Carlos Alberto Narváez de la Rosa
Expediente 245/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 11 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 245/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 03/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Carlos Alberto Narváez de la Rosa
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, TRES DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista, la certificación secretarial que antecede de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, el siete de abril de la presente anualidad, en la que en su primer punto resolutivo se le NEGÓ el amparo y protección de la justicia federal a Carlos Alberto Narváez de la Rosa; por lo que con fundamento en el artículo 2º de la ley invocada, en relación con el numeral 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que, una vez que transcurran tres años a partir de la presente fecha, se proceda a su depuración, por actualizarse la hipótesis del artículo 18, fracción I, inciso b), del citado Acuerdo General, previa formulación del acta y relación correspondiente de su transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo. En virtud de lo anterior, hágase saber a la parte quejosa que, toda vez que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el párrafo segundo del artículo vigésimo primero del referido acuerdo general para recuperarlos. Por otra parte, toda vez que en el presente asunto se solicitó la suspensión del acto reclamado, dése vista con el sentido de este acuerdo en los cuadernos incidentales relativos, a efecto de acordar lo que corresponda respecto de su archivo. Asimismo, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Finalmente, devuélvase a la Juez de Control de la Región Judicial 9, con residencia en esta ciudad., con residencia en esta ciudad, el DVD de audio y video que adjuntó al informe justificado. Notifíquese.
- Incidental
VILLAHERMOSA, TABASCO, TRES DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; toda vez que el día de la fecha se ordenó el archivo del Juicio de amparo del que deriva este incidente, al encontrarse el procedimiento incidental totalmente concluido, de igual manera, archívense los presentes cuadernos incidentales. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, diputación, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en relación con el artículo 7.1 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal se indica que toda vez que en el presente expediente se negó y concedió la suspensión provisional y la definitiva solicitadas, los cuadernos incidentales son susceptibles de depuración y carecen de relevancia documental, por actualizarse la hipótesis del artículo 18, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo General, motivo por el cual: el original debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el propio acuerdo, y el duplicado, deberá destruirse transcurrido seis meses del dictado de la interlocutoria emitida en este asunto, de conformidad con lo establecido en el artículo 20, fracción II, inciso a) y el diverso 22, del acuerdo normativo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurrido dicho plazo de archivado el incidente, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el cuaderno original distintas a las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar o su violación. Asimismo, con fundamento en el artículo 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Notifíquese.
- Principal
VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 245/2022-5, promovido por **********, por conducto de su defensor particular Humberto Segovia García contra el acto que reclama del Juez de Control de la Región Judicial Nueve de Centro, Tabasco, por estimarlo violatorio de los artículos 4 párrafo octavo, 14, 16, 19, 20 y 29 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el veintidós de febrero de dos mil veintidós, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, misma que fue recepcionada el veinticuatro siguiente por la Oficina de Correspondencia Común y turnado a este órgano jurisdiccional el veinticinco posterior, Carlos Alberto Narváez de la Rosa, por conducto de su defensor particular Humberto Segovia García solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y de la autoridad que a continuación se detallan: ACTOS RECLAMADOS 1 "1.- LA RESOLUCION DE FECHA 31 DE ENERO DEL 2022, DICTADA DENTRO DE LA CAUSA PENAL 019/2022. MEDIANTE LA CUAL EL JUEZ DE CONTROL, DICTÓ AUTO DE VINCULACION A PROCESO AL QUEJOSO, por el delito de PORTACION DE ARMA PROHIBIDA, previsto y sancionado por el artículo 338 del Código penal del Estado de Tabasco"." (sic) AUTORIDAD RESPONSABLE 1 Juez de Control de la Región Nueve de Centro, Tabasco. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El veintiocho de febrero de dos mil veintidós, se radicó y admitió a trámite la demanda de amparo bajo el expediente 245/2022-5 del índice de este juzgado; se requirió a la autoridad señalada como responsable para que rindiera su informe con justificación; se dio la intervención correspondiente al Fiscal de la Federación de la adscripción; se reservó acordar sobre quien pudiese tener el carácter de tercero interesado; se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. TERCERO INTERESADA. Mediante proveído de nueve de marzo de dos mil veintidós, se reconoció el carácter de tercero interesada a la licenciada Georgina Carillo Alfaro, fiscal del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Delitos Flagrantes de la Fiscalía General del Estado de Tabasco, por lo que se instruyó su emplazamiento mediante oficio. En cumplimiento a lo anterior, por oficio 8774/2022 recibido el dieciséis de marzo de dos mil veintidós siguiente se emplazó a la fiscal tercero interesada, según la constancia que obra agregada en autos. [Foja 45] CUARTO. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. La audiencia constitucional tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 3/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque la autoridad responsable tiene su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, es necesario precisarlo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como acto reclamado: El auto de vinculación a proceso dictado por el Juez de Control responsable en la audiencia inicial de treinta y uno de enero de dos mil veintidós, en la causa penal 19/2022 de su índice, en contra de Carlos Alberto Narváez de la Rosa, por el hecho que la ley señala como el delito de portación de armas prohibidas, previsto y sancionado por el artículo 338 del Código Penal del Estado, en agravio de la sociedad. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. EL Juez de Control responsable, al rendir su informe con justificación manifestó que es cierto el acto que se le reclama. [Foja 20] Afirmación que guarda sustento con el DVD (Disco Versátil Digital) que contiene el audio y video de la audiencia de orden inicial, formulación de imputación, vinculación y plazo de cierre de treinta y uno de enero de dos mil veintidós, diligencia celebrada dentro de la causa penal 19/2022 del índice de la citada autoridad responsable, así como la copia certificada del acta mínima respectiva. [Fojas 21 a 22]; Documentales a las que se otorga pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Resulta aplicable el criterio establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". También aplicable al caso la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, página 703, titulada: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL". En ese tenor, se colige que la existencia del acto reclamado por la parte quejosa, se encuentra plenamente probado. CUARTO. PROCEDENCIA. El presente juicio carece de causal de improcedencia aducida por las partes y, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, tampoco se advierte de oficio la actualización de alguna. QUINTO. