Carlos Alberto Ocampo Avila
Expediente 529/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 529/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 31/05/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Carlos Alberto Ocampo Avila
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, se advierte que ya transcurrió el término para interponer recurso de queja contra el auto dictado el diecinueve de mayo de dos mil diecisiete, en el que este Juzgado desechó de plano la demanda de amparo presentada por **********, no fue recurrido dentro del término legal de cinco días que dispone el artículo 98, párrafo primero, de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracciones I y III, del acuerdo en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido. Finalmente, acorde con lo previsto en el párrafo tercero del punto décimo primero del referido acuerdo, prevéngase a la parte quejosa para que dentro del plazo de noventa días contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, acuda a este juzgado a recoger los documentos que exhibió en original anexos a su escrito inicial de demanda, con apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por ***********, contra actos de la Dirección General de Desarrollo Urbano de esta ciudad y otra autoridad; fórmese cuaderno de amparo, bajo el registro número 529/2017. Ahora, del estudio de la demanda de amparo de mérito se desprenden los siguientes antecedentes, mismos que esgrimió el quejoso bajo protesta de decir verdad y que se corroboran de las constancias adjuntas: 1. Que el nueve de septiembre presentó junto con otros, escrito ante la presidencia municipal de esta ciudad mediante el cual expresaban su inconformidad por la colocación de rejas en la Colonia Álamos Oriente. 2. A dicho escrito recayó el oficio ***, de trece de septiembre de dos mil dieciséis, firmado por la Secretaria Particular del Presidente Municipal de esta ciudad en el que de manera medular informó que lo había turnado al Director General de Desarrollo Urbano para su atención. 3. Posteriormente el veintiuno de diciembre de dos mil dieciséis, la Dirección General de referencia emitió el oficio ***, por el que se informó a los vecinos de la Colonia Álamos Oriente de esta ciudad, que no existía ante dicha autoridad solicitud o petición para la autorización de accesos controlados en la colonia citada. Además de que se había realizado visitas de inspección sin que se haya observado la colocación de rejas o accesos controlados sobre vialidades urbanas. 4. Luego, el veinticuatro de abril de dos mil diecisiete, el Director General de Desarrollo Urbano emitió el oficio ***, del que se destacan los siguientes puntos: Que a través de misiva **** de veinte de abril de dos mil diecisiete, se informó al comité de colonos del Fraccionamiento Álamos, Quinto Sector de esta ciudad, que la Dirección General de Referencia no tiene inconveniente en la instalación de accesos controlados, sin menoscabo del derecho del libre paso y tránsito. Que la autorización otorgada es de carácter excepcional, temporal y revocable. Que no se podrá retener ningún documento o establecer condiciones que restrinjan el libre tránsito, por lo que deberá permitirse el paso vehicular con la sola manifestación de querer transitar por la vía. Que podrá optativamente interponer los medios de defensa contra dicho acto si estima que con éste ve afectado sus intereses, lo anterior de conformidad con el artículo 226 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato. El acto detallado en el punto número 4, constituye el reclamado en la presente instancia, mismo que se traduce en el permiso otorgado por la Dirección de Desarrollo Urbano de esta ciudad, para la colocación de accesos controlados en el Fraccionamiento Álamos, Quinto Sector. Hecho lo anterior, es menester señalar que en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juzgado de Distrito está obligado a examinar la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia debe desecharla de plano. Cabe precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y sus anexos; y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto. Resulta ilustrativa sobre el particular, la jurisprudencia I.1°.A J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable a foja 890 del Tomo VII, Mayo de 1998, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; de rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." Por tanto, con fundamento en los artículos 103 y 107 constitucionales, 113, 61 y relativos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo en estudio. Es así porque se