Carlos Alberto Murrieta Guerra
Expediente 685/2016 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 37 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 685/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 37
- Última actuación
- 31/08/2018
- Órgano jurisdiccional
- Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Carlos Alberto Murrieta Guerra
- Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 37.
- Juicio de Amparo Directo
Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que ha transcurrido el término de quince días a que se refiere el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes quejosa y tercera interesada se hubieren inconformado con la resolución que tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el expediente en que se actúa, se declara que la misma ha causado estado; con fundamento en el numeral 196 de la legislación en mención, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno respectivo, archívese este asunto como totalmente concluido. Tomando en consideración que el mismo no es de relevancia documental, atento a lo establecido en el Punto Vigésimo Primero del Acuerdo General 2/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes Generados en los Tribunales Colegiados de Circuito, se hace la declaratoria que es susceptible de depuración, por lo que, en su momento oportuno deberán desintegrarse materialmente las constancias, y conservarse sólo la demanda de garantías y la sentencia, tal como lo señala la fracción III del referido punto. Finalmente, toda vez que en el expediente en que se actúa obra un cuaderno de antecedentes, atento a lo establecido en el Punto Vigésimo del acuerdo citado en el párrafo que precede, procédase a su destrucción, una vez que hayan transcurrido más de seis meses de haberse archivado este asunto.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, a tres de agosto de dos mil dieciocho. Del estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que en sesión de dos de marzo de dos mil diecisiete, el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, en acatamiento a lo previsto en el punto quinto del Acuerdo General 10/2008, modificado por el diverso 18/2011, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y del oficio STCCNO/234/2015 suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, dictó sentencia en el amparo directo penal número 685/2016, en el que concedió a Carlos Alberto Murrieta Guerra, la protección constitucional para los siguientes efectos: ".1. Deje insubsistente la sentencia "reclamada, de veintiséis (sic) de marzo de dos mil "dieciséis, emitida por la Sala Penal y Especializada en "Administración de Justicia para Adolescentes del "Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, en "el toca de apelación número 26/2016-2, que resolvió "confirmar la sentencia condenatoria de primera "instancia.- 2. Dicte otra, en la que siguiendo los "lineamientos de esta ejecutoria, revoque la sentencia "apelada de treinta de septiembre de dos mil quince, "dictada por el Juez Segundo de lo Penal del Distrito "Judicial de Sánchez Piedras, Tlaxcala, en la causa penal "con el número 322/2014 y, ordene la reposición del "procedimiento de primera instancia, con la finalidad de "que se subsane la omisión incurrida, en cuanto a la "denuncia por tortura, debiendo ordenar que se inicie la "correspondiente investigación ministerial, a efecto de "corroborar si existió o no la tortura, para los efectos "probatorios correspondientes al momento de dictar la "nueva sentencia con plenitud de jurisdicción.- 3. En la "inteligencia de que, la reposición del procedimiento "deberá efectuarse a partir del acuerdo de diecisiete de "agosto de dos mil quince, en el que se señaló día y hora "para el desahogo de la audiencia del juicio sumario." (foja 145). Este órgano colegiado, por auto de diecisiete de marzo de dos mil diecisiete, tuvo por recibido el oficio T.C. 3º-AUX 2ª R. 573/2017, de nueve anterior, signado por la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del mencionado centro auxiliar, por el que remite el amparo directo 685/2016, con la sentencia dictada en el mismo, el toca 26/2016, así como el proceso 322/2014; y con fundamento en los artículos 77 y 192 de la Ley de Amparo, se requirió a la autoridad responsable a fin que diera cumplimiento a la