia, dada la imposibilidad manifiesta de conseguir entre las dependencias oficiales de esta entidad, un perito oficial gratuito que dictamine con relación a la prueba pericial en materia de impacto y riesgo ambiental ofrecida por la parte quejosa, y a fin de salvaguardar la transparencia e imparcialidad en el dictamen que se emita, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el que regula la integración de la lista de personas que pueden fungir como peritos ante los órganos del Poder Judicial de la Federación, en relación con la integración de la lista, publicado el veintitrés de mayo de dos mil veintidós, se optará por un perito validado por el citado Consejo, que aparece en la lista de personas que puedan fungir con tal carácter ante los órganos del Poder Judicial de la Federación, siendo que para este caso particular, lo es el perito ********************. Por tanto, téngase como designado como perito de este Juzgado en el presente asunto, en materia de ingeniería ambiental, a ********************; por tal motivo, con fundamento en la fracción II, del artículo 27, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 298, 299 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la citada Ley de la Materia, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en Materia Administrativa en turno en la Ciudad de México, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, por conducto de su Actuario adscrito, se sirva notificar personalmente al perito ********************, la presente determinación, en cualquiera de los domicilios que a tal efecto le serán remitidos adjuntos a la presente comunicación, en sobre cerrado, para que en el término de tres días, legalmente computado, se presente ante ese Órgano de Control Jurisdiccional, a fin de protestar el cargo que le ha sido conferido, lo anterior, con fundamento en el artículo 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, o bien, de estar anuente, y en términos de los artículos 27 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, a través de videoconferencia, en cuyo caso deberá proporcionar un correo electrónico -que hará saber al fedatario al momento de la notificación del presente- para programar fecha y hora para la diligencia y hacerle llegar por ese medio el usuario y la contraseña de acceso a la plataforma Cisco Webex. Se apercibe al perito en comento, que de no cumplir con lo anterior, ni manifieste el impedimento que tiene para ello, se hará acreedor a una multa de cincuenta veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, con apoyo en el artículo 237, fracción I, en relación con el diverso 259, ambos de la Ley de la Materia. Se habilita al citado Juez para que gire sus instrucciones, a fin de que se realice la diligencia encomendada, inclusive en días y horas inhábiles, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Igualmente, solicítese al Juez exhortado que de no tener inconveniente alguno, se sirva devolver todo lo actuado a la brevedad posible. Notifíquese y personalmente vía exhorto al perito ********************. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Hilda Adriana Chan Canto, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. EXHORTO __________________________________. ORDEN _________________________________. EXP. V-832/2021. JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN TURNO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO. KARLA ALEXANDRA DOMÍNGUEZ AGUILAR, JUEZA TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE YUCATÁN, A USTED JUEZ DE DISTRITO EN TURNO, EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUIEN TENGO EL HONOR DE DIRIGIRME, HAGO DE SU CONOCIMIENTO: En autos del Juicio de Amparo V-832/2021, promovido por RAFAEL ACOSTA SOLÍS, y otros; el día de hoy se dictó un acuerdo que es del tenor siguiente: "Mérida, Yucatán, treinta de enero de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos el oficio remitido vía electrónica por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tabasco, residente en Villahermosa, mediante el cual devuelve, parcialmente diligenciado, el exhorto 6-E-II-AMPARO/2023 (orden 6/2023) de este índice, el cual le fue remitido para que en auxilio de este Juzgado, notifique a la perito ********************, el acuerdo de trece de enero pasado, a fin de protestar el cargo de perito en materia de impacto ambiental en el presente juicio de amparo. Sin que haya necesidad de acusar recibo de dicha comunicación, dado que el propio sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, lo genera de manera automática. Ahora bien, como se advierte de las constancias remitidas por el órgano jurisdiccional exhortado, la perito ********************, informó mediante escrito presentado ante el juzgado de distrito oficiante, los motivos por los cuales se encuentra