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO. Conforme a lo previsto en el artículo 75 de la ley de la materia, el estudio del acto que en esta vía se reclama se llevará a cabo con base en las constancias de la carpeta 19/2022 que se acompañaron al informe justificado. Visto lo anterior, resulta necesario referir, en lo que interesa, los antecedentes materia de la presente controversia constitucional: AUDIENCIA INICIAL DE CONTROL POR ORDEN CUMPLIDA. El treinta y uno de enero de dos mil veintidós a las once horas con veintinueve minutos, el Juez de Control responsable llevó a cabo la audiencia inicial de formulación de imputación, vinculación y plazo de cierre. De ella se obtiene que: Fueron individualizadas las partes comparecientes (fiscal del ministerio público, imputado y defensor particular); Luego, el Juez informa al imputado sobre los derechos constitucionales y legales con los que cuenta, acto seguido el imputado procedió a designar defensor particular. Previo cuestionamiento del Juez de Control, la defensa manifestó que se encontraba impuesto del contenido de la carpeta de investigación y le informó a su representado sobre los derechos que le asisten. Acto seguido, el Juez de Control verificó con la administración que, tanto la cédula profesional como el registro del defensor sean verídicos, con lo que acreditó ser licenciado en derecho, por lo cual se le reconoció la personalidad. Cuestionó al imputado si desea que su información personal sea pública o privada, solicitando la reserva de la información. Fase de formulación de imputación. Cumplido lo anterior, el Juez de Control dio el uso de la voz a la fiscal, para el efecto de que formulase su imputación. El fiscal hizo lo propio, al señalar a Carlos Alberto Narváez de la Rosa -aquí quejoso-, que se inició en su contra la carpeta de investigación número 6375/2021, al considerarlo como probable responsable en la comisión del delito de portación de armas prohibidas, previsto y sancionado en el artículo 338 del Código Penal vigente para el Estado de Tabasco, en agravio de la sociedad. La fiscal manifestó que el señalamiento tiene sustento en los hechos siguientes: Que el dos de diciembre de dos mil veintiuno, aproximadamente las trece treinta horas, el imputado se encontraba sobre la calle Cuitláhuac de la colonia Centro, a la altura del taller Leones, de esta ciudad, donde se encontraba vistiendo una playera de color negro con mangas color gris estampado y pantalón de mezclilla color azul, sin cubre bocas, portando un cuchillo en su mano derecha, acción observada por los policías David López Hernández y Víctor Manuel López Olán, quiénes patrullaban la unidad móvil 73666, así el primero de los referidos, baja de la unidad y le solicitó que soltase el cuchillo, ante lo cual el imputado hace caso omiso a la petición y contrario a la petición, respondió a los agentes "no te metas poli", al mismo tiempo que lanzaba cuchillazos para que los agentes no se acercaran, por lo cual fue necesario usar un bastón de protección para lograr desarmar y controlar al investigado. Acto seguido, la fiscal le hizo saber al quejoso que la clasificación jurídica preliminar corresponde a la prevista en el artículo 338 del Código Penal para el Estado de Tabasco, correspondiente al delito de portación de armas prohibidas, donde el bien jurídico tutelado es la seguridad pública. Además, indicó que el imputado interviene como autor material, de acción y dolo directo. Imputaciones que son directas, de parte de los mismos agentes que seguridad y protección David López Hernández y Víctor Manuel López Olan. Hecho lo anterior, el Juez cuestionó, tanto al imputado como a la defensa, si habían comprendido los hechos expresados por la fiscal, además le puntualizó al imputado sobre su derecho a declarar o a reservase, ante lo cual optó por guardar silencio. Luego, la fiscal solicitó la vinculación a proceso, previa verbalización de los siguientes datos de prueba: Informe policial homologado número de referencia 27P0200402-12-20211515 de dos de diciembre de dos mil veintiuno, elaborado por los agentes de seguridad de protección Ciudadana de David López Hernández y Víctor Manuel López Olan. Acta de aseguramiento de un cuchillo de aproximadamente veinte centímetros de lago con empuñadura de metal color negro y hoja metal. Croquis ilustrativo del lugar de los hechos. Entrevistas de los agentes aprehensores David López Hernández y Víctor Manuel López Olán. Pericial de estudio y clasificación de objetos, efectuada por María Isabel Rodríguez de la Cruz adscrita a la Coordinación de Criminalística de la Fiscalía General del Estado de Tabasco. Orden de investigación realizada por el policía Javier Narváez Palomeque, que realizó la inspección ocular y fijaciones fotográficas al lugar de los hechos. Luego de lo anterior, la representación social sostuvo que la probable participación del imputado en los hechos narrados se sustenta en los mismos datos de prueba verbalizados, además puntualizó que no existen elementos que revelen alguna excluyente de incriminación penal. Término para resolver la situación jurídica Acto seguido, el Juez de Control hizo saber al imputado el derecho que le asiste para resolver su situación jurídica en ese momento o bien, dentro del término de setenta y dos horas o su duplicidad de ciento cuarenta y cuatro horas, asimismo, le instó a consultar con su defensor antes de tomar la decisión. El inculpado solicitó que su situación jurídica fue resuelta dentro de la misma audiencia. Acto seguido, el Juez de Control concedió el uso de la voz a la defensa particular, quien procedió a efectuar la réplica de los argumentos en los que la fiscal sustentó la solicitud de vinculación a proceso, manifestaciones con las cuales peticionó que no se vincule a proceso a su representado. Luego, el Juez de Control responsable concedió el uso de la voz a la fiscal del Ministerio Público para que ejerciera la réplica, respecto a lo señalado por la defensa, quien reiteró que el lugar donde se cometió el injusto es un lugar público y reiteró la validez de las conclusiones de las experticiales verbalizadas; además reiteró que en ningún momento se ha propuesto, como medida cautelar, la prisión preventiva. Nuevamente se concedió el uso de la voz a la defensa, a efecto de presentar una contra réplica a lo manifestado por la fiscal, con lo que el defensor del imputado con lo cual volvió a discurrir sobre lo referente al acuerdo de libertad emitido por la representación social. En razón a lo anterior, la fiscal reiteró que en su momento resolvió la libertad del investigado y continúo la investigación, sin que en ningún momento se haya determinado que el lugar donde se llevaron a cabo los hechos no fue un lugar público. A continuación, el Juez de Control responsable determinó un receso para