Carlos Alberto Navarrete de Dios

Expediente 174/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
174/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
08/03/2019

Partes del expediente

  • Carlos Alberto Navarrete de Dios

Actuaciones

  1. Principal

    Visto; se advierte que transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiere recurrido el proveído de veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, en el que se desechó la demanda de amparo planteada; en consecuencia, (...) se declara que dicho auto ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese el presente expediente como definitivamente concluido. Notifíquese.

  2. Principal

    Acapulco, Guerrero; veintiuno de febrero de dos mil diecinueve. Vista la demanda promovida por Carlos Alberto Navarrete De Dios, por propio derecho, contra actos de la Junta Especial Número 43 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad; se provee: Registro de demanda. Regístrese en el libro de Gobierno que corresponda con el número 174/2019, y fórmese expediente. Desechamiento de demanda. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado, para lo cual, en principio, debe tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen. Ahora, una vez analizada integralmente el escrito de demanda de que se trata, debe ser desechada de plano por notoriamente improcedente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII , en relación con el 107, fracción V , interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, toda vez que el quejoso señala como acto reclamado el auto de treinta de enero de dos mil diecinueve, dictado en el expediente laboral 1298/2012, del índice de la Junta Especial Número 43 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad; apreciándose de los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad, así como de sus conceptos de violación, que el perjuicio que alega en esta vía constitucional, deriva de que la autoridad responsable declaró desierta la testimonial por ella ofrecida, al no haber encontrado el actuario de su adscripción los domicilios de los atestes. Ahora bien, de conformidad con el precepto 107, fracción V, de la ley reglamentaria de los artículo 103 y 107 constitucionales, el amparo indirecto sólo procede contra actos en el juicio que tengan una ejecución que sea de imposible reparación. Dichos actos son aquellos que afectan directamente derechos sustantivos públicos de las partes, tutelados por la Constitución a través de los derechos humanos, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales de los gobernados y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo. Sustenta lo expuesto la jurisprudencia P./J.37/2014, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la décima época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de seis de junio de dos mil catorce, del texto: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios. En ese sentido, conforme a la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto, establecida en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional biinstancial es improcedente en contra del acto que por esta vía se combate, porque se refiere a cuestiones de desahogo de pruebas ofrecidas por el aquí quejoso, dentro del juicio laboral 1298/2012. Lo que evidentemente no constituye un acto dictado en un juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, porque no afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, como son: la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, cuyos efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien sufre la afectación obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Asimismo, los efectos adversos que, en su caso, podrían producirse con el acto reclamado son sólo formales (no materiales), ya que pueden desaparecer al obtener una resolución definitiva favorable, sin que por el momento se esté en posibilidad de saber si habrá o no de trascender al inconforme, por lo que en caso de que estas violaciones procesales incidan en su resultado y éste sea desfavorable, podrá reclamarlas por la vía de amparo directo al promoverse la demanda en contra de la sentencia definitiva, en el sentido de que es hasta la interposición de éste en el que se podría combatir la resolución adoptada en el presente juicio, así como las resoluciones intermedias que se tomen en el mismo, como es el caso en que nos ocupa, en términos de lo dispuesto por los numerales 170, 171 y 172, fracción XII, de la Ley de Amparo, toda vez que hasta ese momento se puede determinar si se vulneró la defensa del peticionario, trascendiendo la violación al resultado del fallo, ya que de lo contrario, si obtiene una sentencia favorable a sus intereses, finalmente no habría violación alguna en perjuicio del peticionario, dejando clara la inexistente vulneración a las garantías de Iegalidad, audiencia y acceso a la justicia que aduce. Con lo anterior, se pretende que se continúe con el procedimiento instaurado en su contra, sin mayores trabas y que los afectados con el fallo correspondiente, al impugnarlo, puedan hacer valer al mismo tiempo las violaciones de fondo y tantas violaciones al procedimiento que estimaran se hubieran cometido. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de rubro y texto: "PRUEBAS. LA FORMA EN QUE PRETENDAN RECIBIRSE O DESAHOGARSE CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN RECLAMABLE COMO REGLA GENERAL, POR EL OFERENTE DE LAS MISMAS, EN AMPARO DIRECTO. El artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley. Ahora bien, cuando la violación procedimental que se reclama no consiste en la admisión o el desechamiento de una prueba, sino en la forma en que se pretendan recibir o desahogar las pruebas al oferente de las mismas, cabe concluir que el caso se ubica en la hipótesis prevista en la fracción III del numeral citado, es decir, en el caso de que las pruebas que legalmente se hayan ofrecido no se reciban conforme a la ley procediendo, en consecuencia, reclamar tal violación en la vía de amparo directo al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio en términos de lo dispuesto en el numeral 161 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, toda vez que hasta el momento en que se haya dictado el fallo definitivo se podrá apreciar si con motivo de la forma en que se recibieron o desahogaron las pruebas se vulneraron las defensas del oferente de las mismas, trascendiendo tal violación al resultado de la sentencia. Sin embargo, esta regla general admite una excepción: cuando la forma en que pretende llevarse a cabo la recepción o el desahogo de la probanza relativa en sí misma, pueda tener una ejecución de imposible reparación, lo cual ocurre de acuerdo con la tesis jurisprudencial 24/1992 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia, con el rubro: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.", cuando se violen derechos sustantivos contenidos en las garantías individuales consagradas en la Constitución y nunca en los casos en que sólo se afecten derechos adjetivos o procesales, caso en el cual la violación respectiva podrá ser reclamada en amparo indirecto". De igual forma, la jurisprudencia del Séptimo Tribunal Colegiado en materia Civil del Primer Circuito , de rubro y texto: "VIOLACIONES PROCESALES. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMAN ANTES DE QUE SE DICTE LA SENTENCIA DEFINITIVA, Y NO SE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS. La lectura integral de los artículos 158, primer párrafo, 161 y 166, de la Ley de Amparo, pone de relieve que los planteamientos relativos a cuestiones de índole procesal deben formularse a través de los conceptos de violación que se hagan valer en la demanda de amparo que en su caso y oportunidad se promueva en contra de la sentencia definitiva, lo que quiere decir que no pueden reclamarse en forma autónoma, ya que lo que da procedencia al juicio de garantías en la vía directa es precisamente la reclamación en contra del fallo que decidió el juicio en lo principal, respecto del cual no haya en la ley ordinaria ningún recurso o medio de defensa mediante el cual pueda ser modificado o revocado, razonamientos todos estos que cobran fuerza si se tiene en cuenta que es hasta dicho momento cuando se conocerá si la infracción trascendió o no, afectando las defensas del quejoso, pues casos hay en que aun ante la violación más inicua, si la sentencia definitiva es favorable a aquél en contra de quien se cometió, no tendrá legitimación para acudir al juicio; en consecuencia, al reclamar únicamente la violación procesal el juicio deviene improcedente en términos de lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 158 y 166, fracción IV, de la Ley de Amparo, criterio éste que tendrá aplicación siempre y cuando no se esté frente a infracción de derechos sustantivos, que como excepción la Corte Suprema ha considerado para dar procedencia al juicio de garantías". En tales condiciones, como en el caso concreto se actualizan de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con el 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo; con fundamento en el artículo 113 del propio ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda. Domicilio procesal y autorizados. Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su demanda; asimismo, dado que el asunto es laboral y no se trata del patrón, como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que menciona. Se autoriza la expedición de copias. Hágase saber a las partes que, en caso de requerirlo, sin previa promoción, desde este momento se autorizan copias simples y certificadas, conforme al artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, previa firma de recibido que se agregue a los autos para constancia legal. Uso de medios electrónicos. En el entendido de que tal y como lo determinó el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la circular 12/2009, no existe inconveniente en que al momento de consultar el expediente en que se actúa las partes hagan uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos. De las notificaciones de las partes. Debido a la carga de trabajo de este juzgado, y en miras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles. Protección de datos personales. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes, en términos de los artículos 1, 18, 22, 26 y 27 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, su derecho a oponerse al tratamiento de sus datos personales, los cuales se estiman confidenciales, lo que deberán manifestar expresamente, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones se dicten sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la prealudida ley; en el entendido que este aviso surtirá efectos para todas las actuaciones que se realicen en el presente juicio; asimismo, se les informa que de conformidad con los artículos 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias, sin embargo, para que pueda permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requerirá del consentimiento de los particulares titulares de la información. De igual forma se comunica a las partes que el uso de las reproducciones de las actuaciones y constancias que integran este sumario, será responsabilidad exclusiva de quien las solicite. Notifíquese personalmente. Lo proveyó y firma Ariadna Ivette Chávez Romero, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Guerrero, asistida de Edgar Herrera Borja, secretario que da fe.

