Carlos Alberto Monterrubio Bohorquez

Expediente 586/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 8 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
586/2019
Año
2019
Actuaciones
8
Última actuación
30/12/2019

Partes del expediente

  • Carlos Alberto Monterrubio Bohorquez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    MESA II-A "San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, treinta de diciembre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los autos se advierte que el plazo de diez días con el que el inconforme contaba para interponer el recurso de revisión previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo en contra del acuerdo de veintiocho de noviembre del año en curso, en donde se decretó el sobreseimiento en este asunto fuera de la audiencia constitucional ha transcurrido, sin que hiciera valer dicho medio de impugnación; por tanto, se provee lo siguiente: I. Con fundamento en lo previsto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto en donde se decretó el sobreseimiento en este medio extraordinario de defensa fuera de la audiencia constitucional ha causado estado. II. Con apoyo en lo indicado por el normativo décimo primero, segundo párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal archívese el presente expediente como asunto concluido. (...)Notifíquese."

  2. Principal

    MESA II-A "San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguese la promoción señalada en la nota de cuenta al expediente en el que se actúa para que surta sus efectos legales correspondientes. Ahora bien, de su contenido se advierte que el Fiscal adscrito a este Juzgado Federal formula alegatos y solicita copia de la resolución final dictada en este expediente. Al respecto, dígase al promovente que no es factible tener por formulados sus alegatos porque el veintiocho de noviembre pasado se concluyó este asunto con la resolución de sobreseimiento decretada fuera de la audiencia constitucional; por tanto, al concluirse de manera anticipada el proceso ya no es factible que alguna de las partes ejerza el derecho de alegar. En otro punto, no obstante que al notificarse el sobreseimiento indicado se entregó al citado representante social reproducción autorizada de la determinación relativa, según consta en la razón actuarial glosada en este expediente, con apoyo en lo prescrito por el numeral 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, expídase a su costa la copia certificada de la constancia que pide previa identificación y firma de entrega que obre en el acta relativa. Notifíquese. Así lo acordó y firma Ricardo Alfonso Morcillo Moguel, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante el secretario Felipe Hernández López, con quien actúa y da fe."