el efecto de poner en orden los pronunciamientos que deberá hacer para resolver la petición de vinculación a proceso. Auto de vinculación a proceso Concluido lo anterior, el Juez de Control responsable, cerró debate y procedió a resolver la petición de vinculación a proceso en contra del imputado Carlos Alberto Narváez de la Rosa -aquí quejoso-, como probable responsable en la comisión del delito de portación de arma prohibido, previsto y sancionado sin prejuzgar en el numeral 338 del Código Penal del Estado de Tabasco, en agravio de la sociedad. Consideró que, en caso en estudio, no opera en favor del imputado excluyente alguna de incriminación penal, además estimó que se encontraban satisfechos los requisitos contenidos en los artículos 313 al 316 del código Nacional de Procedimientos Penales y en consecuencia se dictó auto de vinculación a proceso en su contra. Lo anterior, dado que se formuló imputación por parte de la fiscal; el inculpado tuvo oportunidad de declarar, lo cual se reservó en un principio y ejerció en la continuación de la audiencia inicial; y obran datos de prueba que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su realización. Asimismo, el Juez responsable estimó que los datos de prueba verbalizados por la fiscal son suficientes para establecer que el inculpado es quien probablemente cometió los hechos que se le atribuyen, esto es, que es el autor directo de los mismos, pues hay un señalamiento directo, firme y categórico de los agentes aprehensores, lo cual se concatena con las experticiales que describe al objeto encontrado como uno de los descritos en el numeral 338 del Código Penal para el Estado de Tabasco, por lo que se puede inferir que se trata de un hecho de naturaleza dolosa, de consumación instantánea y que, además se transgredió el bien jurídico tutelado de la seguridad pública, sin que se observe excluyente de responsabilidad que opere en favor del imputado. Plazo de cierre de investigación Luego, previa petición de la fiscal y previa manifestación de conformidad que expresó tanto el asesor jurídico y la defensa particulares, el Juez de Control, con fundamento en el artículo 321 del Código Nacional de Procedimientos Penales, estableció como plazo de cierre de la investigación complementaria de un mes, con vencimiento de dos de marzo de dos mil veintidós. Medida cautelar. Finalmente, con fundamento en la fracción I del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la fiscal solicitó como medida cautelar, la presentación periódica de y la vigilancia de parte de la Unidad de Medidas Cautelares, la defensa no manifestó inconformidad alguna con la petición. Al respecto, el Juez de Control cerró debate y resolvió negar la medida cautelar solicitada, en atención a que la representación social no justificó la necesidad de la cautela, dado que no se planteó una situación que acredite un riesgo de evasión a la acción de la justicia de parte del imputado que haga necesaria la restricción de su libertad personal. Suspensión condicional La defensa solicitó el beneficio al argumentar que no obra en la carpeta de investigación constancia alguna que acredite que su defendido este sujeto a una medida de suspensión condicional, además que la media aritmética del tipo penal por el cual se sigue la investigación no rebasa en modo alguno el término de cinco años. Por su parte, la fiscal manifestó no tener oposición alguna y además debería tener en cuenta la verificación del lugar de residencia para tener certeza de que el imputado estará disponible en un momento dado para continuar el proceso, aunado a la prohibición de no poder portar armas. Acto seguido, el Juez de Control no consideró prudente recabar la conformidad del imputado, dado que conforme al oficio 265/2022 de catorce de enero de dos mil veintidós, el Titular de Medidas Cautelares informó que Carlos Alberto Narváez de la Rosa -aquí quejoso- cuenta con una suspensión condicional aprobada el siete de diciembre de dos mil veintiuno, en la causa penal 1967/2021 por el hecho de la ley señala como robo con violencia en lugar abierto público, cometido en agravio de OXXO, sociedad anónima de capital variable, por lo cual rechazó la solicitud de suspensión condicional. SEXTO. ESTUDIO Y DECISIÓN. Se procede al estudio de los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, sin que sea el caso transcribirlos textualmente pues no se advierte como una obligación para cumplir con los requisitos de congruencia y exhaustividad en las sentencias. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, del tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". Ahora el impetrante de amparo, en su demanda adujo, en síntesis, como primer y segundo concepto de violación indicó que la resolución reclamada vulnera en su perjuicio el principio de legalidad y debido proceso, previstos en los numerales 14 y 16 de la Constitución Federal, dado que no se encuentra fundado ni motivado. Aduce que, en la especie, el Juez de Control no realizó una debida valoración probatoria de los datos expuestos por la agente del ministerio público e insiste que, en el momento de la aparente comisión del injusto que se le imputa, no se encontraba en un lugar público, dado que se encontraba en la calle Cuitláhuac de la colonia Centro de esta ciudad, lo cual no es considerado lugar público. Indicó que el arma que se le aseguró fue considerada, por el propio ministerio público, como una navaja deportiva y no como un arma prohibida, según lo establece el artículo 338 del Código Penal del Estado de Tabasco. Devienen INFUNDADOS los argumentos antes sintetizados que, como conceptos de violación que esgrimió el quejoso; sin que, en el caso, a criterio de esta juzgadora, se advierta que opere en favor del peticionario, suplencia de la queja en términos de lo previsto en el inciso a) de la fracción III del artículo 79 de la Ley de Amparo. A fin de justificar la anterior postura, cabe señalar que el caso que nos ocupa, se atendieron las formalidades esenciales del procedimiento, salvaguardando con ello el derecho fundamental de debido proceso tutelado en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que instituye: "Artículo 14 [.] Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. [.]". La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 160/2010, analizó los numerales 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que introducen el Sistema Procesal Penal Acusatorio y Oral, el cual se rige por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, mismos principios que se establecen en los artículos 4, 5, 6, 7, 8, 7 9 del Código Militar de Procedimientos Penales. La oralidad en el nuevo sistema penal acusatorio, se constituye en un instrumento de relevancia primordial puesto que marca una estructura general del procedimiento, dando consecución a los principios que se enlistan a continuación: Publicidad: Es el derecho que tiene el procesado a ser juzgado en audiencia pública por un juez o tribunal; éste sólo podrá restringirse en los casos de excepción que determine la ley, por razones de seguridad nacional, seguridad pública, protección de las víctimas, testigos y menores, cuando se ponga en riesgo la revelación de datos legalmente protegidos, o cuando el tribunal estime que existen razones fundadas para justificarlo. Contradicción: Consagra el derecho del procesado a que se le