advierte la actualización de una causa manifiesta e indudable de improcedencia. En efecto, el suscrito estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; [.]". La fracción inserta regula el incumplimiento al principio de definitividad respecto de actos que se atribuyan a autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; en ese contexto, si el quejoso reclama un acto, y la ley prevé algún recurso ordinario o medio de defensa a virtud del que pueda modificarse o revocarse el acto reclamado, el juicio de amparo se torna improcedente. En ese sentido, resulta jurídicamente válido afirmar que el acto reclamado, mismo que fue detallado en párrafos que anteceden, no constituye un acto con carácter definitivo, ya que es recurrible, mediante el Proceso Administrativo, previsto en el Código de Procedimientos y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, ya que se encuentra expresamente regulado en la citada codificación estatal, como expresamente lo señaló la responsable en el oficio DU/INSP-276/2016 de veinte de abril de dos mil diecisiete. Por tanto, debe decirse que la parte quejosa no agotó el principio de definitividad que impera en el juicio de amparo, y en consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo vigente, en atención a las siguientes consideraciones: Efectivamente, el artículo 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] IV.- En materia administrativa el amparo procede, además, contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que causen agravio no reparable mediante algún medio de defensa legal. Será necesario agotar estos medios de defensa siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la ley reglamentaria y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con dicha ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución; [.]". El texto del precepto trascrito consagra la regla genérica atinente al principio de definitividad que rige en el juicio constitucional, conforme al cual éste se tornará improcedente, cuando se reclamen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y proceda en contra de ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal, a través del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, o bien, que deban ser revisados de oficio de conformidad con las leyes por las cuales se rijan. Lo anterior, siempre y cuando, atento a los ordenamientos que prevean dichos medios de defensa, se suspendan los efectos de los referidos actos impugnados, sin que se exijan mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para conceder la suspensión definitiva. En la inteligencia de que no existirá la obligación de agotar tales medios de defensa cuando el acto reclamado carezca de fundamentación. Se arriba a esta conclusión, pues al ser el juicio de amparo un medio extraordinario de defensa, no pueden analizarse cuestiones respecto a las cuales la ley común prevea un medio legal ordinario que pueda hacerse valer, ya que el principio de definitividad implica, como condición general, que el acto que se ataque en el juicio de amparo por considerarlo violatorio de prerrogativas fundamentales, debe ser un acto definitivo, en el sentido de que no pueda ser impugnado por ningún medio o recurso cuya interposición pueda dar lugar a su modificación, revocación o anulación. Asimismo, es importante mencionar que de acuerdo con la interpretación que ha realizado nuestro máximo Tribunal de Justicia en el País, únicamente los medios de defensa previstos en una ley formal y material son susceptibles de provocar la improcedencia de la que se viene hablando, siempre que, como se dijo, éstos no exijan mayores requisitos para otorgar la suspensión que los que prevé la Ley de Amparo. Además, debe puntualizarse que no constituye un requisito indispensable, que los medios de impugnación a los que se refiere la causas de improcedencia, tengan que estar previstos por el ordenamiento legal del que emane formalmente o en la que encuentre su fundamento el acto de autoridad reclamado, pues ninguna de las disposiciones aplicables al juicio de amparo establece esa limitante, a más de que debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el legislador cuenta con plena libertad para instituir los recursos o medios ordinarios de defensa que estime pertinentes, sin quedar constreñido a algún ordenamiento en particular. Apoya lo expuesto la jurisprudencia por contradicción de la Novena Época, con registro 193141, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta X, octubre de mil novecientos noventa y nueve, materia común, tesis 2a./J. 116/99, página 447, de