imposibilitada para llevar a cabo el dictamen correspondiente en materia de impacto y riesgo ambiental. En ese sentido, en aras de una pronta administración de justicia, dada la imposibilidad manifiesta de conseguir entre las dependencias oficiales de esta entidad, un perito oficial gratuito que dictamine con relación a la prueba pericial en materia de impacto y riesgo ambiental ofrecida por la parte quejosa, y a fin de salvaguardar la transparencia e imparcialidad en el dictamen que se emita, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el que regula la integración de la lista de personas que pueden fungir como peritos ante los órganos del Poder Judicial de la Federación, en relación con la integración de la lista, publicado el veintitrés de mayo de dos mil veintidós, se optará por un perito validado por el citado Consejo, que aparece en la lista de personas que puedan fungir con tal carácter ante los órganos del Poder Judicial de la Federación, siendo que para este caso particular, lo es el perito ********************. Por tanto, téngase como designado como perito de este Juzgado en el presente asunto, en materia de ingeniería ambiental, a ********************; por tal motivo, con fundamento en la fracción II, del artículo 27, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 298, 299 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la citada Ley de la Materia, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en Materia Administrativa en turno en la Ciudad de México, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, por conducto de su Actuario adscrito, se sirva notificar personalmente al perito ********************, la presente determinación, en cualquiera de los domicilios que a tal efecto le serán remitidos adjuntos a la presente comunicación, en sobre cerrado, para que en el término de tres días, legalmente computado, se presente ante ese Órgano de Control Jurisdiccional, a fin de protestar el cargo que le ha sido conferido, lo anterior, con fundamento en el artículo 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, o bien, de estar anuente, y en términos de los artículos 27 del ACUERDO General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo y el numeral 25 del Acuerdo 21/2020, a través de videoconferencia, en cuyo caso deberá proporcionar un correo electrónico -que hará saber al fedatario al momento de la notificación del presente- para programar fecha y hora para la diligencia y hacerle llegar por ese medio el usuario y la contraseña de acceso a la plataforma Cisco Webex. Se apercibe al perito en comento, que de no cumplir con lo anterior, ni manifieste el impedimento que tiene para ello, se hará acreedor a una multa de cincuenta veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, con apoyo en el artículo 237, fracción I, en relación con el diverso 259, ambos de la Ley de la Materia. Se habilita al citado Juez para que gire sus instrucciones, a fin de que se realice la diligencia encomendada, inclusive en días y horas inhábiles, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Igualmente, solicítese al Juez exhortado que de no tener inconveniente alguno, se sirva devolver todo lo actuado a la brevedad posible. Notifíquese y personalmente vía exhorto al perito ********************. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Hilda Adriana Chan Canto, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Y PARA QUE LO POR MI MANDADO EN EL AUTO INSERTO TENGA SU MAS EXACTO Y DEBIDO CUMPLIMIENTO, EN NOMBRE DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION, EXHORTO A USTED JUEZ DE DISTRITO EN TURNO, Y DE MI PARTE LE SUPLICO QUE TAN PRONTO COMO EL PRESENTE SE ENCUENTRE EN SU PODER SE SIRVA DILIGENCIARLO EN SUS TÉRMINOS, SEGURO DE RECIPROCIDAD EN CASOS ANÁLOGOS, EN EL ACUERDO QUE ANTECEDE. SE DA EN LA CIUDAD DE MÉRIDA, YUCATÁN, A TREINTA DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS. ATENTAMENTE KARLA ALEXANDRA DOMÍNGUEZ AGUILAR Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. Hilda Adriana Chan Canto. Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. Mérida, Yucatán, treinta de enero de dos mil veintitrés.
- Principal