informe desde su comparecencia ante el Ministerio Público o el juez, de los hechos que se le imputan y a que se le faciliten todos los datos que solicite para su defensa; que se le reciban los testigos y demás datos pertinentes que ofrezca en su favor y a impugnar u objetar los datos existentes en la carpeta de investigación y los que sean ofrecidos en su contra. Permite el equilibrio entre las partes y conduce a un pleno análisis judicial de la contienda, es decir, los actos de cada parte procesal, estarán sujetos al control del otro, teniendo en este aspecto igualdad procesal para sostener la imputación o la defensa, respectivamente. Concentración: Tiene como finalidad lograr el debate procesal en pocas audiencias con el fin de llevar a cabo el mayor número de cuestiones en un menor número de actuaciones. Continuidad: Se refiere a limitar las interrupciones del proceso. Inmediación: Implica que todas las audiencias se desarrollarán en presencia del juez, sin que pueda delegar en ninguna persona el desahogo y la valoración de las pruebas. Además de que ningún juzgador podrá tratar asuntos que estén sujetos a proceso con cualquiera de las partes sin que esté presente la otra. Al respecto, el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estable lo siguiente: "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. A. De los principios generales: I. El proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen; II. Toda audiencia se desarrollará en presencia del juez, sin que pueda delegar en ninguna persona el desahogo y la valoración de las pruebas, la cual deberá realizarse de manera libre y lógica; III. Para los efectos de la sentencia sólo se considerarán como prueba aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio. La ley establecerá las excepciones y los requisitos para admitir en juicio la prueba anticipada, que por su naturaleza requiera desahogo previo; IV. El juicio se celebrará ante un juez que no haya conocido del caso previamente. La presentación de los argumentos y los elementos probatorios se desarrollará de manera pública, contradictoria y oral; V. La carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora, conforme lo establezca el tipo penal. Las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa, respectivamente; VI. Ningún juzgador podrá tratar asuntos que estén sujetos a proceso con cualquiera de las partes sin que esté presente la otra, respetando en todo momento el principio de contradicción, salvo las excepciones que establece esta Constitución; VII. Una vez iniciado el proceso penal, siempre y cuando no exista oposición del inculpado, se podrá decretar su terminación anticipada en los supuestos y bajo las modalidades que determine la ley. Si el imputado reconoce ante la autoridad judicial, voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias, su participación en el delito y existen medios de convicción suficientes para corroborar la imputación, el juez citará a audiencia de sentencia. La ley establecerá los beneficios que se podrán otorgar al inculpado cuando acepte su responsabilidad; VIII. El juez sólo condenará cuando exista convicción de la culpabilidad del procesado; IX. Cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales será nula, y X. Los principios previstos en este artículo, se observarán también en las audiencias preliminares al juicio. B. De los derechos de toda persona imputada: I. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa; II. A declarar o a guardar silencio. Desde el momento de su detención se le harán saber los motivos de la misma y su derecho a guardar silencio, el cual no podrá ser utilizado en su perjuicio. Queda prohibida y será sancionada por la ley penal, toda incomunicación, intimidación o tortura. La confesión rendida sin la asistencia del defensor carecerá de todo valor probatorio; III. A que se le informe, tanto en el momento de su detención como en su comparecencia ante el Ministerio Público o el juez, los hechos que se le imputan y los derechos que le asisten. Tratándose de delincuencia organizada, la autoridad judicial podrá autorizar que se mantenga en reserva el nombre y datos del acusador. La ley establecerá beneficios a favor del inculpado, procesado o sentenciado que preste ayuda eficaz para la investigación y persecución de delitos en materia de delincuencia organizada; IV. Se le recibirán los testigos y demás pruebas pertinentes que ofrezca, concediéndosele el tiempo que la ley estime necesario al efecto y auxiliándosele para obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio solicite, en los términos que señale la ley; V. Será juzgado en audiencia pública por un juez o tribunal. La publicidad sólo podrá restringirse en los casos de excepción que determine la ley, por razones de seguridad nacional, seguridad pública, protección de las víctimas, testigos y menores, cuando se ponga en riesgo la revelación de datos legalmente protegidos, o cuando el tribunal estime que existen razones fundadas para justificarlo. En delincuencia organizada, las actuaciones realizadas en la fase de investigación podrán tener valor probatorio, cuando no puedan ser reproducidas en juicio o exista riesgo para testigos o víctimas. Lo anterior sin perjuicio del derecho del inculpado de objetarlas o impugnarlas y aportar pruebas en contra; VI. Le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso. El imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación cuando el primero se encuentre detenido y cuando pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo. Asimismo, antes de su primera comparecencia ante juez podrán consultar dichos registros, con la oportunidad debida para preparar la defensa. A partir de este momento no podrán mantenerse en reserva las actuaciones de la investigación, salvo los casos excepcionales expresamente señalados en la ley cuando ello sea imprescindible para salvaguardar el éxito de la investigación y siempre que sean oportunamente revelados para no afectar el derecho de defensa; VII. Será juzgado antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya pena máxima no exceda de dos años de prisión, y antes de un año si la pena excediere de ese tiempo, salvo que solicite mayor plazo para su defensa; VIII. Tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual elegirá libremente incluso desde el momento de su detención. Si no quiere o no puede nombrar un abogado, después de haber sido requerido para hacerlo, el juez le designará un defensor público. También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera, y IX. En ningún caso podrá prolongarse la prisión o detención, por falta de pago de honorarios de defensores o por cualquiera otra prestación de dinero, por causa de responsabilidad civil o algún otro motivo análogo. La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si cumplido este término no se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares. En toda pena de prisión que imponga una sentencia, se computará el tiempo de la detención. C. De los derechos de la víctima o del ofendido: I. Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal; II. Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley. Cuando el Ministerio Público considere que no es necesario el desahogo de la diligencia, deberá fundar y motivar su negativa; III. Recibir, desde la comisión del delito, atención médica y psicológica de urgencia; IV. Que se le repare el daño. En los casos en que sea procedente, el Ministerio Público estará obligado a solicitar la reparación del daño, sin menoscabo de que la víctima u ofendido lo pueda solicitar directamente, y el juzgador no podrá absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria. La ley fijará procedimientos ágiles para ejecutar las sentencias en materia de reparación del daño; V. Al resguardo de su identidad y otros datos personales en los siguientes casos: cuando sean menores de edad; cuando se trate de delitos de violación, trata de personas, secuestro o delincuencia organizada; y cuando a juicio del juzgador sea necesario para su protección, salvaguardando en todo caso los derechos de la defensa. El Ministerio Público deberá garantizar la protección de víctimas, ofendidos, testigos y en general todas los sujetos que intervengan en el proceso. Los jueces deberán vigilar el buen cumplimiento de esta obligación; VI. Solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos, y VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño". Ahora, como ya quedó asentado, este órgano de amparo considera que en la especie se encuentran satisfechas las formalidades esenciales del procedimiento del cual deriva el acto génesis de la controversia constitucional que se resuelve. Lo anterior es así, dado que, de la reproducción del audio y video de la audiencia como soporte de informe justificado, se desprende que tal diligencia, celebrada el treinta y uno de enero de dos mil veintidós se desarrolló de manera oral. Asimismo, se desprende que la aludida audiencia fue pública y que en todo momento se salvaguardó el derecho de contradicción del imputado, al ser informado de los hechos que se le atribuyen y los datos de prueba propuestos por la fiscal del Ministerio Público, teniendo la oportunidad de objetarlos y aportar los propios. También se observa que el debate estuvo presente, puesto que se permitió al imputado el ejercicio de su derecho a que su situación jurídica se resolviera en esa misma audiencia -lo cual sucedió- o bien, en el término máximo previsto por la constitucional y legal, es decir, en el término de ciento cuarenta y cuatro horas, por lo que se cumplió con el principio de concentración. De igual forma, se atendió al principio de continuidad, dado que la diligencia se agotó en el mismo día en que comenzó. De la misma manera, las audiencias se realizaron conforme al principio de inmediación, ya que el Juez de Control estuvo a cargo durante el desarrollo de la diligencia. En igual tenor, de las referidas audiencias se advierte que se observaron los lineamientos establecidos por los artículos 307 al 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esto es: Concurrieron a la misma la fiscal del Ministerio Público, el imputado, así como su defensor particular; Se informó al inculpado sus derechos constitucionales y legales; Se formuló la imputación en la que la fiscal del Ministerio Público expuso al imputado el hecho que le atribuye, la calificación jurídica preliminar, la fecha, lugar y modo de su comisión, la forma de su intervención, así como el nombre de las personas que le acusaron; Se le dio oportunidad al inculpado para que declarase si era su deseo o si prefería mantener el derecho a permanecer en silencio, optando por conducirse bajo esa última acción; Al realizar la representante social la solicitud de vinculación a proceso del imputado, se le explicó en qué consistía esta, así como los momentos en los cuales podía resolverse la misma; Se cuestionó al imputado si deseaba que se resolviera sobre su vinculación a proceso en esa audiencia, dentro del plazo de setenta y dos horas o si solicitaba la ampliación de dicho plazo; Al respecto, el inculpado, asesorado de su defensor particular, solicitó se resolverá sobre su situación jurídica en el mismo momento, lo cual se hizo así; Se otorgó la oportunidad a la defensa para que presentara la réplica respectiva sobre la solicitud de vinculación; Se dio oportunidad a la fiscal del Ministerio Público para que respondiera la réplica de la defensa, lo cual atendió la representación social; Después, la Juez cerró debate y dictó el auto de vinculación a proceso; y, Aunado al hecho que se negó, tanto la medida cautelar como la suspensión condicional del proceso. Asimismo, se fijó el plazo para el cierre de la investigación complementaria. Con lo anterior, se soporta la afirmación de este órgano de amparo que, en efecto, se cumplen con los extremos de formalidad que el procedimiento penal acusatorio exige. Por otra parte, se considera que el acto reclamado se encuentra suficientemente fundado y motivado. En efecto, el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento [.]". El precepto trascrito contiene el derecho fundamental a la legalidad, consistente en que todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado. La exigencia de fundamentación se entiende como el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer el acto de autoridad, presupuesto que tiene su origen en el principio de legalidad que en su aspecto imperativo consiste en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite; mientras que la exigencia de motivación se traduce en la expresión de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar. Asimismo, es necesaria una correlación entre los fundamentos jurídicos y los motivos de hecho, lo que supone un razonamiento de la autoridad para demostrar la aplicabilidad de los preceptos legales invocados a los hechos de que se trate. La anterior consideración tiene sustento en la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que con el número 204, está publicada en el tomo VI, Materia Común, del Apéndice 2000 al Semanario Judicial de la Federación, página 166, de rubro y texto: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas". Consideraciones similares informan la jurisprudencia 1a./J. 139/2005, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, diciembre de dos mil cinco, página 162, de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE". Debe distinguirse entre falta e indebida fundamentación y motivación en los actos de autoridad. La falta de dichos presupuestos constitucionales es la omisión total de expresar el dispositivo legal aplicable al particular y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso se ajusta a la hipótesis normativa. En cambio, la indebida fundamentación ocurre cuando la autoridad invoca el precepto legal, empero resulta inaplicable al caso, mientras que la indebida motivación se actualiza cuando la autoridad expresa razones para emitir su acto, pero éstas no se adecuan a la hipótesis normativa, o bien, ésta se interpreta en forma errónea. Ahora bien, al resolver la contradicción de tesis 160/2010, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, expuso que los objetivos del Sistema Penal Acusatorio son: Determinar la verdad real, histórica o procesal; Determinar la existencia de un hecho típico; Identificar a su autor; Lograr el esclarecimiento de los hechos; Resolver el conflicto suscitado entre las partes, protegiendo al inocente y procurando que el culpable no quede impune; Lograr efectivamente la reparación del daño a favor de la víctima u ofendido; Aplicar a favor de las partes e intervinientes los principios del debido proceso, reconociendo los principios