ejecutoria de garantías e informara del mismo (foja 325). De autos se advierte que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento, y que con dicho informe se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada (foja 463), siendo que la primera de las mencionadas, realizó manifestaciones mediante escrito presentado el veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete (fojas 468 a 482). En esas circunstancias, con fundamento en la fracción VII del artículo único del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula el mecanismo de envío, recepción y devolución de las remesas relativas a los apoyos que prestan los órganos jurisdiccionales auxiliares, así como en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. I. Ahora bien, del examen de las constancias remitidas por la propia autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se aprecia que en el considerando primero de la sentencia de veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete, dejó insubsistente la sentencia reclamada de veintitrés de marzo de dos mil dieciséis, revocó la diversa de treinta de septiembre de dos mil quince, dictada por el Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras, Tlaxcala en la causa penal número 322/2014 y ordenó al referido juzgador, reponer el procedimiento de primera instancia a partir del acuerdo de diecisiete de agosto de dos mil quince, en el que se señaló día y hora para el desahogo de la audiencia de juicio sumario, con la finalidad de que se subsane la omisión incurrida, en cuanto a la denuncia por tortura hecha por parte del inculpado, debiendo para ello ordenar que se inicie la correspondiente investigación ministerial (fojas 345 y 346). El A quo en cumplimiento a lo anterior, mediante acuerdo de seis de abril de dos mil diecisiete, dictado dentro del proceso 322/2014, ordenó la reposición del procedimiento a fin de subsanar la omisión referida, y mandó girar oficios al Procurador General de Justicia del Estado para poner en su conocimiento la tortura alegada por el acusado y, posible comisión de un delito (foja 351 vuelta). Asimismo, ordenó la práctica de exámenes psicológicos y médicos conforme al Protocolo de Estambul y el Manual para la Investigación y Documentación Eficaces de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes (foja 352 vuelta). A efecto de desahogar lo anterior, ordenó girar oficio al Secretario General de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, para que hiciera del conocimiento de los peritos en Medicina Legal y Forense y Praxis Médica, así como en Psicología Jurídica y Criminalística, respectivamente, que han sido nombrados con tal carácter, por lo que deben comparecer ante el juzgado del conocimiento para el trámite respectivo, debiendo emitir el dictamen relativo (foja 352 vuelta y 353). Las opiniones fueron emitidas y ratificadas el dos y tres de mayo del año en cita (fojas 369 a 383). De la misma manera, mediante oficio número 1555/2017 de quince de junio de dos mil diecisiete, el juzgador de primera instancia informó que el hoy quejoso en fecha doce del mismo mes y año, asistido por su asesor jurídico y del defensor de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, manifestó que no era su deseo presentar denuncia, ni rendir declaración, así como tampoco que se le practicaran los estudios en medicina legal y psicología; razón por la cual este tribunal requirió nuevamente a la responsable para que informara acerca del acatamiento de la ejecutoria de amparo (foja 400 a 406). Por oficio 2308/2017 de cuatro de octubre de dos mil diecisiete el Juez Segundo Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras, informó que el tres de octubre de dos mil diecisiete, se llevó a cabo la audiencia de juicio sumario, en la cual se declaró cerrada la instrucción y se ordenó traer los autos a la vista del juzgador para dictar sentencia definitiva (fojas 434 y 435). Finalmente, con plenitud de jurisdicción, el tres de octubre de dos mil diecisiete, dictó una nueva sentencia en la que valoró las periciales consistentes en el dictamen en materia de psicología y el dictamen médico especializado para los posibles casos de tortura o maltrato, a los que otorgó pleno valor probatorio, y concluyó que en el caso si bien del dictamen médico se tiene que no existe evidencia