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve. El análisis de las constancias que integran este sumario conduce a sostener que ha sobrevenido una hipótesis de inejercicio de la acción de amparo, cuya actualización indudable y manifiesta impide continuar con la substanciación del juicio constitucional, de acuerdo con las consideraciones siguientes: I. Identificación de la litis constitucional En principio es necesario establecer que el contenido integral de la demanda de amparo, así como los datos y la información que se desprenden de las constancias que obran en este expediente da pauta a establecer que el inconforme Carlos Alberto Monterrubio Bohórquez reclama del Magistrado de la Quinta Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa de Oaxaca, el acto siguiente: El acuerdo de seis de junio de dos mil diecinueve, dictado en el juicio de nulidad 209/2016, que recayó a los escritos que presentó el dieciséis de mayo y seis de junio de dos mil diecinueve, en los que en esencia solicitó que se requiriera el cumplimiento del fallo emitido en ese asunto. II. Consideraciones para decretar el sobreseimiento del juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional Al respecto es necesario señalar que la improcedencia constituye un obstáculo jurídico o de hecho que impide el pronunciamiento de fondo ante la falta de oportunidad o de pertinencia de la acción intentada; en ese sentido, una causal de improcedencia del juicio de amparo puede ser previa a su promoción o sobrevenir a ésta; en este último supuesto puede surgir durante la tramitación del juicio en cualquiera de sus instancias. Por otro lado, debe indicarse que la doctrina ha conceptualizado al sobreseimiento como el acto a través del cual se da por concluido un proceso sin que se haga un pronunciamiento sobre la cuestión de fondo por falta de alguno de sus elementos constitutivos de carácter fundamental, o bien, por el surgimiento de una circunstancia que hace imposible o innecesario el análisis de la acción ejercida. También debe precisarse que en las diversas ramas procesales el sobreseimiento se decreta en el momento en el que se actualiza la causal correspondiente, ya que ésta impide la continuación del procedimiento relativo, lo cual significa que el sobreseimiento da por concluido el proceso sin que se haga pronunciamiento alguno sobre la cuestión de fondo debatida. En el juicio de amparo no es la excepción para decretar el sobreseimiento en el momento en el que se actualice una causal de improcedencia, con la única condicionante de que ésta sea manifiesta e indudable porque como se ha mencionado el sobreseimiento pone fin al procedimiento y, por ello, debe decretarse tan luego como aparezca la hipótesis de inejercicio correspondiente, ya que ningún objetivo práctico tendrá continuar con un procedimiento cuyo deceso ha ocurrido. Ahora, se dice que una causal de improcedencia es manifiesta e indudable cuando salta a la vista de la simple lectura de las constancias de autos y por más elementos de prueba que se ofrezcan en su contra, éstas no desaparecerán. En ese sentido, es de explorado derecho que para decretar el sobreseimiento en el juicio de protección de los derechos fundamentales, las hipótesis de inejercitabilidad de la acción de amparo que sirvan de apoyo para ello necesariamente tienen que reunir tales características, es decir, deben ser manifiestas e indudables porque de lo contrario este órgano jurisdiccional estará obligado a pronunciarse sobre el tema de fondo, concediendo o negando la protección constitucional solicitada. De acuerdo con lo anterior es pertinente precisar que las causales de improcedencia atendiendo al momento en el que sean detectadas por el Juzgador conducen al desechamiento de la demanda de amparo, o bien, a decretar el sobreseimiento del medio extraordinario de defensa. En este punto, precisa señalar que de lo establecido por el ordinal 81, fracción I, inciso d), de la ley de la materia se advierte que el sobreseimiento del juicio de amparo puede ser decretado en una resolución que se dicte fuera de la audiencia constitucional, ya que ese dispositivo establece que procede el recurso de revisión en contra de las resoluciones que declaren el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, lo cual significa que se trata de un acto judicial distinto a la sentencia que se pronuncia en esa diligencia. Lo anterior evidencia la intención del legislador de que los Jueces de amparo no continúen con un juicio que no va rendir frutos cuando se actualicen las causales de improcedencia con las características antes precisadas. De lo anterior se sigue que el sobreseimiento del juicio fuera de la audiencia constitucional es permitido legalmente, ya que en los casos como el que se alude ningún efecto práctico tiene esperar a que se celebre esa diligencia para darle la oportunidad al quejoso de ofrecer y desahogar las pruebas conducentes a demostrar la existencia o la inconstitucionalidad del acto reclamado porque la causal de improcedencia subsistirá y el sentido del fallo correspondiente será el mismo, puesto que al ser ésta manifiesta e indudable no es posible que con los elementos de prueba sea desvirtuada y se tenga que emitir una sentencia en un sentido distinto. Lo expuesto permite