y derechos procesales; Dar celeridad al proceso con la aplicación reglada de los criterios de oportunidad y las formas alternativas de solución de conflictos; y, Facilitar con la admisión de cargos el procedimiento abreviado. En la ejecutoria de mérito también se precisa que en el sistema acusatorio adversarial se modifican los estándares probatorios en términos del tercer párrafo del artículo 16, primero del 19 y el inciso A del 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar en los términos siguientes. Se determina la no formalización de las pruebas en la fase de investigación del procedimiento penal, bajo el sistema acusatorio, salvo excepciones, basándose sólo en el grado de razonabilidad de los datos que establezcan que se ha cometido un hecho y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió. Se impide al juzgador del proceso oral revisar las actuaciones practicadas en la indagatoria no formalizada con el fin de evitar que se prejuzgue, y mantener la objetividad e imparcialidad de sus decisiones; así como el principio de igualdad y contradicción dada la horizontalidad de la posición de las teorías del caso y de los contendientes; por una parte el agente del Ministerio Público, víctima u ofendido y por otra el imputado y la defensa, en relación con un hecho que la ley señale como delito y exista la probabilidad de que el indiciado los cometió o participó en su comisión. Bajo las reglas del sistema en cita, al emitir una orden de aprehensión o resolver la vinculación o no del imputado a proceso, el estudio de los datos en que se sustente la imputación y la razonabilidad de los argumentos expuestos por la representación social y, en su caso, la contra-argumentación o refutación del imputado o de su defensa, son los elementos que resultan suficientes para justificar racionalmente que el inculpado sea presentado ante el juez de control a fin de conocer formalmente la imputación de un hecho previsto como delito con pena privativa de libertad por la ley penal y pueda ejercer plenamente su derecho a la defensa en un proceso penal respetuoso de todos los principios del sistema acusatorio. Por ende, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que el estándar probatorio cambió, aduciendo que en la etapa preliminar o de investigación sólo se requiere que el ministerio público aporte datos, es decir, la referencia al contenido de determinados medios de investigación que se estimen idóneos, pertinentes y suficientes, para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su realización. Aunado a ello, conforme a lo dispuesto por la fracción III del apartado A del reformado artículo 20 constitucional, en la etapa de investigación tales datos de prueba no constituyen prueba fehaciente, pues para los efectos de la sentencia sólo se considerarán como pruebas aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio. En ese contexto, la suscrita considera que la resolución reclamada se encuentra suficientemente fundada y motivada. En efecto, el Juez de Control se apoyó en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales; además, expuso las razones por las que estimó se reunían los requisitos para vincular a proceso al imputado Carlos Alberto Narváez de la Rosa -aquí quejoso-. Para ello refirió que los datos de prueba verbalizados por la fiscal del Ministerio Público, le permitió establecer que se había cometido un hecho que la ley señala como delito, el cual identificó como portación de armas prohibidas, que indicó se encuentra previsto y sancionado en el artículo 338 del Código Penal para el Estado de Tabasco. Asimismo, consideró que los datos de prueba eran suficientes para establecer que el imputado probablemente realizó los hechos que se le atribuyen o participó en su ejecución. Ahora, el primer párrafo del numeral 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.[.]". Del referido precepto constitucional, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dieciocho de junio de dos mil ocho, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a los últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su realización. El aludido texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos precitados, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal. Acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de su descripción típica, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si aquél quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley. Las anteriores consideraciones fueron sustentadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 24/2019 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, página 360, de rubro "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL)". En consonancia con lo anterior, los artículos 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, disponen: "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente. Artículo 317. Contenido del auto de vinculación a proceso El auto de vinculación a proceso deberá contener: I. Los datos personales del imputado; II. Los fundamentos y motivos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos mencionados en el artículo anterior, y III. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa". Los anteriores requisitos y presupuestos se consideran satisfechos en el presente asunto, como se evidenciará enseguida. El primer requisito previsto por el numeral 316 del código precitado, se considera colmado porque en la audiencia inicial, la Ministerio Público formuló imputación contra Carlos Alberto Narváez de la Rosa, por su probable intervención en la comisión de un hecho que la ley señala como delito de portación de armas prohibidas, previsto y sancionado por el artículo 338, del Código Penal para el Estado de Tabasco, cometido en agravio de la sociedad. En la audiencia se observa que la representación social hizo referencia a los hechos atribuidos fueron los siguientes: Que el dos de diciembre de dos mil veintiuno, aproximadamente las trece treinta horas, el imputado se encontraba sobre la calle Cuitláhuac de la Colonia Centro, a la altura del taller Leones, de esta ciudad, donde se encontraba vistiendo una playera de color negro con mangas color gris estampado y pantalón de mezclilla color azul, sin cubre bocas, portando un cuchillo en su mano derecha, acción observada por los policías David López Hernández y Víctor Manuel López Olan, quienes patrullaban la unidad móvil 73666, así el primero de los referidos, baja de la unidad y le solicitó que soltase el cuchillo, ante lo cual el imputado hace caso omiso a la petición y contrario a la petición, respondió a los agentes "no te metas poli", al mismo tiempo que lanzaba cuchillazos para que los agentes no se acercaran, por lo cual fue necesario usar un bastón de protección para lograr desarmar y controlar al investigado. De igual forma, se desprende de la audiencia en cuestión, que la fiscal hizo saber al inculpado que los hechos que se le imputan están previstos y sancionados como delito de portación de arma prohibida, en el artículo 338 del Código Penal para el Estado de Tabasco; que en cuanto a su participación, se le considera como autor material directo, que su conducta es dolosa porque quiso y aceptó su realización. El segundo requisito [que se hubiere otorgado la oportunidad al imputado de declarar], también fue observado por la responsable, ya que se aprecia que