de tortura pero sí de malos tratos físicos hacia el inculpado a la data de su detención lo cierto es que no hay repercusiones en su persona y, por ende, resulta insuficiente para desvirtuar su participación en el hecho delictivo (foja 460). En tal virtud, una vez que se valoró el restante cúmulo probatorio, el juez de la causa determinó que en el caso, el acusado sí llevó a cabo la conducta antijurídica que se le reprocha, razón por la cual dictó sentencia condenatoria (fojas 440 a 461). II.1. Respecto de lo anterior, el quejoso por escrito presentado ante este órgano jurisdiccional el veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete (fojas 468 a 482), manifestó que si bien asistido de su asesor jurídico y del defensor de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, refirió que no era su deseo presentar denuncia, ni rendir declaración ante el Agente del Ministerio Público, esta situación de ninguna manera podía ser justificante para que no se procediera a la investigación de la tortura. A lo anterior, debe decirse que no le asiste la razón al quejoso, toda vez que la autoridad responsable, observando los efectos del fallo protector, una vez que ordenó la reposición del procedimiento de primera instancia a efecto de que se subsanará la omisión incurrida respecto a la denuncia por tortura que adujo el inculpado, el a quo dio vista a la Procuraduría General de Justicia del Estado, para que se llevara a cabo la indagatoria correspondiente y, adicionalmente ordenó la práctica de los estudios médicos y psicológicos que estimó pertinentes para constatar la veracidad de las manifestaciones expuestas por el encausado. De modo que, opuesto a lo que asevera el impetrante de amparo en sus planteamientos, el tribunal de alzada y A quo sí acataron los lineamientos de la ejecutoria de amparo, al ordenar la reposición del procedimiento penal y allegarse de pruebas tendentes a determinar la veracidad de lo expuesto por el inculpado. Por lo que sus manifestaciones devienen infundadas. 2. Por otra parte, aduce que con los dictámenes periciales antes descritos, es obvio que fue objeto de tortura y que por esa razón vertió su declaración ministerial en los términos que obran en autos del sumario, de la cual en declaración preparatoria se retractó y como consecuencia tal confesión fue obtenida de manera ilícita y por ende no merece ningún valor probatorio en la causa penal que se le ha instruido. Agrega, que el Cuarto Visitador y Visitadora Adjunta de la Cuarta Visitaduría General de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Tlaxcala, solamente se concretaron a verificar las entrevistas que le realizó el Agente del Ministerio Público, para recabar la información respectiva al trámite de la carpeta de investigación, sin ulterior gestión o trámite, lo que implica una actitud pasiva por parte de dicho Organismo, que lejos de cumplir su cometido se convirtió en simple espectador. Así también, alega que el juzgador incurrió en dilaciones innecesarias para señalar día y hora para la audiencia de juicio sumario, a la que incluso no asistieron sus abogados defensores por la falta de notificación oportuna por parte del personal de dicho juzgado; además, que las conclusiones que formuló el representante social fueron deficientes al no cumplir con los requisitos que establecen los artículos 233 y 234 del Código de Procedimientos Penales del Estado; y que, en consecuencia, se debe declarar que la ejecutoria de amparo no fue cabalmente cumplida, debiéndose remitir los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que se proceda contra el juez responsable, en términos de lo que dispone el artículo 193 de la Ley de Amparo. Abunda, que "el agraviado" jamás firmó su declaración, ni mucho menos se identificó plenamente ante el Agente del Ministerio Público investigador, ni tampoco acreditó conforme a derecho la legítima propiedad del semoviente afecto a la causa. Finalmente, aduce que el juzgador de origen no funda debida y adecuadamente la sentencia de tres de octubre de dos mil diecisiete, emitida en cumplimiento, ya que del dictamen médico y fe de lesiones ministerial que obran en autos, es evidente que al momento de su detención fue agredido y recibió malos tratos físicos y psicológicos, por lo que no hay la menor duda que está demostrada la tortura de que fue objeto. 