concluir que en los casos en los que las hipótesis de improcedencia sean manifiestas e indudables de manera que con algún elemento de prueba no se pueda desvirtuar esa situación es procedente decretar el sobreseimiento del juicio constitucional sin necesidad de esperar a la celebración de la audiencia constitucional, ya que a ningún fin práctico conduciría admitir y desahogar elementos probatorios que de modo alguno pueden desvirtuar la causal de improcedencia; además, de que esa circunstancia no provoca indefensión en el gobernado porque tiene a su alcance el recurso de revisión, por lo que esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, lo único que traería consigo es retardar la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al arábigo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo expuesto tiene respaldo en las razones establecidas en la jurisprudencia 2a./J. 10/2003 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que informa: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." III. Improcedencia Estudio oficioso del supuesto de inejercitabilidad de la acción constitucional previsto por el ordinal 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Con fundamento en el arábigo 62 de la Ley de Amparo se deben analizar las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa, de orden público y de estudio preferente. Al respecto es aplicable la jurisprudencia II.1o. J/5 sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso, se advierte que en relación con el acto reclamado al Magistrado de la Quinta Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa de Oaxaca, consistente en el acuerdo de seis de junio de dos mil diecinueve, dictado en el juicio de nulidad 209/2016, que recayó a los escritos que presentó el dieciséis de mayo y seis de junio de dos mil diecinueve, en los que en esencia solicitó que se requiriera el cumplimiento del fallo emitido en ese asunto, se actualiza la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional prevista por el normativo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dado que han cesado sus efectos porque ha operado una sustitución procesal ante la emisión del acuerdo de quince de octubre de dos mil diecinueve, en el aludido contradictorio, en el que la responsable declaró cumplida la sentencia de once de noviembre de dos mil dieciséis, en razón de que la autoridad vinculada Fiscalía General de Oaxaca efectuó a favor del disidente la cuantificación de los tres quinquenios adeudados hasta el quince de octubre pasado y pagó los importes que debía por ese concepto, los cuales dijo que se siguen cubriendo, por lo que ordenó el archivo del referido expediente como asunto total y definitivamente concluido. Para evidenciar tal aserto es necesario tener presente el contenido del dispositivo 61, fracción XXI, de la ley de la materia, que señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" El segmento normativo invocado prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. La causa de improcedencia invocada puede patentizarse en dos supuestos, a saber: a) Cuando los efectos del acto reclamado desaparezcan o se destruyan inmediata, total, incondicional y materialmente; hipótesis en la que con tal destrucción el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella alguna en su esfera jurídica y patrimonial (revocación); y, b) Cuando se da la sustitución de los actos procesales que conlleva a que uno queda en suspenso hasta en tanto se decide el otro, por la relación que guardan entre sí, en donde la resolución del segundo da firmeza a los actos del proceso dictados previamente; es decir, el segundo acto sustituye al primero e incide sobre su vigencia y ejecutividad (sustitución). En el primero de los citados supuestos se indica que los efectos de un acto reclamado cesan hasta cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Dicho en otros términos, de acuerdo con el supuesto en análisis la cesación de los efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, lo cual puede verse acompañado o no de la insubsistencia misma de esa actuación, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia señalada no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de una actuación que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, merced a que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Las consideraciones expuestas tienen respaldo en la jurisprudencia 2a./J. 59/99 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expone: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." También cobra vigencia la jurisprudencia 2a./J. 9/98 emitida por la Segunda Sala del Máximo Tribunal Constitucional del País, que informa: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En cuanto a la hipótesis indicada en el inciso b), relativa a la sustitución procesal se origina con el ejercicio de los medios de defensa en el proceso, dado que conllevan un nuevo análisis de la cuestión planteada que puede realizarse por el propio Juez, o bien, por el Tribunal de alzada quien cuenta con la jurisdicción originaria para resolver. Al respecto, cabe señalar que la Primera Sala y la otrora Tercera Sala del Supremo Tribunal Constitucional de la Nación han establecido en criterios orientadores que se actualiza la cesación de