el Juez responsable hizo de conocimiento al imputado sobre el derecho que tenía a declarar y se le informó de las consecuencias de hacerlo o de guardar silencio. El tercer requisito [se adviertan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión], se considera cumplido. En efecto, de la videograbación en estudio se desprende que el Juez de Control expuso que, con los datos de prueba verbalizados, se establecía el hecho referido por la fiscal del Ministerio Público [que el imputado portaba un arma cuchillo con el cual agredió a los policías aprehensores], mismo que la ley señala como delito de portación de arma prohibida, previsto y sancionado por el artículo 338 del Código Penal para el Estado de Tabasco, cometido en agravio de la sociedad. En ese tenor, se estima que existen datos de prueba suficientes con los que se puede razonablemente establecer la probable participación del imputado -aquí quejoso-, en la comisión de los hechos en cuestión, particularmente con: Informe policial homologado número de referencia 27P0200402-12-20211515 de dos de diciembre de dos mil veintiuno, elaborado por los agentes de seguridad protección Ciudadana de David López Hernández y Víctor Manuel López Olan. Entrevistas de los agentes aprehensores David López Hernández y Víctor Manuel López Olan. Croquis ilustrativo del lugar de los hechos. Orden de investigación realizada por el policía Javier Narváez Palomeque, que realizó la inspección ocular y fijaciones fotográficas al lugar de los hechos Con lo cual se obtiene las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la dinámica de los hechos que constituyen la materia de la investigación; asimismo, constituyen la noticia criminal con la cual se da inicio a la propia indagatoria ministerial. Acta de aseguramiento de un cuchillo de aproximadamente veinte centímetros de lago con empuñadura de metal color negro y hoja metal. Pericial de estudio y clasificación de objetos, efectuada por María Isabel Rodríguez de la Cruz adscrita a la Coordinación de Criminalística de la Fiscalía General del Estado de Tabasco. Establecen las características del instrumento punzo cortante que presuntamente portaba el imputado y que se encuentra prohibido por la legislación penal. Datos de prueba de los que se obtiene que el imputado Carlos Alberto Narváez de la Rosa -aquí quejoso- fue identificado como la persona que probablemente portaba un cuchillo en la vía pública, con el cual agredió a los policías aprehensores el día de su aseguramiento. También se considera jurídicamente correcta la apreciación de la responsable en cuanto a la probable intervención del imputado en la comisión del hecho considerado como delito. Ello porque los antecedentes de la investigación propuestos por la fiscal del Ministerio Público arrojan datos de prueba que establecen señalamiento directo de los agentes de policía que lo detuvieron, los cuales indican la probabilidad de que el imputado realizó los hechos señalados por la ley como delito de portación de arma prohibida, previsto y sancionado en el artículo 338 del Código Penal para el Estado de Tabasco. En efecto, el Juez de Control responsable ponderó los datos de prueba aportados por la representación social al formular la imputación y solicitar la vinculación a proceso, pues de los mismos se obtiene que el inculpado portaba un cuchillo, arma prohibida, en la vía pública. Sobre el particular, conviene reiterar que, tratándose de un auto de vinculación a proceso, el estándar probatorio es menor y basta que exista la probabilidad de que el imputado haya participado en la comisión de los hechos que se le atribuyen, esto es, no se requiere que se demuestre plenamente, ya que esto sólo es exigible al dictarse sentencia. Por lo que, en esta fase del proceso penal en cuestión, se considera que los medios de investigación propuestos resultan idóneos, pertinentes y suficientes, para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió. De ahí que se pueda colegir razonablemente que el inculpado, aquí quejoso, probablemente realizó de manera directa el hecho que se le imputa, mismo que es considerado instantáneo porque su consumación se agotó en el mismo momento en que se han realizado todos sus elementos constitutivos. Conducta que es dolosa, pues sabía que es contrario a la ley portar, en lugares públicos, armas punzo cortantes, que puedan ser usados para agredir a otra persona, sin que se alegara por las partes alguna excluyente de incriminación o una causa de extinción de la acción penal. Cabe destacar que, de la videograbación de las audiencias en cuestión, no se aprecia que el quejoso o su defensa hayan incorporado y verbalizado datos de prueba que desvirtuaran los hechos imputados, salvo las manifestaciones expuestas por la defensa. Sin que obste a lo anterior, que la defensa verbalizó diversas razones por las cuales estimó que los datos de prueba con los que la fiscal sostuvo su solicitud no son idóneos, pues la vía pública donde se llevaron a cabo los hechos no es un lugar público y el arma que se le aseguró a su defendido, fue catalogado como una navaja deportiva, por lo cual no es de las armas prohibidas por el tipo penal génesis de la investigación. De igual forma, respecto del cuarto requisito, la responsable señaló que de lo expuesto en la audiencia no se advertía que se actualizara alguna causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. De lo anterior se puede colegir que fue jurídicamente correcto el proceder del Juez de Control, pues se advierte que su análisis no contraviene las reglas de la sana crítica y la lógica, en virtud de que los datos de prueba proporcionan indicios razonables y suficientes -al menos hasta ese estadio procesal- para informar sobre la existencia del hecho que la ley señala como delito de portación de arma prohibida, previsto y sancionado por el artículo 338 del Código Penal del Estado de Tabasco, cometido en agravio de la sociedad, dado que se transgrede el bien jurídico tutelado de la seguridad pública. Datos de prueba de los que se puede establecer que probablemente el imputado el día dos de diciembre de dos mil veintiuno portaba un cuchillo de veinte centímetros en la vía pública, instrumento con el cual agredió a dos agentes de seguridad pública al solicitarle que entregase el arma. Se estima lo anterior, pues contrario a lo sostenido por el impetrante, el Juez de Control responsable al realizar la valoración libre, lógica, integral y armónica le permitió concluir que el ahora quejoso fue la persona que probablemente cometió el hecho que se le imputa donde quedaron establecidos el tiempo y circunstancias de su ejecución; además, resultaron improcedentes los argumentos expresados por el defensor particular, pues en efecto se comparte el razonamiento del Juez responsable, pues la vía pública donde presuntamente se llevaron a cabo los hechos, desde luego que constituye un lugar público y un cuchillo de veinte centímetros, denominado como navaja deportiva, puede ser considerado como un arma que pone en peligro la vida de una persona. Se reitera lo anterior, dado que, al efectuar un análisis de los elementos constitutivos del tipo penal materia de la investigación [artículo 338 del Código Penal para el Estado de Tabasco] se refiere libremente como elementos objetivos el lugar de la comisión -lugares públicos-, aspecto que, como bien lo observó