3. Lo así expuesto, resulta inatendible, ya que el Tercer Tribunal Colegiado otorgó libertad de jurisdicción al juzgado competente para pronunciarse en torno a los medios de convicción relacionados con la existencia o no de la tortura alegada por el encausado a efecto de determinar lo conducente al emitir la sentencia respectiva. Asimismo, debe tomarse en cuenta que la presente resolución tiene por objeto examinar si la autoridad responsable se ciñó a lo determinado en el fallo protector; es decir, si cumplió con todos y cada uno de los efectos del mismo, lo que significa que no se está en posibilidad de analizar la legalidad de las consideraciones emitidas para dar cumplimiento a lo ordenado en la sentencia concesoria de amparo, por tanto, lo manifestado por el inconforme, debe ser analizado en otra vía y no en ésta. Se cita por analogía la Jurisprudencia 1a./J.121/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 786, Libro 2, enero de 2014, Tomo II, Materia Común, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. SON "INOPERANTES LOS AGRAVIOS QUE NO "CONTROVIERTEN LO RESUELTO POR EL ÓRGANO "DE AMPARO EN RELACIÓN CON EL "CUMPLIMIENTO DEL FALLO PROTECTOR. El hecho "de que el artículo 196 de la Ley de Amparo, publicada "en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de "2013, establezca que la ejecutoria de amparo se "entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin "excesos ni defectos, no implica el estudio de aspectos "que no fueron materia de análisis en el juicio de amparo, "sino exclusivamente del exacto cumplimiento de las "cuestiones que sí lo fueron, concretamente, de aquellas "que dieron lugar a la concesión de la protección de la "Justicia Federal. Por tanto, los agravios expuestos en el "recurso de inconformidad resultan inoperantes cuando "no controvierten lo resuelto por el órgano de amparo en "relación con el cumplimiento del fallo dictado en el juicio, "sino la forma en que la autoridad responsable cumplió "con la sentencia protectora, con la pretensión de "analizar aspectos ajenos a la materia del recurso de "inconformidad hecho valer." III. Así, de acuerdo a lo precisado en el punto I de esta resolución, se concluye que, atento a lo resuelto por la autoridad responsable, ha quedado cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo. Notifíquese, personalmente a la quejosa, por lista a los terceros interesados Bonifacio Soledad Nieto y Rogelio Pérez Hernández; y por oficio a la Agente del Ministerio Público adscrita a la Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala. Lo acordó y firma la Magistrada Gabriela Esperanza Alquicira Sánchez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, quien actúa con la licenciada Miriam Ramírez Alanis, secretaria de acuerdos que da fe.- Doy fe.
- Juicio de Amparo Directo
ASUNTO QUE SE LISTA POR SEGUNDA OCASION DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27, FRACCION I, inciso c) DE LA LEY DE AMPARO.Apizaco, Tlaxcala, a tres de agosto de dos mil dieciocho. Del estado procesal que guardan los presentes autos se advierte que en sesión de dos de marzo de dos mil diecisiete, el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, en acatamiento a lo previsto en el punto quinto del Acuerdo General 10/2008, modificado por el diverso 18/2011, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y del oficio STCCNO/234/2015 suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, dictó sentencia en el amparo directo penal número 685/2016, en el que concedió a Carlos Alberto Murrieta Guerra, la protección constitucional para los siguientes efectos: ".1. Deje insubsistente la sentencia "reclamada, de veintiséis (sic) de marzo de dos mil "dieciséis, emitida por la Sala Penal y Especializada en "Administración de Justicia para Adolescentes del "Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, en "el toca de apelación número 26/2016-2, que resolvió "confirmar la sentencia condenatoria de primera "instancia.