efectos por la sustitución procesal de actos. Algunos ejemplos de esos supuestos se precisan en los criterios jurisprudenciales siguientes: "SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA, SOBRESEIMIENTO CUANDO SE SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO LA. Cuando en la demanda de amparo se reclame, entre otros actos, la "sentencia" pronunciada por el Juez a quo, mediante la cual se condenó al quejoso por el delito cometido, respecto de tal acto opera el sobreseimiento del juicio de amparo, en virtud de haberse también impugnado el fallo que confirmó aquélla, siendo evidente que la primera sentencia dejó de tener efectos legales propios, por haber sido sustituida procesalmente por la dictada en apelación, surtiéndose la causal de improcedencia de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." "ACTO RECLAMADO, CESACION DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando contra la resolución impugnada en el juicio de garantías, se interpuso recurso al cual recayó nueva resolución, que vino a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI, del artículo 73 de la ley que lo reglamenta." Ahora, debe significarse que el procedimiento jurisdiccional se conforma por una serie de trámites y de actos procesales concatenados entre sí, en donde la existencia de uno es la base para la emisión de otro posterior, por lo que cada nuevo acto que se relaciona con el anterior, en su caso, lo sustituye procesalmente y le da firmeza. Luego, cuando el gobernado opte por combatir en la vía constitucional una determinación pronunciada por una autoridad jurisdiccional y ese acto se vea sustituido por otro, ya sea porque fue recurrido y el Tribunal de alzada dictó otro que lo modificó, revocó o confirmó; o bien, porque en razón del trámite del procedimiento se dictó uno nuevo que incidió en la vigencia y en la ejecutividad del acto atacado es indudable que se actualiza la causal de improcedencia invocada. En respaldo de las consideraciones anteriores se invoca, por analogía, la tesis I.3o.C.92 K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de contenido: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente." En la especie se patentiza el supuesto de inejercicio de la acción de amparo en estudio, porque cesaron los efectos del acuerdo de seis de junio de dos mil diecinueve, dictado en el juicio de nulidad 209/2016, que recayó a los escritos que el inconforme presentó el dieciséis de mayo y seis de junio de dos mil diecinueve, en los que en esencia solicitó que se requiriera el cumplimiento del fallo emitido en ese asunto, en razón de que ha operado una sustitución procesal ante la emisión del auto de quince de octubre de dos mil diecinueve, en el aludido contradictorio, en el que el Magistrado de la Quinta Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa de Oaxaca responsable declaró cumplida la sentencia de once de noviembre de dos mil dieciséis, dado que la autoridad vinculada Fiscalía General de Oaxaca efectuó a favor del disidente la cuantificación de los tres quinquenios adeudados hasta el quince de octubre pasado y pagó los importes que debía por ese concepto, los cuales dijo que se siguen cubriendo, por lo que ordenó el archivo del referido expediente como asunto total y definitivamente concluido. Lo expuesto pone de relieve que los efectos del proveído reclamado han cesado porque fueron sustituidos procesalmente por la determinación de quince de octubre del año en curso, dictada en el juicio de nulidad 209/2016. En efecto, el pronunciamiento que el Tribunal administrativo responsable realizó el quince de octubre de esta anualidad en el aludido contradictorio, en el que declaró cumplida la sentencia de once de noviembre de dos mil dieciséis, dado que la autoridad vinculada Fiscalía General de Oaxaca efectuó a favor de Carlos Alberto Monterrubio Bohórquez la cuantificación de los tres quinquenios adeudados hasta el quince de octubre pasado y pagó los importes que debía por ese concepto, los cuales dijo que se siguen cubriendo, por lo que ordenó el archivo del referido expediente como asunto total y definitivamente concluido, provocan la cesación de los efectos del acto reclamado por sustitución procesal, al haber acaecido con posterioridad la nueva determinación que en la actualidad es la que rige la situación del solicitante del amparo. Se afirma lo anterior, porque aun cuando en el auto reclamado el órgano jurisdiccional responsable haya omitido pronunciarse de manera integral respecto de las peticiones que el disidente formuló a través de sus ocursos presentados el dieciséis de mayo y seis de junio de dos mil diecinueve, lo cierto es que las consideraciones expuestas en la determinación combatida han quedado sustituidas procesalmente por la nueva decisión de quince de octubre del año en curso, emitida en el juicio de nulidad 209/2016. Así, es inconcuso que en el caso opera la causal de improcedencia analizada conforme a las consideraciones expuestas, dado que el proveído de seis de junio de este año reclamado fue sustituido procesalmente por la diversa determinación de quince de octubre de la presente anualidad, que el Magistrado de la Quinta Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa de Oaxaca emitió en el juicio de nulidad de origen. Lo