el Juez responsable, constituye un elemento susceptible de apreciación por el simple conocimiento y ejercicio de la lógica, en este caso, la vía pública donde se llevaron a cabo los hechos, al ser un espacio de dominio común por donde transitan los peatones o circulan los vehículos, es por propiamente un lugar público. Ahora, respecto al otro elemento objetivo, es decir el arma prohibida, el propio tipo penal enumera diversos objetos -puñales, navajas de muelle, boxers, chacos, manoplas-, sin ser limitativo, tan es así, que plasma la frase "otros semejantes que se utilicen para agredir", por tanto si el cuchillo que presuntamente portaba el imputado con el cual supuestamente agredió a los agentes de seguridad pública fue calificado o no como navaja deportiva, resulta irrelevante, dado que, al ser un objeto punzo cortante que por su característica de cortar puede herir mediante sus bordes afiles, puede ser un instrumento que al ser empuñado en combate puede generar lesiones, lo cual resulta suficiente para satisfacer, el elemento del tipo en comento. De ahí que, las manifestaciones de su defensa por medio de las cuales pretende restar valor probatorio a los datos de prueba verbalizados por la fiscalía son infundados, puesto que inverso a su argumento no son carentes de razonabilidad, idoneidad y por tanto resultan suficientes para soportar el acto que reclama. Además, invocó correctamente el marco jurídico que sostiene su resolución y adminiculó las razones por los cuales fue procedente su decisión. En abono a lo anterior se reitera que resultan infundados dichos motivos de disenso, ya que en esta etapa procesal únicamente se toman en cuenta los datos de prueba verbalizados por la fiscal acusadora y los datos que en su caso ofrezca la parte imputada respecto de los hechos imputados, ya que la valoración formal del acervo probatorio es una actividad propia de la etapa de juicio oral, además de que la parte quejosa no exhibió prueba alguna para controvertir los datos de prueba presentados por la representación social Además, como ya quedó precisado, al quejoso le fue garantizado debidamente la protección de los derechos humanos que el marco de regularidad constitucional le ofrece dentro de la prosecución del proceso penal al que está sujeto, en particular al derecho de defensa en virtud de que fue asistido por el defensor particular, con cédula profesional para ejercer como abogado, quien se impuso con oportunidad de la carpeta de investigación y realizó manifestaciones a favor de su representado en contestación a la solicitud de auto de vinculación a proceso formulada por la Fiscal, además de que la defensa solicitó auto de no vinculación a proceso a favor de su defendido, de ahí que se evidencia que no se violó su derecho de defensa adecuada. Con base en todo lo anterior, este órgano de amparo estima que los argumentos planteados por el quejoso en sus conceptos de violación devienen infundados. De ahí que no le asista la razón al impetrante de amparo. Resulta importante destacar que la presente resolución atiende al contenido fundamental de lo planteado por el quejoso, sin que ello se traduzca en falta de exhaustividad o lesión en la posibilidad defensiva, sino que, se reitera, se aborda lo toral de los planteamientos propuestos en su concepto de violación. Lo anterior, ya que el alcance de la garantía de defensa en relación con el principio de exhaustividad y congruencia, no llega al extremo de obligar a los órganos judiciales a referirse expresamente en sus fallos, renglón a renglón, punto a punto, a todos los cuestionamientos, aunque para decidir deba obviamente estudiarse en su integridad el problema, sino a atender todos aquellos que revelen una defensa concreta con ánimo de demostrar la razón que asiste, pero no a los diversos argumentos que más que demostrar defensa alguna, revela la reiteración de ideas ya expresadas. Encuentra apoyo dicha consideración en el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 1a. CVIII/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Mayo de 2007, Novena Época, materia constitucional, página 793, registro 172517, de rubro y texto: "GARANTÍA A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA COMPLETA TUTELADA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES. El derecho fundamental contenido en el referido precepto constitucional implica, entre otras cosas, el deber de los tribunales de administrar justicia de manera completa, en atención a los cuestionamientos planteados en los asuntos sometidos a su consideración, analizando y pronunciándose respecto de cada punto litigioso, sin que ello signifique que tengan que seguir el orden expuesto por las partes o que deban contestar argumentos repetitivos, pues los órganos encargados de dirimir las controversias están en aptitud de precisar las cuestiones a resolver, lo que puede o no coincidir con la forma o numeración adoptada en los respectivos planteamientos, y aunque no pueden alterar los hechos ni los puntos debatidos, sí pueden e incluso deben definirlos, como cuando la redacción de los escritos de las partes es oscura, deficiente, equívoca o repetitiva. Esto es, los principios de exhaustividad y congruencia de los fallos judiciales no pueden llegar al extremo de obligar al juzgador a responder todas las proposiciones, una por una, aun cuando fueran repetitivas, ya que ello iría en demérito de otras subgarantías tuteladas por el referido precepto constitucional -como las de prontitud y expeditez- y del estudio y reflexión de otros asuntos donde los planteamientos exigen la máxima atención y acuciosidad judicial, pues la garantía a la impartición de justicia completa se refiere únicamente a que los aspectos debatidos se resuelvan en su integridad, de manera que sólo deben examinarse y solucionarse las cuestiones controvertidas que sean necesarias para emitir la decisión correspondiente". Consecuentemente, ante lo infundado de los argumentos de denuesto y sin que se advierta queja deficiente que suplir a favor del impetrante, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitada. SÉPTIMO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Mediante proveído de veintiocho de febrero de dos mil veintidós dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a **********, por las razones y consideraciones que quedaron precisadas en el considerando sexto de esta sentencia. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en el último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.
- Incidental
VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECIOCHO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vistos; de la cuenta que antecede, se advierte que el término de cinco días, para que la parte quejosa Carlos Alberto Narváez de la Rosa, exhibiera la garantía que se le fijó para que siguiera surtiendo efectos la suspensión definitiva que le fue concedida en interlocutoria de ocho de marzo de dos mil veintidós, transcurrió del once al diecisiete de marzo del año en curso; sin que lo hubiera hecho. Por lo antes expuesto, con fundamento en el artículo 136 de la Ley de Amparo, se declara que dicha suspensión deja de surtir sus efectos. Por tal razón, hágase saber a la autoridad responsable que queda expedita su facultad para la ejecución del acto reclamado. Notifíquese.
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