- 2. Dicte otra, en la que siguiendo los "lineamientos de esta ejecutoria, revoque la sentencia "apelada de treinta de septiembre de dos mil quince, "dictada por el Juez Segundo de lo Penal del Distrito "Judicial de Sánchez Piedras, Tlaxcala, en la causa penal "con el número 322/2014 y, ordene la reposición del "procedimiento de primera instancia, con la finalidad de "que se subsane la omisión incurrida, en cuanto a la "denuncia por tortura, debiendo ordenar que se inicie la "correspondiente investigación ministerial, a efecto de "corroborar si existió o no la tortura, para los efectos "probatorios correspondientes al momento de dictar la "nueva sentencia con plenitud de jurisdicción.- 3. En la "inteligencia de que, la reposición del procedimiento "deberá efectuarse a partir del acuerdo de diecisiete de "agosto de dos mil quince, en el que se señaló día y hora "para el desahogo de la audiencia del juicio sumario." (foja 145). Este órgano colegiado, por auto de diecisiete de marzo de dos mil diecisiete, tuvo por recibido el oficio T.C. 3º-AUX 2ª R. 573/2017, de nueve anterior, signado por la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del mencionado centro auxiliar, por el que remite el amparo directo 685/2016, con la sentencia dictada en el mismo, el toca 26/2016, así como el proceso 322/2014; y con fundamento en los artículos 77 y 192 de la Ley de Amparo, se requirió a la autoridad responsable a fin que diera cumplimiento a la ejecutoria de garantías e informara del mismo (foja 325). De autos se advierte que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento, y que con dicho informe se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada (foja 463), siendo que la primera de las mencionadas, realizó manifestaciones mediante escrito presentado el veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete (fojas 468 a 482). En esas circunstancias, con fundamento en la fracción VII del artículo único del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula el mecanismo de envío, recepción y devolución de las remesas relativas a los apoyos que prestan los órganos jurisdiccionales auxiliares, así como en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. I. Ahora bien, del examen de las constancias remitidas por la propia autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se aprecia que en el considerando primero de la sentencia de veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete, dejó insubsistente la sentencia reclamada de veintitrés de marzo de dos mil dieciséis, revocó la diversa de treinta de septiembre de dos mil quince, dictada por el Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras, Tlaxcala en la causa penal número 322/2014 y ordenó al referido juzgador, reponer el procedimiento de primera instancia a partir del acuerdo de diecisiete de agosto de dos mil quince, en el que se señaló día y hora para el desahogo de la audiencia de juicio sumario, con la finalidad de que se subsane la omisión incurrida, en cuanto a la denuncia por tortura hecha por parte del inculpado, debiendo para ello ordenar que se inicie la correspondiente investigación ministerial (fojas 345 y 346). El A quo en cumplimiento a lo anterior, mediante acuerdo de seis de abril de dos mil diecisiete, dictado dentro del proceso 322/2014, ordenó la reposición del procedimiento a fin de subsanar la omisión referida, y mandó girar oficios al Procurador General de Justicia del Estado para poner en su conocimiento la tortura alegada por el acusado y, posible comisión de un delito (foja 351 vuelta). Asimismo, ordenó la práctica de exámenes psicológicos y médicos conforme al Protocolo de Estambul y el Manual para la Investigación y Documentación Eficaces de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes (foja 352 vuelta). A efecto de desahogar lo anterior, ordenó girar oficio al Secretario General de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, para que hiciera del conocimiento de los peritos en Medicina Legal y Forense y Praxis Médica, así como en Psicología Jurídica y Criminalística, respectivamente, que han sido nombrados con tal carácter, por lo que deben comparecer ante el juzgado del conocimiento para el trámite respectivo, debiendo emitir el dictamen relativo (foja 352 vuelta y 353). Las opiniones fueron emitidas y ratificadas el dos y tres de mayo del año en cita (fojas 369 a 383). De la misma manera, mediante oficio número 1555/2017 de quince de junio de dos mil diecisiete, el juzgador de primera instancia informó que el hoy quejoso en fecha doce del mismo mes y año, asistido por su asesor jurídico y del defensor