  3. Principal

    AVISO. EN CUMPLIMIENTO AL AVISO DEJADO EN SU DOMICILIO EL VEINTIDÓS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE VEINTIUNO DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, QUE ESTABLECE: Acapulco, Guerrero; veintiuno de febrero de dos mil diecinueve. Vista la demanda promovida por Carlos Alberto Navarrete De Dios, por propio derecho, contra actos de la Junta Especial Número 43 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad; se provee: Registro de demanda. Regístrese en el libro de Gobierno que corresponda con el número 174/2019, y fórmese expediente. Desechamiento de demanda. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado, para lo cual, en principio, debe tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen. Ahora, una vez analizada integralmente el escrito de demanda de que se trata, debe ser desechada de plano por notoriamente improcedente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII , en relación con el 107, fracción V , interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, toda vez que el quejoso señala como acto reclamado el auto de treinta de enero de dos mil diecinueve, dictado en el expediente laboral 1298/2012, del índice de la Junta Especial Número 43 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad; apreciándose de los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad, así como de sus conceptos de violación, que el perjuicio que alega en esta vía constitucional, deriva de que la autoridad responsable declaró desierta la testimonial por ella ofrecida, al no haber encontrado el actuario de su adscripción los domicilios de los atestes. Ahora bien, de conformidad con el precepto 107, fracción V, de la ley reglamentaria de los artículo 103 y 107 constitucionales, el amparo indirecto sólo procede contra actos en el juicio que tengan una ejecución que sea de imposible reparación. Dichos actos son aquellos que afectan directamente derechos sustantivos públicos de las partes, tutelados por la Constitución a través de los derechos humanos, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales de los gobernados y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo. (...) En ese sentido, conforme a la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto, establecida en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional biinstancial es improcedente en contra del acto que por esta vía se combate, porque se refiere a cuestiones de desahogo de pruebas ofrecidas por el aquí quejoso, dentro del juicio laboral 1298/2012. Lo que evidentemente no constituye un acto dictado en un juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, porque no afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, como son: la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera, cuyos efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien sufre la afectación obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Asimismo, los efectos adversos que, en su caso, podrían producirse con el acto reclamado son sólo formales (no materiales), ya que pueden desaparecer al obtener una resolución definitiva favorable, sin que por el momento se esté en posibilidad de saber si habrá o no de trascender al inconforme, por lo que en caso de que estas violaciones procesales incidan en su resultado y éste sea desfavorable, podrá reclamarlas por la vía de amparo directo al promoverse la demanda en contra de la sentencia definitiva, en el sentido de que es hasta la interposición de éste en el que se podría combatir la resolución adoptada en el presente juicio, así como las resoluciones intermedias que se tomen en el mismo, como es el caso en que nos ocupa, en términos de lo dispuesto por los numerales 170, 171 y 172, fracción XII, de la Ley de Amparo, toda vez que hasta ese momento se puede determinar si se vulneró la defensa del peticionario, trascendiendo la violación al resultado del fallo, ya que de lo contrario, si obtiene una sentencia favorable a sus intereses, finalmente no habría violación alguna en perjuicio del peticionario, dejando clara la inexistente vulneración a las garantías de Iegalidad, audiencia y acceso a la justicia que aduce. Con lo anterior, se pretende que se continúe con el procedimiento instaurado en su contra, sin mayores trabas y que los afectados con el fallo correspondiente, al impugnarlo, puedan hacer valer al mismo tiempo las violaciones de fondo y tantas violaciones al procedimiento que estimaran se hubieran cometido. (...) En tales condiciones, como en el caso concreto se actualizan de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con el 107, fracción V, interpretada en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo; con fundamento en el artículo 113 del propio ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda. Domicilio procesal y autorizados. Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su demanda; asimismo, dado que el asunto es laboral y no se trata del patrón, como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que menciona. Se autoriza la expedición de copias. Hágase saber a las partes que, en caso de requerirlo, sin previa promoción, desde este momento se autorizan copias simples y certificadas, conforme al artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, previa firma de recibido que se agregue a los autos para constancia legal. (...) Notifíquese personalmente.

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