título y texto: "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. PUEDEN ESTABLECERSE EN ORDENAMIENTO LEGAL DIVERSO DEL QUE SIRVE DE FUNDAMENTO A LA EMISIÓN DEL ACTO RECLAMADO (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO). Para que opere la causal de improcedencia por incumplimiento al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, basta con que en alguna ley, formal y material, se prevenga, de manera directa e inmediata, la procedencia de algún recurso o medio de defensa que posibilite la modificación, revocación o nulificación del acto reclamado, cuya tramitación permita la suspensión de sus efectos, sin exigir mayores requisitos que los consagrados en la Ley de Amparo. Ahora bien, el establecimiento de los aludidos medios de impugnación no está restringido solamente al ordenamiento del cual emane formalmente o en que encuentre su fundamento el acto de autoridad, puesto que ninguna de las disposiciones aplicables al juicio de garantías establece esa limitante, máxime que el legislador cuenta con plena libertad para instituir los recursos o medios ordinarios de defensa que estime pertinentes, sin quedar constreñido a algún ordenamiento en particular." Por otra parte, cabe acotar que el principio de definitividad que rige al juicio de amparo en materia administrativa, encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal. Sin embargo, los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses, se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Así, de pasarse por alto estas consideraciones derivadas del principio de definitividad, las partes afectadas por actos administrativos no tendrían la carga de plantear sus defensas o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, lo cual, tendría como consecuencia que el juicio de amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades de la administración pública o de los tribunales administrativos. En esos términos, tenemos que los recursos administrativos tienen por objeto proveer a los gobernados de los medios de defensa necesarios para obtener de las autoridades administrativas la revocación, modificación o anulación de sus propios actos. En primer lugar, debe decirse que no es óbice para la determinación anterior que tal y como se transcribió, el artículo 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establezca que no existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación o cuando sólo se aleguen violaciones directas a esta Constitución, puesto que en el caso si bien el quejoso argumenta una violación a sus artículos 5, 14, 16 y 12 constitucionales, que consagran entre otros el derecho al libre tránsito y al libre comercio, también lo es que dichas manifestaciones se desvirtúan con la propia motivación del oficio reclamado, es decir, en dicha misiva expresamente se le informa, que la autorización otorgada es de carácter excepcional, temporal y revocable, además de que no se podrá retener ningún documento o establecer condiciones que restrinjan el libre tránsito, por lo que deberá permitirse el paso vehicular con la sola manifestación de querer transitar por la vía. De igual forma, tampoco se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos en el artículo 22 constitucional. Por otro lado, debe hacerse referencia al contenido de los artículos 132 y 136 del Código de Procedimientos y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, los cuales establecen lo siguiente: "ARTÍCULO 132. El procedimiento administrativo persigue la tutela de los derechos subjetivos y los intereses jurídicos de los particulares, así como la protección de la legalidad y la justicia en el funcionamiento de la administración pública del Estado de Guanajuato y de sus municipios." "ARTÍCULO 136. El acto administrativo es toda declaración unilateral de voluntad, emanada de una autoridad administrativa del Estado o de sus municipios en el ejercicio de potestades públicas derivadas de los ordenamientos jurídicos, que tiene por objeto crear, declarar, reconocer, transmitir, modificar o extinguir una situación jurídica individual y concreta, o bien de carácter general, con la finalidad de satisfacer intereses generales." En esos términos, tenemos que conforme a los preceptos legales transcritos, los interesados afectados por los actos de autoridades administrativas, en el caso, de los municipios del Estado de Guanajuato, en el ejercicio de sus funciones, podrán interponer el procedimiento administrativo para impugnarlos. Lo anterior, ya que si el acto administrativo reclamado, en términos del artículo 132 y 136 del Código de Procedimientos