Mérida, Yucatán, dieciocho de enero de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por ******************** por su propio derecho, contra el acto que reclama del Juez Tercero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, y de otra autoridad; regístrese en el libro de gobierno electrónico de este Juzgado bajo el número que le corresponda. Por tanto, se procede a proveer en relación con la demanda que nos atañe, por lo que, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de mérito, por encontrarse motivos manifiestos e indudables de improcedencia. Previo a exponer los motivos que sustentan esta determinación, conviene tener presente que las aseveraciones que sostiene la parte quejosa en su demanda de amparo, revisten el carácter de una confesión, ya que tienen el valor de una prueba plena de ese hecho, en términos de los numerales 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y del diverso 199, ibídem, que determina: "La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran en ella las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia; y, III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representante o del cedente, y concerniente al negocio." De manera que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables, en concreto, el acuerdo de cinco de enero de dos mil veintitrés, emitido en el juicio de divorcio encausado ********************, en el que se ordenó el embargo del cuarenta por ciento de su salario y demás prestaciones que percibe como trabajador. En consecuencia, en el caso a estudio, se estima que se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." De lo anterior se desprende que el juicio de amparo se rige por el principio de definitividad, en atención al cual, la acción constitucional procede únicamente respecto de actos definitivos; esto es, que no sean susceptibles de modificación, revocación o invalidación, por recurso ordinario o medio de defensa legal alguno; entonces, para estar en tal supuesto, deben agotarse los recursos ordinarios o medios de defensa, cuando exista la posibilidad de que el acto reclamado pueda modificarse o invalidarse. Efectivamente, antes de promover la demanda de amparo, la parte agraviada debe agotar todos los recursos ordinarios o medios de defensa legales que procedan contra el acto reclamado y que tengan por efecto revocar, modificar o nulificar la resolución recurrida. La razón jurídica de la existencia del principio de definitividad, radica en que por ser un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo en los casos de excepción previstos en la ley y en la jurisprudencia que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de la calidad de tercero extraño, de constitucionalidad de leyes y violaciones directas a la Constitución Federal. Es aplicable la tesis de jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA. Para que el juicio de amparo sea procedente es necesario que el quejoso, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En este sentido, la propia ley de la materia prevé determinadas excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello, en interpretación de esta norma ha incorporado algunas otras hipótesis específicas. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Así, en principio se tiene que en todos los casos será improcedente el juicio de garantías cuando contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario, y por excepción será procedente cuando dicho acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio, importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, o bien, en aquellos supuestos que prevea la jurisprudencia, sin que el Juez de amparo pueda aplicar más excepciones que las expresamente identificadas." Ciertamente, los elementos que integran la causal de improcedencia invocada, son los siguientes: a) Que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) Que la ley que rige el acto reclamado conceda contra el mismo, algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en el que se emitió la actuación reclamada; y, d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial, administrativa o laboral pueda ser modificada, revocada o nulificada. Al respecto, se actualizan las condiciones para que opere dicha causal de improcedencia, pues se aprecia que el procedimiento de origen, es un juicio familiar, la resolución reclamada, es proveniente de un Tribunal Judicial (del índice del Juzgado Tercero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán) y existe un medio de ordinario de defensa previsto en la ley que rige el acto, para que pueda ser nulificada. En efecto, dicho juicio dada su naturaleza, se rige por el Código de Procedimientos Familiares del Estado de Yucatán, el cual establece un sistema legal que rige a los recursos, en el que se encuentra, como regla general, que contra toda resolución, determinación y auto dictado en el procedimiento que produzca un perjuicio a las partes o alguna otra persona, son procedentes los recursos, ya sea el de apelación o revocación. Al respecto, los artículos 421, 423, 424, 425, 427 y 428 del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Yucatán, disponen lo siguiente: "Artículo 421. Este Código reconoce como recursos los siguientes: I. Revocación, y II. Apelación." "Artículo 423. Los autos y decretos dictados en audiencia o fuera de ella y que no fueren apelables, son revocables por el propio juez que los haya dictado." "Artículo 424. Durante la