de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, manifestó que no era su deseo presentar denuncia, ni rendir declaración, así como tampoco que se le practicaran los estudios en medicina legal y psicología; razón por la cual este tribunal requirió nuevamente a la responsable para que informara acerca del acatamiento de la ejecutoria de amparo (foja 400 a 406). Por oficio 2308/2017 de cuatro de octubre de dos mil diecisiete el Juez Segundo Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras, informó que el tres de octubre de dos mil diecisiete, se llevó a cabo la audiencia de juicio sumario, en la cual se declaró cerrada la instrucción y se ordenó traer los autos a la vista del juzgador para dictar sentencia definitiva (fojas 434 y 435). Finalmente, con plenitud de jurisdicción, el tres de octubre de dos mil diecisiete, dictó una nueva sentencia en la que valoró las periciales consistentes en el dictamen en materia de psicología y el dictamen médico especializado para los posibles casos de tortura o maltrato, a los que otorgó pleno valor probatorio, y concluyó que en el caso si bien del dictamen médico se tiene que no existe evidencia de tortura pero sí de malos tratos físicos hacia el inculpado a la data de su detención lo cierto es que no hay repercusiones en su persona y, por ende, resulta insuficiente para desvirtuar su participación en el hecho delictivo (foja 460). En tal virtud, una vez que se valoró el restante cúmulo probatorio, el juez de la causa determinó que en el caso, el acusado sí llevó a cabo la conducta antijurídica que se le reprocha, razón por la cual dictó sentencia condenatoria (fojas 440 a 461). II.1. Respecto de lo anterior, el quejoso por escrito presentado ante este órgano jurisdiccional el veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete (fojas 468 a 482), manifestó que si bien asistido de su asesor jurídico y del defensor de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, refirió que no era su deseo presentar denuncia, ni rendir declaración ante el Agente del Ministerio Público, esta situación de ninguna manera podía ser justificante para que no se procediera a la investigación de la tortura. A lo anterior, debe decirse que no le asiste la razón al quejoso, toda vez que la autoridad responsable, observando los efectos del fallo protector, una vez que ordenó la reposición del procedimiento de primera instancia a efecto de que se subsanará la omisión incurrida respecto a la denuncia por tortura que adujo el inculpado, el a quo dio vista a la Procuraduría General de Justicia del Estado, para que se llevara a cabo la indagatoria correspondiente y, adicionalmente ordenó la práctica de los estudios médicos y psicológicos que estimó pertinentes para constatar la veracidad de las manifestaciones expuestas por el encausado. De modo que, opuesto a lo que asevera el impetrante de amparo en sus planteamientos, el tribunal de alzada y A quo sí acataron los lineamientos de la ejecutoria de amparo, al ordenar la reposición del procedimiento penal y allegarse de pruebas tendentes a determinar la veracidad de lo expuesto por el inculpado. Por lo que sus manifestaciones devienen infundadas. 2. Por otra parte, aduce que con los dictámenes periciales antes descritos, es obvio que fue objeto de tortura y que por esa razón vertió su declaración ministerial en los términos que obran en autos del sumario, de la cual en declaración preparatoria se retractó y como consecuencia tal confesión fue obtenida de manera ilícita y por ende no merece ningún valor probatorio en la causa penal que se le ha instruido. Agrega, que el Cuarto Visitador y Visitadora Adjunta de la Cuarta Visitaduría General de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Tlaxcala, solamente se concretaron a verificar las entrevistas que le realizó el Agente del Ministerio Público, para recabar la información respectiva al trámite de la carpeta de investigación, sin ulterior gestión o trámite, lo que implica una actitud pasiva por parte de dicho Organismo, que lejos de cumplir su cometido se convirtió en simple espectador. Así también, alega que el juzgador incurrió en dilaciones innecesarias para señalar día y hora para la audiencia de juicio sumario, a la que incluso no asistieron sus abogados defensores por la falta de notificación oportuna por parte del personal