y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato es impugnable a través del procedimiento administrativo, este último sí debe agotarse necesariamente, previo al juicio de amparo, toda vez que dicho procedimiento exige menos requisitos que los que contempla la Ley de Amparo, para conceder la suspensión del acto reclamado. En ese sentido, se destaca que el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, no exige mayores requisitos que la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión. Para así establecerlo, es preciso señalar los artículos 268 a 278 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, que disponen literalmente lo siguiente: "ARTÍCULO 268. La suspensión del acto o resolución impugnado podrá solicitarla el actor en su demanda o en cualquier momento del proceso y tendrá por efecto mantener las cosas en el estado en que se encuentren, en tanto se pronuncia sentencia. Cuando la suspensión se pida en la demanda, si procede, deberá concederse por el Tribunal o Juzgado en el acuerdo que la admita, haciéndolo saber inmediatamente a la autoridad demandada, para su cumplimiento sin demora, pudiendo utilizarse para tal efecto el telegrama, telefax, medios electrónicos o cualquier otro proporcionado por la tecnología, siempre que pueda comprobarse fehacientemente su recepción." "ARTÍCULO 269. No se otorgará la suspensión si se causa perjuicio evidente al interés social, si se contravienen disposiciones de orden público o se deje sin materia el proceso administrativo." "ARTÍCULO 270. En los casos en que proceda la suspensión, pero pueda ocasionar daños y perjuicios a terceros, se concederá si el actor otorga garantía suficiente para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren, si no obtiene sentencia favorable en el proceso administrativo. Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos no estimables en dinero, el juzgador que conozca del asunto fijará discrecionalmente el importe de la garantía." "ARTÍCULO 271. El auto en que se decreta la suspensión surtirá sus efectos desde luego, pero dejará de surtirlos si el actor, dentro de los cinco días siguientes, no otorga la garantía establecida." "ARTÍCULO 272. La suspensión otorgada conforme a los artículos anteriores, quedará sin efectos si el tercero da, a su vez, caución suficiente para restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación y pagar los daños y perjuicios que sobrevengan al actor, en el caso de que éste obtenga sentencia favorable. Para que surta efecto la caución que ofrezca el tercero, conforme al párrafo anterior, deberá cubrir previamente los gastos legales que acredite el actor haber hecho para constituir la garantía. No se admitirá contragarantía cuando el levantamiento de la suspensión implique dejar sin materia el proceso administrativo." "ARTÍCULO 273. Para el cumplimiento de la suspensión, el Tribunal o Juzgado, podrán hacer uso de los medios de apremio mencionados en el artículo 27 de este Código, siendo aplicable además, en lo conducente, lo dispuesto por este Libro para el cumplimiento y ejecución de sentencias." "ARTÍCULO 274. Cuando se presuma la afectación al orden público o al interés social, el juzgador podrá solicitar a la autoridad emisora del acto o resolución impugnado un informe, y en tal caso, podrá conceder la suspensión provisional en tanto decide si se afecta el orden público o el interés social. El juzgador que haya concedido la suspensión provisional, podrá dejarla sin efectos, cuando se compruebe que con la misma se cause perjuicio al orden público o al interés social; así como en los casos de contragarantía otorgada por el tercero." "ARTÍCULO 275. La suspensión podrá concederse con efectos restitutorios únicamente cuando a juicio del juzgador sea necesario otorgarle estos efectos, con el objeto de conservar la materia del litigio o impedir perjuicios irreparables al propio particular. La suspensión a que se refiere este artículo procede de oficio y se concederá de plano." "ARTÍCULO 276. Tratándose de asuntos de carácter fiscal, se concederá la suspensión, si quien la solicita garantiza el interés fiscal dentro de los tres días siguientes contados a partir del día en que se solicitó la suspensión, ante las oficinas exactoras correspondientes, en cualquiera de las formas previstas por la legislación fiscal correspondiente. El juzgador podrá conceder la suspensión, sin necesidad de que se garantice el importe del crédito, cuando el asunto planteado no rebase la cantidad que resulte de multiplicar por ciento cincuenta el salario mínimo general diario vigente en el Estado de Guanajuato. El