audiencia, el recurso de revocación sólo procede en contra del auto que: I. Resuelva excepciones; II. No admita pruebas; III. Declare o niegue tener por confesa a alguna de las partes, y IV. Resuelva sobre la revisión de medidas provisionales. En estos casos, la revocación sólo puede plantearse en la audiencia y al momento de emitirse el auto o decreto. Interpuesta la revocación, el juez debe dar vista a la parte contraria, de estar presente, para que en el acto la desahogue y posteriormente dicte la resolución. Los demás decretos y autos dictados en audiencia son irrecurribles." "Artículo 425. En caso contrario al señalado en el artículo anterior, la revocación se debe interponer con la expresión de agravios, al día siguiente de la notificación al recurrente. Interpuesta la revocación, cuando así proceda, se debe dar vista a la parte contraria por tres días y transcurridos éstos, el juez debe resolver dentro del tercer día lo que proceda." "Artículo 427. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior confirme, revoque o modifique la resolución del inferior." "Artículo 428. La apelación procede en contra de: I. Las resoluciones que ponen fin a la controversia o asunto; II. El auto interlocutorio que resuelva sobre incompetencia, y III. Las resoluciones interlocutorias y definitivas." De conformidad con dichos preceptos, se aprecia que la legislación procesal en materia familiar, establece con toda claridad la existencia de dos medios ordinarios de defensa, que son los recursos de revocación y apelación, los cuales proceden contra diversas determinaciones dictadas en los procedimientos y tienen como finalidad que se confirme, modifique o revoque la determinación impugnada. En lo que interesa, el recurso apelación procede en contra de las siguientes determinaciones: 1) Las resoluciones que ponen fin a la controversia o asunto; 2) El auto interlocutorio que resuelva sobre incompetencia, y 3). Las resoluciones interlocutorias y definitivas. Asimismo, el artículo 423, refiere que los autos y decretos dictados en audiencia o fuera de ella y que no fueren apelables, son revocables por el propio Juez que los haya dictado. En el caso, se advierte que el acto reclamado, constituye un auto dictado en el juicio de divorcio encausado ********************, en el que se ordenó el embargo del cuarenta por ciento de su salario y demás prestaciones que percibe como trabajador el aquí quejoso. De ahí que el recurso procedente contra dicha determinación lo fuera el de revocación, normado por el artículo 425 del propio Código de Procedimientos Familiares, cuenta habida que dicho requerimiento fue emitido fuera de audiencia. Debiéndose destacar que en este dispositivo legal, no se establece un límite a la procedencia de ese medio de impugnación, como aquella que se consigna en el artículo 424; de manera que, la procedencia del recurso en ese supuesto queda sujeta a la regla general prevista en el artículo 423, donde se establece que los autos y decretos dictados en audiencia o fuera de ella y que no fueren apelables, son revocables por el propio Juez que los haya dictado. En el caso, se reitera, el acto reclamado fue dictado fuera de audiencia, según de se advierte de las propias manifestaciones vertidas por el quejoso en su ocurso de demanda, así como con la copia de la resolución reclamada, de ahí que al tratarse de una resolución que no se encuentra en los supuestos contra de los cuales procede la apelación, dado que no se trata de una resolución que ponen fin a la controversia o asunto, un auto interlocutorio que resuelva sobre incompetencia, o alguna resolución interlocutoria y definitiva, luego entonces procede el recurso de revocación en su contra; por tanto, se concluye que, en la especie, el amparista estaba en aptitud de interponer en forma oportuna el recurso de revocación en contra del acto reclamado, dado que es parte en el procedimiento natural. Ciertamente, dicho recurso es el medio de impugnación idóneo que puede hacerse valer contra el acto reclamado, pues ésta previsto por la ley ordinaria y con el mismo puede obtenerse la revocación o modificación del acto reclamado; lo anterior, cuenta habida que la ley es muy clara en precisar la procedencia del medio de impugnación, esto es del recurso de revocación en contra del acuerdo que por esta vía se reclama, pues no se requiere una interpretación adicional, o que su fundamento sea insuficiente para determinarla, y que de esa manera la parte quejosa pudiera quedar en libertad para interponer dicho recuso o acudir de manera inmediata al juicio de amparo. Aunado a que no se encuentra en ningún supuesto de excepción, previstos en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, para la procedencia del presente juicio, puesto que el acto reclamado consistente en el acuerdo de cinco de