anterior pone de relieve que cesaron los efectos de la determinación primaria, no obstante que pudiera subsistir en ella alguna violación, pues esas infracciones ya no pueden ser materia de examen en este juicio de amparo de manera aislada, sino en todo caso la resolución y la materialización de su contenido que vinieron a sustituir a aquélla, porque podría suceder que a pesar de que favorecen su situación particular existiera un aspecto que incidiera en sentido negativo en su universo normativo que permita concebir la existencia de un interés jurídico para que esté en aptitud de atacarlos. En esa línea, es inconcuso que el ente responsable al emitir la determinación en el juicio de origen en el que declaró cumplida la sentencia de once de noviembre de dos mil dieciséis, dado que la autoridad vinculada Fiscalía General de Oaxaca efectuó a favor del quejoso la cuantificación de los tres quinquenios adeudados hasta el quince de octubre pasado y pagó los importes que debía por ese concepto, los cuales dijo que se siguen cubriendo, por lo que ordenó el archivo del referido expediente como asunto total y definitivamente concluido, y al concretarse los efectos de esa decisión generaron una nueva situación por sustitución procesal con relación al acto reclamado, ya que los efectos de éste no pueden ser objeto de escrutinio constitucional sin que antes se destruyan los que a su vez emanan de la nueva decisión y su materialización, porque ahora éstos son los que rigen y prevalecen en el procedimiento de origen. Sin que sea necesario que el acto reclamado se haya dejado sin efecto por la autoridad responsable para que opere la improcedencia de este juicio constitucional, sino que basta con que sea sustituida por otra actuación que derogue la que se combate; de ahí que el proveído impugnado ya no puede ser materia de examen en este medio procesal de tutela constitucional, sino que en todo caso el nuevo acto que vino a sustituir procesalmente al reclamado deberá impugnarse por el inconforme en el supuesto de que considere que aún subsiste en él un interés jurídico que lo legitime para controvertirlo en un diverso juicio de protección de los derechos fundamentales de manera inmediata. En esa línea, si el quejoso atacó en esta instancia constitucional el acuerdo de seis de junio de dos mil diecinueve, dictado en el juicio de nulidad 209/2016 y éste fue sustituido procesalmente por una diversa actuación que incide en la vigencia del acto reclamado al grado de que hacen cesar sus efectos es palmario que se patentiza la hipótesis de inejercicio de la acción de amparo invocada. Por las consideraciones expuestas se actualiza de manera indudable y manifiesta la hipótesis de inejercicio de la acción constitucional prevista por el arábigo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. IV. Decisión En consecuencia, al actualizarse de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia establecida por el ordinal 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional determina decretar el sobreseimiento en el presente asunto fuera de la audiencia constitucional, con fundamento en el normativo 63, fracción V, de la ley de la materia, respecto del acto que el justiciable reclamó al Magistrado de la Quinta Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa de Oaxaca, consistente en el acuerdo de seis de junio de dos mil diecinueve, dictado en el juicio de nulidad 209/2016, que recayó a los escritos que presentó el dieciséis de mayo y seis de junio de dos mil diecinueve, en los que en esencia solicitó que se requiriera el cumplimiento del fallo emitido en ese asunto. Esta resolución tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 10/2003 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.", cuyo texto y datos de localización se indicaron en los párrafos precedentes. V. Consecuencias jurídicas derivadas de la determinación adoptada En razón de la decisión adoptada se dejan sin efectos la fecha y la hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional (nueve horas con diez minutos del doce de diciembre de dos mil diecinueve). Notifíquese personalmente. (se notifico por lista al quejoso)

  4. Principal

    Mesa de Amparo II-A "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve. Se advierte que el Magistrado de la Quinta Sala Unitaria de Primera Instancia del Tribunal de Justicia Administrativa de Oaxaca, remite reproducción autorizada de las constancias del juicio de nulidad 209/2016; en tal sentido, se tiene a ese ente responsable por cumplido el aludido requerimiento. Por otro lado, téngase a la citada autoridad por anunciada la documental indicada, sin perjuicio de admitirla, relacionarla y desahogarla en la audiencia constitucional, conforme a lo estatuido por los arábigos 123 y 124 de la ley de la materia, por lo que dese vista a las partes con su contenido. En otro punto, para un mejor manejo de este expediente fórmese el tomo I de pruebas con las constancias del aludido contradictorio que la autoridad judicial señalada remitió en un legajo por separado, el cual estará a disposición de las partes para su consulta en la secretaría de este órgano jurisdiccional y formará parte del presente juicio constitucional. Notifíquese.

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