auto que dispense el otorgamiento de la garantía no será recurrible." "ARTÍCULO 277. Cuando los actos o resoluciones materia de impugnación hubieren sido ejecutados a particulares de escasos recursos económicos, impidiendo el ejercicio de su única actividad personal de subsistencia, debiendo éstos acreditar tal circunstancia aportando medios de convicción, y entre tanto se pronuncia la resolución que corresponda, el juzgador podrá dictar las medidas que estime pertinentes para preservar el medio de subsistencia del actor. Dichas medidas podrán dictarse de plano." "ARTÍCULO 278. La suspensión podrá ser revocada por el juzgador en cualquier momento del proceso administrativo, si existe un cambio de la situación jurídica bajo la cual se otorgó, oyéndose previamente a los interesados de oficio o a petición de parte." Y a su vez los artículos 125, 128 al 135 y 136 de la Ley de Amparo vigentes, establecen lo siguiente: "ARTÍCULO 125. La suspensión del acto reclamado se decretará de oficio o a petición del quejoso." "ARTÍCULO 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado." "ARTÍCULO 129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión: I. Continúe el funcionamiento de centros de vicio o de lenocinio, así como de establecimientos de juegos con apuestas o sorteos; II. Continúe la producción o el comercio de narcóticos; III. Se permita la consumación o continuación de delitos o de sus efectos; IV. Se permita el alza de precios en relación con artículos de primera necesidad o de consumo necesario; V. Se impida la ejecución de medidas para combatir epidemias de carácter grave o el peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país; VI. Se impida la ejecución de campañas contra el alcoholismo y la drogadicción; VII. Se permita el incumplimiento de las órdenes militares que tengan como finalidad la defensa de la integridad territorial, la independencia de la República, la soberanía y seguridad nacional y el auxilio a la población civil, siempre que el cumplimiento y ejecución de aquellas órdenes estén dirigidas a quienes pertenecen al régimen castrense; VIII. Se afecten intereses de menores o incapaces o se les pueda causar trastorno emocional o psíquico; IX. e impida el pago de alimentos; X. Se permita el ingreso en el país de mercancías cuya introducción esté prohibida en términos de ley o bien se encuentre en alguno de lo (sic) supuestos previstos en el artículo 131, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se incumplan con las normas relativas a regulaciones y restricciones no arancelarias a la exportación o importación, salvo el caso de las cuotas compensatorias, las cuales se apegarán a lo regulado en el artículo 135 de esta Ley; se incumplan con las Normas Oficiales Mexicanas; se afecte la producción nacional; XI. Se impidan o interrumpan los procedimientos relativos a la intervención, revocación, liquidación o quiebra de entidades financieras, y demás actos que sean impostergables, siempre en protección del público ahorrador para salvaguardar el sistema de pagos o su estabilidad; XII. Se impida la continuación del procedimiento de extinción de dominio previsto en el párrafo segundo del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En caso de que el quejoso sea un tercero ajeno al procedimiento, procederá la suspensión; XIII. Se impida u obstaculice al Estado la utilización, aprovechamiento o explotación de los bienes de dominio directo referidos en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El órgano jurisdiccional de amparo excepcionalmente podrá conceder la suspensión, aún cuando se trate de los casos previstos en este artículo, si a su juicio con la negativa de la medida suspensional pueda causarse mayor afectación al interés social." "ARTÍCULO 130. La suspensión se podrá pedir en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria." "ARTÍCULO 131. Cuando el quejoso que solicita la suspensión aduzca un interés legítimo, el órgano jurisdiccional la concederá cuando el quejoso acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, y el interés social que justifique su otorgamiento. En ningún caso, el otorgamiento de la medida cautelar podrá tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquéllos que no haya tenido el quejoso antes de la presentación de la demanda." "ARTÍCULO 132. En los casos en que sea procedente la suspensión pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero y la misma se conceda, el quejoso deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtuviere sentencia favorable en el juicio de amparo. Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero interesado que no sean estimables en dinero, el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente el importe de la garantía. La suspensión concedida a los núcleos de población no requerirá de garantía para que surta sus efectos." "ARTÍCULO 133. La suspensión, en su caso, quedará sin efecto si el tercero otorga contragarantía para restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación reclamada y pagar los daños y perjuicios que sobrevengan al quejoso, en el caso de que se le conceda el amparo. No se admitirá la contragarantía cuando de ejecutarse el acto reclamado quede sin materia el juicio de amparo o cuando resulte en extremo difícil restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Cuando puedan afectarse derechos que no sean estimables en dinero, el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente el importe de la contragarantía." "ARTÍCULO 134. La contragarantía que ofrezca el tercero conforme al artículo anterior deberá también cubrir el costo de la garantía que hubiese otorgado el quejoso, que comprenderá: I. Si realizado el embargo por las autoridades fiscales, éste haya quedado firme y los bienes del contribuyente embargados fueran suficientes para asegurar la garantía del interés fiscal; II. Si el monto de los créditos excediere la capacidad económica del quejoso; y III. Si se tratase de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito. En los casos en que se niegue el amparo, cuando exista sobreseimiento del mismo o bien cuando por alguna circunstancia se deje sin efectos la suspensión en el amparo, la autoridad responsable hará efectiva la garantía." "ARTÍCULO 136. La suspensión, cualquiera que sea su naturaleza, surtirá sus efectos desde el momento en que se pronuncie el acuerdo relativo, aún cuando sea recurrido. Los efectos de la suspensión dejarán de surtirse, en su caso, si dentro del plazo de cinco días siguientes al en que surta efectos la notificación del acuerdo de suspensión, el quejoso no otorga la garantía fijada y así lo determina el órgano jurisdiccional. Al vencimiento del plazo, dicho órgano, de oficio o a instancia de parte, lo notificará a las autoridades responsables, las que podrán ejecutar el acto reclamado. No obstante lo anterior, mientras no se ejecute, el quejoso podrá exhibir la garantía, con lo cual, de inmediato, vuelve a surtir efectos la medida suspensional." En efecto, del análisis comparativo de los artículos trascritos, se evidencia que el ordenamiento legal citado en primer término no exige mayores requisitos que la Ley de Amparo, para el otorgamiento de la medida cautelar, por lo siguiente: A. De conformidad con el artículo 268 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, el actor podrá solicitar la suspensión del acto o resolución impugnada en su demanda o en cualquier momento del proceso; y, en términos del artículo 130 de la Ley de Amparo, dicha solicitud procede mientras no se dicte sentencia ejecutoria. B. Tanto el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato (artículo 270), como la Ley de Amparo (artículo 132), exigen que se otorgue garantía suficiente para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con la suspensión se causen a tercero si no se obtiene sentencia favorable. C. El Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato (artículo 271), precisa que el auto en que se decreta la suspensión surtirá sus efectos desde luego, pero dejará de surtirlos si el actor no otorga la garantía dentro de los cinco días siguientes, cuya disposición es similar a la regla prevista en el artículo 136 de la Ley de Amparo. D. Ambos ordenamientos impiden la concesión de la suspensión cuando se siga perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público. E. La legislación de esta Entidad Federativa tiene un alcance mayor que la prevista en la Ley de Amparo, pues el primero de los ordenamientos prevé que podrá concederse la medida cautelar con efectos restitutorios, cuando a juicio del juzgador sea necesario otorgarle esos efectos (artículo 275), cuando que la Ley de Amparo no contempla expresamente esa modalidad. En suma, es evidente que la ley que regula el medio ordinario de defensa, no exige mayores requisitos que los consignados en la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva. Resulta aplicable al caso la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Decimosexto Circuito, XVI.10.A.T./18, visible en la página 1107, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "PROCESO ADMINISTRATIVO. DEBE AGOTARSE PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE GARANTÍAS, AL EXIGIR LA LEY DE AMPARO MAYORES REQUISITOS QUE EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO Y JUSTICIA ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN DEL ACTO O RESOLUCIÓN IMPUGNADA EN AQUÉL. Del análisis de los artículos 268 a 278 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, que regulan la suspensión del acto o resolución impugnado en el proceso administrativo, en comparación con los numerales de la Ley de Amparo que la prevén en el juicio constitucional, se advierte que ésta exige mayores requisitos que aquél para otorgar dicha medida cautelar. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que existen coincidencias entre ambos, tales como que de conformidad con el artículo 268 del mencionado código, el actor podrá solicitar la suspensión en su demanda o en cualquier momento del proceso y, en términos del artículo 141 de la citada ley, dicha solicitud procede mientras no se dicte sentencia ejecutoria; que tanto la ley local (artículo 270) como la de amparo (artículo 125) exigen que se otorgue garantía suficiente para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con la suspensión se causen a tercero si no se obtiene sentencia favorable; que el ordenamiento estatal (artículo 271) precisa que el auto en que se decreta la suspensión surtirá sus efectos desde luego, pero dejará de surtirlos si el actor no otorga la garantía dentro de los cinco días siguientes, cuya disposición es similar a la regla relativa de la Ley de Amparo (artículo 139) y que las dos normas (artículo 124 de la ley y 269 del código) impiden el señalado beneficio cuando se siga perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público; también lo es que en asuntos de carácter fiscal, el aludido código (artículo 276) contempla que se concederá la suspensión si se garantiza el interés fiscal dentro de los tres días siguientes a partir del día en que se solicitó, ante las oficinas exactoras, en cualquiera de las formas previstas por la legislación correspondiente, mientras que, tratándose del cobro de contribuciones y aprovechamientos, la Ley de Amparo en su precepto 135 supedita la medida a que se deposite el total en efectivo de las cantidades correspondientes, lo que implica una carga mayor para el gobernado, pues en esta última hipótesis no se otorga un plazo para asegurar el interés fiscal ni se permite una forma distinta de garantía al depósito en efectivo. Por tanto, conforme a la fracción XV del artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, previo a promover el juicio de garantías, debe agotarse el proceso administrativo que regula el referido código, en atención al principio de definitividad, pues a través de este medio de defensa puede obtenerse la insubsistencia de los actos reclamados." Por otra parte, tampoco se actualiza la diversa excepción del principio de definitividad, porque el acto reclamado carezca de fundamentación, toda vez que para llegar a la resolución de veinticuatro de abril de dos mil diecisiete, se expresó que ello tuvo fundamento en los artículos 3, 6,, fracción X, 8 fracción XII del Código de Procedimientos y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato. Para demostrar lo anterior, se precisa referir que la falta de fundamentación es la omisión de la autoridad en citar en el acto de molestia o de privación el o los preceptos que lo justifiquen; es decir, que carece de la mención de las normas jurídicas que son aplicables al caso concreto. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, tomo 72, sexta parte, página 158, que dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. VIOLACIÓN FORMAL Y MATERIAL. Cuando el artículo 16 constitucional establece la obligación para las autoridades de fundar y motivar sus actos, dicha obligación se satisface, desde el punto de vista formal, cuando se expresan las normas legales aplicables, y los hechos que hacen que el caso encaje en las hipótesis normativas. Pero para ello basta que quede claro el razonamiento substancial al respecto, sin que pueda exigirse formalmente mayor amplitud o abundancia que la expresión de lo estrictamente necesario para que substancialmente se comprenda el argumento expresado. Sólo la omisión total de motivación, o la que sea tan imprecisa que no dé elementos al afectado para defender sus derechos o impugnar el razonamiento aducido por las autoridades, podrá motivar la concesión del amparo por falta formal de motivación y fundamentación. Pero satisfechos estos requisitos en forma tal que el afectado conozca la esencia de los argumentos legales y de hecho en que se apoyó la