enero de dos mil veintitrés, dictado en el juicio de divorcio encausado ********************, en el que se ordenó el embargo del cuarenta por ciento de su salario y demás prestaciones que percibe como trabajador el aquí quejoso, no constituye un acto que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; tampoco se trata de una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la quejosa, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; ni el quejoso es persona extraña al procedimiento, ya que se trata de la parte demandada en el procedimiento de origen. Bajo las anteriores consideraciones, deriva que el presente juicio de amparo indirecto es improcedente respecto del referido auto reclamado, al no ser susceptible de análisis por esta vía, en virtud que previamente debía interponerse el recurso que la ley prevé, esto es, el de revocación. Tiene aplicación la tesis XIX.2o.13 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, enero de 1996, Materia Común, Novena Época, Tribunales Colegiados del Circuito, visible en la página 340, de rubro y texto: "RECURSOS ORDINARIOS (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 114, FRACCIÓN IV Y 73, FRACCIÓN XIII DE LA LEY DE AMPARO). La interpretación armónica de los artículos 114, fracción IV y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, llevan a concluir que tratándose de actos emanados de los tribunales judiciales, aun cuando su sentido de afectación pudiese tener la connotación de "irreparable" por aludir a derechos sustantivos, no excluye a los gobernados de la obligación de agotar los recursos ordinarios que establezcan las leyes procesales, siempre y cuando éstos tengan el alcance de modificar, revocar o nulificar el acto reclamado; pues la citada fracción XIII, del artículo 73, sólo prevé como excepciones: "Los casos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Asimismo, es aplicable al caso, la Jurisprudencia 244, visible en la página 415, de la Octava Parte del apéndice al Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a los años 1917-1985, que a la letra dice: "RECURSOS SOBRESEIMIENTO POR NO AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO. El amparo es improcedente si el acto que se reclama pudo tener un remedio ante las autoridades del orden común." Máxime, que el recurso no se sujeta a una interpretación adicional para entender que el recurso de revocación sea el procedente, pues éste es muy claro en establecer que los autos y decretos dictados en audiencia o fuera de ella y que no fueren apelables, son revocables por el propio Juez que los haya dictado, por lo que el quejoso debió interponer el citado recurso antes de acudir al juicio de amparo y, por tanto, tampoco estaría en la excepción prevista en el último párrafo del artículo 61, fracción XVIII. Tiene aplicación jurisprudencia 1a./J. 113/2013 (10a.), visible en la página 350, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo 1, Materia Común, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro electrónico 2005039, con el rubro y texto siguientes: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo." En consecuencia, al actualizarse la hipótesis de improcedencia antes ponderada, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo. Por ello, tomando en consideración que los razonamientos expuestos con antelación, se pone de relieve lo manifiesto de la causal de improcedencia del juicio constitucional, la que resulta indudable, habida cuenta de que en opinión de esta Juzgadora, no obstante que se admitiera la demanda de mérito y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Apoya lo antes considerado, la tesis con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." Tal como lo señala la quejosa, téngase como su domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado para tal efecto en su escrito de demanda y como autorizados a las personas que señala en su escrito inicial de demanda, con las limitaciones que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, en virtud de no haber encontrado registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. Por otra parte, de conformidad con la circular 12/2009, emitida por el Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a los autorizados, el uso de aparatos electrónicos como cámaras, escáneres o lectores, al momento de la consulta de los presentes autos, siempre y cuando sea con la supervisión del personal de este Juzgado, previo señalamiento de la actuación que pretenda reproducir. Finalmente, con apoyo en el numeral 21 de la Ley de la materia, habilítese al Actuario de la adscripción para que incluso en días y horas inhábiles, realice las diligencias de notificación inherentes a este asunto. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
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