de dicho juzgado; además, que las conclusiones que formuló el representante social fueron deficientes al no cumplir con los requisitos que establecen los artículos 233 y 234 del Código de Procedimientos Penales del Estado; y que, en consecuencia, se debe declarar que la ejecutoria de amparo no fue cabalmente cumplida, debiéndose remitir los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que se proceda contra el juez responsable, en términos de lo que dispone el artículo 193 de la Ley de Amparo. Abunda, que "el agraviado" jamás firmó su declaración, ni mucho menos se identificó plenamente ante el Agente del Ministerio Público investigador, ni tampoco acreditó conforme a derecho la legítima propiedad del semoviente afecto a la causa. Finalmente, aduce que el juzgador de origen no funda debida y adecuadamente la sentencia de tres de octubre de dos mil diecisiete, emitida en cumplimiento, ya que del dictamen médico y fe de lesiones ministerial que obran en autos, es evidente que al momento de su detención fue agredido y recibió malos tratos físicos y psicológicos, por lo que no hay la menor duda que está demostrada la tortura de que fue objeto. 3. Lo así expuesto, resulta inatendible, ya que el Tercer Tribunal Colegiado otorgó libertad de jurisdicción al juzgado competente para pronunciarse en torno a los medios de convicción relacionados con la existencia o no de la tortura alegada por el encausado a efecto de determinar lo conducente al emitir la sentencia respectiva. Asimismo, debe tomarse en cuenta que la presente resolución tiene por objeto examinar si la autoridad responsable se ciñó a lo determinado en el fallo protector; es decir, si cumplió con todos y cada uno de los efectos del mismo, lo que significa que no se está en posibilidad de analizar la legalidad de las consideraciones emitidas para dar cumplimiento a lo ordenado en la sentencia concesoria de amparo, por tanto, lo manifestado por el inconforme, debe ser analizado en otra vía y no en ésta. Se cita por analogía la Jurisprudencia 1a./J.121/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 786, Libro 2, enero de 2014, Tomo II, Materia Común, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. SON "INOPERANTES LOS AGRAVIOS QUE NO "CONTROVIERTEN LO RESUELTO POR EL ÓRGANO "DE AMPARO EN RELACIÓN CON EL "CUMPLIMIENTO DEL FALLO PROTECTOR. El hecho "de que el artículo 196 de la Ley de Amparo, publicada "en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de "2013, establezca que la ejecutoria de amparo se "entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin "excesos ni defectos, no implica el estudio de aspectos "que no fueron materia de análisis en el juicio de amparo, "sino exclusivamente del exacto cumplimiento de las "cuestiones que sí lo fueron, concretamente, de aquellas "que dieron lugar a la concesión de la protección de la "Justicia Federal. Por tanto, los agravios expuestos en el "recurso de inconformidad resultan inoperantes cuando "no controvierten lo resuelto por el órgano de amparo en "relación con el cumplimiento del fallo dictado en el juicio, "sino la forma en que la autoridad responsable cumplió "con la sentencia protectora, con la pretensión de "analizar aspectos ajenos a la materia del recurso de "inconformidad hecho valer." III. Así, de acuerdo a lo precisado en el punto I de esta resolución, se concluye que, atento a lo resuelto por la autoridad responsable, ha quedado cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo. Notifíquese, personalmente a la quejosa, por lista a los terceros interesados Bonifacio Soledad Nieto y Rogelio Pérez Hernández; y por oficio a la Agente del Ministerio Público adscrita a la Sala Penal y Especializada en Administración de Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala. Lo acordó y firma la Magistrada Gabriela Esperanza Alquicira Sánchez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, quien actúa con la licenciada Miriam Ramírez Alanis, secretaria de acuerdos que da fe.- Doy fe.
- Juicio de Amparo Directo
SE DESPRENDE QUE HA TRANSCURRIDO EL TERMINO DE DIEZ DIAS, CONCEDIDO A LAS PARTES QUEJOSA Y TERCERO INTERESADA, PARA QUE MANIFESTARAN LO QUE A SU INTERES CONVINIERA, HACIENDOLO LA PARTE QUEJOSA; PROCEDASE A DICTAR LA RESOLUCION CORRESPONDIENTE.
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