autoridad, de manera que quede plenamente capacitado para rendir prueba en contrario de los hechos aducidos por la autoridad, y para alegar en contra de su argumentación jurídica, podrá concederse, o no, el amparo, por incorrecta fundamentación y motivación desde el punto de vista material o de contenido pero no por violación formal de la garantía de que se trata, ya que ésta comprende ambos aspectos." En ese entendido, del análisis del acto reclamado se obtiene que la autoridad responsable invocó determinadas normas para fundar su actuación, de tal suerte que desde el punto de vista formal, no hay una carencia o falta de la fundamentación de la actuación impugnada. Además, debe señalarse que el Proceso Administrativo analizado no esté previsto en el reglamento sino en una ley, como es el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato. De ahí que, al no operar las excepciones de la ley, previo a promover el juicio de amparo, la parte quejosa debió agotar el Proceso Administrativo en los términos indicados, pues a través de ese medio de defensa, pudo obtener la insubsistencia de los actos reclamados. Asimismo, es aplicable al respecto la tesis de jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 447, visible en la página 297, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que a la letra dispone: "RECURSOS ORDINARIOS. El hecho de no hacer valer los procedentes contra un fallo ente los tribunales ordinarios, es causa de improcedencia del amparo que se enderece contra ese fallo". Así también, encuentra apoyo dichas argumentaciones en la jurisprudencia de la Novena Época, con registro 165998, del Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXX, noviembre de dos mil nueve, materia común, tesis I.17o.A. J/1, página 836, de epígrafe y ejecutoria: "DEFINITIVIDAD EN EL AMPARO. CUANDO EL PARTICULAR OPTA POR IMPUGNAR UNA RESOLUCIÓN MEDIANTE UN RECURSO ADMINISTRATIVO Y ÉSTE PROCEDE, QUEDA OBLIGADO, PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE GARANTÍAS, A RECORRER TODAS LAS INSTANCIAS Y MEDIOS ORDINARIOS DE IMPUGNACIÓN QUE DERIVEN DE AQUÉL, PUES TAL DECISIÓN IMPLICA SUJETARSE AL MENCIONADO PRINCIPIO. Cuando el particular opta por impugnar una resolución mediante un recurso administrativo y éste procede, queda obligado, previamente a la promoción del amparo, a recorrer todas las instancias y medios ordinarios de impugnación que deriven de aquél, asumiendo sus consecuencias, las cuales no puede abandonar a su conveniencia porque renunció a su oportunidad de acudir inmediatamente al juicio de garantías, pues tal decisión implica sujetarse al principio de definitividad que rige a dicho medio de control de constitucionalidad; por lo que el quejoso no puede hacer valer una excepción a dicho principio en una instancia intermedia." De ahí que en el particular, al reclamarse actuaciones respecto las cuales procede un medio de defensa mediante el cual podrían nulificarse o revocarse, trae como consecuencia, que la demanda planteada resulte improcedente, al actualizarse en forma manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61, de la Ley de la materia y conforme lo dispuesto en el numeral 145 de la citada Ley, se desecha de plano la demanda de amparo intentada. Sirve de sustento -dada la similitud que existe entre las hipótesis de improcedencia de la derogada la Ley de Amparo y la vigente, en términos del artículo sexto transitorio del decreto mediante el cual se expidió-, la jurisprudencia VI.3o.C. J/62, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIII, de febrero de dos mil seis, página mil seiscientos sesenta y cinco, registro 175964, titulada: "DEMANDA DE AMPARO. LA CERTEZA DE PROCEDENCIA DE UN RECURSO CONDUCE AL DESECHAMIENTO DE LA." Se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. En atención a lo anterior, como el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dispone que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales; en la inteligencia que de no hacerlo, se entenderá que aceptan la publicación de la sentencia respectiva con dichos datos. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para recibir notificaciones el ubicado en calle ****Zona Centro de esta ciudad, y autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ***********, toda vez que cuenta con cédula profesional registrada en el sistema correspondiente que se lleva dentro de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación y en términos restringidos del citado numeral a la diversa persona que menciona por no encontrarse en dicho supuesto.
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